Sentencia nº 452 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Junio de 2018.

Fecha de Resolución:20 de Junio de 2018
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 452

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 20 de junio del 2018, que dice así:

TERCERA SALA.

Rechaza Audiencia pública del 20 de junio de 2018.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor L.J.T.T., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0000863-4, domiciliado y residente en la calle 3B núm. 26, sector R.P., de la ciudad de Santiago, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 30 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. A.D.V.H., por sí y por el Dr. C.R.J.E., abogados del recurrente, el señor L.J.T.T.;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. M.A.Q., N.D.M.L. y la Licda. C.A.S., abogados del recurrido, el señor J.R.D.;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 22 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. C.R.J.E., Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0001272-7, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 27 de enero de 2016, suscrito por los Dres. M.A.Q., N.D.M.L. y la Licda. C.A.S., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0051446-9, 023-0102671-8 y 402-2134723-6, respectivamente, abogados del recurrido;

Que en fecha 4 de abril de 2018, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M., R.C.P.Á. y M.A.F.L., asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda laboral por dimisión justificada, suspensión ilegal de contrato de trabajo, indemnizaciones por la no inscripción y pago de las cuotas del Seguro Social Dominicano, Ley núm. 87-01, interpuesta por el señor J.R.D. contra el señor L.J.T.T., la Sala núm. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 3 de septiembre de 2014, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, buena y válida la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales por dimisión justificada, suspensión ilegal de contrato de trabajo, indemnizaciones por la no inscripción y pago de las cuotas del seguro social dominicano, ARL, ARS, AFP y Ley núm. 87-01, por no pago de descanso semanal, salario de Navidad, vacaciones, días feriados, bonificación, horas extras y malos tratos; incoada por el señor J.R.D., en contra de Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., por ser incoada en tiempo hábil y conforme al derecho; Segundo: Declara en cuanto al fondo, justificada la dimisión presentada por el señor J.R.D., en contra de Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., y rechaza la exclusión solicitada por éste último, por los motivos expresados en el cuerpo de la sentencia; Tercero: Condena a la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., al pago de los siguientes valores a favor del demandante J.R.D. por la prestación de un servicio personal por treinta y seis (36) años, devengando un salario mensual por la suma de Veinticuatro Mil Pesos (RD$24,000.00), a razón de un salario diario por la suma de Un Mil Siete Pesos con Trece Centavos (RD$1,007.13) los siguientes valores a saber: a) Veintiocho Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos con Setenta y Cuatro Centavos (RD$28,199.74) por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; b) Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Tres Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos (RD$833,903.64) por concepto de ochocientos veintiocho (828) días de cesantía; c) Dieciocho Mil Ciento Veintiocho Pesos con Treinta y Cuatro Centavos (RD$18,128.34) por concepto de dieciocho (18) días de vacaciones; d) Seis Mil Pesos (RD$6,000.00) por concepto a la proporción al salario de Navidad en base a tres (3) meses correspondientes al año 2014; e) Quince Mil ciento Siete Pesos (RD$15,107.00) por concepto de la proporción a la participación en los beneficios de la empresa año 2014; y f) Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Pesos (RD$144,000.00) por concepto de las condenaciones establecidas en el artículo 95 numeral tercero del Código de Trabajo; y g) Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) por concepto de indemnización por la no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Cuarto: Condena a la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., al pago de las costas del procedimiento ordenando la distracción de las mismas a favor de los Dres. M.A.Q., N.F.M.L. y Licdo. D.D.C.U., abogado quien afirma haberla avanzado en su totalidad; Quinto: Ordena a la parte demandada Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., al momento de la ejecución de esta sentencia tomar en consideración la variación de la moneda al tenor de lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Trabajo; Sexto: Ordena la ejecución de la presente sentencia de conformidad a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo; Séptimo: C. a cualquier ministerial del área laboral de este Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, para la notificación de la presente sentencia”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: Primero: Se declara regular, buena y válida en cuanto a la forma, tanto el recurso de apelación principal como incidental, incoado el primero por el señor J.R.D. y el segundo por la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T., en contra de la sentencia núm. 177-2014, de fecha 3 de septiembre del 2014, dictada por la Sala núm. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido hecho conforme a la ley y en cuanto al fondo, se confirma dicha sentencia, con la modificación más abajo señalada; Segundo: Se modifica la sentencia recurrida, marcada con el núm. 177-2014, de fecha 3 de septiembre del 2014, dictada por la Sala núm. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, para que en lo adelante diga de la siguiente manera: 1.- Se declara, en cuanto a la forma, buena y válida la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos y daños y perjuicios por dimisión justificada, incoada por el señor J.R.D., en contra de la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., por haber sido incoada en tiempo hábil y conforme a derecho; 2.- En cuanto al fondo, se declara justificada la dimisión ejercida por el señor J.R.D., en contra de Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú) y el señor J.L.T.T., por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia y resuelto el contrato de trabajo existente entre el señor J.L.T.T. y el señor J.R.D., con responsabilidad para su empleador por los motivos expuestos; 3.- Se excluye de todo el proceso a la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís (Astrapú), por los motivos expuestos, especialmente por no ser empleadora del señor J.R.D., sino el señor J.L.T.T.;
4.- Se condena al señor J.L.T.T., al pago de los siguientes valores a favor del demandante J.R.D., teniendo en cuenta la duración del contrato de trabajo de treinta y seis (36) años, devengando un salario mensual por la suma de Veinticuatro Mil Pesos (RD$24,000.00), a razón de un salario diario por la suma de In Mil Siete Pesos con Trece Centavos (RD$1,007.13) los siguientes valores a saber: a) Veintiocho Mil
Ciento Noventa y Nueve Pesos con Setenta y Cuatro Centavos (RD$28,199.74) por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; b) Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Tres Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos (RD$833,903.64) por concepto de ochocientos veintiocho (828) días de cesantía; c) Dieciocho Mil Ciento Veintiocho Pesos con Treinta y Cuatro Centavos (RD$18,128.34) por concepto de dieciocho (18) días de vacaciones;
d) Seis Mil Pesos (RD$6,000.00) por concepto de la proporción del salario de Navidad en base a tres (3) meses correspondiente al año 2014 (hecho no contestado); e) Quince Mil Ciento Siete Pesos (RD$15,107.00) por concepto de la proporción en la participación de los beneficios de la empresa año 2014; y
f) Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Pesos (RD$144,000.00) por concepto de las condenaciones establecidas en el artículo 95, numeral tercero del Código de Trabajo; y g)Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00) por concepto de indemnización por la no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social antes del año 2008; 5.- Se condena al señor J.L.T.T., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los Dres. M.A.Q., N.F.M.L. y Licdo. D. delC.U., abogados que afirman haberlas avanzando en su totalidad; 6.- Se ordena a la parte demandada, señor J.L.T.T., tomar en consideración la variación de la moneda al tenor de lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Trabajo al momento de la ejecución de esta
sentencia; Tercero: Se condena al señor J.L.T.T., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los Dres. M.A.Q., N.F.M.L. y Licdo. D.D.C.U., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se comisiona al ministerial J. De la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Contradicción de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Violación a la ley y falta de base legal;

