Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Diciembre de 2018.

Fecha de Resolución:26 de Diciembre de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 2571

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 26 de diciembre del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra, P. en funciones; E.E.A.C. e Hirohito

Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy

26 de diciembre de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente

sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por M. de J.S.,

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral

núm. 045-0020668-7, domiciliado y residente en la calle 33, núm. 9, Las Colinas

de la ciudad de Santiago, imputado y civilmente demandado; G.

Antonio de la H.F., tercero civilmente demandado, y Seguros Universal,

S.A., entidad aseguradora; y R.A.O.d.R.,

debidamente representado por su hermano R.M.d.R., Daysa

Marisol Mateo del Rosario, Argentina Arciniega del Rosario y C.M. de identidad y electoral núms. 031-0110610-6, 031-0185703-9, 031-0122195-4,

031-1211227-6 y 031-0185908-4, domiciliados y residentes en la calle 55, edificio

S.Ó., apartamento C-2, El Embrujo III, en la ciudad de Santiago,

querellantes y actores civiles, contra la sentencia núm. 0386-2013, dictada por

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de

Santiago el 12 de agosto de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. J.C.R., en la lectura de sus conclusiones,

actuando a nombre y representación de la parte recurrente, R.A.

Ogando del Rosario, D.M.M.d.R., R. Mateo del

Rosario, Argentina Arciniega del Rosario y C.M.d.R.;

Oído a la Licda. D.B.R., en la lectura de sus conclusiones,

actuando a nombre y representación de la parte recurrente, M. de Jesús

Salcé, G. de la Hoz y Seguros Universal, S.A.;

Oído al Lic. M.E.C., por sí y por la Licda. C.A.,

en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la

parte recurrida, Felicita Altagracia del Rosario, María Antonieta Fragoso del

Rosario y M.A.d.R.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic.

R.A.V., actuando en representación de los recurrentes Ramón

Antonio Ogando del Rosario, D.M.M.d.R., R.

Mateo del Rosario, Argentina Arciniegas del Rosario y C. Mateo del

Rosario, depositado el 22 de agosto de 2013, en la secretaría de la Corte a-qua,

mediante el cual interponen dicho recurso;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda.

D.B.R., actuando en representación de los recurrentes M. de

J.S., G.A. de la H.F. y Seguros Universal, S.A.,

depositado el 18 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua,

mediante el cual interponen dicho recurso;

Visto el escrito de contestación en el recurso de casación interpuesto por

M. de J.S., G. de la Hoz y Seguros Universal S.A., suscrito

por los Licdos. C.A.T. y M.E.C., actuando en

representación de los recurridos F.A.d.R., María

A.F.d.R. y M.A.d.R., depositado el

2 de noviembre de 2016;

Vista la resolución núm. 1894-2015, de fecha 21 de mayo de 2015, dictada

por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible G.A. de la H.F. y Seguros Universal, S.A., fijando audiencia

para conocerlo el día 17 de agosto de 2015, fecha en la cual el proceso quedó en

estado de fallo, siendo posteriormente objeto de reapertura, a través del auto

úm. 14-2016, de fecha 8 de agosto de 2016, a fin de que fuere conocido el

proceso conjuntamente con el recurso de casación interpuesto por Ramón

Antonio Ogando del Rosario, D.M.M.d.R., R.

Mateo del Rosario, Argentina Arciniegas del Rosario y C. Mateo del

Rosario, para lo cual se procedió a fijar audiencia para el día 2 septiembre de

2016, fecha en la cual fue suspendido el conocimiento de la audiencia para el

día 2 de noviembre de 2016, a fin de que fueran convocadas las partes

envueltas en el litigo;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación,

70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado

por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que

en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que en fecha 1de septiembre de 2010, la Tercera Sala del Juzgado de

Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, emitió el auto de

apertura a juicio núm. 277-2010, en contra de M. de J.S., por la

presunta violación a las disposiciones de los artículos 49 literal 1, 61, 65 y 102

de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de la hoy occisa, Flérida

del Rosario;

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el

Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, el

cual en fecha 16 de junio de 2011, dictó la decisión núm. 392-2011-00015, cuya

parte dispositiva es la siguiente:

Aspecto penal : PRIMERO: Se declara al ciudadano M. de J.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 045-0020668-7, domiciliado y residente en el calle 33 núm. 9, Las Colinas de esta ciudad de Santiago, teléfono 809-4992759, celular 295-3946, culpable del delito de haber causado la muerte de manera inintencional con el manejo de vehículo de motor, sin haber tomado las previsiones debidas para evitar la ocurrencia del accidente desconociendo las normas previstas en los artículos 49-1 y 102 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la ley 114-99 de fecha 16 de Diciembre del 1999, en perjuicio de F.d.R., en consecuencia se condena al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00 Mil Pesos) y al pago de las costas penales del proceso, acogiendo en su favor circunstancias atenuantes. En el aspecto civil: SEGUNDO: Se declara regular y Rosario, M.A.F.d.R. y M.A.d.R., depositad en fecha 14-01-2010 y el 28-04-2010, a través de los L.C.A.A.T. y M.E.C.C.; b) R.A.O.d.R., D.M.M.d.R., R.M.d.R., Argentina Arciniega del Rosario y C.M.d.R., en fecha 15-07-2010 y 13-082010, a través del Licenciado R.A.V., ambas en contra de M. de J.S.V. (imputado); G.A. La H.F. (tercero civil demandado) y Seguros Universal S.A. (compañía aseguradora), por haber sido hecha conforme a las normas procesales vigentes; TERCERO: En cuanto al fondo de las indicadas constituciones: a) Se rechazan las realizadas por los señores R.A.O.d.R., R.M.d.R. y C.M.d.R., por no haber demostrado calidad para actuar en el presente caso; b) En cuanto a las demás partes se admiten de manera parcial las reclamaciones civiles sobre los daños y perjuicios morales, realizados en razón de que el tribunal ha retenido una falta compartida con la víctima en la ocurrencia del presente accidente, en consecuencia condena a los señores M. de J.S.V. y G.A.L.H.F., de manera conjunta y solidaria, el primero por su hecho personal 8comitente) y el segundo (preposé) al pago de la suma ascendente a Cinco Millones de Pesos (RD$5,000.000.00) a favor de las víctimas indirectas por la muerte de su madre la señora F.d.R., distribuidos de la siguiente manera: Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000,000.00) a favor de la señora F.A.d.R., Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000.000.00) a favor de la señora M.A.F.d.R., Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000.000.00) a favor de la señora M.A. del Rosario Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000.000.00) a favor de la señora D.M.M.d.R., Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000.000.00) a favor de la presente sentencia común, oponible y ejecutable en el aspecto civil, con todas sus consecuencias legales hasta el límite de la póliza a la Compañía Seguros Universal C.X.A., por ser la entidad aseguradora del vehículo tipo camión, marca H., modelo FV415JDL, año 197, matrícula 1337182, color blanco, chasis KMCDB18YPVC105264, propiedad de G.A.L.H.F.; QUINTO: Se condena al señor M. de J.S. a soportar el pago de las costas civiles del proceso en un 50% con distracción de las mismas a favor y provecho de los abogados concluyente Licenciado Marcos Estévez Colón y R.V., quienes actúan a nombre de los actores civiles, quien afirma haberlas avanzado; SEXTO: La presente decisión integral vale notificación para las partes del proceso, ordenando su entrega a todas las partes”;

  1. con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 0386-2013, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación

del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 12 de agosto de 2013, cuya

parte dispositiva es la siguiente:

PRIMERO : En cuanto a la forma ratifica la regularidad de los recursos de apelación interpuestos por: 1) Los ciudadanos R.A.O.d.R., D.M.M.d.R., R.M.d.R., Argentina Arciniega del Rosario y C.M.R., por intermedio del Licenciado R.A.V.; 2) Las ciudadanas F.A.d.R., M.A.F.d.R. y M.A.d.R., por intermedio de los licenciados C.A.T. y M.C.C.; y 3) Los ciudadanos M. de J.S. y G.A. de la H.F. y la Compañía Seguros Universal S.A., por intermedio de la licenciada D.B. 16 del mes de junio de 2011, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Santiago, Sala I; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima los recursos, quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Compensa las costas generadas por los recursos; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso”;

Considerando, que los recurrentes M. de J.S., G. de la

Hoz y Seguros Universal, S.A., proponen como medios de casación, en síntesis,

los siguientes:

Primer Medio : Contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia y falta de motivación. Que la Corte a-qua precisa en su sentencia que no guarda razón el recurrente en su queja, en razón de que el a-quo establece sin contradicción alguna cuales fueron las causas que originaron el accidente, sentando de manera precisa la existencia de falta común, identificando de manera separada cual fue la de la víctima F.d.R., así como del chofer del camión M. de J.S.. Nos preguntamos, cuáles fueron las causas que entendió el Tribunal a-quo puesto que no establece de manera certera, a su entender, en una sentencia de alzada, incurriendo así en el mismo error del tribunal de primera instancia que emitió la sentencia, y violentando así los principios constitucionales garantistas del derecho defensa, como es la motivación de la sentencia, la cual es el principio de que no basta con enunciar o enumerar, o plasmar en la sentencia lo que ya se dijo por otro, sino más bien, es motivar, explicar cuáles fueron los fundamentos y razones que te llevaron a fallar una sentencia como lo hiciste. Que la sentencia resulta contradictoria, pues el Tribunal establece le retiene una falta penal al imputado, sin saber cuál ha sido su falta al haber iniciado la marcha con el semáforo en verde y una vez los demás conductores lo había hecho. Esta falta no fue motivada por la Corte a-qua; Segundo Medio: Falta de motivación en cuento a la indemnización impuesta en la sentencia recurrida. Que en el caso de la especie, la sentencia no contiene el monto que le asignó a cada uno de los hijos de la señora F.D.R., sino que se limita a repetir lo establecido en el cuerpo de la sentencia y a mencionar las documentaciones que acompañan el expediente. Se puede comprobar de a simple lectura de la sentencia impugnada que la Corte a-qua incurre en la misma falta, violación al principio de motivación, pues da por sentado que el Tribunal motivó en este aspecto, sin considerar, que fue el mismo tribunal que dictó la sentencia, la que establece que hubo falta de parte de la víctima, por lo que es entendible que nadie puede prevalecerse de su falta, y siendo el accidente provocado por la misma víctima, es un motivo a considerar para la imposición de la indemnización”;

Considerando, que los recurrentes R.A.O.d.R.,

D.M.M.d.R., R.M.d.R., Argentina

Arciniegas del Rosario y C.M.d.R., proponen como medios

de casación, en síntesis, los siguientes:

Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa, violación a las reglas de la sana crítica sobre documentos esenciales para la suerte del proceso y no ponderados, violación al derecho de defensa, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal por falta de motivos y falta de base excluido del proceso a tres hermanos que probaron, al igual que sus demás hermanos, tanto al J. de primer grado como ante la Corte a-qua tener calidad para el reclamo de sus derechos como víctimas al haber perdido a su madre en el accidente de que se trata, al haber depositado un acto de notoriedad pública, en el cual 7 vecinos del sector le declararon a un notario público que ellos y toda la comunidad donde viven reconocen que los señores R.A.M.d.R., R.M.D.R. y C.M.D.R., eran hijos legítimos de la señora F.D.R., más sin embargo, la Corte a-qua hace suyas las infundadas motivaciones del J. de primer grado, mediante el desacertado argumento de que la prueba de la filiación solo puede establecerse por la presentación del acta de nacimiento y que como dichas actas contenían un error material en el apellido de la madre fallecida en el accidente, el mecanismo legal para corregir ese error material no era la presentación de un acto de notoriedad pública, sino una acta de nacimiento corregida mediante una sentencia de un tribunal, desconociendo que ante tan inoportuno y desacertado razonamiento el suscrito abogado le aclaró, tanto al J. de primer grado como a la Corte a-qua, que en el caso que nos ocupa, con la presentación del referido acto de notoriedad pública, la intención de los excluidos actores civiles, no era la corrección de sus actas de nacimiento en cuanto al apellido de su madre, sino probar al tribunal la calidad de hijos de la señora F.D.R., que es una situación total y diametralmente opuesta al razonamiento hecho por la Corte a-qua, por lo que resulta inexplicable, que aclarada la intención de los excluidos del proceso con la incorporación del indicado acto de notoriedad pública, tanto el J. de primer grado como la Corte a-qua se empeñan en mantener vivo un razonamiento que sólo es válido, cuando lo principal envuelto reparación de los daños y perjuicios que se le ocasiona a un hijo por la muerte de su madre, en cuyo caso, como el de la especie, la filiación puede ser probada por cualquier medio de prueba, incluso testigos. (Sentencia núm. 10 del 24 de octubre de 2007, B. J. núm. 1168, páginas núm. 86-90, Pleno”. B) Error grosero, violación a las reglas de la sana crítica sobre documentos esenciales para la suerte del proceso y no ponderados. Que no solamente la Corte a-qua ha violentado las reglas de la sana crítica al desestimar como medio de prueba el referido acto de notoriedad pública y como consecuencia, los referidos actores civiles fueron excluidos del proceso, sino que dicha Corte ha cometido una violación al debido proceso mucho más grave y como consecuencia de ello, violación al derecho de defensa, ya que en plena audiencia en la cual se discutirán los recursos de apelación, el abogado que suscriben le manifestó a la Corte a-qua que para revocar la sentencia recurrida solo bastaba con detenerse a leer todas las actas de nacimientos de los actores civiles y demandantes y se darían cuenta de que tanto en las actas de nacimiento de los excluidos del proceso, como las actas de los demás reclamantes con el apellido correcto de la madre, en todas esas actas, el número de cédula de la señora F.D.R. era el mismo, lo que significa que todos los reclamantes eran hijos de la misma persona, porque el dato idóneo y esencial para identificar a una persona adulta, lo es el número de su cédula. C) Error grosero. Esto lo constituye el hecho de que no obstante la Corte a-qua acoger como suyos los motivos del J. de primer grado para excluir del proceso a los señores R.A.M.D.R., R.M.D.R. y C.M.D.R., porque supuestamente no habían probado ser hijos de la señora F.D.R., los señores R.M.D.R. y C.M.d.R., depositaron ante la Corte a-qua, de nacimientos originales de ambos, en las cuales figura correctamente el apellido de su madre, con lo cual debía desaparecer de manera definitiva el falaz argumento de que no habían probado su filiación con su madre, no obstante éstos haber demostrado ser hijos legítimos de su madre a través del depósito de las actas de nacimientos, medio que tanto el juez de primer grado como los jueces de la Corte aqua argumentaban que era el único medio válido para probar la filiación. D) Violación al derecho de defensa, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, por falta de motivos y falta de base legal. Que con la actuación de la Corte a-qua es evidente que se ha cometido el vicio de violación al derecho de defensa, así como el vicio de violación a las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, ya que la sentencia recurrida no contiene una motivación en base a los documentos y medios de pruebas depositados por los recurrentes, más sin embargo, sin ninguna motivación estos documentos y alegatos de los recurrentes fueron rechazados y en consecuencia, confirmada la sentencia recurrida en apelación, con lo cual la sentencia recurrida también está afectada del vicio de falta de base legal; Segundo Medio: Violación al artículo 12 del Código Procesal Penal que consagra el principio de igualdad entre las partes, violación al debido proceso y violación al derecho de defensa. Nos preguntamos si los jueces de la Corte a-qua cumplieron con el principio de que todos somos iguales ante la ley, cuando ante el argumento de que excluidos del proceso no habían probado su calidad de hijos de la señora F.d.R., éstos depositaron ante la Corte a-qua los originales de sus actas de nacimientos, con el apellido correcto de su madre y ni siquiera la Corte a-qua tuvo la delicadeza de ponderar tales actas de nacimiento, porque de haberlo hecho otra hubiese sido su decisión, por lo que también se violentó el acceso al defensa, con lo cual se le prohíbe tener acceso a la indemnización a la que tienen derecho por la pérdida irreparable de su finada madre”;

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por

establecido en síntesis lo siguiente:

“Recurso de apelación incoado por los ciudadanos R.A.O.d.R., D.M.M.d.R., R.M.d.R., Argentina Arciniega del Rosario y C.M.R.. Que el apelante sostiene en su único motivo “Desnaturalización de los hechos de la causa. Violación del artículo 24 del Código Procesal Penal. Violación al artículo 12 del CPP, que consagra el principio de igualdad ente las partes. Violación al derecho de defensa”, argumentado al respecto: El tribunal a-quo violenta el debido proceso cuando excluye del proceso el acto de notoriedad pública a fin de determinar la filiación de R.A., R. y C. con la fallecida, cuando a decir de los recurrentes la filiación de puede probar por cualquier vía. Además, el a-quo incurrió en desnaturalización de los hechos cuando establece que con el Acto de Notoriedad de pretendía corregir un error material contenido en el acta de nacimiento de los actores civiles, cuando lo que se buscaba era se valorara la filiación de dichos antores civiles. Que es evidente que la juez a-quo con el hecho de excluir del proceso a tres de cinco hermanos, con derecho a reclamar la correspondiente indemnización por la muerte de su madre en el accidente de tránsito de que se trata, no solamente se les ha impedido a estos excluidos del proceso, acCésar a la justicia en reclamo de la indemnización que legalmente les corresponde, sino que también se ha violado en su contra, el principio consagrado en el artículo 12 del CPP”… Que la lectura de la sentencia apelada revela que el tribunal de sentencia para excluir el incidental sobre la exclusión del Acto de Notoriedad Pública, levantada por el Lic. M.A.C., en razón de dicho documento pretende establecer una circunstancia de error material en las actas de nacimiento de R.A., R. y C., para las cuales dicho documento no es el idóneo ni tampoco ese es procedimiento establecido por la ley para la corrección de errores materiales en los documentos de identidad, por lo tanto cualquier circunstancia que pretenda establecer que los datos asentados en una acta que establece la identidad de una persona debe hacerse anotar en esa misma acta; y como puede apreciarse en las actas de nacimiento aportada de los señores R.A., R. y C., no se evidencia que se haya corregido algún error material relativo a sus apellidos maternos conforme lo dispone la Ley 659, sobre Actas del Estado Civil, resultando que en las mismas refiere que son hijos de la señora Flérida Rosario y no del Rosario, por cuyos motivos procede excluir dichas actas de nacimiento a cargo de los mencionados, por no haber cumplido con el voto de la ley; y que por no permitir establecer el vínculo de familiaridad con la víctima F.d.R. para actuar en justicia en su nombre, según las pretensiones contenidas en su escrito de constitución en actor civil procede también excluirlos como partes del proceso según los motivos expuestos.”… Que cómo se colige, en lo referente al Acta de Notoriedad Pública, el a quo ha fijado de manera clara y precisa, por qué este documento, que presenta un error material que no ha sido corregido conforme lo manda la ley, no reúne en la especie, las condiciones necesarias para determinar de una manera fehaciente, la existencia del vínculo entre R.A., R. y C. y la fallecida F.d.R.… Que en ese sentido ha dicho la Suprema Corte de Justicia; “Considerando, que ha sido criterio constante, que la prueba legal pre constituida para establecer la filiación lo es el acta de nacimiento expedida por la Oficialía del Estado Civil, la cual contiene los datos del nacimiento del niño o niña, así como los nombres, apellidos y demás datos de los padres”, por tanto no lleva razón la parte reprocharle al a quo en este aspecto, de ahí que la queja queda desestimada. Recurso de apelación incoado por las ciudadanas F.A.d.R., M.A.F.d.R. y M.A.d.R.. Invoca la parte recurrente en el motivo de “la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral”, argumentado al respecto lo siguiente. “La parte recurrente argumenta contra la sentencia impugnada ilogicidad manifiesta por iniquidad en las indemnizaciones irrisorias acordadas al agraviado. Que la prueba de este agravio se demuestra en el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia atacada, situación esta que constituye una aberración, un absurdo del juez del tribunal aquo al imponer una indemnización irrisoria a una fallecida a raíz”… Que al analizar la sentencia recurrida, la Corte comprueba que el tribunal de sentencia establece: “Al evaluar los daños y perjuicios morales sufridos por la víctima y a los montos solicitados por estos, los cuales entendemos excesivos si verificamos que unos de los querellantes solicitan RD$50,000,000,00 y los otros RD$75,000,000,00; y que conforme ha sido establecido la causa generadora del accidente se debió a ambas partes, no obstante, la parte que compromete al imputado le ha ocasionado un daño moral irreparable a las víctimas accionantes que resulta irreparable debido a la muerte de su madre, y que debido a las circunstancias económicas y sociales que rodearon a los descendientes actores se trata de persona de una edad joven pero al mismo tiempo madura, que nunca una acción en justicia puede perseguir el enriquecimiento de una parte en detrimento de la otra, y que según ha sido establecido se trató de una concurrencia de faltas entre víctima e imputado, lo mismo constituye una razón para acoger parcialmente las pretensiones civiles ejercidas por las víctimas, y que por las razones expuestas, la jueza entiende que acordar a favor de cada de las partes admitidas la suma de Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000,000,00), constituye una suma por ser lo más razonable y proporcional”, de ahí que tampoco lleva razón en su queja la recurrente, en razón de que el a quo indica de forma clara y precisa las razones que le llevan a asignar los montos que ha establecido, cumpliendo con la exigencia de la motivación que indica la norma procesal penal vigente, no teniendo tampoco la Corte nada que objetar en ese aspecto, por consiguiente la desestima el recurso de apelación incoado por los ciudadanos M. de J.S. y G.A. de la H.F. y la Compañía Seguros Universal S.A., aduce la parte recurrente contra la sentencia atacada los motivos siguientes: Primer Motivo: contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Segundo Motivo: Falta de motivación en cuanto a la indemnización impuesta en la sentencia recurrida. Desarrolla la parte recurrente en su primer motivo lo siguiente: Hay aspectos muy relevantes a tomar en consideración y que por tal motivo la Magistrada debió otorgar sentencia absolutoria y son los siguientes: 1- Las declaraciones de los testigos (tanto a cargo como a descargo), coinciden en casi un 80%. 2- De las declaraciones de los testigos se colige que los conductores del camión se encontraba parado, que luego el semáforo cambió a verde que habían más vehículos delante por lo que el imputado tuvo obligatoriamente que esperar que todos cruzaran para seguir la marcha detrás. 3- Que la señora se introdujo momento en que el camión se disponía iniciar la marcha (es decir que aún no había arrancado completamente) cuando entonces la víctima de manera muy imprudente, inobservante y bastante torpe ya que habiendo más peatones en la vía para cruzar, solamente ella se introdujo, los demás se quedaron en su lugar. 