Sentencia nº 922 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Octubre de 2018.

Fecha de Resolución: 3 de Octubre de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 922

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Esther

Elisa Angelán Casasnovas, en funciones de P.; Hirohito

Reyes y E.S.R., designada mediante auto núm.

10-2018 del 4 de junio de 2018, dictado por esta Suprema Corte de

Justicia, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de

G., Distrito Nacional, hoy 11 de julio de 2018, años 175° de

la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuradora

General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes

del Departamento Judicial de Santiago, L.. A.N.B.

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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del

Departamento Judicial de Santiago el 2 de noviembre de 2016, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al J.P. en funciones dejar abierta la

audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al

alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a G.F.P.M., expresar a la Corte

ser dominicana, menor de edad, soltera, estudiante, no porta

cedula de identidad, actualmente recluida en el Centro de Atención

Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

(CAIPACLP), V.C.;

Oído a la Licda. R.M.M.M., en la

formulación de sus conclusiones en representación de Génesis

Franchesca Poline Metz, parte recurrida;

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V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito

por la Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños,

Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago,

L.. A.N.B.A., depositado en la secretaría de la

Corte a-qua el 15 de noviembre de 2016, mediante el cual interpone

dicho recurso;

Visto la resolución núm. 472-2017, dictada por la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero del 2017,

mediante la cual declaró admisible en la forma, el up supra aludido

recurso, fijando audiencia para el día 29 de mayo de 2017, a fin de

debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes presentes

concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo

dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código

Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables;

produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta

sentencia;

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de

haber deliberado y, vistos la Constitución de la República, los

Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos

somos signatarios; la norma cuya violación se invoca; así como los

artículos 70, 246, 393, 395, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley

núm. 136-03, Código de Protección de los Derechos de Niños,

Niñas y Adolescentes; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre

de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los

documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los

siguientes:

  1. que el 16 de febrero de 2016, la Procuradora Fiscal del

    Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de

    Santiago, L.. M.R.V., presentó

    acusación y solicitud de apertura a juicio contra Génesis

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    Dominicano, acusación que fue admitida de manera total por la

    Fase de la Instrucción de la Sala Penal del Tribunal de Niños,

    Niñas, y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, emitiendo

    auto de apertura a juicio contra la encartada;

  2. que apoderada para la celebración del juicio, la Sala Penal

    del Primer Tribunal de Niños, Niñas, y Adolescentes del Distrito

    Judicial de Santiago, dictó el 1 de junio de 2016 la sentencia

    marcada con el núm. 459-022-2016-SSEN-00014, cuyo dispositivo es

    el siguiente:

    “PRIMERO: Declara a la adolescente G.F.P.M., culpable y/o responsable penalmente de violar las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de D.J.H., SEGUNDO: Condena a la adolescente imputada G.F.P.M., a cumplir una sanción de tres (3) años de privación de libertad definitiva para ser cumplidos en el Instituto Preparatorio de Niñas de la ciudad de Santo Domingo; TERCERO: Ordena la confiscación de los elementos de materiales (cuerpos del delito) consistentes en: a) Un chuchillo de 4 pulgadas de largo con empuñadura

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  3. que por efecto de los recursos de apelación interpuesto por

    1) el Ministerio Publico y 2) la imputada contra la referida decisión,

    intervino la sentencia núm. 473-2016-SSEN-00056, ahora

    impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación de

    Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de

    Santiago el 2 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva se

    describe a continuación:

    “PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza los recursos de apelación interpuestos: 1) En fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), a la 1:40 hora de la tarde, por la Licda. M.R.V., P.F.T. de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, con

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    Considerando, que la parte recurrente invoca como medio de

    casación, el siguiente:

