Sentencia nº 11 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Agosto de 1986.

Fecha de Resolución11 de Agosto de 1986
EmisorPleno

Dio, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.R. de la Fuente, Primer Sustituto en funciones de Presidente; L.V.G. de Peña, Segundo Sustituto de P.; L.R.A.C., H.H.G.S.M.P.R., A.H.P., G.G.C. y J.J.L.C., asistidos del S. General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy día 11 de agosto de 1986, año 143° de la Independencia y 123° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por The Royal Bank Of. Canadá, con oficinas principales en la ciudad de Montreal, Canadá, y en el país en la casa N° 162 de la calle I. laC., de esta ciudad, contra la sentencia dictada el 9 de agosto de 1982, por la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones civiles, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al Alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. L.A.M.G., cédula N° 38920, serie 54, por sí y en representación del L.. W.T.S., cédula N° 502, serie 1ra. Dr. R.C.T., cédula N° 55348, serie 1ra. y L.. R.E.C.R., cédula N° 38403, serie 54, abogados del recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. H.S.M., cédula N° 20224, serie 1ra. abogado de la recurrida A.M.P.B. de G., dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, domiciliada y residente en la casa N° 16, apto. 2-A, de la calle P.I., de esta ciudad, cédula N° 59197, serie 1ra.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación del recurrente, suscrito por sus abogados el 23 de agosto de 1982, en el cual se proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios: Primer Medio: Falta de base legal. Insuficiencia de motivos. Lesión al derecho de defensa; Segundo Medio: Desconocimiento de la Ley 252 de 1971. Violación a las reglas de la prueba; Tercer Medio: Violación a los principios que rigen la autoridad de la cosa juzgada.Inspiración del artículo 47, de la Constitución. Falta de base legal; Cuarto Medio: Falsa aplicación de las reglas concernientes a la validación de los embargos retentivos. Lesión al derecho de defensa. Desnaturalización de los hechos. Falta de base legal;

Visto el memorial de defensa de la recurrida, suscrito por su abogado el 19 de diciembre de 1983, así como el de ampliación de fecha 22 de agosto de 1984;

Visto el auto dictado en fecha 7 del mes de agosto del corriente año 1986, por el Magistrado F.R. de la Fuente, Primer Sustituto en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama así mismo, en su indicada calidad, juntamente con el Magistrado G.G.C., Juez de este Tribunal, para integrarse a la Corte en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los textos legales invocados por el recurrente ; y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: (a) que con motivo de una demanda civil en ejecución de sentencia, incoada por la recurrida contra el recurrente, la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 25 de mayo de 1982, una sentencia con el siguiente dispositivo: "RESOLVEMOS: PRIMERO: Rechazar, por las razones anteriormente expuestas, las conclusiones de la parte demandada, The Royal Bank Of. Canadá, por improcedentes y mal fundadas; SEGUNDO: Acoger, en parte, las conclusiones de la parte demandante, señora A.M.P.B. de G., yen consecuencia: (a) Ordena a The Royal Bank Of. Canadá corno tercer embargado, entregar a la dicha demandante, la suma de Ciento Veintidós Mil Quinientos Pesos Oro (RD$122,500.00), que dicho Banco adeuda a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) para así ejecutar la sentencia dictada por esta Cámara en fecha 11 de Enero de 1968 y mantenida por decisión de la Suprema Corte de Justicia de fecha 24 de noviembre de 1971; (b) Condena a The Royal Bank Of. Canadá al pago de una astreinte conminatoria de Doscientos Pesos Oro (RD$200.00), diarios por cada día de retardo en realizar la entrega de los valores en principal e intereses a que se refiere el anterior ordinal; y (c) Condena a The Royal Bank Of. Canadá al pago de las costas, distraídas en provecho del abogado, L.. H.S.M., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO: Ordenar la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia y no obstante cualquier recurso"; (b) que sobre el recurso interpuesto intervino el fallo ahora impugnado, cuyo dispositivo expresa así: "FALLA: PRIMERO: Declara bueno y válido en la forma el recurso de apelación interpuesto por The Royal Bank Of. Canadá, contra Auto de Referimiento dictado el 25 de Mayo de 1982, por el Magistrado Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Declara inadmisible la intervención voluntaria en barras de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), sin que proceda consecuencialmente pronunciarnos sobre los pedimentos formalizados en las conclusiones de dicha parte interviniente y la condena al pago de las costas de su intervención; TERCERO: Rechaza las conclusiones de The Royal Bank Of. Canadá, y acoge en cambio las conclusiones de la parte recurrida señora A.M.P.B. de G. y en consecuencia, confirma íntegramente el Auto de Referimiento recurrido, cuya parte dispositiva figura precedentemente transcrita; CUARTO: Condena a The Royal Bank Of. Canadá, al pago de las costas de su alzada, ordenando su distracción en provecho del L.. H.S.M., abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte";

Considerando, que en su memorial de ampliación la recurrida propone que se declara la inconstitucionalidad de la Ley No. 252 del 31 de diciembre de 1971, que consagra la inembargabilidad de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), puesto que la Suprema Corte de Justicia en dos oportunidades ha declarado que CORDE no fue "creada para realizar servicios públicos sino actividades industriales y comerciales por lo que es susceptible de todo tipo de vías de ejecución en el mismo plano de igualdad que las empresas de propiedad privada", agregando que su inembargabilidad conduciría a establecer un privilegio en el círculo de las actividades económicas del país"; que, además, dicha Ley no se adapta al precepto constitucional que consagra "la libertad de empresa, comercio e industria y prohíbe la constitución de privilegios monopolísticos en beneficio de particulares"; pero,

Considerando, que dado el carácter relativo de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, que sólo producen efectos respecto de las partes en causas y con relación a los procesos en que intervienen, las mismas no constituyen preceptos constitucionales que se impongan al Legislador; que, en consecuencia, nada se opone a que el Legislador dicte leyes contrarias al criterio jurisprudencial, las cuales, por ese hecho, no pueden ser consideradas como inconstitucionales; que, por otra parte, la Corporación Dominicana de Empresa Estatales (CORDE) es un organismo creado especialmente para súper vigilar y controlar las empresas comerciales e industriales propiedad del Estado o en las que es accionista mayoritario; que en ese orden de ideas, si bien es verdad que CORDE no presta un servicio público en el sentido estricto del término, es un órgano que coadyuva a la defensa de los recursos del Estado; que así efectúa una función que corresponde al Estado mismo, por lo cual CORDE debe ser considerada como parte integrante de éste y, por tanto, por ley se le pueden atribuir los privilegios que la Constitución y las leyes permiten se le confieran al Estado o a sus entidades autónomas; que lo expuesto revela que la cuestión de inconstitucionalidad propuesta por la recurrida carece de fundamento y debe ser desestimada.

Considerando, que en el desarrollo de su segundo, tercero y cuarto medio reunidos, el recurrente alega, en síntesis, que la Corte a-qua incurrió en los vicios y violaciones denunciados, al no tener en cuenta fa Ley N° 252, de 1971, según la cual los bienes de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), son inembargables, y al hacer una aplicación absoluta de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 24 de noviembre de 1971, sin observar que esa sentencia fue dictada en base al artículo 45 de la Ley N° 1494 y en una época en que todavía no estaba en vigencia la Ley N° 252 de 1971; que, además, no es verdad que la validación del embargo retentivo tenga por efecto atribuir al embargante la propiedad de los valores embargados; pero considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la Corte a-qua, para confirmar la sentencia apelada expuso que la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 24 de noviembre de 1971, estableció el criterio de que los bienes de CORDE son embargables; "que este criterio mantiene toda su virtualidad como principio, sobre la incabargabilidad de dicha Corporación, aún cuando posteriormente surgiera la Ley 252 en idéntico sentido, ya que reposa en consideraciones derivadas de principios constitucionales categóricos al tenor de los cuales, no puede establecerse un privilegio semejante en provecho de una entidad dedicada a actividades comerciales e industriales comunes y corrientes; que por otra parte, la aplicación de la Ley 252 a la señora A.M.P.B. de G., violaría el Art. 47 de la Constitución vigente, consignataria de la irretroactividad de las leyes cuando puedan afectar derechos adquiridos y legítimamente asegurados por las lees anteriores corno ocurre en el presente caso, ya que la validación del embargo retentivo trabado en manos de The Royal Bank Of. Canadá, quedó consolidada irreversiblemente en el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia el 24 de noviembre de 1971, sea un mes y seis días antes de promulgarse la ley 252, en cuyo contexto no se la cataloga de orden público imperioso y efecto retroactivo inmediato y de haber sido catalogada como tal, tampoco era oponible a la señora A.M.P.B. de G., tal y como juzgó la Corte de Apelación de San Cristóbal, en su sentencia dictada el 6 de octubre de 1970, mantenida por la Suprema Corte de Justicia, en su fallo del 24 de noviembre del 1971"; que, agrega la Corte a-qua, "igualmente las sumas embargadas pasaron a ser propiedad del embargante tan pronto la sentencia de validación intervenida el 11 de enero de 1968, adquirió autoridad de cosa definitivamente juzgada, quedando obligado The Royal Bank Of. Canadá, a darle ejecución a la misma, como había hecho constar en su declaración afirmativa y por consiguiente, la entrega de los, fondos embargados debió ser efectuada a la señora A.M.P.B. de G., cuando así se lo requirió, conjuntamente con la notificación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada el 24 de noviembre de 1971, notificación y requerimiento que constan en auto del 2 de diciembre de 1971, instrumentado el Ministerial Vidal Abréu Alcántara y que The Royal Bank Of. Canadá, se negó a obtemperar antes de existir la Ley 252";

Considerando, que ni bien es cierto que los argumentos deducidos por la Corte a-qua de la inconstitucionalidad de la Ley N° 252 de 1971 y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 24 de noviembre de 1971, carecen de validez en la especie, por los motivos expuestos al rechazar el pedimento de inconstitucionalidad de aquella Ley, planteado por la recurrida, la situación es diferente en cuanto al argumento derivado del principio de la irretroactividad de la ley;

Considerando, que, en efecto, la disposición de la Ley N° 252 del 30 de diciembre de 1971, que consagra la inembargabilidad de los bienes de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), tiene un carácter netamente procesal; que las leyes procesales son retroactivas en el sentido de que se aplican a los procesos en trámite, esto es, que se aplican a los litigios que en el momento de su entrada en vigencia, no hayan sido solucionados, pero esa aplicación es sólo para el futuro, es decir, para los actos que se efectúen después de la entrada en vigencia de la ley nueva, puesto que los actos cumplidos bajo el régimen de la ley anterior subsisten válidos y producen todos sus efectos; que en este orden de ideas para precisar la ley aplicable a un determinado acto, es necesario colocarse en la fecha en que el acto fue realizado;

Considerando, que según consta en la sentencia impugnada, en la especie, el embargo retentivo trabado por la recurrida contra CORDE en manos del recurrente, fue validado por sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en fecha 6 de octubre de 1970, y por la misma decisión se ordenó al tercero embargado vaciar en manos del embargante los valores que poseía o detentaba por cuenta del embargado, solución que fue mantenida por el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 24 de noviembre de 1971; que es pues la fecha de aquella sentencia que hay que considerar para determinar si al referido embargo debía aplicarse la Ley N° 252 del 30 de diciembre de 1971, puesto que a partir de tal fecha se operó un transporte o cesión judicial del crédito embargo a favor de la embargante y el litigio se encontraba solucionado y sólo restaba la ejecución real y efectiva por el tercero embargo de las disposiciones de la señalada sentencia; que como se advierte a la fecha de la sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, aún no había sido dictada la Ley N° 252 de 1971, por lo cual la entrada en vigencia de esta Ley con posterioridad aquella sentencia, no pudo afectar los derechos adquiridos por la recurrida en virtud de la repetida sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, y en el caso no se podía aplicar la mencionada Ley, ya que se le haría producir un efecto retroactivo; que esa situación no puede ser desvirtuada por un acto de CORDE oponiéndose a que el tercero embargado cumpla con las disposiciones de la referida sentencia; que al fundamentarse la Corte a-qua de manera expresa en tal conclusión justificó suficientemente el dispositivo de la sentencia impugnada, no obstante el descarte de los demás argumentos sostenidos; que, por tanto, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación el recurrente alega, en síntesis, que él presentó conclusiones ante la Corte a-qua tendientes a que se declarara la nulidad del procedimiento incoado por la recurrida por diversas razones jurídicas, la Corte a-qua rechazó esas conclusiones sin exponer, como era su deber, motivos pertinentes justificados de su decisión al respecto; pero,

Considerando, que no obstante que el recurrente no reiteró en apelación, las conclusiones a que hace alusión, las cuales había planteado ante la jurisdicción de primer grado, ya que en el segundo grado se limitó a pedir la revocación de la sentencia apelada, que había juzgado tanto el incidente como el fondo del asunto, la Corte a-qua expuso en la sentencia impugnada motivos suficientes y pertinentes que justifican el rechazo del pedimento de nulidad del procedimiento; que además, la sentencia impugnada contiene una relación de los hechos y circunstancias de la causa, a los cuales dio su verdadero sentido y alcance, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, verificar, como Corte de Casación, que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley;

Por tales motivos. Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por The Royal Bank Of. Canadá, contra la sentencia dictada el 9 de agosto de 1982, por la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones civiles, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su distracción a favor del L.. H.S.M., abogado de la recurrida, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad;

Firmado: F.R. de la Fuente, L.V.G. de Peña, L.R.A.C., H.G., M.P.R., A.H.P., G.G.C., J.J.L.C.. M.J., S. General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, S. General, que certifico. (Firmado): M.J..