Sentencia nº 1079 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:25 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25 de julio de 2018

Sentencia núm. 1079

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 25 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 25 de julio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por A.M.P., dominicano, mayor de edad, soltero, no porta cédula de identidad, con domicilio en la calle 4 núm. 3, Barrio Nuevo, Puerto Plata, imputado, contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00369, dictada por la Fecha: 25 de julio de 2018

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 18 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. A.O., por sí y por el Licdo. A.T.R., defensores públicos, en la formulación de sus conclusiones, en representación del recurrente;

Oído al Licdo. R.G.M.R., conjuntamente con el Licdo. J.F. de los Santos, en representación del señor B.H.A., recurrido;

Oído el dictamen de la Procuradora General interina adjunta al

Procurador General de la República, L.. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. A.T.R., defensor público; en representación del imputado A.M.P. (a) T. elC., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de octubre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso; Fecha: 25 de julio de 2018

Visto la contestación al recurso de casación suscrito por los Licdos. R.G.M.R. y J.F. de los Santos, en representación del señor B.H.A., depositado por ante la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 5 de junio de 2017;

Visto la resolución núm. 996-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de febrero de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de que se trata, y fijó audiencia para conocer del mismo el 5 de junio de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por razones atendibles; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393, Fecha: 25 de julio de 2018

394, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; artículo 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 10 de marzo de 2016, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, L.. V.M.M., presentó acusación y requerimiento de apertura a juicio contra A.M.P. (a) T. elC., por el hecho de que: “El 20 de diciembre de 2015, siendo las 2:30 de la madrugada, resultó detenido en flagrante delito, inmediatamente después que el nombrado A.M.P. (a) T. el Cojo, penetrara al interior del patio de la iglesia católica La Altagracia, ubicada en la calle Principal del sector C., de Puerto Plata, lugar donde este se disponía a sustraer dos (2) racimos de plátanos y cuando el párroco, el señor B.H., escuchó el ruido, salió al patio y el imputado al darse cuenta de la presencia del señor B.H., tomó un ladrillo y le fue encima golpeándolo varias veces ocasionándole heridas múltiples, mas laceraciones y trauma contuso, curables en 25 días, según certificado médico legal, expedido por el Dr. F.A. Fecha: 25 de julio de 2018

    P.G., médico legista de esta ciudad de Puerto Plata, producto del hecho, la comunidad detuvo al nombrado A.M.P. (a) T. elC., a quien encontraron agrediendo al párroco, por lo que dicha comunidad agredió físicamente al hoy imputado ocasionándole traumas múltiples por agresión física, según certificado médico legal expedido por el Dr. F.A.P.G., médico legista; al momento de su arresto, el imputado tenía dos (2) racimos de plátanos en cuestión, a su lado en el piso”;

    imputándole el tipo penal previsto y sancionado en los artículos 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano;

  2. que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, acogió totalmente la acusación formulada por el Ministerio Público, por lo cual emitió auto de apertura a juicio contra el encartado, mediante resolución núm. 1295-2016-SRES-00736 el 4 de mayo de 2016;

  3. que apoderada para la celebración del juicio, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 272-02-2016-SSEN-00092 del 21 de junio 2016, cuya parte dispositiva es la siguiente: Fecha: 25 de julio de 2018

    “PRIMERO: Declara al señor A.M.P., culpable de violar las disposiciones contenidas en los artículos 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la infracción de robo agravado en perjuicio del señor B.H., por haber sido probada la acusación más allá de toda duda razonable en virtud de lo dispuesto por el artículo 338 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al señor A.M.P., a cumplir la pena de seis (6) años de prisión, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata, de conformidad con las previsiones de los artículos 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano; TERCERO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena, en atención de las condiciones expuestas; CUARTO: E. al imputado del pago de las costas del proceso, por figurar el mismo asistido de un defensor público, y en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 246 del Código Procesal Penal”;
    d) que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00369, ahora impugnada en casación, emitida por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 18 de octubre de 2016, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

    “PRIMERO: En cuanto fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por A.M.P., representado por el Licdo. A.T.R., en Fecha: 25 de julio de 2018

    contra de la sentencia núm. 272-02-2016-SSEN-00067, de
    fecha veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil
    dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la
    Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
    Judicial de Puerto Plata, por los motivos expuestos en la
    presente sentencia;
    SEGUNDO: Declara libre de costas el
    presente proceso”;

