Sentencia nº 274 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Diciembre de 2013.

Fecha de Resolución:26 de Diciembre de 2013
Emisor:Primera Sala
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Fecha: 26/12/2013

Materia: Constitucional

Recurrente(s): M.R.T.L.

Abogado(s):

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

DIOS, Patria y Libertad

República Dominicana

Sentencia TC/0274/13. Expediente núm. TC-01-2001-0011, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por M.R.T.L., contra la Ley núm. 91, de fecha tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que crea el Colegio de Abogados de la República.

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.R.G., J.P.; L.M.P.M., Jueza Primera Sustituta; L.V.S., Juez Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, A.I.B.H.; J.P.C.K., V.J.C.P., J.C.D., R.D.F., V.G.B., K.M.J.M. e I.R., Jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de julio de 2011, dicta la siguiente sentencia:

ANTECEDENTES

  1. Descripción de la norma impugnada

    1.1. La ley atacada de inconstitucionalidad es la núm. 91, de fecha tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que crea el Colegio de Abogados de la República, cuyo texto copiado textualmente desde la Gaceta Oficial núm. 9606, del 16 de febrero de 1983, es como sigue:

    LEY 91, QUE INSTITUYE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA

    G. o. NO. 9606, del 16 de febrero de 1983

    EL CONGRESO NACIONAL

    En Nombre de la República

    NÚMERO: 91

    CONSIDERANDO: Que la institución por Ley del Colegio de Abogados de la República constituye una perentoria necesidad para todo el país, a los fines de establecer cánones de conducta y eficiencia que le permitan a la sociedad dominicana esperar de los abogados un ejercicio profesional idóneo;

    CONSIDERANDO: Que las normas morales atinentes al ejercicio de las profesiones jurídicas, así como el óptimo nivel técnico legal de las mismas no se han visto suficientemente garantizadas ni por las disposiciones del capítulo 20 de la Ley de Organización Judicial ni, asimismo por el Reglamento para la Policía de las profesiones jurídicas;

    CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas, es necesario que el Estado a través de su poder correspondiente, legisle de una manera tal que instituya una corporación de derecho público interno y de carácter autónomo que, en una forma mandatoria establezca un instrumento legal cuyas disposiciones aseguren a los profesionales del derecho una autogestión que someta sus ejercicios a exigencias morales y técnicas acordes con los mejores intereses del sector que ellos representan de toda la sociedad en general;

    CONSIDERANDO: Que el Colegio de Abogados de la República que debe instruirse por ley vendría a garantizar la función social y moral del ejercicio de la profesión jurídica, así como a establecer normas, procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material como en el orden social y espiritual:

    HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

    Art. 1. Por la presente Ley se instituye el Colegio de Abogados de la República, como corporación de derecho público interno de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede y domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo.

    Art. 2. Los fines del Colegio son los siguientes:

    A.O. y unir a los abogados de la República estimulando el espíritu de solidaridad entre sus miembros.

    B. Defender los derechos de los abogados y el respeto y la consideración que merecen y se merecen entre ellos, así como los intereses morales, intelectuales y mátenlos de su profesión.

    C. Adoptar un código de Ética Profesional.

    D. Impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico, procurando el progreso de la legislación mediante el estudio profundo y sistemático de la ciencia jurídica en todas sus vertientes y especialidades.

    E.M. relaciones con las demás entidades de orden profesional del país, así como con las similares del extranjero, persiguiendo una amplia y eficaz colaboración con las mismas.

    F.A. y orientar a los abogados recién graduados, en todos los problemas relativos al ejercicio profesional.

    G.P. y obtener la ayuda mutua de sus miembros; concertar toda clase de seguros que puedan ampararlos en casos de enfermedad, invalidez o cualquier otro riesgo, así como sus familiares en caso de muerte u otras causas atendibles.

    H. Establecer un servicio permanente y gratuito de asistencia y defensa de las personas de escasos recursos económicos, de acuerdo con el reglamento que dictará al efecto.

    1. Prestar asesoría a los órganos del Congreso Nacional, de manera espontánea o cuando ello le fuere requerido, a título de información u observación en torno a proyectos de leyes o reformas de las mismas.

    Art. 3. Para la consecución de sus fines, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA tendrá facultad:

    1. Para existir a perpetuidad bajo ese nombre, demandar y ser demandado, así como para ejercer todos los derechos que corresponda a una persona moral.

    2. Para poseer y usar un sello que sólo será modificado por expresa decisión asumida por el Colegio.

    3. Para adquirir derechos y bienes; Tanto muebles como inmuebles, por donación, compra o por cualquier otro modo, poseerlos, disponer de los mismos de cualquier forma, siempre dentro de los mecanismos institucionales permitidos y reconocidos en el Estatuto Orgánico del Colegio.

