Sentencia nº 5 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Septiembre de 1998.

Fecha de Resolución:30 de Septiembre de 1998
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; J.G.V., Segundo Sustituto de P.; H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., M.T., J.G.C.P., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 30 de septiembre de 1998, años 155º de la Independencia y 136º de la Restauración, dicta en audiencia pública como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre la acción directa en solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad intentada por el señor M.S.M., mayor de edad, casado, arquitecto, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953, relativa a las apelaciones de las sentencias incidentales en el procedimiento penal;

Vista la instancia depositada en la Suprema Corte de Justicia, el 23 de noviembre de 1995, suscrita por los Dres. A.D.M. y Z.L. de S. y la Licda. K.J.C., en nombre y representación de M.S.M., la cual termina así: "PRIMERO: Declarar bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto de acuerdo con el artículo 67, numeral 1, de la Constitución de la República; SEGUNDO: Declarar la inconstitucionalidad de la Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953 en cuanto afecta el recurso de apelación contra las sentencias rendidas por los juzgados de primera instancia, consagrado por el artículo 71 numeral 1, de la Constitución de la República, al suprimirle el efecto suspensivo cuando el recurso se intenta contra decisiones incidentales de cualquier naturaleza; TERCERO: Declarar las costas de oficio";

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República que termina así: "que se proceda a rechazar el presente recurso de inconstitucionalidad presentado por el señor M.S.M., por los motivos expuestos precedentemente";

Visto el auto dictado el 16 de septiembre de 1998 por el Magistrado J.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con los Magistrados R.L.P., J.G.V., H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., M.T., J.G.C.P., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., Jueces de este Tribunal, para integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la deliberación y el fallo del recurso de inconstitucionalidad de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los artículos 4, 46, 47, 63, 64, 67 y 107 de la Constitución de la República; la Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953 y el artículo 13 de la Ley 156 de 1997;

Considerando, que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo que dispone el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República, conocer en instancia única de la inconstitucionalidad de las leyes, a solicitud del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las cámaras legislativas o de parte interesada; que esa atribución, según se infiere del mismo artículo 4 de la Constitución, no puede ser delegada y los que tienen a su cargo el ejercicio de tales funciones, son responsables del cumplimiento de las mismas, cuya finalidad principal y esencial es asegurar y dar vigencia al principio de la separación de los poderes y la supremacía de la norma sustantiva sobre las leyes adjetivas o cualquier otra disposición que dimane de los poderes públicos, de acuerdo con lo que disponen los artículos 46 y 67 inciso 1, in fine, de la misma Constitución ;

Considerando, que para sustentar su acción por la vía directa, como parte interesada, lo que es correcto, de conformidad al criterio de esta Suprema Corte de Justicia, el impetrante, por órgano de sus abogados, esgrime que el artículo 71 numeral 1, de la Constitución establece el doble grado de jurisdicción, que es necesario mantener con todos sus efectos, pero la Ley 3723 ya nombrada, suprime el efecto suspensivo del recurso de las sentencias incidentales, en materia penal, lo que está regido con los artículos 203 y 282 del Código de Procedimiento Criminal, que consagran el efecto suspensivo de las apelaciones en esta materia, el primero en los delitos y el segundo en los casos criminales;

Considerando, que conforme al criterio del solicitante, al ser abatido ese efecto suspensivo del recurso de apelación de las sentencias incidentales, de cualquier naturaleza, evidentemente contraviene la disposición constitucional que instituye el doble grado de jurisdicción;

Considerando, que la Ley 3723 de 1953 dice textualmente: "En materia represiva los recursos ordinarios o extraordinarios contra las sentencias relativas a los incidentes de cualquier naturaleza no son suspensivos; en consecuencia, los juzgados y cortes están en la obligación de continuar el conocimiento de las causas de que estuvieren apoderados, a pesar de dichos recursos";

Considerando, que de la lectura de la ley cuya inconstitucionalidad anima la instancia del peticionario, se advierte fácilmente que el recurso de apelación de las sentencias rendidas en incidentes, tanto en materia delictual, como criminal, no ha sido suprimido, lo que sí constituiría una vulneración del principio del doble grado de jurisdicción consagrado por nuestra Carta Magna, puesto que todo justiciable tiene derecho a no ser sometido al escrutinio de una sola instancia, sino que lo que hace es regular el efecto suspensivo, para que esos recursos se conozcan conjuntamente con el fondo de los asuntos, que es cosa bien distinta, tal como ha hecho al establecer que las sentencias preparatorias no pueden ser recurridas en casación, sino con las del fondo, y asimismo prohibir el recurso de casación a quienes sufran penalidades superiores a seis meses de prisión, si no están presos o bajo fianza;

Considerando, que la Ley 3723, conforme la exposición de motivos de la misma, tiene la finalidad de hacer más expeditos, rápidos y efectivos los procesos en materia represiva, y evidentemente recogió un clamor popular de la clase jurídica dominicana, hastiada de los contínuos e innumerable incidentes, que trababan el normal y fluido desenvolvimiento de esas dos importantes materias;

Considerando, por otra parte, que el constituyente de 1994, al establecer la acción directa de parte interesada, dejó vigente la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de las leyes por vía de excepción, durante la celebración de una litis, y tratándose como se trata de una cuestión de orden público, el mismo juez, motu proprio podría declararla, y sin embargo, no obstante tener la Ley 3723 de 1953, 45 años de vigencia y haberse planteado en innúmeras ocasiones, tanto en los tribunales inferiores, como en la Suprema Corte de Justicia, nunca dichos magistrados, la han considerado inconstitucional;

Considerando, por último, que tal y como afirma el impetrante, los tribunales tienen el poder jurisdiccional que se plasma en una sentencia, la cual sólo puede ser acatada por la vía de los recursos, pero al poder legislativo no puede mutilársele el derecho de reglamentar esos recursos, sin que con ello se esté vulnerando el principio del doble grado de jurisdicción, que sí sería inconstitucional.

Por tales motivos, Primero: Declara regular, en cuanto a la forma la acción directa incoada por M.S.M. en solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953, cuya parte dispositiva se copia más arriba; Segundo: Rechaza por improcedente e infundada dicha acción, la cual se ajusta plenamente a los postulados de nuestra ley sustantiva; Tercero: Declara las costas de oficio.

Firmado: J.S.I., R.L.P., J.G.V., H.A.V., M.T., J.G.C.P., J.L.V., J.I.R., E.R.P., D.M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., E.M.E.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.