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    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do por el Ministerio Público para sustentar su recurso contra la sentencia dictada en primer grado, que aunque la juez establece que valora el daño causado por la adolescente G.F., el monto de la sanción impuesta no se corresponde con la pérdida de la vida de D.J.H.. Considerando: Que debió contener esa decisión, sigue argumentando el Ministerio Público, la sustentación de las circunstancias atenuantes que se establecen se tomaron en cuenta para la imposición de solo tres (3) años de privación de libertad. Considerando: Como sustento de su decisión la Juez de primer grado establece que usa como soporte una decisión de ese alto tribunal, sin que conste en esa decisión cuál es el argumento que usó la Suprema para sustentar la decisión referida. Considerando: Que la sentencia de la Corte de Apelación, responde nuestro recurso a la sentencia de primer grado usando como soporte los argumentos de la Juez de primer grado, por lo que deja sin respuesta los motivos esgrimidos por el Ministerio Público, como se puede apreciar en la página 12 punto 3.1 de la sentencia marcada con el número 00056. Considerando: Que establece la Corte, en la página 13 punto 3.4, la justificación al segundo motivo del recurso del Ministerio Público, justificación esta que no aparece en la sentencia de primer grado, razón por la cual se impugna dicha decisión, lo que implica que si la Corte debe producir una ampliación de la fundamentación de la decisión, el vicio argüido por nosotros está presente. Considerando: Que eso

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    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do están presentes los vicios argumentados en nuestro recurso, sino también en la sentencia de la Corte de Apelación carece de motivación a nuestros argumentos. Considerando: Que las conclusiones del Ministerio Público están encaminadas al aumento de la sanción impuesta, tomando como base los hechos probados. Considerando: Que en el recurso de primer grado se le solicita a la Corte que dicte su propia sentencia y sancione a la adolescente G.F. a ocho (8) años de privación de libertad, por el homicidio del joven D.J.H.”;

    Considerando, que para fallar en ese

    sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en

    síntesis, lo siguiente:

    “3.- En cuanto al recurso interpuesto por la Licda. M.R. Vázquez, P.F.T. de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, observamos que contrario a lo alegado en el primer motivo, del análisis de la sentencia impugnada no se evidencian los vicios denunciados, en virtud de que la Jueza del Tribunal a-quo, para determinar la responsabilidad de la adolescente G.F.P.M., valoró todos los elementos de prueba aportados en el proceso, y estableció de manera inequívoca que “es culpable de haber cometido homicidio voluntario”, previsto y sancionado en los artículos 295 y 304 del Código Penal, y que “fue ella

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    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do H.”; por lo que comprobó con las pruebas aportadas, la comisión de los hechos imputados, y más allá de toda duda razonable la “participación, personal, directa y responsable de la adolescente G.F.P.M., independientemente de los argumentos esgrimidos por su defensora”; cabe señalar que la defensa de la imputada alegó, según consta en la página 4 de la sentencia impugnada, que “…no se ha podido establecer la comisión de un hecho, sino mas bien que pudo verse impedida en base al artículo 64 del Código Penal… que establece… cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no existe crimen ni delito” y solicito la absolución. 3.1 Por tanto, no incurre la Juzgadora de primera instancia “en faltas y varias contradicciones” en sus motivaciones, como alega la apelante, por citar “la gravedad del daño causado a la víctima y/o a la sociedad” como uno de los elementos a tomar en consideración al momento de fijar la pena, contenidos en el artículo 339 de Código Procesal Penal; así como el criterio fijado en ese sentido por la S.C.J., en la sentencia núm. 98, del 16 de septiembre de 2005,
    B.J. 1138, de “Que los jueces son soberanos para apreciar las pruebas y decidir la penalización que corresponda a cada caso”. Y luego, en virtud artículo 327 literal c) de la Ley 136-03, conforme a la calificación jurídica otorgada, de violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; ante la solicitud del Ministerio Público de una sanción por un tiempo de 8 años de

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    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la recurrente:

    Considerando, que una vez examinado el contenido del

    medio propuesto por la recurrente, esta Segunda Sala, ha podido

    advertir que el mismo se circunscribe en la existencia de una

    sentencia con motivaciones contradictorias en su fundamentación,

    en el entendido de que, a criterio del impugnante, fue inobservado

    por parte de la alzada los criterios y sustentación que se adoptaron

    para la imposición de una pena de (3) años de privación de

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    motivación en cuanto a los medios planteados;