    4. Para adoptar su Estatuto Orgánico, el cual será obligatorio para todos los miembros del Colegio según lo disponga la Asamblea prevista en el artículo 14 de esta Ley, o, en su defecto, la Junta que más adelante se establece, así como para enmendar dicho Estatuto en la forma y mediante los requisitos que en el mismo se estatuyan.

    5. Para nombrar directores y funcionarios en el seno de sus organismos.

    6. Para recibiré investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión, pudiendo si encontrare causa fundada, incoar el correspondiente procedimiento y proveer, por sí mismo, sanciones en jurisdicción disciplinarias, conforme las disposiciones correspondientes de su código de ética. Queda expresamente derogado por esta Ley el artículo 142 de la Ley de Organización Judicial. Las decisiones intervenidas en materia disciplinaria podrán ser apeladas por ante la Suprema Corte de Justicia.

    7. Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión y, mediante la creación de cajas de retiro, socorro, sistemas de seguros, fondos especiales, cooperativas o en cualquier otra forma, para asistir a aquellos que se retiren por inhabilidad física o mental, avanzada edad, así como a los herederos o a los beneficiarios de los que fallezcan.

    8. Para crear centros de capacitación y especialización profesional, de recreación, bibliotecas, comedores, publicaciones y otras obras de carácter social y cultural para promover el desarrollo integral de sus miembros.

    9. Mantener vivo el culto de la justicia y propugnar por el respeto de la Constitución y de las Leyes y por el mejoramiento de la organización judicial y administrativa.

    10. Para realizar todos los actos que fueren necesarios o convenientes a los fines de su creación y que no estuvieren en desacuerdo con la Ley.

      CAPÍTULO II

      DE LOS MIEMBROS

      Art. 4. Serán miembros del Colegio de Abogados de la República, todos los abogados que estén admitidos a postular ante los tribunales de la República y cumplan los deberes que esta ley señala y los que se establezcan en el Estatuto, Código de Ética Profesional o cualesquiera otras disposiciones que adopte la Asamblea General.

      PÁRRAFO I: A los efectos de la presente ley, se considerará abogado a toda persona física, nacional o extranjera, que haya obtenido título de abogado en la República, o revalidado el que haya sido expedido en el extranjero, o aquellos abogados de otros países cuyos gobiernos mantuvieren con el de nuestro país instrumentos jurídicos en los que se establezca la reciprocidad en el ejercicio profesional.

      PÁRRAFO II: Para tener el derecho a ejercer la profesión de Abogado se requerirá estar inscrito como miembro activo del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

      CAPÍTULO III

      DE LA ORGANIZACIÓN

      Art. 5. Regirá los destinos del Colegio, en Primer término su Asamblea General; y en Segundo término su Junta Directiva, la cual será elegida por la Asamblea General.

      Art. 6. El Estatuto Orgánico establecerá el número de funcionarios de la Junta Directiva y de una Seccional en cada Distrito Judicial, los cuales habrán de elegirse, funcionar y cumplir sus deberes en la forma y en las condiciones que el propio Estatuto señale. En la elección o designación de quienes hayan de constituirlas, sólo participarán abogados cuyos B. están abiertos en las respectivas demarcaciones territoriales de las seccionales.

      Art. 7. El Estatuto dispondrá lo que no se haya previsto en la presente Ley, incluyendo lo concerniente a funciones, deberes y procedimientos de todos sus organismos y funcionarios.

      CAPÍTULO IV

      DE LAS FRANQUICIAS

      Art. 8. El Colegio de Abogados de la República para la realización de sus fines, gozará:

    11. De franquicia postal y telegráfica; y

    12. De exoneración de todos los impuestos y derechos nacionales.

      CAPÍTULO V

      DE LAS CUOTAS

      Art. 9. Los miembros del Colegio pagarán cuotas en el monto, en la fecha y en los plazos que fija el Estatuto.

      Art. 10. Cualquier miembro que no pague su cuota perderá sus derechos, pero podrá rehabilitarse mediante la aplicación del mecanismo que establezca el Estatuto del Colegio.