4- Que el camión iba cargado de arena por lo que no siquiera a velocidad se transportaba”… Que el a-quo establece que el imputado conducía un vehículo de gran estatura que le dificultaba la visibilidad hacia el entorno, por ninguna parte de las declaraciones de los testigos, ni aún el testigo a cargo, estableció y declaró esta falacia, si ese camión por su tamaño impidiera la visibilidad al conductor, entonces jamás estaría permitido por la ley declararon en el sentido” A que conforme se desprende de la decisión apelada, el a quo establece lo siguiente: Declaraciones del testigo a cargo C.G.N., quien luego de ser juramentado establece: “No soy familiar de ninguna de las partes. Estoy aquí por un accidente que presencié. Un camión iba por la Y.D. y accidentó a una señora, yo no vi la persona que conducía dentro del camión, pero todo indica que fue él. Yo trabajo en la esquina de Arroyo Hondo. Yo estaba aproximadamente 10 metros. Como de extremo a extremo. Fue final de octubre del 2009. Cuando vi la señora solté la motocicleta, detuve al conductor fue a sacar a la señora de las gomas, estaba prensada, la saqué, la llevé al centro de atención más cercana. Yo no lo vi dentro del camión. Al camión ser tan alto, yo lo que hice fue que del lado del espejo yo me subí, le hice señas con la mano, el se paró y yo me bajé. Estaba solamente yo, no había nadie más. El no salió a ayudarla. Yo saqué la señora y me fui con ella, después escuche los comentarios de que a él lo pararon. La llevé al Centro Juan 23, yo estaba bañado en sangre, yo salí a avisarle a los familiares, yo la conocía porque ella era amiga de mi mamá. La señora murió tres días después, yo la lleve viva al hospital e íbamos conversando. No se la marca, pero es un camión grande, color blanco. Yo no volví a ver al chofer del camión. Le avisé a los familiares, fui a mi casa y me bañé y volví donde la señora al centro. Dijeron que lo habían detenido y lo habían detenido y lo habían llevado al cuartel de M.L., Pero no sé. En el lugar hay un semáforo ahí, pero estaba en rojo, delante del camión había un vehículo, ella fue a cruzar, el camión arrancó y la agarró con las gomas delanteras. Tenía con 75 o 80 años. Era bajita, chiquita, media gordita. El semáforo estaba rojo para el que iba de aquí para allá, para el camión estaba en rojo. Había una guagua obstaculizando la raya blanca ella iba un poco más allá. La goma de delante fue que le dio. En el momento del accidente el camión estaba parado, yo estaba como a diez metros, el camión se encontraba parado en el primer carril y la señora se encontraba para de este lado del contén, en el contén yo estoy esperando un pasajero dijo ¡ay dios mío!, voy a ver y es ella que está debajo del camión. Estaba destituida. La saqué, se paró un carro de la ruta y me llevó al centro. El semáforo estaba en rojo cuando inició la marcha. Con la goma delantera derecha que la impactó. Era un camino M., bastante grande, no creo que era H., pero era bastante alto. No tiene escalón. La señora era de esta estatura (señala con las manos al alto de pecho). No le vi la cara al señor, Él estaba con los cristales subidos. El camión no iba muy rápido, iba lento, no llegó a cruzar el semáforo, transitó unos cuantos metros. El me vio, porque me encarame del lado de él y le hice así con la mano y él se detuvo.” Declaraciones del testigo C.A.T., quien luego de ser juramentado declaró: “Soy policía desde hace 15 años, tengo 39 años. Estoy aquí para un accidente. Yo estuve presente, yo estaba Y.D., el camión estaba parado en el semáforo de aquel lado, la señora cruzó la avenida, iba a cruzar aquella, había varios vehículos antes del camión, ella cruzó y le dio en la esquina. Yo estaba allá en el frente. Yo estaba parado en el taller, ella cruzó y se paro en el medio de la reata, el semáforo cambió, le dio y la llevó en esa goma arrastrándola. Yo vi cuando ella iba agarrada. Le dije mira o que hiciste y él se puso la mano en la cabeza. El iba arrancando, porque está parado, él la llevaba arrastrando así. El la llevaba arrastrando con la goma de delante. El se detuvo, agarraron la señora la pusieron en un carro y yo seguí con él. El camión es alto, tiene tres escalones para subir, el tenia material de carga”. Sigue declarando el testigo; “….Es alto así, blanco. Lo orillé, se puso la mano en la cabeza, cónchale este viaje que lo estaba esperando. Entre tres o cuatro agarraron a la señora, yo me dediqué al camión. Yo estaba trabajando, en ese tiempo trabajaba en una compañía de préstamo. Yo estaba como de esa pared a un chin más para allá de esa pared. Yo estaba de frente al accidente, hablando con el señor del repuesto. Le dio del lado izquierdo del lado del chofer. La señora había cruzado la primera, iba a cruzar la segunda…”…Sigue en sus declaraciones; “…la socorrieron los del taller. Había como cinco personas Cuando de la vuelta con él, ya ella se la habían llevado. El chofer no fue a ver a la víctima. El no se desmontó. Yo le dije que no se desmontara, porque podían venir los familiares de ella. Cuando bajó el cristal le dije mira lo que hiciste atropellaste una señora. El tenía los cristales subidos. El llevaba la víctima arrastrada en la goma delantera. El la orillo con el mismo vehículo. El la arrastró como de aquí a la puerta. Yo estaba con el señor del repuesto, frente a la calle, el estaba al lado mío. El semáforo estaba acá delante. Ella ya había cruzado esta calle, que es la que baja, ella estaba frente al colmado de J.. Se paró en el medio, donde están las matas en la reata. Hay muchas matas en la reata.” Continua con sus declaraciones; “Son matas regadas que hay. Ella no estaba sentada en la vía. Estaba en rojo cuando estaban parados, se puede doblar a la izquierda ahí.” Sigue el testigo; “Arrancar. Yo estaba en una casa de préstamo en mi tiempo libre. Yo lo veo a él como a los siete o seis meses después del accidente. El me localizó en P.G.. Yo le dije que no bajara del vehículo porque podía venir laos familiares, lo llevé al cuarte y fui y busqué un Amet. Ella era como de 70 años y algo por ahí. No me fijé la línea blanca estaba ese día. El no mostró ninguna actitud forzosa. El semáforo estaba verde. Cuando el camión fue a arranca se supone que el semáforo estaba verde. Había tres vehículos más.” Dice el testigo; “Dos carriles. Él iba carril izquierdo, en el carril derecho habían más vehículos. Eran las 10 casi las 11 de la mañana. No estaba lloviendo. Estaba claro.”Que sobre las declaraciones ofrecidas por el testigo C.G., el a quo razona: “…declaraciones que a juicio de la jueza permiten determinar que el camión conducido por M. de J.S. efectivamente arroyó a la señora F.d.R. en el instante en que tanto dicho vehículo se disponía a iniciar la marcha como cuando la víctima se disponía a cruzar la vía, lo cual también indica al tribunal que ya el semáforo le había dado el camión para iniciar su marcha y que la señora se introdujo a la vía en ese preciso momento, razón por la cual procede otorgarle valor probatorio a dichas declaraciones”. Que de igual manera, sobre lo “...declaraciones que le merecen entero crédito al tribunal, por el hecho de haber sido coincidentes en gran medida con las declaraciones del testigo a cargo C.G.N., puesto que ambos expresaron que camino estaba parado, y que el semáforo estaba en rojo para el imputado, que estaba comenzando a arrancar en el momento en que la víctima empezó a cruzar la vía, lo cual da a entender al tribunal sin ninguna duda al respecto que ciertamente el imputado se encontraba parado en semáforo ubicado en la Avenida Y.D. con C.J.S., que delante del camión conducido por el imputado habían varios vehículos, en lo cual también coinciden el testigo a cargo y descargo, porque dejaron claro que delante del imputado habían otros vehículos, es decir, que cuando el camión arrancó la marcha ya esos vehículos que estaban delante habían cruzado, lo cual también lleva al tribunal a la conclusión inevitable de que la víctima se introdujo