Sentencia nº 8 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Mayo de 2001.

Fecha de Resolución:23 de Mayo de 2001
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las Cámaras reunidas de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces R.L.P., Primer Sustituto de Presidente, J.G.V., Segundo Sustituto de Presidente, H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., M.T., J.G.C.P., J.I.R., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebran sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de mayo del 2001, años 158º de la Independencia y 138º de la Restauración, dictan en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por A.P.H. & Co., C. por A., sociedad comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio y asiento social en esta ciudad, representada por su Presidente, A.P.H.Z., dominicano, mayor de edad, casado, cédula de identificación personal No. 36083, serie 31, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia No. 459-98, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, como corte de envío, el 7 de septiembre de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. F.M.C.G., por sí y por el Lic. J.V.C.S. y el Dr. J.N.C.C., abogados del recurrente, A.P.H. & Co., C. por A.;

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. J.M.G.M., abogado de la recurrida L.H., C. por A.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de junio de 1999, suscrito por el Lic. F.M.C.G., Dr. J.N.C.C., por sí y el Lic. J.V.C.S., abogados de la parte recurrente, mediante el cual se proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de junio de 1999, suscrito por el Dr. J.M.G.M., abogado de la parte recurrida;

Visto el escrito de ampliación y réplica del recurrente, del 29 de febrero del 2000;

Visto el escrito de ampliación y réplica de la recurrida, del 2 de marzo del 2000;

Considerando, que por tratarse en la especie del segundo recurso de casación que se interpone con motivo de la litis de que se trata, de conformidad con lo que dispone la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, compete a las Cámaras reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el conocimiento y fallo del presente asunto;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en reclamación de indemnizaciones por alegados perjuicios en virtud de la Ley No. 173 de 1966, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 25 de agosto de 1980, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra las partes demandadas Louverdrape, Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica, y A.P.H. & Co., C. por A., por no haber comparecido no obstante haber sido legalmente emplazadas; Segundo: Acoge en parte las conclusiones de la parte demandante y consecuencialmente; a) Condena a la razón social Louverdrape Inc., de los Estados Unidos de Norteamérica, solidariamente con A.P.H., & Co., C. por A., a pagar a la firma comercial L. y Hermanos, C. por A., la suma de Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro Pesos oro con 36/100 (RD$839,224.36), como justa reparación de los daños y perjuicios causados por las razones precedentemente expuestas: b) Se condena solidariamente a la Louverdrape, Inc. y A.H. & Co., C. por A., al pago de los intereses legales de dicha suma, a favor de Lorenzo y Hermanos, C. por A., a partir de la fecha de la demanda; Tercero: Se condena solidariamente a la Loverdrape Inc. y a A.P.H. & Co., C. por A., a pago de las costas de la presente instancia, ordenando su distracción en provecho de los Dres. H.F.A.F. y J.M.G.M., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; Cuarto: C. al ministerial J.J.N.N., Alguacil Ordinario de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia; b) que sobre los recursos de apelación interpuestos, la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictó el 14 de mayo de 1982, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Admitir en cuanto a la forma el recurso de