      Art. 11. El Estado a través de la Dirección General de Rentas Internas, expedirá sellos de color rojo con una balanza de la justicia impresa en su centro como emblema o símbolo. Estos sellos serán de distinto valor o monto conforme a la siguiente escala de actos judiciales y extra judiciales, a los que deberán adherirse, a saber:

    13. Actos de alguaciles..................................................................... RD$ 0.30

    14. Sentencia de Tribunales..............................................................RD$ 0.75

    15. Contratos incluyendo constitución de compañías de conformidad con la siguiente escala:

  2. Hasta RD$ 5,000.00.....................................................................RD$ 1.25

  3. De RD$ 5,000.00 a RD$ 10,000.00.............................................RD$ 3.25

  4. De RD$ 10,000.00 en adelante....................................................RD$ 5.25

    1. Conclusiones:

  5. Juzgado de Paz.............................................................................RD$ 0.75

  6. Primera Instancia..........................................................................................RD$ 1.25

  7. Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.……….…….…....RD$ 1.25

  8. Corte de Apelación....................................................................................... RD$ 2.50

  9. Tribunal Superior de Tierras......................................................RD$ 2.50

  10. Suprema Corte de Justicia.........................................................RD$ 4.50

    1. Instancia a tribunales o representantes de Ministerio Público. RD$ 0.30

    2. Reclamación de valores ante instituciones.................................RD$ 0.75

    PÁRRAFO I: Quedan exentos de la anterior disposición las actuaciones ante los Tribunales Laborales y de H.H..

    PÁRRAFO II: El noventa por ciento (90%) del importe de los sellos será entregado al Colegio de Abogados de la República y éste importe será destinado para fines de cajas de retiro, socorro y seguros a favor de los abogados y de sus herederos y otros fines ya indicados en el ordinal g) del artículo 3 de la presente Ley, así como los que señalen los Estatutos. El restante diez por ciento (10%) será retenido por el Estado para cubrir los gastos que ocasione la ejecución administrativa de la presente Ley.

    PÁRRAFO III: El Tesorero General de la República está obligado a rendir cuenta y a poner cada tres meses a disposición del Colegio el 90% de los ingresos. Estos ingresos constituyen montos parciales resultantes de los términos contractuales mediante los cuales se fijan en cada caso los honorarios profesionales que reciben los Abogados de sus clientes, y que se convierten, en virtud de esta ley, en contribuciones individuales de cada Abogado remitidas para nutrir el fondo general patrimonial del Colegio.

    PÁRRAFO IV: La negativa del Director de la Oficina del Tesoro General de la República a cumplir con lo dispuesto en el párrafo precedentemente, será castigada con prisión de 6 meses a 1 año y multa de RD$ 1,000.00 a RD$ 5,000.00 pesos, sin perjuicio de las acciones civiles que pueden incoarse. La reincidencia se castigará con el doble de la pena.

    Art. 12. A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad profesional del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado universitario en derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.

    Art. 13. Quedan sometidos a la presente Ley, en consecuencia, sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean: docentes o investigadores en las universidades del país, todos los Jueces de la República; Defensores de Oficio; Representantes del Ministerio Público; Notarios y Consultores o Asesores Jurídicos de personas físicas o morales, tanto pública o privada preste el concurso de su asesoramiento.

    Art. 14.El Abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de su cultura y su técnica y de aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa que realiza. Asimismo, debe ser prudente en el consejo, sereno en la acción y proceder con lealtad frente a su cliente, colaborando con el Juez para el triunfo de la justicia.

    Art. 15. Los Abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se le confíe de oficio, salvo negativa razonada sin que puedan exigir el pago de honorarios a su defendido.

    Art. 16. El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas necesarias para la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. La Abogacía no puede considerarse como una actividad comercial e industrial y, en esa virtud no podrá ser gravada con impuestos de esa naturaleza. Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales y sólo se distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de sus causantes o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus herederos. Podrán usarse las calificaciones de "Bufete", "Escritorio" o "Despacho de Abogados", o cualquier término equivalente.

    Art. 17. Toda persona física o moral, asociación de cualquier tipo que sea, Corporación o persona de derecho público interno de la naturaleza que fuere, para ostentar representación en justicia deberá hacerlo mediante constitución de abogado. En consecuencia, los magistrados jueces de las órdenes judicial y contencioso-administrativo sólo admitirán como representantes de terceros a abogados debidamente identificados mediante el carnet expedido por el Colegio.

    Sólo se exceptúan de esta regla la materia laboral y la acción constitucional de Habeas Corpus. Asimismo podrán postular en materia criminal los estudiantes de derecho, debidamente identificados y autorizados por el Juez P. del Tribunal.

    PÁRRAFO: La violación de las disposiciones de este artículo se castigará con la destitución del cargo y la nulidad absoluta del acto.

    Art. 18. Los jueces, miembros del Ministerio Público, R. de Títulos, S.s Administrativos e I.F. se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de propiedad, documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deba inscribirse en los registros que sean, instancias, escritos de defensas, réplicas, memoriales, declaraciones de herencia, documentos supletorios o complementarios y, en general, toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados y firmados por un abogado o notario público el cual deberá indicar, el número correspondiente a su matrícula en el Colegio de Abogados de la República. Todo ello, sin perjuicio de la excepción contemplada en el artículo precedente.