    Considerando, que contrario ha sido argumento por la parte

    recurrente, como fundamento del presente medio, la Corte a-qua al

    decidir como lo hizo dio motivos suficientes y pertinentes para

    fundamentar su fallo, dando respuestas a los motivos de apelación

    esbozados por el reclamante en su escrito, ponderando para ello

    que el tribunal de primer grado ha basado su decisión en los

    elementos probatorios puestos a su consideración, como también

    las circunstancias en que se consumó el evento, comprobando la

    alzada, que el primer grado realizó una ajustada valoración

    probatoria con relación al juicio fáctico celebrado a las pruebas

    dentro del contexto de los principios legales que rigen la normativa

    procesal penal vigente;

    Considerando, que la alzada, además de los razonamientos

    desarrollados en la decisión impugnada ante esta Corte Casacional,

    tuvo a bien exponer que: “… ante la solicitud del Ministerio Público de

    una sanción por un tiempo de 8 años de privación de libertad; considera

    que se debe aplicar la sanción solicitada, es decir, la privación de libertad,

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    partes; que al imponer tres (3) años de privación de libertad definitiva, en

    vez de 8 años como fue solicitado por el ente acusador, no significa en

    modo alguno que la Jueza del tribunal de primera instancia no haya

    valorado en su justa dimensión el daño causado, en virtud de que se trata

    de la preexistencia de una vida humana destruida, que es el bien más

    preciado, tampoco que no haya hecho una apreciación de las pruebas

    aportadas por el Ministerio Público, como se alega en el recurso; porque

    como se consigna en el fundamento 3 de esta decisión (de la Corte), la

    Jueza valoró dichas pruebas y determinó fuera de toda duda razonable, la

    participación de la adolescente en la comisión de los hechos imputados en

    su contra; de lo cual se desprende que no lleva razón alguna la

    parte recurrente al momento de alegar falta de motivación

    conforme al quántum de la pena, máxime, cuando estamos ante un

    proceso que por demás encara una situación particular dentro del

    proceso penal en cuanto a la vulnerabilidad de la parte imputada,

    lo cual fue precisado por el primer grado, y refrendado de manera

    correcta por la Corte a-qua;

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    motivación concatenada y demostrativa que evidencien que los

    elementos de prueba aportados han sido lo suficientemente

    veraces, válidos y legales, para demostrar con certeza la

    responsabilidad penal del imputado, lo cual, ha podido advertir la

    Corte a-qua, y de ello, ha esbozado motivos suficientes, en relación

    a lo cuestionado; en tal sentido, se rechaza este aspecto;

    Considerando, que en virtud de lo externado por la parte

    recurrente como último aspecto del medio planteado, respecto a

    que la Corte a-qua usó como soporte los argumentos de la decisión

    de primer grado, esta Alzada pudo comprobar que aunque el

    razonamiento de la alzada coincide con la conclusión alcanzada

    por el tribunal de instancia, dicha jurisdicción transitó su propio

    recorrido argumentativo, al estatuir sobre lo reprochado; que

    además, la Corte a-qua como tribunal de alzada, en aras de

    responder a cada una de las exigencias externadas por la parte

    apelante, está facultada para esbozar razonamientos fehacientes

    con relación a lo que se le plantee, siempre y cuando estén dentro

    del marco de lo legal, como en la especie se configura, lo que no

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    conforme lo pauta la norma procesal y constitucional; en tal

    sentido, se rechazan los aspectos analizados y con ello, el medio de

    que se trata;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de

    Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que

    se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión

    recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del

    aludido artículo 427 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que por disposición del artículo 246 del

    Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución

    penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se

    pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la

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    recurrente del pago de las costas generadas del proceso, por ser el

    mismo un representante del Ministerio Público, de conformidad

    con lo dispuesto en las disposiciones del artículo 247 del Código

    Procesal Penal al disponer que: “Los representantes del Ministerio

    Público, abogados y mandatarios que intervengan en el proceso no pueden

    ser condenados en costas, salvo en los casos de temeridad, malicia o falta

    grave, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y de otro tipo en

    que incurran”.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, L.. A.N.B.A., contra la sentencia núm. 473-2016-SSEN-00056, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 2 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta

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    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do decisión;

    Segundo: Exime al recurrente al pago de las costas generadas del proceso, por las razones desarrolladas en el cuerpo de la presente decisión;

    Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez para la Ejecución de las Sanciones de los adolescentes del Departamento Judicial de Santiago.

    (Firmados) E.E.A.C..- H.R..- E.S.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 03 de octubre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General

    19

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do