Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala

Sentencia núm. 846

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda S. de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra y F.E.S.S., asistidos del

secretario de estrado, en la S. donde celebra sus audiencias, en la ciudad

de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de julio de 2018,

años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por: 1) Ana Julia

G. Espinal, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de

identidad y electoral núm. 051-0014411-1, domiciliada y residente en la

1 Av. Y.D. núm. 110, sector A.H., El Papayo, S. de

los Caballeros, República Dominicana; J.H., dominicano,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0278174-1, domiciliado y residente en la Av. Y.D. entrada La

Unión, casa núm. 4, sector A.H., S. de los Caballeros,

República Dominicana; y N.J.H., dominicana, mayor

de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0122766-2, domiciliada y residente en la calle núm. 5, E.B.,

S. de los Caballeros, República Dominicana, querellantes y actores

civiles; 2) J.C.S.R., dominicano, mayor de edad,

soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral

núm. 031-0552683-8, domiciliado y residente calle Primera núm. 12, barrio

D., Ingenio Arriba, S. de los Caballeros, República

Dominicana, imputado y civilmente demandado; Cadburry Adams

Dominicana, S.A., con domicilio social y establecimiento principal, en la

Avenida J.F.K. núm. 10, E.M., Distrito

Nacional, tercero civilmente responsable; Seguros Sura, S.A., con

domicilio social en la avenida J.F.K. núm. 1, Ensanche

Miraflores, Distrito Nacional, entidad aseguradora, contra la sentencia

núm. 359-2016-SSEN-247, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

2 Apelación del Departamento Judicial de S. el 18 de julio de 2016,

cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la J.a P. dejar abierta la audiencia para el debate

del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la L.. L.B., por sí y por los L.s. F.G. y

A.G., en representación de los recurrentes Juan Carlos

Sánchez Rodríguez, C.A.D., S.A. y Seguros Sura, S.

A., en la formulación de sus conclusiones;

Oído al L.. W.S., por sí y por el Dr. Nelson Valverde

Cabrera y el L. F.R.O.O., en representación de la

parte recurrente A.J.G.E., J.H. y Norma

Juliana Hernández, en la formulación de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Procurador General Adjunto al Procurador

General de la República, L.. C.C.D.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el

Dr. N.T.V.C. y el L.. F.R.O.O.,

3 en representación de los recurrentes A.J.G.E., José

Hernández y N.J.H., depositado en la secretaría de la

Corte a-qua el 18 de agosto de 2016, en el cual fundamentan su recurso;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los

L.s. A.G. y F.G., en representación de los

recurrentes J.C.S.R., Cadburry Adams

Dominicana, S.A. y Seguros Sura, S.A., depositado en la secretaría de la

Corte a-qua el 22 de agosto de 2016, en el cual fundamentan su recurso;

Visto el escrito de contestación suscrito por los L.s. Alexander

Germoso y F.G., en representación de Juan Carlos Sánchez

Rodríguez, C.A.D., S.A. y Seguros Sura, S.A.,

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 27 de octubre de 2016;

Visto la resolución núm. 3027-2017 de esta Segunda S. de la

Suprema Corte de Justicia el 4 de agosto de 2017, mediante la cual declaró

admisibles, en la forma, los up supra aludidos recursos, fijando audiencia

para el día el 8 de noviembre de 2017, a fin de debatirlos oralmente, fecha

en la cual las partes concluyeron, decidiendo la S. diferir el

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días

dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por

4 motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día

indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de

2011;

La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

los artículos 70, 246, 393, 394, 396, 397, 418, 425, 426 y 427 del Código

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de

2015; 49-1, 50, 61, 65 y 74 literal d de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de

Vehículos de Motor; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009,

dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el

25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 13 de marzo de 2014, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz

    Especial de Tránsito, S.I., del Distrito Judicial de S., L..

    5 J.G.E., presentó formal acusación y requerimiento de

    apertura a juicio contra J.C.S.R., por presunta

    violación a las previsiones de los artículos 49 literal c, numeral 1, 65, 74

    literal d de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor,

    modificada por la Ley núm. 114-99;

  2. que el 2 de junio de 2014, la Tercera S. del Juzgado de Paz

    Especial de Tránsito del municipio de S., actuando como Juzgado

    de la Instrucción, emitió la resolución núm. 014/2014, mediante la cual

    admitió de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público,

    y la querella con constitución civil realizada por los señores Ana Julia

    G. Espinal, J.H. y N.J.H.,

    ordenando auto de apertura a juicio contra el imputado Juan Carlos

    Sánchez Rodríguez, admitiendo la constitución en actor civil

    instrumentada a favor de los señores A.J.G.E., José

    Hernández y N.J.H.; identificando a la razón social

    C.A.D., S.A. como tercero civilmente responsable,

    y Seguros Sura, S.A. como entidad aseguradora;