apelación; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo dicho recurso; Tercero: La corte obrando por propio imperio modifica el acápite a) del ordinal segundo de la sentencia apelada y la confirma en todos sus demás aspectos para que la misma diga así: "Falla: Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada Louverdrape, Inc., de los Estados Unidos de Norteamérica y A.P.H. & Co. C. por A., por no haber comparecido no obstante haber sido legalmente emplazados; Segundo: Acoge en parte las conclusiones de la parte demandante y consecuentemente: condena a la razón social Louverdrape Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica, solidariamente, con A.P.H. & Co. C x A., a pagar a la firma comercial L.H.C. por A., la suma de Setecientos Treinta Nueve Mil Veinticuatro Pesos Oro con 36/100 (RD$739, 224.36) como justa reparación de los daños y perjuicios causados por las razones precedentemente expuestas; b) Se condena solidariamente a la Louverdrape, Inc. y A.P.H. & Co. C. por A., al pago de los intereses legales de dicha suma a favor de Lorenzo y H.C. por A., a partir de la fecha de la demanda; Tercero: Se condena solidariamente a la Louverdrape, Inc. y a A.P.H. & Co. Por A., al pago de las costas de la presente instancia, ordenando su distracción en provecho de los Dres. H.F.A.F. y J.M.G.M., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; Cuarto: C. al ministerial J.J.N.N., Alguacil Ordinario de este Tribunal para la notificación en la presente sentencia; Quinto: Condena por último a la Louverdrape, Inc. y a la A.P.H. & Co. C. por A., al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho de los doctores J.M.G. y H.F.A.F., por haberlas avanzado en su totalidad"; c) que con motivo del recurso de casación interpuesto por A.P.H. & Co. C. por A., la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia dictó, como Corte de Casación, el 8 de agosto de 1986, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Casa, en cuanto al monto de las indemnizaciones, la sentencia dictada el 14 de mayo de 1982, por la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones Comerciales, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto así delimitado, ante la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís en las mismas atribuciones; Segundo: Rechaza, en sus demás aspectos los recursos interpuestos por L.I., y A.P.H., C. por A.; Tercero: Compensa las costas"; d) que como consecuencia del señalado apoderamiento, la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 7 de septiembre de 1998, la sentencia objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Que debe declarar como al efecto declara, bueno y válido en la forma el presente recurso de apelación, deducido por la empresa Antonio P. Haché & Co. C. por A. y L.I., contra la sentencia del 25 de agosto de 1980, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional; Segundo: Que debe condenar como al efecto condena a los intimantes al pago solidario de una indemnización total de Seiscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos con Un Centavo (RD$686,541.01) en provecho de la razón social L.H., C. por A., valores descompuestos del modo siguiente: a) la suma de RD$480,000.00 en atención a los esfuerzos personales consumados por la intimada, en la introducción y venta de las cortinas de marca L.; y b) la cantidad de RD$206,541.01 por concepto de las prestaciones laborales pagadas a los empleados y trabajadores desahuciados por motivo de la rescisión del contrato de representación exclusiva, publicidad, inversiones en equipos, muebles, sueldos, gastos diversos, exhibición permanente, etc., según facturas y demás comprobantes disponibles; Tercero: Que debe condenar, como al efecto condena, solidariamente a las entidades Louverdrape Inc., y A.P.H. &C., C. por A., al pago de las costas, declarándolas distraídas en privilegio de los Dres. H.F.A.F. y J.M.G.M., quienes aseguran haberlas avanzado";

