Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Agosto de 2019.

Fecha de Resolución:30 de Agosto de 2019
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 30 de agosto de 2019

Sentencia núm. 946

C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 30 de agosto del 2019, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces F.A.J.M., presidente; F.E.S.S., F.A.. O.P. y V.E.A.P., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 30 de agosto de 2019, años 176° de la Independencia y 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.M.P.J., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, con domicilio en la calle Principal sección C.G., municipio Guayubín, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 235-2018-SSPENL-00041, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 20 de junio de 2018, cuyo dispositivo se copia más adelante; Fecha: 30 de agosto de 2019

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta de la República, L.. I.H. de Vallejo;

Visto el escrito de casación suscrito por la L.. S.M.T., defensora pública, en representación de R.M.P.J., depositado en la secretaría de la corte a qua el 17 de agosto de 2018, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 1173-2019, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de abril de 2019, la cual declaró admisible el recurso interpuesto y se fijó audiencia para conocerlo el 25 de junio de 2019;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia Fecha: 30 de agosto de 2019

Humanos; los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 296, 297, 298, 302, 309-1, del Código Penal Dominicano, 396, literales A y B de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;

Considerando, que la presente sentencia fue votada en primer término por la magistrada V.E.A.P., a cuyo voto se adhirieron los magistrados F.A.J.M., F.E.S.S. y F.A.. O.P.;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que 11 de noviembre de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Montcristi, presentó acusación y solicitó auto de apertura a juicio en contra del ciudadano R.M.P.J., por presunta violación a los artículos 296, 297, 298, 302, 309-1-2, del Código Penal Dominicano y 396, literales A y B de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y 50 de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Fecha: 30 de agosto de 2019

    Tenencia de Armas, en perjuicio de C.V.Á., A.P.V. y M.P.V.;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado mediante resolución núm. 611-2016-SPRE-00074 del 22 de abril de 2016;

  3. que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó la sentencia penal núm. 239-02-2017-SSEN-00111, el 28 de junio de 2017, cuyo dispositivo copiado textualmente expresa lo siguiente:

    “PRIMERO: Se varía la calificación jurídica de los artículos 296, 297, 298, 302, 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, y 396 literales a y b de la Ley 136-03, y 50 de la Ley 36, por los artículos 295, 304, 309-1, 309-2 del Código Penal Dominicano y 396 literales a y b de la Ley 136-03 por ser la que corresponde con los hechos probados; SEGUNDO: Se declara al señor R.M.P.J. dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Principal sección C.G. municipio Guayubín, provincia Montecristi,

    culpable de violar los artículos 295, 304 primera parte, Fecha: 30 de agosto de 2019

    de la señora C.V.; 295, 304 primera parte, 309-2 del código penal y 396 literales A y B de la Ley 136-03 en perjuicio de A.P.V. y 396 literales A y B de la Ley 136-03 y 309-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de M.P.V., en consecuencia se le impone la sanción de treinta (30) años de reclusión y el pago de una multa de diez (10) salario mínimos vigentes a la fecha a favor del Estado dominicano; TERCERO: Se condena al imputado al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se acoge en cuanto a la forma, la demanda civil incoada por los señores E.V. y Luz Altagracia Collado, en contra de la parte demandada señor R.M.P.J., por resultar conforme a la ley, y en cuanto al fondo se condena al demandado al pago de una indemnización de tres millones de pesos (RD$3,000,000.00) a favor de la parte demandante, por los daños morales ocasionados en su contra; QUINTO: Se condena al demandado R.M.P.J., al pago de las costas civiles del proceso a favor del L.. T.N.B.C., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

  4. que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, la cual dictó la sentencia núm. 235-2018-SSPENL-00041, ahora impugnada en casación, el 20 de junio de 2018, cuyo dispositivo copiado textualmente expresa lo siguiente:

    “PRIMERO: En cuanto al fondo, confirma la sentencia recurrida, a excepción del ordinal tercero, por las razones Fecha: 30 de agosto de 2019

    ordinal tercero para que diga de la forma siguiente; Tercero: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado asistido de la defensa pública; SEGUNDO: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado asistido de la defensa pública”;

    Considerando, que antes de responder los alegatos planteados por el recurrente, es preciso aclarar que el recurso de casación está concebido como un recurso extraordinario mediante el cual la Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional, procede a casar la sentencia recurrida; en caso contrario, si se verifica la correcta aplicación del derecho y de la Constitución, confirma la sentencia recurrida1;

    Considerando, que en la decisión arriba indicada, también se estableció que la naturaleza del recurso de casación no admite que la Suprema Corte de Justicia se involucre en apreciación de los hechos

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    propios del proceso cuya legalidad y constitucionalidad reclaman su intervención. Si el órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial se involucrara en la apreciación y valoración de las pruebas presentadas por las partes durante el juicio de fondo, incurriría en una violación de las normas en la cuales fundamenta sus decisiones y desnaturalizaría la función de control que está llamado a ejercer sobre las decisión de los tribunales inferiores respecto a la correcta aplicación de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas; que las ponderaciones sobre la valoración de la imposición de la pena, la admisibilidad de la querella y la regla de la prescripción son asuntos que escapan de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en razón de que tales apreciaciones y valoraciones solo se hacen durante la fase de juicio de fondo, en base a la valoración de las pruebas aportadas por las partes;

    Considerando, que el recurrente plantea contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación:

    “Primer medio: Sentencia contraria con un fallo anterior de la Suprema Corte de justicia y aplicó erróneamente lo previsto en los artículos 335, 426.2 C.P.P. y 74.4 de la CRD.; Segundo medio: Sentencia de la corte de apelación contradictoria con un fallo Fecha: 30 de agosto de 2019

    obligatoriedad de motivar las sentencias (art. 24 del Código Procesal Penal); Tercer medio: Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación de una norma jurídica (art. 23, 25 y 422 del Código Procesal Penal y 74.4 de la Constitución Dominicana)";

    Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su primer medio, plantea en síntesis, lo siguiente:

    "La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, al momento de decidir el primer medio del recurso lo hizo contrario a un fallo de la Suprema Corte de Justicia al establecer "en cuanto al primer medio alegado por la defensa del imputado referente al principio de inmediación, en razón de que los jueces no deben vulnerar el plazo fijado en el artículo 555 del Código Procesal Penal, para la redacción y pronunciamiento de la sentencia, esta corte es de criterio que si bien es cierto que el referido artículo establece que la lectura íntegra se llevará a cabo en el plazo máximo de quince días hábiles; no menos cierto es que el incumplimiento de tal situación no acarrea nulidad del proceso, y que por demás tratándose de un plazo judicial el tribunal lo decide atendiendo a la

    razonabilidad de las circunstancias del tribunal”. De lo antes expuesto es que decimos que la corte de apelación aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 335 del Código Procesal Penal, porque primero: no es cierto que los tribunales deban decidir atendiendo a la Fecha: 30 de agosto de 2019

    si fuera por esta situación el referido artículo no tendría límites para la redacción de una sentencia; y segundo: aunque dicha disposición legal no establece a pena de nulidad, dicha figura establece que tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, es decir, que con decir máximo el legislador está poniendo un límite y de no cumplirse se violenta los principios de concentración e inmediación, lo cual constituye que deba celebrarse un nuevo juicio”;