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, los que se reúnen por su vinculación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la demanda que se trata se fundamentó en la falta de inscripción del trabajador en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, razón por la cual la Corte a-qua estimó justificada la dimisión y condenó a una exorbitante indemnización al señor T., la cual es a todas luces improcedente, pues se basó en una supuesta falta de inscripción en la Seguridad Social, fijó como un hecho cierto que no fue inscrito sino a partir del 3 de marzo del 2008, sin valorar una Placa de Reconocimiento del Seguro Médico, mediante la cual se puede advertir que el señor R.D. fue reconocido en fecha 18 de noviembre de 2001, por ser el Fundador de la Institución de Choferes, la Corte a-qua en la sentencia impugnada incurre en contradicción de motivos, pues por un lado afirma que el demandado contradice el tiempo alegado por el trabajador demandante y por otro lado aduce que dicho empleador no ha negado el tiempo de duración del contrato de trabajo, vislumbrándose una verdadera y real incompatibilidad entre esas dos motivaciones, las que se refieren a la valoración de ese hecho en específico, del mismo modo se puede decir que incurrió en desnaturalización de los hechos y falta de base legal, ya que en su motivación se puede ver que en relación a la carta de fecha 13 de octubre de 2014, expedida por ARS Humano, que indica que el señor R.D. estaba afiliado desde el 20 de agosto del 2010, hasta la fecha con el Plan Básico de Salud, lo que no es indicativo de que estaba inscrito al Sistema Dominicano de Seguridad Social, puesto que para la fecha no existía la Ley núm. 87-01, sino que ésta es del 2001, por todas estas razones y motivos es que la sentencia impugnada debe ser casada”;

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en relación al tiempo de duración del contrato de trabajo, alega el trabajador J.R.D. en su escrito de apelación principal que su contrato de trabajo tuvo una duración de 36 años, iniciando en fecha 15 de marzo del 1978, finalizando el 18 de marzo del 2014”, por dimisión y que devengaba “un salario de RD$24,000.00 Pesos mensuales”, lo que fue así acogido por el Juez aquo en su sentencia. No obstante, ni la duración del contrato de trabajo ni el salario devengado por dicho trabajador es contestado entre las partes, o sea, la parte demandada no niega la duración del contrato de trabajo ni el salario devengado por dicho trabajador, sino que se circunscribe a negar la relación de trabajo en relación a la empresa Astrapú y a solicitar sea declarada justificada la dimisión ejercida por el trabajador hoy recurrente. En tal sentido y teniendo en cuenta que al tenor de las disposiciones de la parte in-fine del artículo 16 del Código de Trabajo, que “exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con el Código de Trabajo y sus reglamentos, tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales”, son motivos por los cuales, esta Corte fija en 36 años la duración del contrato de trabajo y el salario devengado por dicha trabajadora en RD$24,000.00, Pesos mensuales, o sea, RD$1,007.13, Pesos diario, tal como lo hizo el Juez a-quo”;

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada, objeto del presente recurso, señala: “que conforme indica la sentencia recurrida, el señor J.R.D., dimitió de su contrato de trabajo, mediante comunicación de fecha 18 de marzo del 2014, “por suspensión ilegal del contrato de trabajo, indemnizaciones por la no inscripción y pago de las cuotas del Seguro Social Dominicano, ARL, ARS, AFP, Ley núm. 87-01, por no pago de descanso semanal, salario de Navidad, vacaciones, días feriados, bonificación, horas extras y malos tratos”;

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada, objeto del presente recurso, establece: “que de los términos del artículo 101 del Código de Trabajo, se deriva que es al trabajador dimitente a quien corresponde demostrar que el empleador cometió las faltas invocadas por él para poner fin al contrato de trabajo mediante el ejercicio de la dimisión, no estando obligado el empleador a probar las ausencias de esas faltas (sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de abril de 1999), a menos que se trate de aquellas obligaciones puesta por la ley a cargo del empleador, como: la Seguridad Social y todo lo referente a los documentos que el empleador, de acuerdo con el Código de Trabajo y sus reglamentos, tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales”; Considerando, que la Corte a-qua hace constar que: “que en relación a la dimisión por el empleador no estar inscrito ni al día con el ARL, ARS, AFP y la Ley núm. 87-01”, es pertinente señalar que la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es de carácter universal e incluye a los trabajadores móviles u ocasionales y tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos, en los aspectos de la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobre vivencia, enfermedad, maternidad y riesgos laborales. Que en tal sentido, dispone el artículo 62 de la Ley 87-01, que “el empleador como agente de retención”, “es responsable de inscribir al afiliado, notificar los salarios efectivos o los cambios de estos, retener los aportes y remitir las contribuciones a las AFP, en el tiempo establecido por la presente ley y sus normas complementarias”; estando a cargo de la Tesorería de la Seguridad Social, el recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y del sistema único de información y es quien a su vez, identifica a los empleadores en mora, quienes deben efectuar el pago dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes a través de la red bancaria nacional o de entidades debidamente acreditadas (arts. 16 y 30 de la Ley núm. 87-01). En el presente caso, no existe prueba de que el señor J.R.D., estaba inscrito al Sistema Dominicano de Seguridad Social, antes del día 3 de abril del 2008, pues conforme al “Histórico de Descuentos (TSS), de fecha 26 de marzo del 2014, es en esta fecha que aparece inscrito dicho trabajador, a pesar de que, para esa fecha, ya en la República Dominicana, había entrado en vigencia los regímenes subsidiado y contributivo previstos por la Ley núm. 87-01, o sea, Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Administradora de Salad (ARL). Todo lo cual es indicativo que dicho trabajador fue inscrito a dicho Sistema de Seguridad Social, 7 años después de publicada la Ley núm. 87-01, además de que no existe prueba en el expediente de que durante la vigencia del contrato de trabajo gozara del descanso semanal y de vacaciones, motivos por los cuales la dimisión de que se trata debe ser declarada justificada”;

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, por la comisión de una falta grave cometida por el empleador. Será justificada si el trabajador prueba la justa causa e injustificada en caso contrario;

Considerando, que es jurisprudencia pacífica de esta Suprema Corte de Justicia, que solo es preciso probar una de las causas alegadas para que el tribunal declare justificada la dimisión;

Considerando, que en la especie, el tribunal de fondo, pudo como lo hizo, en el ejercicio de su facultad de apreciación de las pruebas aportadas, sin evidencia alguna de desnaturalización, determinar que al trabajador recurrido no le fueron otorgadas sus vacaciones y tampoco sus descansos semanales, lo cual concretiza faltas que justificaban la dimisión;

Considerando, que todo trabajador tiene un deber de seguridad derivado del principio protector que rige el derecho del trabajo y la Seguridad Social y que permea en el espacio de las relaciones de trabajo. El empleador cumple con ese deber, con las medidas preventivas indicadas por las leyes y el pago y la inscripción en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social;

Considerando, que el tribunal de fondo, determinó, como una cuestión de hecho y de las pruebas aportadas, que el empleador no pagaba en forma adecuada la Seguridad Social, lo cual le impidió al trabajador poder recibir las atenciones médicas necesarias en su incapacidad de salud, así como también obtener una pensión digna;

Considerando, que el tribunal de fondo ante la ocurrencia de varios hechos que violentaban la normativa laboral y que ocasionaba un perjuicio cierto, directo y personal que afectaba al trabajador en su persona, la vida misma y su dignidad en las relaciones de trabajo, actuó correctamente en su poder soberano de apreciación en la evaluación del perjuicio, lo cual escapa al control de la casación, salvo que el mismo no sea razonable, sin que exista evidencia al respecto;

Considerando, que de todo lo anterior y del estudio de la sentencia impugnada se advierte, que la misma contiene motivos suficientes, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni falta de base legal, ni que existiera una contradicción entre los motivos y el dispositivo, es decir, una violación a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual los medios planteados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor L.J.T.T., en contra de la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 30 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior al presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción a favor y en provecho de los Dres. M.A., N.
F.M.L. y la Licda. C.A.S., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 20 de junio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración.

M.R.H.C.-R.C.P.A.-MoisésA.F.L..

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.