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación de la ley. Falsa interpretación de la Ley No. 173 de abril de 1966 y los artículos 1382 y siguientes del Código Civil; Segundo Medio: Falta de base legal. Falsa interpretación y alcance de la prueba y desnaturalización de la misma. Violación de la ley. Falsa interpretación de la Ley No. 173, sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos;

Considerando, que en sus dos medios de casación, que se reúnen para su fallo por su evidente relación, la recurrente alega en síntesis, que contrariamente al criterio sustentado por la Corte a-qua en el sentido de que la Ley No. 173 de 1966, consagra un sistema de responsabilidad civil al margen de los criterios y principios generales establecidos en el Código Civil, dicha ley, no obstante su carácter especial se enmarca dentro de los principios generales de la responsabilidad civil, especialmente las de carácter contractual, observando ciertas reglas especiales; que la noción de falta está expresada bajo el término "justa causa" por la que ésta se genera cuando la terminación del contrato se produce "sin justa causa"; que para la determinación del perjuicio, la Ley No. 173 impone un procedimiento específico trazando parámetros que deben cumplirse; que una vez descartada la "justa causa" el derecho a una indemnización es inmediato, sin que sea necesario el establecimiento de la causa del perjuicio;

Considerando, que afirma por otra parte la recurrente, que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el 8 de agosto de 1986, casó la sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictada el 4 de mayo de 1982, en razón de que dicho fallo no estableció en forma fidedigna los perjuicios sufridos por la recurrida, justificativos de la indemnización reclamada por el recurrido; que debido a esa circunstancia, la corte de envío ordenó la realización de un experticio contable con el propósito de examinar no solo los documentos depositados por las partes sino acceder a una fuente de información contable encaminada a establecer los eventuales perjuicios; que al efecto, la Corte a-qua ordenó la presentación de los libros de comercio de la recurrida, sus estados auditados, declaraciones del impuesto sobre la renta y sus liquidaciones; que la presentación de los libros no fue posible debido al alegato de dicha recurrida de que los libros se habían destruido en el incendio de sus locales el 11 de junio de 1988; que esta negativa de la recurrida tuvo como resultado que el informe presentado por el perito designado se fundamentó únicamente en los estados financieros depositados en la Dirección General del Impuesto sobre la Renta y otros documentos que reposan en la Corte a-qua, los que solo muestran la actividad general de la recurrida en todas sus líneas y servicios, no así los detalles que podrían cuantificar, en términos contables, los resultados y ganancias netas obtenidas en los negocios, respecto de algunas líneas desarrolladas por la recurrida; que en relación con la suma de RD$480,000.00, reclamada por la recurrida por los esfuerzos personales que desarrolló en beneficio exclusivo del negocio del que se le privó, el experto designado no dispuso de elementos de juicio razonables para su evaluación; que la Corte a-qua incurrió en el vicio de falta de base legal cuando no ponderó correctamente el experticio que ordenó a cargo del L.. F.A.M., aplicando incorrectamente el artículo 3 de la Ley No. 173 de 1966, que establece una limitación legal respecto de la fijación del monto de las indemnizaciones; que, afirma la recurrente, lo expuesto demuestra que ni ante la Corte a-qua, ni frente al perito designado, se aportó ningún medio de prueba contundente, de las ganancias o pérdidas percibidas por la recurrida en su gestión de la línea L.; que la aplicación errónea de las normas legales señaladas y falta de prueba según lo prevé el indicado artículo 3 de la Ley No. 173, justifican la casación de la sentencia impugnada;

Considerando, que un análisis de la sentencia de envío, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 8 de agosto de 1986, evidencia que ésta casó el fallo de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictada el 14 de mayo de 1982, por falta de base legal, exclusivamente en el aspecto del medio relativo al monto de las indemnizaciones acordadas a la recurrida, en razón de que dicha corte se basó exclusivamente en el informe del Contador Público Lic. C.V. el que, por no haberse depositado en el expediente, impidió a la Suprema Corte de Justicia ser objeto de las necesarias precisiones; que tampoco la sentencia impugnada precisa las diferentes partidas encaminadas a determinar el monto de la indemnización acordada a dicha recurrida, ni se explica como se llegó a establecer el valor de las partidas correspondientes; que en relación con los demás aspectos de los recursos interpuestos por Louverdrape Inc. y A.P.H. & Co. C. por A., fusionados, relativos a la determinación de la naturaleza jurídica del contrato de concesión suscrito con la recurrida, así como otros aspectos relacionados con la justa causa, el daño y la causalidad, la Corte a-qua se fundamentó en los documentos aportados al debate, dándoles su verdadero sentido y alcance, así como en el artículo 1ro. de la Ley No. 173 de 1966, por lo que dichos medios de casación fueron desestimados; que en consecuencia, el apoderamiento de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, como corte de envío, quedó limitado al aspecto de las indemnizaciones en provecho del recurrido, adquiriendo los demás aspectos del recurso de que se trata, la autoridad de la cosa juzgada;