    Considerando, que sobre el alegato, es oportuno destacar que si bien es cierto que el artículo 335 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, establece que la sentencia se pronuncia en audiencia pública, que es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación, y que cuando por la complejidad del asunto sea necesario diferir la redacción de la sentencia, se lee tan solo la parte dispositiva y se anuncia el día y la hora para la lectura íntegra, la cual debe llevarse a cabo en el plazo máximo de 15 días; sin embargo, como bien indicó el tribunal de alzada, las disposiciones contenidas en el referido artículo no están contempladas a pena de nulidad, sino que, las mismas constituyen parámetros para dotar de celeridad los procesos penales, pero no como condición sine qua non para la validez de los fallos dictados por los tribunales del orden judicial, procurando que, en todo caso, la decisión sea ofrecida dentro de un plazo razonable que no Fecha: 30 de agosto de 2019

    que la sentencia íntegra les fue notificada oportunamente y los mismos interpusieron su instancia recursiva en tiempo idóneo, sin que se afectara su derecho a recurrir, recurso que por demás fue admitido y examinado por la corte; lo que evidencia que esta actuación no es violatoria del debido proceso de ley y no acarrea, como lo pretenden erróneamente los recurrentes, la nulidad de la referida decisión; en consecuencia, se desestima el medio examinado, por improcedente y mal fundado;

    Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su segundo medio, plantea en síntesis, lo siguiente:

    “La corte emitió un fallo contrario a decisiones anteriores de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la obligación de motivar, ya que el recurrente en su recurso de apelación realizó una serie de cuestionamientos y por la corte querer hacerlo de manera conjunta la respuesta a dos motivos, le faltó motivar en cuanto algunas cuestiones, como fue lo

    establecido en el motivo segundo del recurso, en lo referente a que el tribunal de juicio violentó la ley por inobservancia de una norma jurídica, es decir, los artículos 18 y 321 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el tribunal de juicio varió la calificación jurídica sin antes advertir al imputado para que el Fecha: 30 de agosto de 2019

    defenderse, ya que el tribunal de juicio varió la calificación de la sanción a imponer de 302 a 304 del Código Penal Dominicano. En el entendido de que la defensa le demostró al tribunal que no se encontraba reunidos los elementos constitutivos de asesinato que es la condena que conlleva el artículo 302 del código penal, pero sorpresivamente al momento de emitir su decisión final vienen con una condena de 30 años sustentado en el artículo 304 sin antes podernos referir de que no se traba de un crimen que acompañara o siguiera otro crimen. La corte refiere situaciones no solicitadas, con responder que comparte el criterio del tribunal a quo no es motivación al segundo medio planteado en el recurso, porque no estamos preguntando que si fue bien aplicado o no el 304 o las otras disposiciones del Código Penal, le estábamos pidiendo a la corte que decidiera en qué los jueces violentaron el derecho de defensa del recurrente a no permitirle referirse a la variación de la calificación dada por el tribunal a quo, tal como lo establece el artículo 321 del Código Procesal Penal, situación por la que en la presente instancia anexamos el recurso realizado a la corte para que puedan ver las argumentaciones al segundo y tercer medio del recurso, que no fue respondido por la corte y que también se puede verificar

    en el párrafo 3ro de la página 5 de la sentencia en un resumen de los motivos que hace la corte”;

    Considerando, que la corte a qua dejó establecido lo siguiente: Fecha: 30 de agosto de 2019

    "En cuanto al segundo y tercer medio propuesto, dada la evidente conexión que presentan estos, esta corte dará contestación de manera conjunta, en cuanto al error en la determinación de los hechos y violación al principio de no auto-incriminación, esta corte comparte el criterio del tribunal a quo, ya que ciertamente se encuentran reunidos los elementos constitutivos del homicidio, violencia en contra de la mujer, violencia doméstica y abuso físico y psicológico en contra de niños, niñas y adolescentes, ya que existió por parte del imputado el hecho de darle muerte a su pareja consensual y a su hijo menor de edad, tal acción típica está prevista en los artículos 295, 304 primera parte, 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, y 396 literales a y b de la Ley 136-03. En cuanto a la determinación de los hechos, ya que resulta un hecho probado la muerte violenta de la señora C.V. y del menor de edad A.P.V. pareja consensual e hijo del imputado, así como también las heridas de que fue víctima el menor de edad, M.P.V, hijo del imputado y de la occisa, ya que el autor de tales hechos sin lugar a dudas razonable es el imputado toda vez que al prestar sus declaraciones lo hizo protegido de los derechos y garantías que le asisten en el juicio, admitiendo la comisión de los mismos, por lo que la responsabilidad penal del imputado quedó demostrado mediante pruebas plenas y suficientes; por lo que dichos medios deben ser desestimados”;