    PÁRRAFO: Cuando se pretenda que un documento redactado en el extranjero surta efectos en la República Dominicana, el mismo deberá ser firmado por un abogado en ejercicio en el país.

    Art. 19. Ejercen ilegalmente la profesión de abogado quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como tales, se atribuyan ese carácter ostentando placas, insignias, emblemas o membretes que hagan suponer una condición profesional jurídica en quien o quienes las exhiban.

    PÁRRAFO: También ejercen ilegalmente la profesión los abogados que actúen contrariando las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, así como aquellos que ejerzan o pretendan ejercer sin estar inscritos en el Colegio que por la presente Ley se instituye.

    Art. 20. Toda persona que sin estar debidamente admitida para el ejercicio de la profesión, según se dispone por esta Ley, o que durante su suspensión como miembro, ejerza la profesión de abogado, se anuncie como tal o trate de hacerse pasar como abogado en ejercicio, será castigado con multa de Quinientos Pesos Oro (RD$ 500,00) a Mil Pesos Oro (RD$ 1,000.00) o prisión de dos meses a un año, o ambas penas. Los Jueces Fiscales y demás autoridades públicas velarán por el cumplimiento de esta disposición en lo que atañe a los abogados que practiquen diligencias judiciales o extrajudiciales ante los tribunales, juzgados, fiscalías u otras oficinas a su cargo, constituyendo falta grave la violación por parte de ellos de la presente disposición.

    Art. 21. Las acciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de Policía de las profesiones jurídicas, deberán ser incoados por ante el Colegio de Abogados de la República y su jurisdicción disciplinaria correspondiente, quedando por consiguiente, derogado el párrafo tercero del artículo dos del Decreto 6050 del 26 de septiembre de 1949, contentivo de dicho Reglamento. Todo ello sin perjuicio de la competencia, en segundo grado, conferida a la Suprema Corte de Justicia en el Párrafo "F", in fine, del Art. 3 de la presente Ley.

    Art. 22. Queda encargada de la ejecución de la presente Ley, dentro de los seis (6) meses subsiguientes a su promulgación, la Procuraduría General de la República, con la asistencia y concurso de todas las asociaciones de abogados del país que estén debidamente organizadas e incorporadas y su texto deroga cualquier otra ley que le sea contraria.

    DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril del año mil novecientos ochenta y dos; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración. (Fdos.-): H. De Camps, P.; J.A.M.V., S.; J.A.L.G., S..

    DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los doce días del mes de enero del año mil novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración.

    J.M.A., P.; R.F.C.R., S.; J.A.C.S., S..

    SALVADOR J.B.;

    P. de la República Dominicana

    En ejercicio de tas atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República.

    PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

    DADA en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de febrero del año mil novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración.

    SALVADOR J.B.

  11. Pretensiones del accionante;

    2.1. Breve descripción del caso;

    2.1.1. El accionante, M.R.T.L., mediante instancia del dieciocho (18) de octubre de dos mil uno (2001), apoderó a la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, para que proclame la inconstitucionalidad íntegra de la Ley núm. 91, del dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que crea el Colegio de Abogados de la República.

    2.1.2. El solicitante emprendió dicha acción porque la norma acusada fue "conocida y aprobada en tres legislaturas consecutivas, en una grosera violación de lo preceptuado en el artículo 41 de nuestra Carta Sustantiva." El referido texto legal se corresponde, mutatis mutandis, con el artículo 104 de la vigente Constitución, el cual dispone: Los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado.

    2.2. Infracciones constitucionales alegadas;

    2.2.1. El accionante invoca que en la aprobación de la aludida ley se violó la letra y espíritu de los artículos 46 y 41, párrafo I de la Constitución de 1994,que se corresponden con los artículos 6, parte in-fine y 104 de la actual Carta Magna, que expresan lo siguiente:

    Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

    Artículo 104.- Vigencia de un proyecto de ley. Los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado.

  12. Pruebas documentales

    3.1. En el expediente objeto de esta acción directa de inconstitucionalidad solamente se depositó, en apoyo a las pretensiones del accionante, el documento siguiente:

  13. Copia de certificación, de fecha diecinueve (19) de abril de mil novecientos ochenta y nueve (1989), expedida a solicitud del señor J.A.G.Á., contralor general de la República, firmada por los señores S.A.G.G. y A.F.P. en sus funciones de secretario y secretario Ad-Hoc, respectivamente, del Senado de la República Dominicana.

