Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:25 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 25 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam

Concepción Germán Brito, P.; Esther Elisa Agelán

Casasnovas e H.R., asistidos del secretario de estrados,

en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo

Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 25 de julio de 2018,

años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por José A.

Cabrera, dominicano, mayor de edad, soltero, vendedor de

helados, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 096-0000591-3, domiciliado y residente en la calle F.C. núm. 18,

1

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do imputado, contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-765, dictada

por la Primera Sala Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de Santiago el 12 de diciembre de 2016,

cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza P. dejar abierta la audiencia para el

debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de

las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al

Procurador General de la República, L.. A.M.B.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito

por el Licdo. L.E., defensor público, en representación

del recurrente J.A.C., depositado en la secretaría

de la Corte a-qua el 23 de Febrero de 2017, mediante el cual

interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 3468-2017, dictada por la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia el 12 de septiembre 2017,

mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra

2

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual la parte presente

concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo

dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código

Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables;

produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta

sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes

núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de

haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los

Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos

somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los

artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y las

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema

Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre

de 2009, respectivamente;

3

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los

siguientes:

  1. que el 8 de enero de 2014, la Procuradora Fiscal Adjunta

    del Distrito Judicial de Santiago, L.. P.D.S.,

    presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra José

    1. Cabrera, por el hecho de este supuestamente haber

    violado sexualmente al menor de 8 años edad de iniciales L. G. R.

    R; imputándolo de violar las disposiciones de los artículos 330 y

    331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley núm. 24-97, sobre V.I., y el artículo 396 literales b y c de

    la Ley núm. 136-03, que instituye el Código para el Sistema de

    Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y

    Adolescentes; acusación que fue admitida por el Cuarto Juzgado

    de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el cual emitió

    auto de apertura a juicio contra el encartado;

  2. que para la celebración del juicio fue apoderado el Tercer

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

    Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia

    4

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Declara al ciudadano J.A.C.C., dominicano, 42 años de edad, soltero, ocupación vendedor de helados, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 096-0000591-3, domiciliado y residente en la calle F.C. núm. 18, barrio La Planta, municipio N., provincia Santiago, culpable de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y 396 literales b y c de la Ley 136-03, en perjuicio de la víctima L.G.R.R. (menor), debidamente representado por su madre Clenia Altagracia Rosario Almarante; SEGUNDO: En consecuencia, se le condena a la pena de veinte (20) años de reclusión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, S.F. de Macorís; TERCERO: Condena al señor J.A.C.C., al pago de las costas del proceso; CUARTO: Ordena a la secretaria común de este Distrito Judicial comunicar copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, para los fines de lugar”;

  3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el

    imputado recurrente, contra la referida decisión, intervino la

    sentencia núm. 359-2016-SSEN-765, ahora impugnada en casación,

    dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    5

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el imputado J.A.C.C., dominicano, 42 años de edad, soltero, ocupación vendedor de helados, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 096-0000591-3, domiciliado y residente en la calle F.C. núm. 18, barrio la Planta, municipio N., provincia Santiago de los Caballeros, por intermedio del licenciado L.E., defensor público, en contra de la sentencia núm. 113/2015 de fecha 26 del mes de marzo del año 2015, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: E. de costas el recurso”;

    Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia

    impugnada, los siguientes motivos:

    “Primer Motivo: Sentencia que impone una pena de veinte (20) años de prisión (artículo 426-1 del Código Procesal Penal). Este motivo lo podemos observar en que tanto la sentencia núm. 113/2015 de primer grado en el ordinal segundo del dispositivo como la confirmada por la Corte de Apelación núm. 359-2016-SSEN-765, en la página dos (2) que recoge el dispositivo de la de primer grado, impone una condena de veinte (20) años al hoy recurrente, J.A.C.; sin embargo, esta pena violenta el principio de legalidad y legitimidad de la

    6

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do párrafo de la página 6 de la sentencia núm. 359-2016-SSEN-765, hace una errónea interpretación del artículo 331 del Código Penal al exponer que la pena de diez (10) a veinte (20) años que establece la dicha disposición legal es correcta para que el imputado-recurrente J.A.C., se le aplicara la pena de veinte (20) años, lo que claramente desvirtúa la disposición del artículo 332 del Código Penal Dominicano, como también lo plasmado por el tribunal de primer grado que lo recoge la Corte en el último párrafo de la página 7. Este vicio se desprende del ordinal segundo del dispositivo de la sentencia núm. 113/2015 que impugnamos, ya que el tribunal impone la pena de veinte (20) años de prisión al recurrente J.A.C., por violación sexual; sin embargo, esta pena máxima para este tipo penal corresponde cuando se trata de personas que guardan algún vinculo de consanguinidad o afinidad con él o la agraviada sexualmente, es decir para las violaciones incestuosas, según las disposiciones del artículo 332 del Código Penal Dominicano, lo que obviamente, la pena resulta ilegítima; Segundo Motivo: Falta de motivos. Este motivo lo podemos desarrollar, puesto que la Corte de apelación del Departamento Judicial de Santiago de los Caballeros, respecto al motivo primero del recurso de apelación, consistente en fundamento de la sentencia en pruebas obtenidas en violación a los principios del juicio oral. Solo responde a medias el motivo, como se puede observar en la última línea de la página 4 de la sentencia núm. 359-2016-SSEN-765, en la página 5 donde expone erróneamente que las iniciales del menor son L.G.R.R. y

