Sentencia nº 1293 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Octubre de 2018.
| Número de resolución | 1293 |
| Número de sentencia | 1293 |
| Fecha | 09 Octubre 2018 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
Sentencia No. 1293
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de agosto del 2018, que dice así:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción
Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro
Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,
asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus
audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito
Nacional, hoy 29 de agosto de 2018, años 175° de la Independencia y
156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de
Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Virgilio Moreno
Mateo Martínez, dominicano, mayor de edad, soltero, finquero, no
porta cédula, domiciliado y residente en el barrio El Paraíso núm. 24,
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Dominicana, imputado, contra la sentencia núm. 0225/2015, dictada
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial Santiago el 11 de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia más
adelante;
Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate
del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído a la señora Y.R.C., expresar a la Corte ser
dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y
electoral núm. 223-0158358-3, domiciliada y residente en la Manzana 20
núm. 11, El Brisal, Santo Domingo Este, República Dominicana,
querellante, parte recurrida;
Oído a la Licda. A.D.P., por sí y por la Licda. Yris
Altagracia Rodríguez Guzmán, defensoras públicas, en la formulación
de sus conclusiones en representación del recurrente;
Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador
General de la República, L.. A.M.B.;
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representación de V.M.M.M., depositado el 3 de
septiembre de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual
interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 853-2017, dictada por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero de 2017, mediante la cual
declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijando
audiencia para el día 24 de mayo de 2017, a fin de debatirlo oralmente,
luego de varias audiencias suspendidas por razones atendibles, se fijo
audiencia para el 2 de agosto de 2017, fecha en la cual las partes
presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento
del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el
Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos
razonables; produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado
de esta sentencia;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156
de 1997 y 242 de 2011;
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Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos
signatarios; la normativa cuya violación se invoca; así como los
artículos 70, 246, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427del
Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de
2015; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la
Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de
septiembre de 2009, respectivamente;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos
que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
-
que el 15 de febrero de 2013, la Procuradora Fiscal Adjunto del
Distrito Judicial de Valverde, L.. A.M.G., presentó
acusación y solicitud de apertura a juicio contra el ciudadano Virgilio
Moreno Mateo Martínez (a) H., por el hecho de que: “…siendo las
08:15 de la noche del día veintisiete (27) del mes de octubre del año 2012, el
señor V.M.M.M. (a) H., procedió a llamarla vía
teléfono y a preguntarle que dónde ella se encontraba, y a repetirle que la iba a
matar a ella y a su pareja, procediendo esta a cerrarle el teléfono, donde luego
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V.M.M.M. (a) H., no dejaba de insistir, llamándola
insistentemente a su teléfono, donde siendo las 09:30 horas de la noche esta sale
de regreso y se dirige a su residencia donde se encontraban sus hijas, y es
cuando V.M.M.M. (a) H., la intercepta y procede a
agarrarla y a insistir en que esta tiene que ceder a aceptarlo, y al esta negarse,
la golpea en la cabeza y procede a llevársela a unos matorrales donde
inmediatamente procede a quitarle la ropa, violarla sexualmente, a
estrangularla y a golpearla en la cabeza incasablemente hasta asesinarla, luego
procede a lanzarla a unos matorrales en la calle E.M., en un solar del
señor T.R., donde nadie la pudiera encontrar”; inculpándolo de
violar las disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 309-1,
309-3 y 331 del Código Penal Dominicano; acusación admitida de forma
total por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde,
M., emitiendo auto de apertura a juicio contra el encartado;
-
que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito judicial de V., M., el cual dictó la sentencia marcada
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“PRIMERO: Se declara al ciudadano V.M.M.M., dominicano, de 27 años de edad, soltero, no porta documento de identidad y electoral, domiciliado y residente en el barrio El Paraíso núm. 24, J., municipio Laguna Salada, provincia V., República Dominicana, culpable del delito de asesinato, en perjuicio de A.M.C.J., hecho previsto y sancionado en los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano; en consecuencia, se le condena a treinta (30) años de reclusión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Hombres Mao; SEGUNDO: Declara las costas de oficio por tratarse de un ciudadano asistido de la defensoría pública; TERCERO: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día siete (7) de mayo del año dos mil catorce (2014) a las nueve (9:00) horas de la mañana, valiendo citación de las partes presentes”;
-
que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el
imputado V.M.M.M. (a) H., contra la referida
decisión, intervino la sentencia núm. 0225/2015, ahora impugnada en
casación, dictada por Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial Santiago el 11 de junio de 2015, cuya parte
dispositiva se describe a continuación:
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Considerando, que el recurrente V.M.M.M.