  14. Hechos y argumentos jurídicos del accionante;

    4.1. El solicitante pretende la declaratoria íntegra por inconstitucionalidad de la Ley núm. 91, de fecha tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que crea el Colegio de Abogados de la República y, para justificar dicha pretensión, alega lo siguiente:

    1. El artículo 41, párrafo I de la Constitución de la República dice que: Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de las dos cámaras al cerrarse la legislatura, deberán seguir los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o ser rechazados. Cuando esto no ocurriera así, se considerará el proyecto como no iniciado.

    2. El aserto anterior se basa en la certificación expedida por los señores A.F.P. y S.G.G., en funciones de secretario Ad-hoc y secretario, respectivamente, del Senado de la República, en fecha 19 de abril de 1989, certificación que permite el proceso de discusión y aprobación de dicha ley.

    3. Según consta en esa certificación, la aprobación del proyecto de Ley en cuestión se inició en la Cámara de Diputados, en la cual fue reintroducido por el diputado Dr. R.V.B. en fecha 6 de octubre de 1981, o sea dentro de la legislatura ordinaria que se inició el 16 de agosto de 1981. 2 días después, o sea, el 8 del mes de octubre de 1981, el proyecto fue sometido a la Sala y aprobado en primera lectura, siendo finalmente aprobado en segunda lectura en fecha 20 de mayo del año 1992 [sic], es decir, durante la legislatura que se inició el 27 de febrero del año 1982.

    4. La tercera Legislatura que se inició el 16 de agosto del año 1982, durante la cual fue introducido el Proyecto de Ley fue prorrogada, primero, mediante Resolución núm. 47, de fecha 9 de noviembre de 1982, por 30 días más y, luego al vencerse ese plazo, por Resolución núm. 62, de fecha 9 de diciembre del mismo año, por otros 30 días adicionales, por lo que la misma concluyó el 12 de enero de 1982. El día 11 de enero del año 1983, el proyecto fue aprobado en primera lectura y el 12 de enero del mismo año, el mismo quedó convertido en Ley.

  15. Intervenciones Oficiales;

    5.1. Dictamen del Procurador General de la República;

    5.1.1. Mediante Oficio núm. 001750, recibido en Secretaría el trece (13) de marzo de dos mil dos (2002), el Procurador General de la República emitió su dictamen sobre el caso, señalando, en síntesis, lo siguiente:

    Que procede referir la instancia de que se trata a la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el Lic. M.R.T.L., promotor de la acción en inconstitucionalidad notifique, o en su defecto la Suprema Corte de Justicia de oficio ordene la notificación de la instancia aludida al Colegio de Abogados de la República Dominicana, a fin de que esta institución pueda formular sus reparos y observaciones, y le sea preservado, en consecuencia, su derecho de defensa.

    5.2. Opinión del Colegio de Abogados de la República;

    5.2.1. El Colegio de Abogados de la República, mediante escrito depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional, en fecha catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), presenta su opinión sobre el proceso, indicando, en síntesis, lo subsiguiente:

    Que el Senado de la República, por medio de la secretaria general legislativa, LCDA. MERCEDES CAMARENA ABREU, expidió una nueva certificación oficial, de fecha once (11) del mes de junio del año 2013, en la que se afirma que realmente el proyecto de ley de que se trata, fue aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, el 21 del mes de abril del 1982.

    Que real y efectivamente, en el Senado de la República, el proyecto de ley de referencia fue aprobado favorablemente de urgencia en dos (2) lecturas consecutivas; la primera lectura el día once (11) de enero del año 1983; y la segunda lectura, el doce (12) de enero del año 1983, conforme lo señalado en las actas levantadas al efecto marcada con los Nos.57 y 58 respectivamente.

    Que la ley núm. 91-83, fue realmente aprobada conforme con lo dispuesto en párrafo 1, del artículo 41, de la Constituci6n de la Republica, es decir, en la segunda legislatura ordinaria del ano mil novecientos ochenta y dos (1982), del periodo constitucional 1982-1986, siendo promulgada en fecha 3 del mes de febrero del año 1983.

    Que para la preservación institucional de El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CARD), y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la Republica Dominicana, así como para el sistema de justicia, recurran y hagan uso de lo que dispone el párrafo 2do., del artículo 47 de su ley Orgánica y Procedimientos Constitucionales, marcada con el núm.l37-ll, (Mod. por la Ley No.145-11, de fecha 4-07-20 II), de fecha 13 del mes de julio del año 2011, a fin de salva guardar una de nuestras instituciones más sólidas y prestigiosa con que cuenta el país. Por todo lo antes expuesto, (…) El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CARD), tiene a bien a emitir su opinión escrita a modo de conclusiones.