a la vía para cruzarla con los vehículos en marcha, lo cual constituyó una inobservancia de su parte que influyó en la ocurrencia del accidente, y que también lleva a la conclusión de que si los vehículos de la vía del imputado habían iniciado su marcha, el semáforo ya estaba para este.” Continua el a quo razonando: “Las imágenes de un camión H. blanco, presentadas por la defensa procede otorgarle valor probatorio., toda vez que de las mismas se corresponden con las declaraciones de los testigos, en el sentido de que se trató de un vehículo de gran altura, lo cual también se corresponde con las declaraciones del imputado en el sentido de que el mismo no vio a la señora en ningún momento, yo iba lento porque iba cargado de arena, el camión es como de un pie de altura desde el piso, el asiento queda como en mi cabeza, que cree tal vez la señora pensó que él le estaba dando un chance para cruzar; todo lo cual también se concatena con las declaraciones anteriores y llevan al tribunal a la inevitable conclusión de que tanto el imputado como la víctima incurrieron en falta común o concurrencia de falta que influyeron ambas en la ocurrencia del accidente: El imputado porque no obstante tener en ese momento el semáforo en verde para le dificultaba la visibilidad hacia el entorno, y que en un tramo de concurrencia peatonal según indicaron los testigos y el propio imputado debió esperar que estos terminaran de cruzar la vía antes de continuar la marca; y la víctima, que nunca debió introducirse a la vía, con los vehículos en marcha o habiéndose dado paso verde el semáforo para estos, con cuya acción contribuyó en gran medida en la ocurrencia del funesto accidente.”… Que no lleva razón el recurrente en su queja, en razón de que el a quo establece sin contradicción alguna, cuáles fueron las causas que originaron el accidente, sentando de manera precisa, la existencia de falta común, identificando de manera separada, cual fue la de la víctima F.d.R., así como del chofer del camión M. de J.S.. …Que de las declaraciones ofrecidas por el imputado M. de J.S. en el juicio y de la combinación de las testimonios ofertados en el juicio y su posterior valoración, es que llevan al a quo a indicar la naturaleza y características del vehículo que produjo el accidente, de ahí que el a quo no ha incurrido ni en la contradicción e ilogicidad, como expresa el recurrente, por consiguiente se desestima la queja… Que en su segundo y último motivo argumenta la parte recurrente, en resumen, lo siguiente: El a-quo no motiva en su sentencia el monto que le asignó a cada uno de los hijos de la señora fallecida, sino que se limita a repetir y mencionar las documentaciones que acompaña el expediente”… Que tal y como indica el a quo el accidente de que se trata provocó “un perjuicio cierto y directo a la parte civil constituida, señores F.A.d.R., M.A.F.d.R. y M.A.d.R., D.M.M.d.R. y Argentina Arciniega del Rosario, lo cual se expresa por el daño moral que ha provocado en estos la muerte de su madre F.d.R.…”; sigue diciendo el a quo; “…que acordar a favor de cada de las partes admitidas la suma de Un Millón de Pesos Oro (RD$1,000,000.00), constituye una suma ajustada a los daños morales recibidos por estas y al caso particular, por ser lo más 345 del Código Procesal Penal: “Siempre que se haya demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción civil accesoria a la penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deben ser satisfechas las respectivas obligaciones”… Que en ese sentido y conforme a lo expresado por nuestra Suprema Corte de Justicia Boletín Judicial núm. 1094 de fecha 16 de enero del 2002 página 274, de que los jueces de fondo gozan de un poder soberano para determinar la importancia y la magnitud del perjuicio, y por ende fijan el monto de la indemnización dentro de los límites de la razonabilidad, sin necesidad de dar motivos especiales para justificar el monto de la condena a daños y perjuicios, por consiguiente en la especie, no lleva razón la parte recurrente en su queja, ya que hace una distribución igualitaria sin hacer distinción entre los hijos de la fallecida F.d.R., en iguales términos a cada uno, en virtud de la calidad probada de estos, por tal razón desestima la queja… Que es en ese sentido entonces, que la sentencia impugnada al quedar claramente fijada una narración del hecho histórico, realizando por demás una fundamentación probatoria descriptiva, pues dejó plasmado, los medios probatorios conocidos en el debate, pudiendo la Corte verificar que el a-quo, describió en su sentencia el contenido de los medios probatorios y estableció de manera clara, el por qué de la condenación operada en contra del imputado, por consiguiente, no hay nada que reprocharle al tribunal de sentencia, pues ha dictado una decisión apegada a lo establecido en nuestra normativa nacional, en los artículos 24, 417.2 del Código Procesal Penal, así como de la Normativa Internacional como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2, la Convención sobre Derechos Humanos en su artículo 8, las cuales requieren que el J. motive sus sentencias, lo que ha ocurrido en el caso de la especie… Que se rechazan las conclusiones del licenciado R.A.V., defensor técnico de las víctimas y actores civiles R.A.O.d.R., D.M.M. R. y C.M.d.R., de que sea revocada “en todas sus partes se la sentencia No. 392-2011-00015, de fecha 16 del mes de Junio de 2011, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Santiago, Sala I, y en consecuencia, en virtud de las disposiciones del artículo 422, numeral 2.1 del Código Procesal Penal, dictar directamente su propia sentencia,”, en razón de que la misma no contiene ningún vicio procesal de los planteados por la parte, así como tampoco ningún vicio de naturaleza constitucional… Que acoge parcialmente las conclusiones vertidas por el licenciado M.C.C. por sí y por la licenciada C.A.T., defensores técnicos de los querellantes y actores civiles, los señores F.A.d.R., M.A.F.d.R. y M.A.d.R., en el sentido de “Que sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de toda lógica, el recurso interpuesto por el imputado M. de J.S. y G.A. de la H.F., tercero civilmente demandado y la Compañía Seguros Universal S.A”; pero las rechaza, en el sentido de que la Corte, rectifique “la decisión impugnada sobre la base de la comprobación de hechos y pruebas realizadas por el J.-A-quo, en el aspecto penal, y dictando directamente la sentencia del caso;” así como; “en el aspecto civil modificando el numeral Tercero del dispositivo de la sentencia núm. 392-2011-00015, de fecha 16 del mes de Junio de 2011, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Santiago, Sala I, por vía consecuencia una vez modificado el numeral antes indicado proceda a condenar a los señores M. de J.S.V., en su calidad de demandado por el hecho personal bajo la comprobación de la responsabilidad civil, por el hecho personal, porque al mismo se le retuvo la falta, en perjuicio y la cusa efecto, y en cuanto al señor G.A. de la H.F., en su calidad de guardián del vehículo de motor, de tercero civilmente demandado, a pagar de manera solidaria la suma de cincuenta millones de pesos oro dominicanos con 00/100 (RD$50,000,000.00) a favor y provecho de las actoras civiles y A.F.d.R. y M.A.d.R.; como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales a consecuencia del accidente de referencia.”, por las razones dadas en el cuerpo de la presente sentencia… Que acoge las conclusiones vertidas por el ministerio público de que; “sea ratificada la sentencia en el aspecto penal”;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por los recurrentes:

Considerando, que en el caso in concreto, si bien los recurrentes Ramón

Antonio Ogando del Rosario, D.M.M.d.R., R.

Mateo del Rosario, Argentina Arciniegas del Rosario y C. Mateo del

Rosario han propuesto como medios de casación, en síntesis, la

desnaturalización de los hechos de la causa, violación a las reglas de la sana

crítica, violación al derecho de defensa, falta de motivos y base legal, así como

la violación a las disposiciones del artículo 12 de nuestra normativa procesal

penal, ante la solución que se dará al caso, esta Alzada, actuando como Corte

de Casación, se avocará a conocer solo lo relativo a la falta de motivación en

que ha incurrido el referido Tribunal de segundo grado respecto a las pruebas

que fueron aportadas por los actores civiles excluidos del proceso, por falta de

calidad para reclamar daños y perjuicios ante el fallecimiento de la señora

F.d.R. en el accidente de tránsito en cuestión, aspecto este que ha

sido cuestionado en las instancias inferiores al no otorgarle credibilidad al acto

notarial aportado a fin de establecer su calidad de hijos de la hoy occisa, acrediten dicha calidad, que ante la existencia de una disparidad en el apellido

señalado como de la madre y el de los reclamantes, se hacía necesario una

corrección de las actas mismas, y no aportar un acto de notoriedad a fin de

subsanar dicho error material, como fue aportado;

Considerando, que al efecto, los recurrentes alegan la violación al

derecho de defensa, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, por

falta de motivos y falta de base legal, ya que la decisión impugnada no

contiene una motivación en base a los documentos y medios de pruebas

depositados por los recurrentes en el recurso de apelación, no obstante, los

motivos de apelación fueron rechazados sin haber sido ponderados dichos

documentos;