  3. que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderada la

    Primera S. del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial

    6 del municipio de S., la cual dictó sentencia núm. 00696/2015 el 7 de

    octubre de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Declara al ciudadano J.C.S.R., culpable de violar los artículos 49 numeral 1, 61, 65 y 74 letra d, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones, en perjuicio del señor N.H.S.; en consecuencia, lo condena a una multa de ocho mil pesos (RD$8,000.00), a favor del Estado Dominicano, variando así la calificación jurídica otorgada al presente caso, que incluía en principio la violación al artículo 50 de la referida ley; SEGUNDO: Condena al imputado J.C.S.R., al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: En cuanto al fondo de la querella con constitución en actor civil, incoada por los señores A.J.G.E., en calidad de concubina, J.H. y N.J.H., acoge en cuanto a la primera, señora A.J.G.E., y rechaza en cuanto a los señores J.H. y N.J.H.; en consecuencia, condena solidariamente al imputado J.C.S.R., por su hecho personal y el tercero civilmente demandado Cadbury Adams Dominicana, S.A., al pago de una indemnización ascendente a la suma de setecientos mil pesos (RD$700,000.00), a favor de la víctima, querellante y actora civil, señora A.J.G.E., como justa reparación por los daños morales experimentados como consecuencia del accidente de que se trata; CUARTO: Condena al imputado J.C.S.R., al pago de las costas civiles del proceso, con distracción y

    7 provecho del abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte o totalidad; QUINTO: Declara común, oponible y ejecutable en el aspecto civil, la presente decisión a la compañía aseguradora Sura, S.A., hasta el límite de la póliza, por ser esta la compañía aseguradora del vehículo envuelto en el accidente; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día 26 de octubre del año 2015, a las 9:00 p. m., quedando citadas las partes presentes y representadas”;

  4. que con motivo de los recursos de alzadas interpuestos por: a)

    J.C.S.R., C.A.D., S.A. y

    Seguros Sura, S.A., y b) A.J.G.E., J.H. y

    N.J.H., intervino la decisión núm. 359-2016-SSEN-247,

    ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

    Apelación del Departamento Judicial de S. el 18 de julio de 2016, y

    su dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Declara parcialmente con lugar en el fondo, el recurso de apelación interpuesto por A.J.G.E., el señor J.H. y la señora N.J.H., por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, doctor N.T.V.C. y licenciado F.R.O.O., en contra de la sentencia núm. 00696/2015, de fecha 7 del mes de octubre del año 2015, dictada por la Primera S. del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de S.;

    8 SEGUNDO: Resuelve directamente con base en el artículo 422 (2.1) del Código Procesal Penal, y en consecuencia, condena al imputado J.C.S.R., a dos
    (2) años de prisión suspensivos de manera total, en virtud de lo que dispone el artículo 341 del Código Procesal Penal, quedando bajo la vigilancia del J. de la Ejecución de la Pena; confirmando los demás aspectos de la decisión apelada;
    TERCERO: Compensa las costas; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes vinculadas”;

    Considerando, que los recurrentes A.J.G.E., José

    Hernández y N.J.H., proponen contra la sentencia

    impugnada, los siguientes medios:

    Primer Medio : Sentencia manifiestamente infundada, porque: a) El Tribunal de alzada incurre en iniquidad en las indemnizaciones, por ser irrisorias ante la muerte de un concubino, que al momento de su deceso fatal y por su edad, se perfilaba como una persona con una aptitud para asistir a sus familiares, sus necesidades, no solo afectivas, sino de cuidado personal, y b) Rechazo de querella interpuesta por los hermanos del fallecido J.H. y N.J.H.. Sentencia manifiestamente infundada por iniquidad en las indemnizaciones irrisorias acoradas a la actora civil y querellante A.J.G.E., no tomando en cuenta de que la víctima directa se trata de un concubino, compañero de vida, que por su edad, se perfilaba como una persona con una aptitud para asistir a sus familiares en sus necesidades, no solo afectivas, sino un de