PRIMERO

RECHAZAR, en cuanto al fondo la acción directa de inconstitucionalidad, incoado por el señor LIC. M.R.T.L., en fecha dieciocho (18) del mes de octubre del año 2001, en contra de la Ley Orgánica a que instituye El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CARD) INC, marcada con el núm.91-83, de fecha tres (3) del mes de febrero del año mil novecientos ochenta y tres (1983), por improcedente, mal fundada y carente de base constitucional; y en consecuencia, DECLARAR dicha ley conforme con la Constitución de la República, al no haberse verificado ninguna de las violaciones invocadas por la parte accionante, según se hace constar en la certificación expedida por el Senado de la Republica, de fecha once (11) del mes de junio del año dos mil trece (2013);

SEGUNDO

Ordenar que la sentencia a intervenir sea notificada al accionante, LIC. M.R.T.L.; a EI COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CARD) INC, al Procurador General de la Republica; al Congreso Nacional de la Republica, y al Poder Ejecutivo, para su conocimiento;

TERCERO

DECLARAR libre de costas el procedimiento, por la naturaleza de la materia de que se trata.

  1. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  1. Competencia.

    6.1. Este tribunal tiene competencia para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la Constitución y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011)

    6.2. De conformidad con el artículo constitucional precitado, el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.

  2. Legitimación activa o calidad del accionante.

    7.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

    7.2. La presente acción fue sometida, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil uno (2001), por ante la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones constitucionales, al tenor de lo que disponía la Constitución de 1994 en el artículo 67.1. Posteriormente se produjeron modificaciones a la Carta Sustantiva, siendo proclamada la que se encuentra vigente a partir del 26 de enero de 2010.

    7.3. Como se advierte, a este tribunal constitucional se le plantea la cuestión de determinar cuál legislación aplicar para aquellos procesos que se encuentran en curso al momento de producirse el cambio de Constitución.

    Cabe indicar que al instituirse este órgano de control constitucional, dichos procesos habían quedado en estado de fallo por ante la Suprema Corte de Justicia, tribunal que era competente para conocer de las acciones en inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia de la Constitución que rige desde el año 2010 y también por mandato de la tercera disposición transitoria de esta última.

    7.4. Para determinar cuál legislación aplicar, es necesario que el Tribunal Constitucional establezca si el accionante tenía un derecho adquirido, pues una ley posterior no puede desconocer las situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. De ahí que este tribunal resolverá, previamente, lo relativo a si el accionante tiene calidad para promover la acción de inconstitucionalidad de que se trata.

    7.5. En efecto, la Constitución vigente ordena en su artículo 110 que "La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior". En consecuencia, tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica, el cual solo cede en los casos excepcionales.

    7.6. Al haberse incoado la presente acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 91, de fecha dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que creó el Colegio de Abogados de la República, estando vigente la Constitución del año 1994, la situación debe ser resuelta de conformidad con su artículo 67.1, que no puede ser alterada en virtud del precitado principio de irretroactividad previsto por la actual Constitución en el artículo 110.

    7.7. Tanto en lo que concierne a la calidad como en lo relativo a la naturaleza del acto, resulta conforme a la Constitución admitir que cualquier parte que hubiere incoado su acción directa de inconstitucionalidad bajo las disposiciones del artículo 67.1 de la Constitución de 1994 tenía calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. Igualmente, la vigente Carta Sustantiva en lo relativo a la naturaleza del acto dispone "las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas…", razón por la cual es admisible la impugnación hecha por el accionante en la presente instancia.

    7.8. El Tribunal Constitucional, desde la primera oportunidad en que se pronunció sobre la calidad para accionar, ha sentado una sólida línea jurisprudencial decidiendo, como en el presente caso, que la parte impugnante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad porque al momento de su acción era "parte interesada" ya que, bastaba solamente que el accionante tuviera un interés directo y figurara como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial o que actuara como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

  3. Admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad con efectos diferidos o de constitucionalidad temporal

    8.1. Sobre el procedimiento de aprobación en el Congreso:

    1. El accionante alega que la ley acusada es inconstitucional por vicios de procedimiento en su formación, por lo que el Tribunal debe estudiar el proceso de aprobación de la ley impugnada, con el fin de determinar si se ajusta o no a los requerimientos constitucionales.

    2. De conformidad con la certificación expedida el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), a solicitud de la Secretaría del Tribunal Constitucional, la señora R.H.P.G., secretaria general de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, hace constar que el trámite legislativo relativo a la aprobación del proyecto de ley que instituye el Colegio de Abogados de la Republica fue depositado en la Cámara de Diputados el día cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), y enviado a la Comisión Permanente de Justicia en la sesión núm. 6, del día diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), de la primera legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981).