Considerando, que consta en la sentencia impugnada que en razón de que la Corte de Casación verificó y estableció las responsabilidades de la recurrente frente a la recurrida, las que ya habían sido admitidas por la jurisdicción de primer grado y la Corte de Apelación de Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia casó la indicada sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo sólo en el aspecto referente a las indemnizaciones, al monto de éstas y las partidas en base a las cuales serían eventualmente pagadas a la parte recurrida; que, en tal virtud no era de la competencia de la Corte a-qua estatuir y juzgar sobre los puntos y aspectos que no están en discusión, sino única y exclusivamente respecto del monto de las indemnizaciones a ser pagadas, asumiendo dicha Corte a-qua que la Ley No. 173 de 1966, no se rige por los principios generales del Código Civil sino en base a una tarifa y criterios específicos pautados limitativamente en el artículo 3 de dicha ley; que, de conformidad con la motivación dada por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de envío, del 8 de agosto de 1986, la casación de la sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo se produjo en vista de que la fijación de la indemnización a favor del recurrido, solo fue sustentada por el informe del L.. C.A.V., que, como se ha expresado, carecía de detalles y precisiones para llegar a los valores atribuidos; que, para dejar establecidos los señalados aspectos, fue ordenado un experticio a cargo del L.. F.A.M., a fin de precisar las siguientes partidas: a) pérdidas por los esfuerzos personales hechos en beneficio del negocio objeto de la concesión, incluyendo prestaciones laborales; b) adquisición o arrendamiento de locales, equipo, mobiliario, etc, en provecho del negocio; c) promociones; d) beneficios brutos durante los últimos cinco años, en la venta de las cortinas marca L., y de no llegar a los cinco años la vigencia del contrato, cinco veces el promedio anual de los beneficios brutos capitalizados durante los últimos años;

Considerando, que consta, por otra parte, en la sentencia impugnada, que el perito expresó respecto de la primera partida, que se trata de montos no cuantificables matemáticamente, los que, según su criterio, quedan sujetos a la apreciación soberana de los jueces; que, en uso de esas facultades dicha Corte a-qua acogió la suma de RD$480,000.00 reclamada por dicho recurrido como la justa reparación por los esfuerzos personales en la introducción del producto en el mercado nacional, por considerarla no excesiva, si se toma en cuenta los índices de inflación de los años ochenta y el proceso de devaluación de la moneda;

Considerando, que respecto de las partidas segunda y tercera, incluyendo el monto de las prestaciones laborales, la Corte a-qua fijó las mismas, en la suma de RD$206,541.01 por constituir el resultado de la sumatoria de las facturas, recibos y demás comprobantes de pago que constan en el expediente, a las que tuvo acceso el perito designado, por corresponder a inversiones de la recurrida en equipos, manejo, publicidad, alquileres, sueldos de los trabajadores, bonificaciones, prestaciones etc.; que la última partida fue desestimada por la Corte a-qua en razón de la ausencia de pruebas y datos concretos que hubieran servido de base en la fijación de la indemnización; ello así en razón de que no fue posible examinar los libros de comercio y estados financieros de la recurrida, que se le requirieron para determinar los beneficios brutos de la empresa, por haber alegado ésta su desaparición en el incendio acontecido en Plaza Naco el 11 de junio de 1988, ni existir otros informes que hubieran permitido al perito determinar con exactitud o aproximación, las ganancias capitalizadas en la comercialización de las cortinas verticales L., exclusivamente;

Considerando, que la sentencia impugnada, dentro de los límites fijados por el envío de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 8 de agosto de 1986, fijó las condenaciones en perjuicio de la recurrente, respetando, en su cuantía, las bases establecidas en el artículo 3 de la Ley No. 173 de 1966 sobre Protección de los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, de acuerdo con los resultados del experticio ordenado por dicha corte, y la prueba escrita aportada al debate, haciendo uso de su poder soberano de apreciación respecto de los elementos de prueba disímiles, acogiendo los que le parecieron más verosímiles y ajustados a la verdad de los hechos; que en uso de sus facultades, dio motivos pertinentes y suficientes que han permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley por lo que el fallo impugnado no ha incurrido en las violaciones legales invocadas por la recurrente; que en consecuencia, procede desestimar por improcedente, el recurso de casación de que se trata.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A.P.H. & Co., C. por A., contra la sentencia No. 459-98 dictada el 7 de septiembre de 1998, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís como tribunal de envío; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del Dr. J.M.G.M., por afirmar haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: R.L.P., H.A.V., J.G.V., A.R.B.D., E.M.E., M.T., J.G.C.P., V.J.C.E., J.I.R., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S., E.R.P.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.