    9 cuidado personal. Que la prueba de este agravio se demuestra en la página núm. 20, último párrafo de la sentencia atacada de alzada. Situación esta que continúa siendo una aberración, un absurdo de los jueces de alzada, al imponer una indemnización irrisoria consistente en la suma total de setecientos mil pesos (RD$700,000.00), ante la muerte de una persona, producto de la imprudencia y negligencia de un conductor, que hasta lo dejó abandonado en el lugar del hecho. Que lo infundado manifiestamente también reside en el hecho de que el J. no apoya en razonamientos correctos, la indemnización criticada, ni pondera el hecho del perjuicio moral, el daño psicológico de la pérdida de un hermano y concubino respectivamente, el sufrimiento, la angustia de haber sometido a sus familiares a un proceso penal en busca de la reparación integral del daño, ante la pérdida de su proyecto de vida; que esta compensación irrisoria vulnera principios fundamentales en perjuicio del fallecido. A que como consecuencia de las graves lesiones, traumas, laceraciones, que le ocasionaron la muerte al señor N.H., merece indemnizar a los señores A.J.G.E., J.H. y N.J.H., en la suma de setenta millones de pesos (RD$70,000,000.00), para cada uno de ellos, en las calidades que ostentan, por concepto del daño moral que comprende en la pretium doloris, los dolores sentimentales, la pérdida de su proyecto de vida, los insomnios, el sentimiento de inferioridad, incapacidad fisiológica, que reduce su producción y más aún, la dificultad o privación de entregarse, libremente, a algunas actividades normales del placer de vivir, con su cortejo de frustraciones, imposibilidades, de lentitudes y molestias, por lo que espera

    10 que la sentencia sea aumentada por los motivos citados. Que la J. a-quo y el tribunal de alzada, a pesar de que realizaron un análisis exhaustivo de las pruebas e identificaron la falta del imputado y la participación pasiva de la víctima en el siniestro, pues se trata de un conductor de motocicleta que estaba haciendo uso debido de la vía pública y que fue impactado por un vehículo que bajaba del elevado de la avenida Circunvalación Norte, de una calle secundaria a una principal, de ahí que los derechos de las víctimas no fueron respetados, al otorgar indemnizaciones irrisorias, constituyéndose en insuficiente la sustentación legal de la decisión atacada, que no permite al Tribunal alguno o Corte controlar la juridicidad de la decisión en cuanto a la indemnización aplicada, ya que imponer indemnizaciones ejemplares y equiparables al perjuicio sufrido hace que los hechos delictivos intencionales (de Ley 241), no se repitan o se controlen, que es el fin de la ley penal en la República Dominicana. Normas violadas. Las normas violadas en este aspecto son: Artículo 83 y 84 del Código Procesal Penal

    ;

    Considerando, que los recurrentes J.C.S.R.,

    C.A.D., S.A., y Seguros Sura, S.A., proponen

    contra la sentencia impugnada, los siguientes medios:

    Primer Medio : La sentencia de la Corte de Apelación es contradictoria a fallos anteriores de ese mismo Tribunal y de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto se refiere a la violación de la ley inobservancia o errónea aplicación de una

    11 norma jurídica. Al fallar del modo en que lo hizo la juez del primer grado y peor aún, la Corte a-qua que incluyó la pena de prisión por 2 años, violan la ley y hace una errónea aplicación, de la simple lectura de sentencia ahora recurrida, en particular desde su página 9 hasta la 24 (de 25 páginas en total), es evidente que se trata de una transcripción de la sentencia de primer grado, y no una real ponderación y motivación que respalde el fatídico fallo de la Corte a-qua. Contradicciones e ilogicidades de los hechos. De los hechos que da por ciertos la sentencia ahora recurrida, citando la de primer grado, es que tanto el señor J.S. como el señor N.H., tuvieron un accidente, sin embargo, en ningún momento se especifica: a) Que es el señor N.H., quien se estrelló con el señor J.S.; b) Que el señor J.S. puso su luz direccional para doblar correctamente, y estaba detenido al momento de los hechos; y c) Cómo es posible que si el señor N.H. iba a una velocidad prudente, fallecería al impactar al señor J.S.. El señor R.R.B., testigo a descargo, no pueda servir de base para condenar al señor J.S., mucho menos partiendo de su declaración de cómo ocurrió el accidente, ya que como indicamos al momento de acreditarlo, este llegó unos minutos luego de ocurridos los hechos, y con el mismo probamos que no hubo abandono de la víctima y que fue remitido a un centro de salud, de esto que resulta ilógico que la Corte a-qua pudiera atribuirle responsabilidad al señor J.S.. Falta imputable a la víctima: En materia de daños y perjuicios, y en el caso que nos ocupa, producto de un accidente de tránsito, todo tribunal está llamado a referirse en su sentencia a la participación de la víctima en la ocurrencia