    3. El proyecto en cuestión fue reintroducido el trece (13) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981) y aprobado en primera lectura en la sesión núm. 36, del día ocho (8) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), durante la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981) -prorrogada-. Posteriormente, fue aprobado en segunda lectura en la sesión núm. 19, del día veintisiete (27) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), de la siguiente legislatura, que era la primera ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982).

    4. El referido proyecto, debidamente aprobado en la Cámara de Diputados, fue despachado al Senado de la República, en fecha cuatro (4) de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982). Ahora bien, de conformidad con otra certificación del diecinueve (19) de abril de mil novecientos ochenta y nueve (1989), expedida por el Senado, la cual fue a su vez confirmada por otra certificación, del once (11) de julio de dos mil trece (2013), el proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de abogados de la República Dominicana fue aprobado en primera lectura por el Senado el día once (11) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983), y en segunda lectura el doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983).

    5. En resumen: el proyecto de ley objeto de nuestro estudio inició en la Cámara de Diputados, siendo aprobado en primera lectura el ocho (8) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), en fecha prorrogada de la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981), y su aprobación en segunda lectura el día veintisiete (27) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), durante la Primera Legislatura Ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982).

    6. De conformidad con los cánones constitucionales, el proyecto debió ser conocido y aprobado por el Senado en la primera legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982), para evitar su perención. Por tanto, sin ser reintroducido en el Senado, este procedió a sancionarlo durante el período de prórroga de la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982) como sucedió al aprobarlo de urgencia en dos (2) lecturas consecutivas, la primera lectura el día once (11) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) y, tras el paso de las 24 horas reglamentarias de un día, fue aprobado también en segunda lectura el día doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983).

      8.2. Motivos que justifican la admisibilidad;

    7. En el caso de la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad se verifica la violación al proceso de aprobación de la ley impugnada, por lo que es acogida con efectos diferidos por las razones siguientes:

    8. En nuestro sistema constitucional prevalece el criterio de que una ley es constitucional hasta tanto el órgano encargado del control de la constitucionalidad se pronuncie en sentido contrario, de conformidad con la máxima in dubio pro-legislatore.

    9. La Constitución vigente regula, con cierto detalle, en el Título III, C.I., el proceso de la formación y efecto de las leyes. Así, la Carta Sustantiva dispone en su artículo 104 que un proyecto de ley que quede pendiente en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirá los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertido en ley. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado. Esto se corresponde, mutatis mutandis, con el párrafo I del artículo 41 de la Carta Magna de 1994, vigente al momento de la interposición del presente recurso.

    10. En la especie, el accionante depositó una certificación en la que consta que la ley impugnada fue aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados el día 8 de octubre de 1981, y en segunda lectura el 21 de abril de 1982. El mismo, se recibió en el Senado el 20 de mayo de 1982, y leído en sesión el 25 de mayo del citado año, siendo aprobada en primera lectura por el Senado el 11 de enero de 1983, y en segunda lectura el 12 de enero de 1983, lo que evidencia que la aprobación se realizó fuera de las legislaturas correspondientes.

    11. El examen preliminar ha mostrado que la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), adolece de un vicio de procedimiento en su formación en razón de que no fue aprobada de conformidad con lo dispuesto en la Carta Sustantiva. Esta irregularidad afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad de la repetida ley, por lo cual, en principio, la misma debe ser expulsada del ordenamiento legal. Sin embargo, una sentencia de inconstitucionalidad con efectos inmediatos tendría un fuerte impacto negativo, por lo cual se justifica que este tribunal difiera en el tiempo los efectos de la decisión. Esta medida le permitiría al Congreso llenar el vacío legislativo que producirá la decisión del Tribunal.

    12. La sentencia que dicte el Tribunal declarando que una norma, cuya validez ha sido discutida mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, puede aplicar el modelo kelseniano en virtud del cual el Tribunal Constitucional puede determinar un período de transición para evitar serios inconvenientes a la estabilidad económica y política de la sociedad, lo que no resulta ilógico, siempre y cuando, en aplicación del principio de razonabilidad, se sustente tal tipo de disposición y se establezca un plazo de vigencia razonable.1

    13. En esa misma dirección, se ha apuntado lo siguiente: la finalidad de retrasar la entrada en vigor de los fallos de inconstitucionalidad por parte de los Tribunales Constitucionales es evitar que la inconstitucionalidad declarada provoque un vacío normativo que puede resultar más problemático o lesivo que la inconstitucionalidad misma; (…) o se creen situaciones no sólo conflictivas sino insostenibles que pueden resultar más perjudiciales que las que ocasionaría mantener el régimen jurídico declarado inconstitucional por un tiempo más.2

    14. La doctrina del diferimiento o modulación temporal de los efectos de las sentencias ha sido aplicada por diferentes tribunales constitucionales en el mundo, sobre todo en circunstancias relacionadas con el respeto del principio de separación de poderes y en el convencimiento de que en algunos casos la inconstitucionalidad inmediata de la norma impugnada puede resultar más abrumadora que el mantenimiento en el ordenamiento de la disposición acusada.