Considerando, que sobre este particular, es preciso acotar que el estudio

de la decisión impugnada pone de manifiesto la relevancia y pertinencia de lo

denunciado por los recurrentes, a fin de establecer el vínculo de parentesco

existente entre los actores civiles excluidos del proceso por ante la jurisdicción

e fondo por falta de calidad para accionar en justicia ante el fallecimiento de

la señora F.d.R., ya que se trata de las actas de nacimiento

exigidas previamente por la jurisdicción de juicio como idóneas para

determinar la filiación en el proceso de los señores R.M.d.R.

y C.M.d.R., por lo que la Corte a-qua se encontraba en el medios probatorios en el proceso, que al omitir hacerlo ha incurrido en una

vulneración al derecho de defensa de los recurrentes, ante la carencia de una

fundamentación sobre el desistimiento de sus pretensiones; por consiguiente,

procede acoger el vicio examinado;

Considerando, que por su parte, los recurrentes M. de J.S.,

G. de la Hoz y Seguros Universal, S.A., en el recurso de casación

interpuesto contra la decisión impugnada, en el primer medio de casación le

atribuyen a la Corte a-qua haber incurrido en una contradicción e ilogicidad

manifiesta en la motivación de su fallo, al inobservar que el Tribunal de juicio

establece que el tipo penal juzgado no se configura en su totalidad; sin

embargo, retiene una falta penal en su contra del imputado M. De Jesús

Salcé, aun cuando éste manifestó que previo al accidente había iniciado la

marcha con el semáforo en verde y después que los vehículos que se

encontraban delante de él lo hicieran;

Considerando, que sobre este particular, el estudio de la decisión

impugnada denota la improcedencia de lo argüido, toda vez que la Corte aqua ha establecido de manera clara y precisa el fundamento de su decisión, sin

que pueda advertirse contradicción alguna en la misma, pues la hipótesis

acusatoria ha quedado debidamente comprobada, y en este sentido le ha sido

retenida una falta penal tanto al imputado recurrente M. de J.S. encontraba en verde cuando el primero inicio la marcha este no tomó las

medidas de lugar a fin de procurar tener una visibilidad perfecta de su

entorno para iniciar la marcha al conducir un vehículo de gran altura, lo que le

dificultó notar la presencia de la víctima en la vía, siendo retenida así una

dualidad de falta, en razón de que la víctima por igual se encontraba cruzando

con el semáforo en verde, acción que contribuyó grandemente en la ocurrencia

del siniestro; por lo que, procede desestimar lo argüido sobre el aspecto penal

del proceso;

Considerando, que en el segundo medio de casación, los recurrentes

atacan el aspecto motivacional de los montos indemnizatorios acordado a

favor de los actores civiles, bajo el entendido de que la Corte a-qua no recorrió

su propio camino al confirmarlos, sino que se limitó a reproducir lo

establecido por el Tribunal de primer grado, sin ponderar que se estableció

una falta de parte de la víctima, siendo entendible que nadie se puede

prevalecer de su propia falta, lo que debió ser considerado al momento de

determinar el monto a ser asignado a los querellantes y actores civiles; sin

embargo, ante la solución que se le ha dado al recurso de casación de la

contraparte, no es lo apropiado que esta Alzada se avoque a conocer sobre la

pertinencia de lo denunciado a fin de poder evitar contradicción de sentencia o

interferir sobre lo que pueda ser decidido sobre el aspecto civil del proceso por

ante la jurisdicción donde se remite el asunto; Considerando, que en virtud de las disposiciones del inciso 2.b del

artículo 427 del Código Procesal Penal, al evidenciarse las violaciones

denunciadas, a fin de obtener una debida valoración de los méritos del recurso

de apelación interpuesto; procede ordenar el envío del expediente por ante la

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago,

ya que si bien dicho texto legal confiere la potestad de ordenar la celebración

total o parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo

tribunal de primera instancia que dictó la decisión, cuando sea necesario la

valoración de pruebas que requieran inmediación, se infiere que ese envío al

tribunal de primera instancia está sujeto a esta condición; sin embargo, si en el

caso que le compete no existe la necesidad de hacer una valoración probatoria

que requiera inmediación, nada impide que la Suprema Corte de Justicia envíe

el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre

y cuando no esté en la situación antes señalada, como ocurre en el caso;

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246

del Código Procesal Penal, “Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales.

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente

para eximirlas total o parcialmente”;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal,

modificados por la Ley núm. 10-15, y la Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del J. de la Ejecución

de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de

Justicia, mandan a que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la

secretaría de esta alzada, al J. de la Ejecución de la Pena del Departamento

Judicial correspondiente, para los fines de ley.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA

Primero: Admite como intervinentes a F.A.d.R., M.A.F.d.R. y M.A.d.R., en el recurso de casación interpuesto por M. de J.S., G. de la Hoz y Seguros Universal,
S.A., contra la sentencia núm. 0386-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de agosto de 2013, cuya parte dispositiva aparece copiada en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación, en cuanto al aspecto civil del proceso, y el recurso de casación interpuesto por R.A.O.d.R., D.M.M.d.R., R.M.d.R., Argentina Arciniegas del Rosario y C.M.d.R., contra la referida sentencia, confirmando el aspecto penal del proceso; en consecuencia, casa el de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, para que designe una de sus Salas a fin de conocer los méritos de los recursos de apelación interpuestos en el aspecto casado;

Tercero: Compensa las costas del proceso;

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al J. de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.

(Firmados) A.A.M.S..- E.E.A.C. .- H.R. .

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 02 de julio de 2019, a solicitud de parte interesada, exonerada de pagos de recibos y sellos de impuestos internos.


C.A.R.V..

Secretaria General