    Considerando, que en cuanto a dicho reclamo es preciso apuntar, que del análisis de la sentencia recurrida se evidencia que los jueces de Fecha: 30 de agosto de 2019

    el fallo impugnado, tal y como se hizo constar ut supra, ya que la alzada hizo un recuento de los hechos y circunstancias de la causa y mediante el análisis de estos, tuvo a bien constatar que la variación de la calificación se realizó con apego a la ley y que además, por tratarse del homicidio de su expareja y de un hijo de ambos, sumado a las heridas causadas a otro de sus hijos, justifican dicha variación, y en consecuencia, la sanción impuesta, debido a la connotación y afectación que este tipo de hecho causan en la sociedad; por lo que tal actuación constituye un elemento que debe ser evaluado por el juzgador como una agravante, en consonancia con lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); en tal sentido, se observa que la sentencia recurrida da respuesta a las inquietudes y agravios denunciados;

    Considerando, que en ese orden de ideas resulta pertinente destacar que de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal penal, la motivación de las decisiones judiciales constituye una garantía a fin de constatar si en un determinado caso se han respetado las reglas del debido proceso y tutelado de forma efectiva los derechos de las partes; exigencia que ha sido observada por los jueces de la alzada, al emitir una decisión provista de las justificaciones en las cuales fundamentó el Fecha: 30 de agosto de 2019

    quejas esbozadas por el recurrente una inconformidad con lo decidido, más que una deficiencia de motivación de la decisión impugnada; razones por las que procede desestimar el medio analizado;

    Considerando, que en el desarrollo de su tercer y último medio, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

    “Decimos que hubo una errónea aplicación o interpretación de la norma porque si la corte acogió nuestro motivo de que el tribunal a quo no estatuyó a lo concluido por la defensa en que variara la calificación jurídica de homicidio a violencia intrafamiliar, la corte debió enviar a un nuevo juicio, ya que lo planteado en el juicio no lo podía responder la corte por no haberse debatido o presentado prueba en la etapa de apelación, para que esta pudiera responder a una situación pedida en tribunal de juicio y no a la corte, máxime cuando en nuestro recurso de apelación a ese cuarto motivo concluimos “que sea declarado con lugar el presente recurso, y en virtud del artículo 422,

    numeral 2, del Código Procesal Penal, ordenar la celebración de un nuevo juicio ante el tribunal de primera instancia que dictó la sentencia pero con jueces distintos, por el tribunal no haber decidido lo solicitado por el recurrente a través de su defensa técnica, violentando de esta manera garantías constitucionales y procesales”, tal como se puede verificar en la instancia anexa del recurso de apelación, como en el Fecha: 30 de agosto de 2019

    primer párrafo de la página 7 de la sentencia recurrida”;

    Considerando, que si bien es cierto que la corte a qua determinara que ciertamente el tribunal de juicio no estatuyó sobre este planteamiento, no menos cierto es que dicha corte procedió a subsanar esa omisión, ofreciendo una adecuada y detallada motivación sobre este aspecto, motivos que han sido analizados y transcritos precedentemente, por lo que este argumento carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia, rechazar el recurso que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

    Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del departamento judicial correspondiente, para los fines de ley procedente; Fecha: 30 de agosto de 2019

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente"; en la especie, procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.M.P.J., contra la sentencia núm. 235-2018-SSPENL-00041, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 20 de junio de 2018, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: E. al recurrente del pago de las costas al estar asistido por la defensa pública;

    Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Fecha: 30 de agosto de 2019

    (Firmado) F.A.J.M.E.S.S.-.M.G.G.R.-.E.A.P.

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, S. General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 14 de octubre del 2019, para los fines correspondientes.

    C.J.G.L..

    S. General

    las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi.