Sentencia nº 1393 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Octubre de 2018.

Fecha de Resolución:18 de Octubre de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 12 de septiembre de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra y F.E.S.S., asistidos del

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la

ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 12 de

septiembre de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por B. también conocido

como J.A.M., dominicano, menor de edad, domiciliado y

residente en la calle A. núm. 30, sector 27 de Febrero, Santo

Domingo, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 472-01-

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J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809)

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Oído al J.P. en funciones dejar abierta la audiencia para el

debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las

partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta Interina al

Procurador General de la República, L.. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la

Licda. W.C.D., defensora pública, en representación del

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 21 de octubre de

2016, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 883-2017, dictada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el 20 de marzo de 2017, mediante la cual declaró

admisible en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia

para el día 19 de junio de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual

la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento

del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código

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Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, vistos la Constitución de la República, los Tratados

Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; la

norma cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399,

400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por

la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 136-03, Código de Protección de los

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de

diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 2 de febrero de 2016, la Procuradora Fiscal del Tribunal de

    Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, R.H.,

    presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra el ciudadano

    1. y/o J.A.M., por presunta violación a las

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do fase de la instrucción de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas, y

    Adolescentes del Distrito Nacional, la cual emitió auto de apertura a juicio

    contra el encartado;

  2. que apoderada para la celebración del juicio, la Sala Penal del

    Tribunal de Niños, Niñas, y Adolescentes del Distrito Nacional, integrada

    de forma diferente, dictó el 31 de mayo de 2016, la sentencia marcada con

    el núm. 226-02-2016-SSEN-00091, cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Se declara responsable al adolescente B. y/o J.A.M., imputado de violar la disposición contenida en el artículo 330 del Código Penal Dominicano, en consecuencia, se sanciona a un año de privación de libertad en el Centro de Atención Integral para Adolecentes en Conflicto con la Ley Penal (Ciudad del Niño); SEGUNDO: Rechaza la solicitud de variación de medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, en virtud al artículo 69 del Constitución de la República Dominicana y el artículo 40, literal 2.b de la Convención de los Derechos del Niño; TERCERO: Se declara el proceso libre de costas en virtud del principio X de la Ley 136-03”;

  3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el imputado

    contra la referida decisión, intervino la decisión núm. 472-01-2016-SSEN-00027, ahora impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación de

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do “PRIMERO: Ratifica la validez formal del presente recurso de apelación dado mediante resolución número 00037/2016, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil dieciséis (2016); SEGUNDO: En cuanto al fondo se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado B. y/o J.A.M., por intermedio de su abogada, en contra de la sentencia número 00091/2016, dictada por la Sala penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), y en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia atacada, cuyo dispositivo ha sido copiado precedentemente; TERCERO: Ordena a la secretaria la comunicación de esta decisión a las partes; CUARTO: Declara de oficio las costas producidas en esta instancia, de conformidad al principio X, de la Ley 136-03”;

    Considerando, que el recurrente invoca como medios de casación, los

    siguientes:

    “Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (falta de estatuir). El adolescente B. y/o J.A.M., a través de su defensa técnica, al presentar el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que dictó la condena en su contra, al momento de impugnarla planteó motivos, los cuales consistieron en: 1. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios oral; 2.

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    http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do 417.4, 339; b) En cuanto a la pena a imponer. Que con relación a los mismos, la Corte a-qua se limitó solo a responder el motivo primero, dicho sea de paso de manera muy parca, que si bien hace el enunciado de los motivos dos y tres, esta honorable corte obvió la fundamentación de estos dos motivos, específicamente lo relativo a la falta de motivación en cuanto a la valoración de la pena, que también es considerado de suma importancia para el recurrente, pues en este se atacaron aspectos relativos a la falta de motivación en la valoración de la prueba en que incurrieron los jueces de primer grado… Como se puede observar, la Corte a-qua ignoró y no dio respuesta a lo plasmado por el adolescente B. y/o J.A.M. en su recurso de apelación, pues es evidente que en el párrafo que le dedica a responder el segundo medio plasmado en el recuso de apelación, solo se refiere a aspecto de que quedó demostrada fuera de toda duda razonable la tipicidad, antijurídica y la culpabilidad, pero no establece las razones motivadas en hecho y derecho que dieran lugar a esa conclusión, puesto que para la corte establecer que quedó demostrado esos tres aspectos debe subsumir cada uno de ellos al supuesto de hecho jurídico, y no solo hacer mención totalmente carente de fundamentos, lo que vulnera sobre manera el derecho de que el adolescente recibiera una motivación fundamentada, más no una simple mención de estatuir, y al no observar lo planteado por la defensa, reiteró la condena de 1 año de reclusión al imputado, sin responder dos de los medios planteados por el recurrente a la sentencia dictada; Segundo Motivo: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de disposiciones de orden legal (artículo 339 del Código Procesal Penal) 426 numeral 3, falta de fundamento en sus motivaciones sobre los puntos

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    http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do de motivación en cuanto a la pena a imponer, estableciendo el recurrente, y confirmado por la Corte a-qua que el tribunal de primer grado, mediante su sentencia, incurrió en falta de motivación, pues no estableció con precisión qué les llevó a imponer una pena de 1 año al adolescente B. y/o J.A.M.. A que no obstante la Corte a-qua observó el vicio denunciado en la sentencia de primer grado, la misma hizo caso omiso a esto, y procedió a declarar sin lugar el medio de impugnación, estableciendo que los jueces realizaron una adecuada valoración, pero no se los señalamientos o citaciones realizadas a la sentencia de primer grado; es decir, que la Corte a-qua, realizó un planteamiento genérico, pero no pudo determinar en qué lugar de la sentencia impugnada los jueces de primer grado realizaron las motivaciones correspondientes a la pena impuesta del adolescente B. y/o J.A.M.”;

    Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua dio por

    establecido, en síntesis, lo siguiente:

    “La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. La defensa técnica del imputado B. y/o J.A.M. alega que la Jueza a-quo condenó al imputado B. y/o J.A.M. por la violación del artículo 330 del Código Penal Dominicano sin que el Ministerio Público probara que el mismo era culpable de agresión sexual. Observando que en la especie el Ministerio Público no probó el robo, el cual era supuestamente el móvil de

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do psicológico forense y la denuncia, por lo que el hecho alegado no ha quedado como un hecho cierto y probado. Contrario alega la defensa técnica, esta Corte ha comprobado del estudio de las páginas 10, 11 y 12 de la sentencia recurrida, que con las pruebas testimoniales y documentales presentadas ante el Tribunal a-quo se demostró qué, cómo, a quién, cúando y dónde el adolescente imputado agredió sexualmente a la señora E.K.C.J., obligándole hacerle sexo oral por medio de amenazas y el uso de arma de fuego, quedando de esta manera configurada la violación del artículo 330 del Código Penal Dominicano. La defensa técnica del imputado continúa alegando que el informe psicológico forense de fecha 1/12/2015, no establece el método o técnica que utilizó el perito para sostenerlo, por lo cual el mismo carece de confiabilidad, aunado que no se aportó un certificado médico legal que estableciera la agresión sexual. Que en el caso de la especie no tiene razón la defensa técnica del imputado al alegar que el informe psicológico forense de fecha 1/12/2015, carece de confiabilidad toda vez que del estudio de la sentencia a-qua y de las glosas del expediente, hemos comprobado que el mismo fue levantado de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal, por lo que procede desestimar lo alegado por la defensa. Que al tratarse de una agresión sexual no es necesario que se aporte certificado médico alguno, ya que las pruebas testimoniales y documentales fueron suficientes para dejar por sentado dicha agresión. El error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Continúa alegando la defensa del imputado que la sentencia aqua incurrió en una mala valoración de las pruebas, ya que las pruebas solo pueden ser consideradas como referencia, más no establecen con certeza los hechos imputados al adolescente

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    533-3191 • Dirección de Internet:
    http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Tribunal a-quo quedó demostrado mas allá de toda duda razonable la acción típica, antijurídica y culpable cometida por el adolescente B. y/o J.A.M., estableciéndose en las páginas 10, 11 y 12 de la sentencia recurrida las razones por las que fue comprobada la responsabilidad del imputado B. y/o J.A.M., por lo que la misma está debidamente motivada conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de la experiencia, por lo que se retiene la responsabilidad del adolescente imputado en relación al ilícito establecido en el artículo 330 del Código Procesal Penal, por lo que quedó desestimado el medio planteado por la defensa. Errónea aplicación de una norma jurídica. Alega la defensa del imputado que el Tribunal a-quo incurrió en una errónea aplicación a la norma al imponerle al imputado un (1) año de privación de la libertad sin pruebas suficientes y de carácter dudoso, violentando así los artículos 170 y 336 del Código Procesal Penal, así como la sentencia núm. 214 de 31 de mayo del año 2006. Así como tampoco valoró de manera positiva el fondo del informe psicológico socio familiar realizado al imputado, ni el informe psicológico ya que no fue realizado. Que no fueron tomados en cuenta los criterios para la determinación de la pena conforme lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, ni las condiciones carcelarias de nuestro país. Ocasionando un agravio en contra los principios pilares del derecho procesal penal, de la justicia especializada y el derecho a la libertad, deviniendo la misma en ilegal. Que como esta Corte ha referido al contestar los medios anteriores en los párrafos 11, 14, 16 y 17, la decisión atacada expresa las razones por las que fue comprobada la responsabilidad del imputado; en consecuencia, la sentencia

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    http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do científicos y la máxima de la experiencia. C. también que la Jueza a-qua al determinar la responsabilidad penal del imputado y establecer un (1) año de privación de libertad, se rigió por la normativa especializada en lo que se refiere a los menores de edad y que observó lo dispuesto por los artículos 313, 326, 327, 328 y 339 de la Ley núm. 136-03, según se verifica en las páginas 13, 14 y 15 de la sentencia atacada, además de que la sanción impuesta está dentro de la escala legal para el delito acusado y probado que va de 1 a 5 años, y es cónsona con la edad del sancionado, según el grupo etario a que pertenece, y la indicada sanción fue impuesta conforme establece el artículo 340 letra a) de la Ley núm. 136-03, por lo que se desestima el medio planteado”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:

    Considerando, que el impugnante refiere en el fundamento a su

    primer medio, que la Corte a-qua no da motivos suficientes sobre la

    valoración de los medios de pruebas ofertados ante el tribunal de juicio, y

    que con ello, según el recurrente, dicha alzada incurre en falta de

    motivación;

    Considerando, que de lo antes transcrito, esta Segunda Sala puede

    advertir, que contrario a lo expuesto por el recurrente, la Corte a-qua dio

    motivos suficientes, basándose en las razones que tuvo el tribunal de

    primer grado para retenerle responsabilidad penal, cuyo procesado, hoy

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do y/o J.A.M. fue el autor material de penetrar a la residencia

    de la víctima, y una vez allí, agredir sexualmente a la misma, de

    conformidad con los hechos fijados; así como por las documentales,

    específicamente el informe psicológico forense de fecha 1 de diciembre de

    2015, con el cual quedó corroborado el testimonio ofertado por la víctima,

    aspectos que observó y refrendó la Corte a-qua;

    Considerando, que la sentencia impugnada dio fiel cumplimiento a las

    disposiciones establecidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal, toda

    vez que goza de una motivación precisa y coherente en relación al ilícito

    cometido por el imputado, recogiendo, además, los elementos de prueba

    que sustentaron su decisión y su respectiva valoración conforme lo

    dispuesto por la norma que rige la materia; por lo que se rechaza el

    presente medio;

    Considerando, que el recurrente pone de manifiesto en su segundo

    medio de impugnación: “Sentencia manifiestamente infundada por

    inobservancia de disposiciones de orden legal (artículo 339 del Código Procesal

    Penal) 426 numeral 3, falta de fundamento en sus motivaciones sobre los puntos

    impugnados”;

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do un (1) año de privación de libertad se rigió por la normativa especializada en lo que

    se refiere a los menores de edad y que observó lo dispuesto por los artículos 313,

    326, 327, 328 y 339 de la Ley núm. 136-03, según se verifica en las páginas 13, 14

    y 15 de la sentencia atacada, además de que la sanción impuesta está dentro de la

    escala legal para el delito acusado y probado que va de 1 a 5 años, y es cónsona con

    la edad del sancionado, según el grupo etario a que pertenece, y la indicada sanción

    fue impuesta conforme establece el artículo 340 letra a) de la Ley núm. 136-03, por

    lo que se desestima el medio planteado”;

    Considerando, que al analizar la decisión impugnada, esta S.

    advierte, contrario a lo argüido por el reclamante B. y/o Jorge

    Anselmo Moreno, en su segundo medio, la sentencia impugnada contiene

    fundamentos suficientes que corresponden a lo decidido, al referirse de

    manera específica al reclamo esgrimido por él concerniente a la falta de

    motivación en cuanto a la pena a imponer; en este sentido, constata esta

    Corte de casación, que al ratificar la sanción de 1 año impuesta al

    adolescente imputado como autor de agresión sexual, la alzada procedió

    de forma correcta en la interpretación y aplicación del derecho, siendo

    evidente que la citada pena fue impuesta en atención a la proporcionalidad

    existente entre el ilícito cometido y el daño provocado, y que la misma se

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    533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do sanción privativa de libertad dispuesta en su contra; por lo que se

    desestima el presente medio, y por vía consecuencia, el presente recurso,

    debido a que sus argumentos fueron válidamente contestados y aclarados

    por la alzada, sin incurrir en la violación denunciada;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone

    lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los

    recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como

    declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en los medios objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se trata y

    la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida, de

    conformidad con las disposiciones del numeral 1 del aludido artículo 427

    del Código Procesal Penal;

    Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código

    Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

    archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas

    procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal

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    y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, procede

    eximir al recurrente del pago de las costas producidas en esta instancia.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por B. también conocido como J.A.M., contra la sentencia núm. 472-01-2016-SSEN-00027, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional el 28 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    Segundo: Exime el pago de costas de conformidad con el principio X, de gratuidad de las actuaciones, contenido en la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes;

    Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Tribunal de Control de las Sanciones de la Persona Adolescente del Distrito Nacional.

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    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 19 de octubre de 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria general

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