Sentencia nº 808 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Octubre de 2018.

Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 29 de agosto de 2018

Sentencia No. 1305

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de agosto del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S., en funciones de P.; E.E.A.C., A.A.M.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 29 de agosto de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F. de la Cruz Cruz, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0050950-8, domiciliado y residente en la calle Principal núm.19, La Mesa, distrito municipal de La Peña, San Francisco de Macorís, imputado, contra la sentencia núm. 0125-2016-SSEN-00082, dictada por la Fecha: 29 de agosto de 2018

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al señor F. de la Cruz Cruz, expresar a la corte ser dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0050950-8, domiciliado y residente en la calle Principal núm.19, La Mesa, distrito municipal de La Peña, San Francisco de Macorís, recurrente;

Oído a los Licdos. R. de J.J.E. e H.H.C., en la formulación de sus conclusiones, actuando en nombre y representación del recurrente;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República Dominicana, Dra. C.B.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación, suscrito por los Licdos. R. de J.J.E. e H.H.C., en representación de F. de la Cruz Cruz; depositado en la secretaría de Fecha: 29 de agosto de 2018

la Corte a-qua el 28 de febrero de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2701-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de junio de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de que se trata, y fijó audiencia para conocer del mismo el 20 de septiembre de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por razones atendibles; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; la normativa cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393, 394, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado Fecha: 29 de agosto de 2018

por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 20 septiembre de 2013, el Licdo. S.R.G., P.F. del Distrito Judicial de Duarte, presentó acusación, contra F. de la Cruz Cruz; por el hecho de que: “En fecha 19 de abril de 2013, siendo aproximadamente las 5:00 de la tarde, en la calle S.E.. Castillo, centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, en el mercado público de la ciudad de San Francisco, se inició una discusión entre los señores F. de la Cruz y C.A.G., por la venta de unos rulos, la que se fue subiendo de tono hasta llegar a ofenderse, hasta el punto que el señor C.A. tomó un arma blanca (bricha o machete largo, tipo colín) en sus manos y amenazaba con herir al señor F. de la Cruz, el cual pistola en manos proseguía en su discusión con la víctima; en medio del pleito el imputado hace unos disparos tratando de amedrentar a la víctima y esta a su vez le va encima y logra herir al imputado con el arma que poseía, es entonces cuando el imputado le realiza cuatro disparos a la víctima, los cuales le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos”; imputándole el tipo penal previsto en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; Fecha: 29 de agosto de 2018

  2. que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Duarte, admitió la acusación formulada por el Ministerio Público, por lo cual emitió auto de apertura a juicio contra el imputado, mediante resolución núm. 00153-2013 del 12 de noviembre de 2013;

  3. que apoderado para la celebración del juicio, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 009/2015 del 12 de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:

    “PRIMERO: Declara culpable a F. de la Cruz Cruz, de generales anotadas, de cometer homicidio voluntario, en perjuicio de C.A.G., hecho previsto y sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Condena a F. de la Cruz Cruz, a cumplir diez
    (10) años de reclusión mayor para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, por haber sido probada su culpabilidad en la comisión de este hecho;
    TERCERO: Condena al imputado F. de la Cruz Cruz, al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: En cuanto a la constitución en actor civil intentada por M.E.A., J.H.G., N.A.H., E.A.H., N.A.H., M.A.H., M.B.A., I.A., I.A.H., N.A.H., E.A.H., M.A.H., T.A.H. y A.R.A.H., se rechaza por no haber probado su calidad con las actas Fecha: 29 de agosto de 2018

    correspondientes; QUINTO: Ordena la incautación del arma
    objeto de este proceso, consistente en una pistola S.W., calibre 9mm, a favor del Estado Dominicano;
    SEXTO: Se advierte
    al imputado quien es la parte que la decisión le ha resultado desfavorable, que a partir que reciban la notificación de esta sentencia, tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para interponer recurso de apelación en caso de que quiera hacer uso del derecho a recurrir, en virtud de las disposiciones de los artículos
    393, 394, 416, 417 y 418 del Código Procesal Penal”;

    d) que con motivo del recurso de apelación incoado por F. de la Cruz de la Cruz, contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 0125-2016-SSEN-00082, ahora impugnada en casación, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de marzo de 2016, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