    12 del hecho punible que se ventila, máxime si la defensa alega que la falta de la víctima ha sido la causante del accidente. Hay varias faltas que fueron expuestas en el plenario, ninguna imputable al señor J.S., quien simplemente reconoció ser una parte del accidente, no culpable como quiere dejar por establecido el Juzgado de Paz, pero en ningún momento dicha sentencia transcribe las declaraciones del mismo y la Corte a-qua hace caso omiso ante tal situación. Violación al principio de no reformatio in peius: Los querellantes se adhirieron en todas sus partes a la acusación y a las conclusiones del Ministerio Público (en el aspecto penal de primer grado). Ni los querellantes ni el Ministerio Público le solicitaron al J. de primer grado condenar a prisión al señor J.S.. El Ministerio Público, no recurre la sentencia de primer grado, es decir, no era parte apelante ante la Corte a-qua. Así las cosas, los querellantes no podían fundamentar su apelación en este aspecto, que si de por sí ya era un despropósito legal, encontró soporte cuando la Corte a-qua incluye la pena de prisión por 2 años, perjudicando los derechos de un acusado y recurrente, que ve agravada su situación judicial. En un fallo en franca violación al principio no reformatio in peius, que procedemos a exponer de inicio, veamos lo contenido en el artículo 404 de nuestro Código Procesal Penal. Así las cosas, honorables magistrados, parece ser que la Corte a-qua olvida que al no haberse apelado por el Ministerio Público la sentencia de primer grado, los acusados (el señor J.S. y las empresas Cadbury Adams Dominicana, S.A. y Seguros Sura, S.A.) eran los únicos recurrentes con la calidad y capacidad para apelar el aspecto penal de esa sentencia del Juzgado de Paz; Segundo Motivo: La

    13 violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Por igual, al fallar del modo en que lo hizo, la Corte a-qua viola la ley y hace una errónea aplicación. Esta parte del escrito se fundamentó en la no destrucción de la presunción de inocencia. En el caso de especie, aunque entiende la Corte a-qua que existen las pruebas en que se basa la sentencia para condenar al señor J.S., así las cosas, estamos ante una duda razonable y como se expresó procedentemente, la presunción de inocencia debe ser destruida por la acusación y la misma tiene que tener suficientes fundamentos probatorios para logar la condena contra el imputado, como se sabe, en todos los sistemas de justicia con respecto a los derechos humanos, el Ministerio Público o el acusador tienen que probar, mas allá de toda duda razonable, el estado de culpabilidad del imputado, lo que deben hacer con medios legales, legítimos y suficientes, que garanticen las normas procesales vigentes en un estado de derecho democrático, presunción que en la especie no ha sido destruida. En tal sentido, si por alguna hipotética razón se entendiese que en el caso que nos ocupa, asoma algún resquicio perceptivo de duda o incertidumbre sobre la ocurrencia de los hechos juzgados, nunca se puede perder de perspectiva de que cuando estamos en presencia de esta circunstancia, lo que debe producirse es el pronunciamiento de una sentencia absolutoria, bajo la aplicación de la máxima in dubio pro reo que impera en nuestro sistema penal, pero que la Corte a-qua vulnera completamente. El señor J.S. conducía de un modo prudente y de conformidad con la legislación nacional. Es la “víctima que viola francamente toda la normativa a nivel de tránsito de vehículos, y la Corte a-qua, con la sentencia

    14 ahora recurrida, beneficia con una indemnización a la querellante y actor civil, parte que reclama la falta cometida por la “víctima”. Antes de concluir este punto, igualmente se tipifica como una violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, a los daños causados al señor J.S. y denunciados y expuestos en el motivo anterior en cuanto a la Corte a-qua, incluye la pena de prisión por 2 años, perjudicando al recurrente”;

    Considerando, que del examen y análisis de la decisión impugnada,

    se evidencia que respecto a lo invocado por los recurrentes, la Corte a-qua

    justificó de forma puntual y coherente, lo siguiente:

    “En cuanto al acto auténtico de dependencia económica de fecha once del mes de abril del año 2013 “…el Tribunal no le otorga valor probatorio, en razón de que su contenido no pudo ser sustentado con otro elemento de prueba, siendo insuficiente para acreditar lo expuesto. Que contrario a lo alegado en su queja por la parte recurrente F.R.O.O., A.J.G.E., J.H. y N.J.H., querellantes constituidos en parte civil, la decisión tomada por el tribunal de sentencia, sí establece de una manera clara y precisa la razón que dio origen al accidente de que se trata, que no fue otra que la conducta desarrollada por el imputado, “…quien se aproximaba a una intercepción donde se preparaba a tomar una calle principal a una velocidad que le impidió tomar el control de su vehículo, no percatándose de que la víctima transitaba en una vía principal a bordo de una