    Considerando, que previo iniciar el examen al fondo de las pretensiones que ocupan nuestra atención, conviene precisar que el Tribunal Constitucional en sentencia TC/102/2014, aborda el alcance del recurso de casación, en el sentido de que el mismo “Está concebido como un recurso extraordinario mediante el cual la Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional, procede a casar la sentencia recurrida; en caso contrario, si se verifica la correcta aplicación del derecho y de la Constitución, confirma la sentencia recurrida”;

    Considerando, que asimismo, en sentencia TC/0387/16, el alto Tribunal, manteniendo aquella concepción, valida que los asuntos Fecha: 25 de julio de 2018

    relativos a cuestiones fácticas escapan del control de casación, dado que no es función de este tribunal realizar verificaciones de hecho, lo cual es una cuestión propia de los tribunales ordinarios; en el mismo sentido, las ponderaciones sobre la valoración de la imposición de la pena, la admisibilidad de la querella y la regla de la prescripción son asuntos que escapan de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en razón de que tales apreciaciones y valoraciones solo se hacen durante la fase de juicio de fondo, en base a la valoración de las pruebas aportadas por las partes; que pretender que esta alta Corte “al conocer de un recurso de casación, valore los hechos y las pruebas aportadas por las partes durante el juicio de fondo conllevaría a una violación de las normas procesales en las cuales están cimentadas sus decisiones, con lo cual se desnaturalizaría la función de control que está llamada a ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores respecto de la correcta aplicación de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas”;

    Considerando, que el recurrente A.M.P. (a) T. elC., en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casación, propone el medio siguiente:

    “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, la decisión es violatoria a los artículos 41, 341 y 339 del Fecha: 25 de julio de 2018

    Código Procesal Penal, en virtud de que comete los mismos errores al hacer caso omiso a las pretensiones de la defensa, rechazando suspender la pena al cumplimiento del primer
    (1) año; fundamentamos nuestras pretensiones, en el sentido
    de que el imputado reúne las condiciones plasmadas en los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal, que indican
    que el juez suspende parcial o total la pena de modo condicional, si la condena es igual o inferior a cinco años, además el imputado no ha sido condenado penalmente con anterioridad a este caso, visto así, la Corte a-qua comete los mismos errores en perjuicio del imputado al no darle validez
    a las pretensiones de la defensa, establece la Corte que el imputado no ha demostrado la reinserción a la sociedad,
    para de esa forma si procedería suspender la pena; en esa misma línea la Corte debió ponderar en toda su dimensión
    los criterios del artículo 339 del Código Procesal Penal”;
    Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo expuso motivadamente lo siguiente:

    5. Que en la especie procede rechazar el recurso de apelación de que se trata, el recurrente invoca en su recurso de apelación dos medios, los cuales se subsumen en la violación a la ley por errónea aplicación de una norma jurídica, indica el recurrente que el Tribunal a-quo debió ponderar en todas sus dimensiones los criterios del artículo 339 del Código Procesal Penal, las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal, y esto debió ser tomado en cuenta por las Fecha: 25 de julio de 2018

    autoridades competentes antes de imponer la pena. Considera esta Corte que conforme se verifica en el legajo de pruebas que conforman el expediente, las cuales fueron valoradas de manera correcta por el Tribunal a-quo, se puede apreciar que en la declaraciones del señor B.H.A., este identifica al imputado como el autor de los hechos, más aún cuando dichas declaraciones vienen de la propia víctima, pues este narra que en su función de padre la iglesia nuestra Señora de las Mercedes, estaba al asecho ya que se habían perdido varios objetos de la iglesia y del patio de estas, y que al escuchar un ruido este salió a ver qué pasaba, vio al imputado y el mismo le fue encima propinándole las heridas en la cabeza; en tal sentido, ha quedado comprobado la participación del imputado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, por lo que este medio de prueba fue correctamente valorado al igual que los demás medios de pruebas que sirvieron de base para lograr la condena del imputado; que el recurrente invoca que se debió tomar en cuenta la situación económica del imputado y la educación del mismo, pero en la especie se debe destacar que se trata de un robo agravado configurando dentro de las disposiciones de los artículos 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano, el cual acarrea penas de cinco (5) a veinte (20) años, por lo que conforme los hechos probados en la sentencia recurrida, la condena de seis (6) años impuesta al recurrente, se ajusta a la infracción cometida por este, y consideramos que este tiempo en prisión es razonable para que se regenere y pueda nueva vez integrarse al seno de la sociedad; en tal sentido, procede rechazar el medio propuesto por el recurrente. En relación al segundo medio, el recurrente indica que solicitó ante el Tribunal a-quo la Fecha: 25 de julio de 2018