    “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. R. de J.J.E. a favor del imputado F. de la Cruz Cruz, el día 22 de agosto del año 2016, en contra de la sentencia 00009-2015, de fecha 12 de marzo del año 2015, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, y queda confirmada la decisión recurrida; SEGUNDO: Manda que la presente decisión sea comunicada a las partes para que en caso de inconformidad puedan interponer el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, vía la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación para lo cual disponen de un plazo Fecha: 29 de agosto de 2018

    de 20 días áviles; TERCERO: Condena al imputado al pago de las costas penales de la presente alzada”;

    En cuanto a la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso:

    Considerando, que previo al análisis del recurso, procede pronunciarse sobre la excepción de procedimiento fundada en la extinción de la acción penal en que el imputado recrimina el proceso seguido en su contra excede el plazo máximo de duración, al haber trascurrido a la fecha del planteamiento cuatro (4) años;

    Considerando, que en este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido a través de la sentencia TC/0214/15, de fecha 19 de agosto de 2015, que: “En que respecta al inicio del cómputo del plazo máximo de duración de los procesos penales, debe considerarse que el mismo empieza el día en que a una persona se le haga una imputación formal, a través de un acto que tenga el carácter de medida cautelar o de coerción, cuyo objeto esté encaminado a sujetar al imputado al proceso”;

    Considerando, que es preciso señalar que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso, se impone solo cuando la actividad procesal ha discurrido sin el planteamiento, por parte del imputado, de incidentes que tiendan a dilatar Fecha: 29 de agosto de 2018

    el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias o de juicio; correspondiendo a los juzgadores apoderados evaluar la actuación del imputado;

    Considerando, que el recurrente F. de la Cruz Cruz, solicitó de manera incidental la declaración de la extinción de la acción penal en su memorial de casación, depositada en la Corte a-qua el 28 de febrero de 2017, por el vencimiento del plazo del límite máximo de duración del proceso penal, a saber:

  4. que el 20 de abril de 2013, se le impuso medida de coerción al imputado F. de la Cruz de la Cruz, consistente en prisión preventiva;

  5. que el 20 de septiembre de 2013, el Ministerio Público presentó acusación en contra del imputado;

  6. que el 12 de marzo de 2015, se conoció el fondo del proceso en cuestión por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, condenando al imputado a una pena de 10 años de prisión;

  7. que el 22 de agosto de 2015, recurrió en apelación el imputado F. de la Cruz de la Cruz; Fecha: 29 de agosto de 2018

  8. que el 10 de noviembre de 2015, fue conocida audiencia en la Corte de apelación;

  9. que el 7 de marzo de 2016, la Corte falló, rechazando el recurso y confirmando la sentencia;

  10. que el 1 de febrero no especifica año, le fue notificada la sentencia de la Corte al imputado;

  11. que el 28 de febrero de 2017, el imputado depositó su memorial de casación por ante la secretaria de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, en la cual solicitaron de manera incidental la extinción del proceso, por vencimiento del plazo;

  12. que el 18 de abril de 2017, mediante oficio núm. 00168/2017, fue remitido el expediente recurrido en casación a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, siendo el mismo recibido el 24 de abril de 2017;

    Considerando, que esta Sala de la Corte de Casación reitera su jurisprudencia contenida en la sentencia número 77 del 8 de febrero de 2016, en el sentido de que “…el plazo razonable, uno de los principios rectores del debido proceso penal, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho a Fecha: 29 de agosto de 2018

    presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; refrendando lo dispuesto en nuestra Carta Magna, su artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso; Considerando, que a su vez, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia al plazo razonable en la tramitación del proceso, sobre el mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó la teoría del no plazo, en virtud de la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable o no; por consiguiente, un plazo establecido en la ley procesal, solo constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, en base a:
    1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado, y 3) la conducta de las autoridades judiciales; por esto, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa; puesto que el artículo 69 de nuestra Constitución Política, garantiza una justicia oportuna y dentro de un plazo razonable, entendiéndose precisamente que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones innecesarias
    ”;