    15 motocicleta…

    , circunstancia que el tribunal de sentencia asume por las declaraciones que fueron vertidos en el juicio por los testigos F.F.R. y R.R.B., quienes observaron las incidencia del accidente, más la combinación con los demás elementos de pruebas documentales y periciales, presentados de manera contradictoria en el juicio, por lo que la queja se desestima. Que lo transcrito precedentemente, se advierte que el a-quo contrario a lo alegado, sí fundamentó adecuadamente su decisión en cuanto a la valoración del daño moral recibido por la víctima en su condición de concubina, resultando dicha indemnización razonable y afín con el perjuicio sufrido. En lo referente a la queja planteada por la parte recurrente, de que no obstante habérsele demostrado con la documentación requerida al a-quo, la dependencia económica de los nombrados J.H. y N.J.H., con el fallecido N.H., tampoco llevan razón los apelantes. Y es para rechazar dichas pretensiones el tribunal de sentencia dejó claramente motivado que los señores J.H. y N.J.H., si bien han demostrado la calidad de hermanos, no así han probado “…ni la dependencia económica, ni un grado de afectividad tal que determine el daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento del señor N.H., ni la relación de causalidad entre la falta y el perjuicio”. La Corte quiere dejar bien claro, que si bien es cierto fueron presentados al a-quo el acto auténtico numero 6 de fecha 11 de abril de 2012 y el acto auténtico numeral 6 de fecha 11 de abril de 2013, mediante los que se pretende justificar la dependencia económica de los señores J.H. y N.J.H. de su hermano N.H.

    16 (fallecido), no menos cierto es que no basta con manifestar que este mantenía a sus hermanos, o que han quedado en el desamparo total a sus sostenimientos, sino que debió presentarse al tribunal de sentencia una prueba material eficiente de esa dependencia económica que se alega y no una simple aseveración de la misma, por lo que al no hacerlo como se debía, la decisión que tenía el a-quo era rechazar dichas pretensiones, por lo que se desestiman las quejas. En la especie, ha quedado claramente comprobado tal y como ha reseñado de forma clara y precisa el Tribunal a-quo, que el accidente de que se trata ha sido de la exclusiva responsabilidad del imputado “...quien se aproxima a una intercepción donde se preparaba a tomar una calle principal a una velocidad que le impidió tomar el control de su vehículo, no percatándose de que la víctima transitaba en una vía principal a bordo de una motocicleta…”criterio que el tribunal de juicio asume de las pruebas que le fueron presentadas y lo que llevó a enervar el principio de presunción de inocencia. Esta Corte, en virtud de lo que dispone el artículo 49 párrafo I de la Ley núm. 241, y ante la ocurrencia del fallecimiento de la víctima directa como consecuencia del accidente de que se trata, impone la pena de dos años de prisión, y así mismo, fruto de la naturaleza del hecho ocurrido, o sea, por tratarse de un accidente de tránsito y no habiéndose demostrado que exista impedimento alguno de los que señala la ley, haciendo suyas las disposiciones del artículo 341 de la norma procesal penal vigente, suspende de manera total dicha pena, bajo la condición de que se dedique a las labores comunitarias que decida el J. de la Ejecución de la Pena y a los controles que decida dicho J., pero las labores comunitarias deberá

    17 efectuarlas en horarios diferentes al de su trabajo, siempre que se encuentre laborando, sino en el horario que decida el J.. No lleva razón en su queja la parte recurrente porque tal y como ha sido expresado ya en otra parte del cuerpo de la presente decisión, el a-quo dejó claramente establecido las razones que dieron origen al accidente cuando expresa “…que la ocurrencia del accidente se debió a la falta cometida por el imputado J.C.S.R., quien se aproximaba a una intercepción donde se preparaba a tomar una calle principal a una velocidad que le impidió tomar el control de su vehículo, no percatándose de que la víctima transitaba en una vía principal a bordo de una motocicleta, conducta contraria al contenido del artículo 61 que se refiere a los límites de velocidad, al 65 que dispone que todo conductor debe conducir con el debido cuidado y circunscripción apreciando los derechos y la seguridad de las personas, y al artículo 74 letra d, que conmina a todo conductor a ceder el paso en caso de que se use una vía secundaria, como en el caso en concreto, disposiciones legales que fueron inobservadas por el imputado.” No lleva razón en su queja la parte, porque contrario a lo aducido, como ha quedado establecido en la decisión del tribunal de sentencia, no es cierto que los Jueces del a-quo no tuvieran pruebas para condenar al imputado, ya que toda vez, como ha quedado establecido, la acusación que se le presentó a los Jueces del a-quo, se fundamentó en pruebas de cargo suficientes que enervaron el derecho fundamental del imputado, contenido en los artículos 69 de la Constitución de la República Dominicana y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2, Convención Interamericana de Derechos Humanos, XXVI de la