      1 RUEDA LEAL, P., "Fundamento teórico de la tipología de sentencias en procesos de constitucionalidad", en: Memorias II encuentro de derecho procesal constitucional iberoamericano y seminario de justicia constitucional, San José de Costa Rica, 8 y 9 de julio de 2004. Citado por OLANO GARCIA, H.A. en "Tipología de nuestras sentencias constitucionales", p.584. Consultado en http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/13Olanoult..pdf.

      2 Auto 311/01, Corte constitucional de Colombia de fecha 29de noviembre de 2001

    15. En ese mismo sentido, la jurisprudencia reciente de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-027/12) ha sostenido que el diferimiento de los efectos del fallo de inconstitucionalidad no significa que la ley demandada no haya sido objeto de juzgamiento constitucional, ya que en el momento de resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma en un primer lugar se hizo el estudio de exequibilidad de la misma y se ponderó que en ese caso resulta menos lesivo para los derechos y principios constitucionales conservar por un tiempo determinado la vigencia de la norma para que el legislador reforme, modifique o llene el vacío correspondiente con una norma o legislación que se corresponda con la Constitución. Del mismo modo se ha dicho que cuando se produzca una nueva demanda sobre la misma norma, así sean por otros cargos, se debe conservar la vigencia de la norma o la legislación por el tiempo que dure el diferimiento.

    16. Este tribunal constitucional entiende que, en el presente caso, al realizar un juicio de proporcionalidad, es decir, pasar un balance de valores constitucionales entre un alegado vicio de procedimiento en la formación de la ley, indicado en los actuales artículos 101 y 104 de la Carta Magna de 2010 y los principios y valores que se amparan en la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), deben prevalecer estos últimos. En efecto, de expulsarse inmediatamente la norma impugnada quedaría desprovista de garantía la función social y moral del ejercicio de la profesión jurídica, así como las normas, procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material como en el orden social y espiritual.

    17. En igual sentido, al ponderar la probable falta de legislación, el Tribunal entiende que la gravedad del vicio no tiene incidencia directa en los efectos de la ley y resulta menos gravoso para la protección de los derechos y deberes de la clase jurídica nacional postergar los efectos de la decisión sobre la inconstitucionalidad de la norma y exhortar al Congreso Nacional para que dicte una ley acorde con el procedimiento contenido en la Constitución.

    18. En definitiva, tomando en consideración que, ante una falta de esta naturaleza en el proceso de elaboración de la ley, no es posible que el Tribunal Constitucional subsane el vicio detectado razón por la cual deben diferirse los efectos de esta decisión hasta que el Congreso Nacional, dentro de un plazo razonable, expida el régimen que subrogue la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983).

      Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado W.S.G.R., por motivo de inhibición voluntaria.

      Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

      DECIDE:

PRIMERO

ADMITIR el recurso de inconstitucionalidad incoado por M.R.T.L. contra la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), y DECLARAR no conforme con la Constitución la Ley núm. 91, de fecha dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que instituye el Colegio de Abogados de la República.

SEGUNDO

DISPONER que los efectos de la anterior declaración de inconstitucionalidad queden diferidos y EXHORTAR al Congreso Nacional, para que, dentro de la función legislativa que le es propia, emita una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal que afecta la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983).

TERCERO

ORDENAR que la presente sentencia sea notificada por secretaría, al Procurador General de la República, al accionante Sr. M.R.T.L., a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y al Colegio de Abogados de la República, para los fines que correspondan.

CUARTO

DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmado: M.R.G., L.M.P.M., L.V.S., H.A. de los Santos, A.I.B., J.P.C.K., V.J.C.P., J.C.D., R.D.F., W.G., V.G.B., K.M.J.M., I.R., J.J.R.B., S..

Firmado: M.R.G., L.M.P.M., L.V.S., H.A. de los Santos, A.I.B., J.P.C.K., V.J.C.P., J.C.D., R.D.F., W.G., V.G.B., K.M.J.M., I.R., J.J.R.B., S..

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día 26 del mes de Diciembre del año 2013, y publicada por mí, S. del Tribunal Constitucional, que certifico.