    Considerando, que en la especie se puede determinar que iniciado el cómputo el día de 20 de abril de 2013, por imposición de medida de coerción, pronunciándose sentencia condenatoria el 12 de marzo de 2015, interviniendo sentencia en grado de apelación el 7 de marzo de 2016, el Fecha: 29 de agosto de 2018

    recurso de casación interpuesto el 28 de febrero de 2017 y resuelto el 20 de septiembre de 2017, para todo lo cual se agotaron los procedimientos de rigor y las partes ejercieron los derechos que les son reconocidos, resulta pertinente reconocer que la superación del plazo previsto en la norma procesal penal se inscribe en un período razonable atendiendo a las particularidades del caso y la capacidad de respuesta del sistema, de tal manera que no se ha aletargado el proceso indebida o irrazonablemente, por consiguiente, procede desestimar la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, pretendida por el imputado F. de la Cruz Cruz;

    Considerando, el recurrente en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casación, propone el siguiente medio:

    “Que el tribunal de primer grado cometió un yerro jurídico y que los jueces de alzada no dieron contestación, observamos que desde el relato fáctico contenido en la acusación del Ministerio Público, este órgano investigador expone ante el juez instructor que nuestro defendido actuó bajo el amparo de la legítima defensa; no observó el tribunal, ni los jueces de alzada, que ningún ser humano está obligado a ir a determinado centro de salud, máxime este imputado con condiciones delicadas de salud, ya que fue demostrado el hecho de que padece de cáncer, pues lo más lógico era que fuera visto por médicos especialistas en otras ramas como son oncólogos, a este punto de apelación la Corte no dio ninguna Fecha: 29 de agosto de 2018

    contestación, sino que hizo una motivación general, lo que constituye una falta de motivación en la sentencia y de estatuir; la
    Corte no fundamentó en lo referente a las declaraciones de los testigos L.S.R., V.E.G.V., quienes manifestaron que el imputado, desde el suelo, hizo los disparos
    hacia la víctima; el tribunal analiza que la autopsia médico legal
    no dice que los disparos fueron de abajo para arriba, pues la omisión de la autopsia no puede ser suplida por interpretaciones; incorrecta valoración de los medios de prueba, la Corte no responde y solo hace una motivación genérica con respecto al colín aportado como medio de prueba”;

    Considerando, que con respecto a estos reclamos la Corte a-qua estableció:

    “Que en relación a los motivos de impugnación invocados precedentemente, por la estrecha relación que guardan entre sí y por la similitud de su contenido temático, la corte procederá a contestarlos a su conjunto, es así como se puede apreciar que los jueces de primera instancia valoran correctamente los elementos de pruebas presentados a ellos y en base a esta ponderación, alcanzar más allá de toda duda razonable la decisión adoptada que en este caso ha sido de condena y no se observa irregularidades en la obtención de tales elementos probatorios, en tanto fueron sometidos al tamiz de la audiencia preliminar y tampoco en el desarrollo del juicio se observó anormalidad en ninguno de ellos, por lo que los jueces dieron por sentado que la acusación presentada por el Ministerio Público y la parte querellante estuvo bien instrumentada, esto es que en la decisión recurrida, los juzgadores en base como ya se ha dicho a la valoración de los Fecha: 29 de agosto de 2018

    distintos elementos probatorios, pudieron comprobar la tipificación jurídica del hecho punible cuando en sus razonamientos oponen: “Que etimológicamente el homicidio es el hecho de dar muerte a una persona humana, de esta definición surge el primer elemento constitutivo de este crimen. Queda claro para esta corte que el tribunal de primer grado ha tenido ante sí, y ha valorado apropiadamente pruebas suficientes, claras y contundentes para dar por establecido, como lo ha hecho la participación del imputado en la acción típica atribuida a él, por lo que existe una correlación entre la acusación y la sentencia, pues el imputado desde un principio fue sometido a la justicia y así enviado por auto de apertura a juicio al tribunal colegiado por presuntamente de haber violado los artículos 295 y 304 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida se llamara C.A.G., tampoco ha habido incorrecta valoración de los elementos probatorios utilizados en la realización del juicio, fueron válidamente obtenidos en el procedimiento y valorados individual y conjuntamente, se puede apreciar en los hechos expuestos en lo que antecede, derivados de la decisión recurrida que los juzgadores examinan las condiciones en la que ocurre el hecho punible y aplican correctamente los criterios para la imposición de la pena conforme dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal, relativo a la exigencia que hace la ley a los juzgadores para explicar las razones por las cuales imponen una pena como ha ocurrido en el caso de la presente contestación, y es así como los juzgadores de primera instancia se convencieron de la participación del imputado en el hecho punible, por el cual fue juzgado y procede entonces desestimar en todas sus partes los argumentos del recurso presentado y sometido a la consideración de esta corte”; Fecha: 29 de agosto de 2018