    18 DADDH, remitiendo a la parte a los fundamentos 6 y 9 de la presente decisión, que dan respuestas en sus pretensiones, por lo que se desestima la queja” (ver segundo párrafo, págin 15; segundo párrafo, página 20; numeral 7, páginas 20 y 21; numeral 9, página 22; numeral 11, páginas 23 y 24 de la decisión de la Corte a-qua);

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por las partes recurrentes:

    En cuanto al recurso de A.J.G.E., J.H. y N.J.H.:

    Considerando, que esta parte recurrente dirige sus reclamaciones

    exclusivamente a la constitución en actoría civil, en primer término, en el

    rechazo de la compensación por daños y perjuicios peticionados por José

    Hernández y N.J.H., como hermanos del fallecido;

    Considerando, que esta S. de la Suprema Corte de Justicia ha sido

    reiterativa al exponer: “Considerando, que cuando ocurren accidentes de

    tránsito con víctimas mortales, solo los padres, los hijos y los cónyuges de las

    personas fallecidas en esas condiciones, están dispensados de probar los graves

    daños morales que les ha causado el deceso de su pariente; no así las demás

    personas vinculadas a las víctimas, quienes deben establecer ante los tribunales la

    relación de dependencia que existía entre ellos, bien sea por la existencia de un

    19 muy estrecho vínculo afectivo, o por su verdadera dependencia económica” (ver

    sentencia del 25 de julio de 2007, núm. 96). De igual forma ha establecido

    jurisprudencialmente: “…quienes están obligados a probar la existencia de una

    estrecha comunidad afectiva y/o una dependencia económica entre ellos y la

    víctima, puesto que de no ser así habría multiplicidad ilimitada de demandas, lo

    cual no se justificaría” (ver B.J.1169, abril 2008, página 610);

    Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia

    recurrida hemos verificado que uno de los reclamos invocados por ante la

    alzada a través del recurso de apelación estuvo relacionado a la indicada

    solicitud, advirtiendo esta S., de acuerdo a la documentación que

    conforma la glosa procesal, que J.H. y Norma Juliana

    Hernández, desde el inicio del proceso han sido excluidos para accionar

    en reclamación de reparación indemnizatoria por daños y perjuicios, en

    calidad de actores civiles, por no lograr demostrar la dependencia

    económica de su hermano fenecido; por lo que este aspecto procede ser

    rechazado;

    Considerando, que en cuanto al segundo aspecto planteado en el

    escrito impugnativo, reclama el monto irrisorio de la indemnización

    emitida a favor de A.J.G., pareja sentimental de la víctima

    20 fallecida;

    Considerando, que en lo atinente a la imposición de la

    indemnización, la Corte ofreció los motivos pertinentes y suficientes que

    justifican su decisión en ese aspecto, así como el monto ratificado por

    dicha Corte, atendiendo al criterio sustentado por esta S., de que si bien

    los jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la

    magnitud de los daños recibidos, y así poder fijar los montos de las

    indemnizaciones, es a condición de que estas sean razonables y se

    encuentren plenamente justificadas, lo que ha ocurrido en la especie; por

    consiguiente, procede desestimar el medio analizado en ambos aspectos;

    En cuanto al recurso de J.C.S.R., C.A.D., S.A. y Seguros Sura, S.A.:

    Considerando, que los reclamantes en su escrito, esbozan

    refutaciones contra diferentes ítems de la decisión, como resultan ser:

    causa generadora del accidente, valoración de las pruebas y la pena

    impuesta;

    Considerando, que los recurrentes fundamentan sus pretensiones en

    primer término, que la Corte a-qua no valora la conducta de la víctimafallecida; que N.H. es quien se estrella con el vehículo

    21 conducido por J.C.S.R., quien colocó la luz

    direccional para doblar comedidamente y estaba detenido al momento de

    los hechos; que de la víctima transitar a una velocidad prudente, no

    hubiera fallecido al impacto con el vehículo conducido por el imputado,

    siendo la falta exclusiva de la víctima. Continúan arguyendo que la

    conducta de la víctima debió de ser analizada a los fines de verificar cuál

    de ellos provocó la causa generadora, debiendo fijar la falta en que

    incurrió cada parte y precisar los montos indemnizatorios de manera

    racional y proporcional a la realidad fáctica;

