Sentencia nº 12 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Agosto de 2000.

Fecha de Resolución:23 de Agosto de 2000
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; J.G.V., Segundo Sustituto de P.; A.R.B.D., V.J.C.E., M.T., E.M.E., J.G.C.P., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de agosto del 2000, años 157º de la Independencia y 138º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre la acción en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, Inc. (ACOPROVI), institución sin fines de lucro, constituida de conformidad con la Ley No. 520 del 1920, con su domicilio en el No. 11 de la calle S.N., del Ens. Naco, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, el ingeniero J.R.M.B., dominicano, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral No. 001-0392121-2, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la Resolución No. 130, del año 1962, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional;

Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el 15 de diciembre de 1999, suscrita por el Dr. C.A.B. y el Lic. F.R.F.R., en representación de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, Inc. (ACOPROVI), que concluye así: "Primero: Declarar bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto de conformidad con el artículo 67, numeral 1, de la Constitución de la República, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, declarar la inconstitucionalidad de la Resolución No. 130-62, de fecha 13 de septiembre de 1962, por la misma violar los artículos 46 y 85 de la Constitución de la República, al cobrarse un tributo que se encuentra contenido en la Ley 18-88, del año 1988, y violando los artículos 101 y 102 de la Ley 3456, del 21 de diciembre del año 1952; Tercero: Declara las costas de oficio";

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 3 de abril del 2000, que concluye así: "Unico: Declarar inadmisible la acción en declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de la Resolución No. 130, del año 1962, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional"; La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por la impetrante y los artículos 8, acápite 2, inciso j; 5, 100, 109 y 46 de la Constitución de la República; 13 de la Ley No. 156 de 1997; la Ley No. 18-88, del 5 de febrero de 1988 y, la Resolución No. 130 del 13 de septiembre de 1962, dictada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional;

Considerando, que el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución de la República dispone que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada;

Considerando, que el canon constitucional arriba enunciado ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, en su sentencia del 6 de agosto de 1998, en el sentido de que la acción en inconstitucionalidad por vía directa o principal puede ser llevada ante ella, no sólo contra la ley en sentido estricto, esto es, las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino también contra toda norma social obligatoria, como los decretos, resoluciones y actos emanados de lo poderes públicos; que este criterio lo reafirma el hecho de que el artículo 67, inciso 1 de la Constitución, cuando expresa que a la Suprema Corte de Justicia corresponde de manera exclusiva "conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes", no hace distinción entre ley en sentido estricto y otras normas obligatorias; que si esa hubiese sido la intención del constituyente, es decir, la de referirse exclusivamente a la ley emanada del Congreso Nacional, lo hubiera expresado sin ambages;

Considerando, que en el caso de la especie, la impetrante alega que la Resolución No. 130, del año 1962, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, es violatoria al artículo 46 de la Constitución y por consiguiente sujeta a la nulidad consagrada por esta Carta Sustantiva, así como también sostiene que dicha resolución contradice al artículo 85 de la misma Constitución, que dispone que los ayuntamientos, con la aprobación que la ley le requiera, establecen arbitrios, siempre que éstos no colidan con los impuestos nacionales, pero esta resolución municipal crea un impuesto sobre solares no edificados dentro de un polígono determinado de la ciudad de Santo Domingo y posteriormente se promulgó la Ley No. 18-88, del 5 de febrero de 1988, que crea el impuesto sobre vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, con autoridad impositiva para todo el territorio nacional y disponiendo que un 20 por ciento de su producción total se destine a favor de los ayuntamientos del país;

Considerando, que, como se advierte, la Resolución No. 130-62, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el 13 de septiembre de 1962, preexistía cuando fue promulgada y publicada la Ley No. 18-88, que establece un impuesto sobre las viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados, como lo hace igualmente la resolución para esto último en el Distrito Nacional;

Considerando, que la referida resolución al momento de ser emitida no contravenía la disposición del artículo 85 de la Constitución que faculta a los ayuntamientos, con la aprobación que la ley requiera, a establecer arbitrios, siempre que éstos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio inter-municipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes, en razón de que a esa fecha no colidía con ninguna disposición legal o constitucional vigente que estableciera algún impuesto nacional que versara sobre el mismo hecho generador del arbitrio consagrado en la resolución; que es innegable, sin embargo, que al ser puesta en vigor la Ley No. 18-88, el 5 de febrero de 1988, la resolución municipal señalada, a partir de ese momento, entró en conflicto con aquella, pues al crear la ley un derecho en favor del Estado sobre el mismo objeto por ella perseguido: la percepción de un impuesto sobre solares urbanos no edificados, se produjo la situación prevista por el artículo 85, parte in fine, de la Constitución, que prohibe la coexistencia del arbitrio municipal con el impuesto nacional, o sea, la existencia, en este caso, del fenómeno de la doble tributación;

Considerando, que en el caso ocurrente, hay colisión entre los derechos que generan el arbitrio y el impuesto al recaer sobre un mismo objeto; que esto último lo confirma la misma Ley No. 18-88, al disponer en el párrafo II de su artículo 3, que del producido total de esta ley se destinará un veinte por ciento (20%) a favor de los ayuntamientos del país; que si bien la colisión, en la especie, se produce entre una resolución municipal y una ley, de lo que podría inferirse que se trata de un caso de ilegalidad, la cuestión se vincula al control de la constitucionalidad, al ser la propia Constitución en su artículo 85, la que condiciona la validez de los arbitrios municipales a que éstos no colidan con los impuestos nacionales? o las leyes; que, como se ha visto, la Ley No. 18-88, que crea, además, el impuesto sobre solares urbanos no edificados, y que tiene carácter nacional, debe prevalecer sobre la Resolución No. 130-62, mencionada.

Por tales motivos, Primero: Se declara que ha devenido no conforme al artículo 85 de la Constitución de la República, la Resolución Municipal No. 130, dictada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el 13 de septiembre de 1962, y, por consiguiente, se pronuncia la nulidad de dicha resolución; Segundo: Ordena que la presente sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar, y publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

Firmado: J.S.I., R.L.P., J.G.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., J.I.R., J.G.C.P., J.L.V., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.A.S., E.R.P. y M.T.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.