Sentencia nº 33 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Agosto de 2000.

• Número de sentencia: 33
• Fecha: 23 Agosto 2000
• Número de resolución: 33
• Emisor: Pleno

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; J.G.V., Segundo Sustituto de P.; A.R.B.D., M.T., J.G.C.P., J.I.R., V.J.C.E., E.M.E., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., E.R.P. y J.A.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de agosto del 2000, años 157º de la Independencia y 138º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre la acción en inconstitucionalidad interpuesta por J.A.N., dominicano, mayor de edad, ingeniero, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0103059-4, domiciliado y residente en la avenida Independencia esquina Profesor Esteban Suazo, de esta ciudad, contra la Ley No. 6-86, del 4 de marzo de 1986, y su reglamento operativo previsto en el Decreto No. 683, del 5 de agosto de 1986;

Vista la instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de marzo de 1998, por el Dr. A.F.S., por sí y por la Licda. S.S.L., que concluye así: "Primero: Que declaréis la inconstitucionalidad de la Ley No. 6-86, de fecha 4 de marzo de 1986, así como su reglamento operativo previsto en el Decreto No. 683 del 5 de agosto de 1986, por los siguientes motivos: 1.- Dicha Ley No. 6-86, viola meridianamente el Art. 100 de la Constitución de la República, porqué?; a) Crea un privilegio en beneficio de un grupo (trabajadores sindicalizados de la industria de la construcción); b) Quebranta, por tanto, la igualdad entre los nacionales dominicanos; 2.- Viola el artículo 8, numerales 5, 7 y 11 letra a) de la Constitución, porqué? a) Entraña una violación a la libertad sindical al constreñir a los trabajadores no sindicalizados para que se afilien u organicen sindicalmente a fin de merecer el privilegio que establece, no obstante, éstos tienen que contribuir a la cuota del 1%; b) V. la libertad de asociación consagrada en el artículo 8, número 7 de la Constitución; 3.- Viola el artículo 47, in fine de la Constitución, porque quebranta la seguridad jurídica que garantiza la irretroactividad de la ley; 4.- Porque el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores Sindicalizados de la Construcción y sus Afines, está usurpando funciones que le competen a la Dirección General de Rentas Internas, quien es el principal fiscalizador y poniendo a cargo de éste asuntos que no le son propios, lo que hace radicalmente nula e ineficaz su actuación y demanda y/o requerimiento; 5.- Viola el artículo 55 de la Constitución en su inciso 3, porque establece a favor de particulares, toda vez que es obligación del Estado velar por las buenas recaudaciones y la fiel inversión de las rentas nacionales (Arts. 102, 110 y 113, rentas y particulares); Segundo: Que en consecuencia, y de acuerdo al Art. 46 de la Constitución de la República, "son nulos de pleno derecho, toda ley, decreto, regulación, reglamento o actos contrarios a la Constitución" (Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tanto, que se declaréis inconstitucional la Ley 6-86 del 4 de marzo de 1986; Tercero: Que se condene al Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores Sindicalizados de la Construcción y Afines, al pago de las costas con distracción de las mismas, en provecho del Dr. A.F.S., L.. S.S.L., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad";

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 14 de julio de 1999, que termina así: "Primero: Declarar la nulidad de la acción en inconstitucionalidad formulada por los Dres. F.S. y S.S.L., a nombre y representación del Ing. J.A.N., por falta de citación al Estado Dominicano, lo que constituye una violación a la norma constitucional contenida en el artículo 8, que consagra el debido proceso; Segundo: Darle acta en el sentido de que una vez se hayan cumplido las disposiciones legales que garanticen el derecho de defensa del Estado Dominicano, el Procurador General de la República procederá a formular otras conclusiones con relación a la acción de que se trata"; La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por el impetrante y los artículos 8, numerales 5, 7, 11 y 17; 67, inciso 1; 47; 55, inciso 3 y 100 de la Constitución de la República; L.N. 6-86, del 4 de marzo de 1986; el Decreto No. 683-86, del 5 de agosto de 1986, que contiene el reglamento operativo para la aplicación de la ley, y el artículo 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Considerando, que por sentencia dictada por esta Suprema Corte de Justicia, el 19 de julio del 2000, se decidió que la Ley No. 6-86, del 4 de marzo de 1986, y el Decreto No. 683, del 5 de agosto de 1986 que contiene el reglamento operativo, no son contrarios a la Constitución, rechazando la acción elevada contra dichas normas jurídicas, por lo que no procede juzgar de nuevo la inconstitucionalidad de los mismos, ya que tal cuestión ha sido resuelta con carácter de cosa juzgada y con efecto erga omnes.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por J.A.N., contra la Ley No. 6-86, del 4 de marzo de 1986, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores Sindicalizados de la Construcción y sus Afines, y el Decreto No. 683 del 5 de agosto de 1986; Segundo: Ordena que la presente sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar, y publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

Firmado: J.S.I., R.L.P., J.G.V., J.G.C.P., V.J.C.E., M.T., A.R.B.D., J.I.R., E.H.M., E.M.E., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S., E.R.P.. G.A.S. General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.