    Considerando, que los recurrentes arguyen en su segundo medio,

    que ni los querellantes ni el Ministerio Público le solicitaron al tribunal de

    juicio condenar a prisión al imputado. Que, el Ministerio Público no

    recurre la sentencia de primer grado, es decir, no era parte apelante ante

    la Corte a-qua; así las cosas, los querellantes no podían fundamentar su

    apelación en este aspecto, que si de por sí ya era un despropósito legal,

    encontró soporte cuando la Corte a-qua incluye la pena de prisión de dos

    años, perjudicando los derechos de un imputado y recurrente, que ve

    agravada su situación judicial, en un fallo en franca violación al principio

    no reformatio in peius, contenido en el artículo 404 de nuestro Código

    22 Procesal Penal;

    Considerando, que de igual forma aducen los reclamantes, en un

    tercer medio, que no existen pruebas para condenar al imputado fuera de

    toda duda razonable; siendo procedente una sentencia absolutoria, al

    imputado hacer un uso correcto de la vía, atribuyendo la falta exclusiva a

    la víctima;

    Considerando, que por lógica procesal al atacar los elementos

    probatorios, en cuanto a determinación de los hechos y su causa

    generadora, se procederá a examinar el primer y tercer medio en

    conjunto;

    Considerando, que al proceder esta Segunda S. al examen del

    laudo objetado, ha constatado que contrario a los alegatos esgrimidos, la

    Corte a-qua, además de adoptar los motivos esbozados por el tribunal de

    primer grado, que eran acertados, estableció también sus propios motivos,

    indicando que luego de examinar la decisión del Tribunal a-quo, constató

    una adecuada valoración por parte de esta instancia a lo manifestado por

    los testigos, con lo cual quedó determinada la responsabilidad del

    imputado en el referido accidente, al hacer uso de la vía de manera

    imprudente al momento de realizar un giro a la izquierda e introducirse

    23 en la vía principal sin la debida precaución, resultando su accionar la

    causa eficiente y generadora del accidente de que se trata; por tanto,

    procede desestimar los medios examinados;

    Considerando, que el requerimiento atinente a la sanción a penar por

    el imputado, consistente en dos años de prisión correccional, suspensión

    condicionada a lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal Penal,

    es de examinar el orden cronológico de las peticiones de las partes

    acusadoras – pública y privada – en el transcurso del proceso,

    derivándose lo siguiente: a) La parte querellante en su escrito de

    constitución en actoría civil, solicita cinco años de prisión; b)

    Posteriormente, estos querellantes constituidos en actores civiles se

    adhieren a la acusación del Ministerio Público; c) En la audiencia de

    primer grado, el Ministerio Público solicita 1 año de prisión correccional y

    una multa ascendente al monto de ocho mil pesos (RD$8,000.00), y la

    parte querellante solo se refiere al contenido de su constitución civil; d)

    que el Ministerio Público no recurre en apelación, pero la parte

    querellante sí, solicitando la imposición de 5 años de prisión, lo que es

    acogido parcialmente por la Corte, que aplica una sanción menor, pero

    mayor que la solicitada por el Ministerio Público en primer grado;

    24 Considerando, que de lo descrito precedentemente, en consonancia

    con lo denunciado por los reclamantes, resulta reprochable la actuación

    de la Corte a-qua, en cuanto al ámbito exclusivo de su apoderamiento,

    donde cada tribunal se encuentra restringido exclusivamente a su etapa;

    no son plenipotenciarios y no pueden estar sujetos de manera

    melaganaria a los antojos de las partes, al estar atados tanto los jueces

    como las peticiones de los recursos, a la decisión que se encuentra bajo su

    escrutinio – sentencia de primer grado;

    Considerando, que los Juzgadores al momento de decidir, no se

    apartaron de la acusación presentada, apegándose fielmente a lo que

    establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, lo que se corresponde

    con la máxima “iura novit curia”; en esencia, el juez no puede acreditar

    otros hechos o circunstancias que no sean los contenidos en la acusación;

    Considerando, que la parte querellante se adhirió a la acusación del

    Ministerio Público y posteriormente, en sus conclusiones de primer grado

    no se refiere al aspecto penal, incluso no hace referencia a condenas

    penales; abandonó su derecho de acusador privado al aspecto penal

    presentado por el Ministerio Público, atado al contenido de la correlación

    de la acusación y sanción a imponer en primer grado; toda vez, que en sus

    25 conclusiones en el aspecto penal estaba consolidada al dictamen del

    acusador público, que se circunscribe a 1 año de prisión y multa de ocho

    mil pesos (RD$8,000.00). Que, de variar la sanción a imponer, debía de ser

    entre en rango discutido en el tribunal de juicio, donde la sanción penal

    descrita es el tope de la solicitud;