(a) H., por medio de su abogado propone contra la sentencia
impugnada, los siguientes medios:
“Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada en la falta de motivación que incurren los jueces, al no dar contestación sobre los motivos expuestos en nuestro recurso de apelación. A que el tribunal de corte de apelación procede a rechazar el recurso de apelación sin explicar las razones que los llevó a tomar dicha decisión, limitándose solamente a transcribir el contenido de la sentencia de primer grado, sin dejar plasmado su propio criterio en cuanto a la decisión de rechazo del recurso de apelación. Los jueces de corte para rechazar nuestro recurso de apelación, hacen un copiado del fáctico que presenta el Ministerio Público en su acusación, de la sentencia de primer grado, como podemos observar en la primera parte de la página 8, de la sentencia objeto del recurso de casación… La Corte establece que la condena se
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Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:
Considerando, que por la solución que esta Alzada dará al caso, se
procederá al análisis exclusivo del segundo medio invocado, toda vez
que el mismo definirá la suerte del recurso;
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de los miembros designados como jueza, la Licda. Mercedes del Rosario
Ortega Núñez, ocupa la función de Abogado Ayudante I para la
Procuraduría Fiscal de Valverde;
Considerando, que a tal pedimento señaló la Corte a-qua:
El reclamo debe ser rechazado porque el párrafo I del artículo 33 de la Ley 821 de Organización Judicial, dice lo siguiente: “Si por cualquier motivo justificado, el o los jueces de paz designados se encuentran en la instancia, será designado como sustituto un abogado de los tribunales de la República que reúna la capacidad requerida por la Constitución”. En consecuencia, es claro que la ley y permite que abogados en ejercicio puedan ser designados en un tribunal de primera instancia, que fue lo que ocurrió en la especie, y la recomendación de la Suprema Corte de Justicia para que se trate de no designar abogados en ejercicio en primera instancia, es eso, una recomendación, que no está por encima de la ley. Y es que la escasez de jueces, por falta de designación, por estar de licencia, de vacaciones, estudiando en la Escuela Nacional de la Judicatura, hace que resulte necesario, basado en el artículo 33 de la Ley 821, la designación de abogados, de forma interina, en los tribunales de primera instancia, lo que no es violatorio de la ley, si no que por el contrario, es
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;
Considerando, que de conformidad con el artículo 8 de la Ley núm.
425-07 del 17 de diciembre de 2007, el cual establece: “En todos los
Departamentos y D.J. en que, por efecto de esta ley o de
cualquier otra, la Cámara Penal de la Corte de Apelación, la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia y los Juzgados de la Instrucción se encuentren
divididos en salas, su respectivo presidente o coordinador deberá llenar la
vacante con otro juez de la misma jerarquía y del mismo Departamento o
Distrito Judicial que el ausente aunque este corresponda a otras de las salas en
que se encuentre dividido el tribunal, en su defecto, la vacante la llenará un
juez de la jerarquía inmediatamente inferior al sustituido y que reúna los
mismos requisitos de ley. Por el mismo auto que se llame al sustituto se llamará
al reemplazante de este cuando ello sea necesario”; de tal actuación se
desprende el yerro de la Corte a-qua al rechazar el medio invocado por
la parte recurrente, ya que la designación como juez miembro de un
auxiliar del cuerpo acusador, lo cual ha constatado esta Alzada
mediante la certificación de fecha 9 de marzo de 2015, a la firma de la
Licda. M.R.C., Directora de Gestión Humana del
Ministerio Público, que reposa en el expediente, produce una situación
de desproporción en el objetivo de la conformación de los tribunales
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Considerando, que en ese sentido, según se desprende de la
combinación de las disposiciones contenidas en los artículos 422 en su
numeral 2.2 y 427del Código Procesal Penal, enviar el proceso en
cuestión a ser conocido nuevamente, remitiéndolo por ante la
Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de V.M., para que a esos fines, regularizar la
conformación del tribunal que conocerá del proceso;
Considerando, que cuando una decisión es casada por una
violación a las reglas cuya observancia este a cargo de los jueces, las
costas pueden ser compensadas.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por V.M.M.M., contra la sentencia núm. 0225/2015, dictada por la Cámara Penal del a Corte de Apelación del Departamento Judicial Santiago el 11 de junio de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia;
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Tercero: Compensa las costas;
Cuarto: Ordena a la secretaria la notificación de la presente decisión a las partes involucradas.
(Firmados) M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 09 de octubre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
C.A.R.V..
Secretaria General
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