    7

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do voluntaria de CD, el CD material, el certificado médico del menor, el interrogatorio ante el TNNA del menor de edad, son excepciones a la oralidad, que sería irrazonable no incorporar las mismas, sin embargo, se enfoca en que esos medios de prueba constituyen una excepción al principio de la oralidad, sin responder totalmente al medio planteado”;

    Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua

    dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:

    La Corte considera que no lleva razón el apelante en su reclamo. Y es que, resulta pacífico que ni los principios constitucionales, ni los derechos fundamentales son ilimitados, es decir, tienen límites. En el caso del principio de oralidad, dicho principio no es ilimitado, y por eso en el proceso penal se admiten pruebas escritas, como excepción a la oralidad, que pueden legítimamente ser incorporadas al juicio por su lectura, en cuyo caso se trata de límites que se basan en la necesidad del estado de poder probar ilícitos penales que lesionan a la sociedad en su conjunto y a las víctimas directas, ilícitos que quedarían impunes si solo se permitieran probarlos a través de pruebas orales. Lo que señalamos es, que si bien como regla la oralidad debe ser lo predominante, no menos cierto es que existen documentos y pruebas escritas que pueden ser incorporadas como pruebas en un proceso penal, dentro de las que se encuentran la certificación de entrega voluntaria consistente en un CD y su reproducción en el juicio, así como el interrogatorio del

    8

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do permitiera como prueba la certificación de entrega voluntaria consistente en un CD y su reproducción en el juicio, pues ello supondría que nunca se hubiese podido probar como fue violada sexualmente la víctima menor de edad, al igual que el extracto de acta de nacimiento de la víctima, tampoco podría probarse la circunstancia agravante de la minoridad. De igual manera, también sería irrazonable que no se permitiera como prueba del caso el acta que contiene el interrogatorio de una menor en tribunal competente, sobre la forma en que ocurrió el hecho, pues ello supondría que casi nunca podría probarse en un tribunal ordinario una violación sexual contra una menor de edad, ante la imposibilidad legal de que esa menor declarase oralmente en el juicio (Lo impide el interés superior del niño). En el caso singular las pruebas en que esencialmente se basa la condena lo constituye la certificación de entrega voluntaria de fecha 14-10-2013, de un CD color blanco marca lotus JBL, 52X, así como el mismo CD ofertado como prueba material, el cual fue reproducido en el plenario, donde se puede observar al imputado en un patio con los pantalones debajo de su cintura y el niño menor de 8 años de edad, la víctima, junto a él con los pantalones debajo de su cintura y el imputado se pone detrás del niño, así semi desnudo, y luego le ordena se tire al suelo, luego lo para del suelo y se le pone detrás en esas condiciones al menor, luego ambos entran a la casa del imputado; el interrogatorio que se le practicó a la víctima menor de edad L.G.R.R. (8 años) en la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, donde se hace constar que el

    9

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do entre el culo y me mamó la bolsa y luego me mandó a acostar en el piso y me mandó a quitar la ropa, eso pasó en el patio de su casa, el me dijo que fuera por un helado a su casa. Pasó una sola vez, dice que si decía algo me mataba; A. es que dice a mami que A. me estaba violando; pruebas que se combinaron para justificar la condena con el reconocimiento médico núm. 6160, de fecha 5 de octubre del año 2013, instrumentado por el INACIF, con el que se establece que la víctima directa presentó laceración resiente en la mucosa esfínter anal hacia las 6 horas del reloj, se observa evidencias de los pliegues radiados. Resulta claro para la Corte que esas pruebas pueden acreditarse e incorporarse al juicio por su lectura y que las mismas no vulneran el principio de oralidad, sino que constituyen límites legítimos a ese principio, y que las indicadas pruebas aportadas por la acusación fueron lo suficientemente sólidas, razón por la cual el a-quo fundamentó su decisión en esos elementos, desestimando los alegatos de la defensa por encontrarlos más débiles y poco convincentes; por tanto, el motivo analizado debe ser desestimado. La Corte entiende que no lleva razón el apelante en su reclamo. Y es que, el examen artículo 331 del Código Penal, el cual establece: “Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos. Sin embargo, la violación será castigada con reclusión de diez a veinte años y multa de