    Considerando, que el artículo 336 del Código Procesal Penal, expresa

    que: “…en la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica

    diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas de las

    solicitadas, pero nunca superiores”; sin embargo, no sería correcto hacer una

    interpretación literal e irreflexiva, en cuyo caso si hay condenación, la

    pena a imponer no puede ser superior a la requerida en la acusación, ni

    agravar el régimen de cumplimiento solicitado; que es a ese tipo de

    situaciones o entendimientos que debe aplicarse el criterio de no imponer

    penas más severas que aquellas solicitadas por el Ministerio Público, en

    este caso una pena mayor que la debatida y solicitada en el tribunal de

    juicio;

    Considerando, que la Corte, sin embargo, atada al principio de

    justicia rogada, donde los hechos culposos retenidos en contra del

    encartado han sido comprobados fuera de toda duda razonable,

    26 encontrándose claramente preestablecida la sanción a aplicar en estos

    casos;

    Considerando, que de esta forma se revela que la Corte a-qua, al no

    ponderar de manera adecuada y conforme al debido proceso este punto

    cuestionado en el recurso de apelación, ha incurrido en el vicio invocado;

    siendo el único aspecto censurable en lo relativo a la sanción penal

    impuesta;

    Considerando, que en este sentido, esta Segunda S. de la Suprema

    Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, por economía

    procesal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 427.2.a del Código

    Procesal Penal, procede a dictar directamente la sentencia del caso, sobre

    la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas por la sentencia

    recurrida, dispone la solución del caso, toda vez, que al no quedar nada

    por juzgar resultaría contraproducente remitir el presente proceso por

    ante otra Corte de Apelación, a fin de debatir el indicado punto; por

    consiguiente, procede a modificar la sanción penal impuesta, ajustándole

    acorde la establece el principio de correlación entre la acusación y la

    sanción a imponer;

    27 Considerando, que en tal sentido, luego de las modificaciones a

    realizar, la decisión impugnada permanece intacta en sus demás aspectos,

    sin variar la fundamentación confirmada por la Corte a-qua, por ser

    considerada correcta y apegada a la buena aplicación del derecho;

    Considerando, que respecto de la pena impuesta, procede modificar

    la misma en el tiempo y en su modalidad, considerando la realidad social

    del imputado, su característica personal, su participación individual y

    sobre todo, que los jueces deben aplicar las sanciones establecidas en la

    normativa adjetiva tomando en cuenta los términos y circunstancias

    establecidos en las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal

    Penal;

    Considerando, que en aplicación de las disposiciones combinadas de

    los artículos 341 y 41 del Código Procesal Penal, sobre la suspensión

    condicional de la pena, imponiendo el cumplimiento de la condición

    prevista en el ordinal 41.6 de la referida norma, en el sentido de prestar

    servicio de interés comunitario en una institución estatal u organización

    sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo; dicha labor

    será organizada y supervisada por el J. de Ejecución de la Pena, lo que

    deberá estar certificado por dicho Departamento; quedando, con su

    28 cumplimiento, exento de la pena restrictiva de libertad;

    Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos

    437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15,

    así como la resolución núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del

    Reglamento del J. de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal

    Penal, emitida por la Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la

    presente decisión debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al

    J. de la Pena, para los fines de ley correspondientes;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:

    Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o

    resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las

    costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones

    suficientes para eximirla total o parcialmente

    ; por lo que procede compensar

    las mismas, al estar la sentencia viciada por violaciones a las reglas cuya

    observancia está a cargo de los jueces.

    Por tales motivos, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Admite como intervinientes a Juan Carlos Sánchez

    29 Rodríguez, C.A.D., S.A. y Seguros Sura, S.A., en el recurso de casación interpuesto por A.J.G.E., J.H. y N.J.H., contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-247, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S. el 18 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A.J.G.E., J.H. y N.J.H., por las razones expuestas en el cuerpo de la decisión;

    Tercero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación interpuesto por J.C.S.R., C.A.D., S.A. y Seguros Sura, S.A., contra la decisión impugnada;

    Cuarto: Casa por vía de supresión y sin envío, única y exclusivamente en cuanto a la sanción penal impuesta; rechazando los demás aspectos impugnados en el referido recurso;

    Quinto: Modifica la decisión impugnada, sanciona al imputado a la pena de un (1) año de prisión, suspendido condicionalmente en virtud del artículo 341 y en aplicación del artículo 41.6 del Código Procesal Penal, y a ocho mil pesos (RD$8,000.00) de multa; confirmando los demás aspectos de la decisión impugnada, por reposar en derecho;

    30 Sexto: Compensa las costas;

    Séptimo: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al J. de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de S., para los fines correspondientes.

    (Firmado).- M.C.G.B..- A.A.M.S..- E.E.A.C..- F.E.S.S..-

    Nos, Secretaria General, certifico que la presente resolución ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en él expresados.-

    31