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

    Considerando, que la obligación de motivar las decisiones está contenida en la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, asimismo, nuestra normativa interna, en el artículo 24 del Código de Procesal Penal;

    Considerando, que es criterio sostenido por esta S. en innumerables fallos, que la motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su arbitrio, permitiendo que el fallo pueda ser objetivamente valorado y criticado, constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, mostrando los fundamentos de la decisión adoptada, así como facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; que, en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso;

    Considerando, que ciertamente, tal y como aduce F. de la Cruz Cruz, la motivación ofrecida por la Corte a-qua es insuficiente, ya que en el presente proceso, la alzada simultáneamente reunió para su análisis los disímiles medios planteados por el impugnante y omitió estatuir respecto a Fecha: 29 de agosto de 2018

    cuestiones del recurso de apelación incoado por aquel, sin estimar siquiera los puntos reseñados en su reclamación sobre que el tribunal de instancia incurrió en errónea determinación de los hechos, dado que los mismos fueron un homicidio, en el que resultó muerto una persona, por lo cual el aquo debió acoger la excusa legal de la provocación, que se le impone la pena prevista para el homicidio sin la motivación adecuada y sin tomar en cuenta las circunstancias de los hechos en cuales él imputado también resultó herido, entre otros argumentos planteados, situación que deja en estado de indefensión al recurrente debido a que la acción de la Corte a-qua no satisface el requerimiento de una efectiva tutela judicial; por todo lo cual procede acoger el medio propuesto;

    Considerando, que ante tales carencias, subsiste una ausencia de motivación sobre este extremo que no puede ser suplida por esta Sala; por consiguiente, procede acoger el medio examinado, en virtud de que se ha observado un vicio que anula la decisión, procediendo al envío que se ordena en el dispositivo;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos; Fecha: 29 de agosto de 2018

    Considerando, que mediante Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, el legislador incorpora numerosas modificaciones al Código Procesal Penal, entre ellas, a las disposiciones contenidas en el artículo 427 que regula el procedimiento de decisión de la Sala de Casación; en ese sentido, al momento de anular una decisión, la norma nos confiere la potestad de decidir directamente sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas; insertando además, una novedad: la facultad de envío directo, al tribunal de juicio, cuando sea necesaria una nueva valoración de pruebas que requiera inmediación;

    Considerando, que el criterio que soporta esta novedad, se enfoca en la reducción de burocracias innecesarias, la dinamización de plazos, como medio de eficientizar y maximizar la economía procesal, ofreciendo una solución del caso dentro de un plazo razonable, sin que de ningún modo, estos principios pretendan reñir con la naturaleza de los recursos, ni con otros principios de mayor sustancialidad, en razón de las garantías que entrañan dentro del debido proceso;

    Considerando, que al encontrarnos ante casos con características como el de la especie, donde la cuestión fundamental a tratar, por la naturaleza del recurso de casación, no puede ser abordada por esta Sala de Casación al Fecha: 29 de agosto de 2018

    encontrarse estrechamente ligada a aspectos fácticos, ni tampoco estimamos necesaria una nueva ponderación del cúmulo probatorio; nada obsta que la Suprema Corte de Justicia envíe el asunto ante una corte del mismo grado de donde procede la decisión, siempre y cuando no se encuentre en las situaciones señaladas por la norma;

    Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por F. de la Cruz Cruz, contra la sentencia núm. 0125-2016-SSEN-00082, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Casa la indicada decisión y envía el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, con distinta conformación, a fines de examinar nueva vez el recurso de apelación; Fecha: 29 de agosto de 2018

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena que la presente decisión sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

    (Firmados) F.E.S.S..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- H.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 12 de octubre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General