    10

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental. Será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los artículos 121, 126 a 129, 187 al 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. Cuando este habla de que será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien a doscientos mil pesos cuando sea cometida por un niño, niña o adolescente, sea con amenaza de un arma y así sucesivamente, es porque se habla de varios supuestos distintos, es decir, cada uno son circunstancias que lo agravan, por lo que no se necesita que tengan que conjugarse todos los supuestos que plantea dicho artículo para que pueda ser impuesta la pena de diez a veinte años; por lo que la pena impuesta por a-quo se enmarca en la sanción que la ley establece y que puede ser impuesta para el tipo penal de violación sexual, por el cual fue sancionado el imputado; y así lo dejó claramente establecido el a-quo”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:

    11

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do el reclamante, relativo a la violación al principio de legalidad y

    legitimidad de la pena, esta Segunda Sala procedió al análisis de la

    sentencia atacada, constatando que contrario a lo expuesto por el

    recurrente, los Jueces de la Corte de Apelación al examinar las

    disposiciones legales que le sirvieron de sostén al primer grado

    para justificar la pena endilgada, dio por establecido que: “La corte

    entiende que no lleva razón el apelante en su reclamo. Y es que, el examen

    artículo 331 del Código Penal, el cual establece: “Constituye una

    violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea,

    cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento,

    amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la pena de diez a

    quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos. Sin

    embargo, la violación será castigada con reclusión de diez a veinte años y

    multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando haya sido cometida en

    perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado

    de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental. Será

    igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y

    multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un

    niño, niña o adolescente, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más

    autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la

    12

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones,

    todo ello independientemente de lo previsto en los artículos 121, 126 a

    129, 187 al 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y

    Adolescentes”. Cuando este habla de que será igualmente castigada con la

    pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien a doscientos mil

    pesos cuando sea cometida por un niño, niña o adolescente, sea con

    amenaza de un arma y así sucesivamente, es porque se habla de varios

    supuestos distintos, es decir, cada uno son circunstancias que lo agravan,

    por lo que no se necesita que tengan que conjugarse todos los supuestos

    que plantea dicho artículo para que pueda ser impuesta la pena de diez a

    veinte años; por lo que la pena impuesta por a-quo se enmarca en la

    sanción que la ley establece y que puede ser impuesta para el tipo penal de

    violación sexual, por el cual fue sancionado el imputado; y así lo dejó

    claramente establecido el a-quo

    Considerando, que en virtud de lo antes expuesto, ha de

    comprobarse, que el quántum de la sanción penal aplicada está

    debidamente justificada, conforme una verdadera fundamentación

    jurídica, legal y legítima, de acuerdo a lo establecido en las

    disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, y

    13

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do presente medio;

    Considerando, que en su segundo reclamo como medio de

    casación el recurrente, para justificar el mismo, argumentó que la

    Corte a-qua no ofreció razones suficientes con relación al rechazo

    del primer motivo de apelación, consistente en “Fundamento de la

    sentencia en pruebas obtenidas en violación a los principios del juicio

    oral”, y que en consecuencia, solo se respondió a medias;

    Considerando, que es preciso destacar que el derecho

    fundamental procesal a una motivación suficiente, no se satisface

    con justificaciones extensas y adornantes, basta con que queden

    claras para el usuario lector, las razones de hecho y derecho que

    motivan la escogencia o rechazo de los motivos que sustentan el

    recurso de que se trata; en ese orden, al ser examinada la decisión

    impugnada, esta Corte de Casación pudo comprobar que la alzada,

    de manera puntual y ajustada al derecho, ofreció razonamientos

    suficientes para dar por verificado lo referente al principio de

    oralidad, y su configuración en la normativa procesal penal; el cual,

    según pudo ser advertido, es lo reprochado por el recurrente;

    14

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do obedeció el debido proceso y respetó de forma puntual y suficiente

    los parámetros de la motivación en el recurso sometido a su

    escrutinio, razones por las cuales procede desestimar el medio

    analizado, y en consecuencia, rechazar el recurso objeto de examen;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de

    Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en los medios objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que

    se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión

    recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del

    aludido artículo 427 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal

    dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal,

    la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las

    costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el

    tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; en

    15

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do generadas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo

    asistido por el Servicio Nacional de Defensa Pública, toda vez que

    el artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional

    de Defensa Pública, establece como uno de los derechos de los

    defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados

    en costas en las causas en que intervengan”, de donde deriva la

    imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el

    caso que nos ocupa.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.A.C., contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-765, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente decisión; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    Segundo: E. al recurrente del pago de las costas generadas por estar asistido de la defensa pública;

    16

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, para los fines correspondientes.

    (Firmados) M.C.G.B.E.E.A.C.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    17

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do