    imposición de cinco (5) años de prisión y que le fuera suspendida al cumplimiento del primer (1) año, e indica que el Tribunal hizo caso omiso a dicho pedimento y lo condena a seis (6) años de prisión… el Tribunal a-quo ha respondido de manera correcta a la solicitud hecha por la defensa, técnica del imputado, por lo que esta Corte considera correcta las motivaciones expuestas en la sentencia recurrida, sin embargo, la opción de aplicar las condiciones contenidas en los artículos 4 y 341 del Código Procesal Penal, referente a la suspensión de la pena del imputado, es facultativo y no obligatorio, por lo que, considera la Corte que no existen méritos suficientes para la aplicación de dicho beneficio, por consiguiente, rechaza dicho medio planteado por el recurrente. 6. Que por las consideraciones antes expuestas, procede rechazar en todas sus partes el recurso de apelación de que se trata; en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por estar esta apegada a la norma que rige la materia penal”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

    Considerando, que del análisis del recurso de casación que ocupa la atención de esta Segunda Sala, se desprende que en el único medio que invoca el recurrente es en cuanto a la falta de motivos, refiriendo a la suspensión condicional de la pena, artículos 41, 341 y 339 del Código Procesal Penal; Fecha: 25 de julio de 2018

    Considerando, que ya esta Sala de la Corte de Casación se ha referido en otras oportunidades al carácter de las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, en el sentido de que dicha disposición no constituye un imperativo para los jueces a la hora de fijar la sanción, como tampoco lo constituye la aplicación de la suspensión condicional de la pena dispuesto en el artículo 341 del mismo código, y a la cual hace alusión el recurrente;

    Considerando, que a juicio de esta sala, la Corte a-qua ejerció adecuadamente el control vertical respecto de lo resuelto en el tribunal de primer grado, toda vez que valoró y estimó como adecuadamente motivado dicho acto jurisdiccional; a la sazón esta S. advierte que en la sentencia condenatoria el tribunal tuvo a bien exponer que no han sido demostradas las condiciones reales de reinserción, en cuanto a su comportamiento en el centro que está guardando prisión para el tribunal poder evaluar ciertamente si está en condiciones de reinsertarse de manera efectiva a la sociedad, razón por la cual le impone la sanción dentro de la escala establecida en la disposición legal violada por él; de ahí que esta sede casacional no halla razón alguna para reprochar la actuación de la Corte a-qua, sobre todo cuando en consonancia con la sentencia TC/0387/16 del Tribunal Constitucional Dominicano, no es Fecha: 25 de julio de 2018

    materia casacional el ocuparse de la determinación de la pena, por consiguiente, tampoco de la aplicación de la suspensión condicional de la pena; que como se ha dicho, su otorgamiento es facultativo de los tribunales, y por tal razón, cuando no la aplican no están vulnerando ninguna disposición de orden legal, procesal o constitucional, aunque la defensa no se encuentre de acuerdo con la decisión;

    Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación apegada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera, que esta Sala de la Corte de Casación no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que procede desestimar el único medio propuesto, y consecuentemente el recurso de que se trata; Fecha: 25 de julio de 2018

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente”; por lo que procede eximir al recurrente del pago de las costas del procedimiento, no obstante ha sucumbido en sus pretensiones, en razón de que fue representado por un defensor público, cuyo colectivo está eximido del pago de las costas en los procesos en que intervienen.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Admite como interviniente al señor B.H.A., en el recurso de casación interpuesto por A.M.P. (a) T. elC., contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00369, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 18 de octubre de 2016;

    Segundo: Rechaza el recurso de casación antes mencionado; en consecuencia, confirma la decisión impugnada;

    Tercero: E. al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de Defensa Pública; Fecha: 25 de julio de 2018

    Cuarto: Ordena notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines correspondientes.

    (Firmados) M.C.G.B.-F.E.S.S. -HirohitoR..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.