Sentencia nº 48 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Diciembre de 2011.

Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2011
Emisor:Segunda Sala

Fecha: 14/12/2011

Materia: Correccional

Recurrente(s): F.C.R.

Abogado(s): L.. C.R.W., N.S.M.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): P.C.R.

Abogado(s): Dra. Olga Mateo Ortiz

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., P.; V.J.C.E. y D.O.F.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 14 de diciembre de 2011, años 168° de la Independencia y 149° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.C.R., dominicana, mayor de edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 028-0034547-8, domiciliada y residente en la calle Profesor Máximo García núm. 19 del sector C.P. del municipio de Higüey, provincia La Altagracia; C. de P.J., dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 028-0088720-8, domiciliado y residente en la calle P.A.L. núm. 116 de la ciudad de La Romana; J.C.C., dominicana, mayor de edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 026-0061431-3, domiciliada y residente en la calle E, núm. 12, del sector Preconca de la ciudad de La Romana; K.F.A., dominicana, mayor de edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 026-0083737-7, domiciliada y residente en calle B, núm. 82 del sector S.C. de la ciudad de La Romana, y R.A.F., dominicana, mayor de edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 026-0096571-5, domiciliada y residente en la calle J.S. núm. 10, del sector V.V. de la ciudad de La Romana; contra la resolución dictada por el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica, Distrito Judicial provincia Santo Domingo el 18 de abril de 2011 cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. J.P. en representación de la Dra. O.M.M.O. quien a su vez representa a P.C.R., parte recurrida;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. C.R.W. y N.S.M., en representación de los recurrentes, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 27 de mayo de 2011, mediante el cual interponen recurso de casación;

Visto el escrito de contestación interpuesto por la Dra. O.M.M.O., actuando a nombre y representación de P.C.R., depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 8 de junio de 2011;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de septiembre de 2011, que declaró admisible el recurso de casación y fijó audiencia para conocerlo el 2 de noviembre de 2011;

Visto auto dictado por el Magistrado H.Á.V., P., el 2 de noviembre de 2011, en el cual hace llamar al Magistrado D.O.F.E., Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para completar el quórum a fin de conocer del referido recurso de casación;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 396, 399, 400, 409, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; la Ley núm. 278-04 sobre I. delP.P., y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 14 de julio de 2010 ocurrió un accidente de tránsito entre el autobús marca Marcopolo, propiedad de Leasing de la Hispaniola, S.A., asegurado por Seguros Constitución, S.A., conducido por P.C.R. y el jeep marca Daihatsu, asegurado por La Colonial, S.A., propiedad de F.C.R., conducido por C. de P.J.; b) que el 22 de julio de 2010, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio de Boca Chica, solicitó imposición de medida de coerción en contra de ambos conductores envueltos en el accidente, dictando el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica en esa misma fecha la siguiente decisión: "PRIMERO: Se impone una medida de coerción al señor P.C.R., las previstas en los numerales 1 y 4 del Código Procesal Penal, consistente en una garantía económica ascendente a la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), pagada a través de una compañía aseguradora radicada en el país para estos fines, la presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público a firmar el libro de control abierto para estos fines, por un período de seis (6) meses, y en cuanto al señor C. de P.J., se le impone como medida de coerción la visita periódica todo los días 30 de cada mes a firmar el libro del Ministerio Público destinado para tales fines, por un período de seis (6) meses; SEGUNDO: Otorga el plazo de ley correspondiente al Ministerio Público para presentar formal acusación; TERCERO: La lectura de la presente resolución vale notificación para el Ministerio Público y para las partes presentes"; c) que el 5 de enero de 2011, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Municipio de Boca Chica, solicitó la ampliación del plazo para concluir la investigación sobre el asunto, siendo concedido dicho plazo por el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica el 6 de enero de 2011, mediante auto con el siguiente dispositivo: "PRIMERO: Otorgar un plazo de un mes y medio (1 ½) al Ministerio Público a los fines de que el mismo pueda concluir su investigación; SEGUNDO: Ordena que el presente auto le sea notificado al Magistrado Fiscalizador y a las partes envueltas en el presente proceso"; d) que el 28 de febrero de 2011, el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica, intimó al Ministerio Público a presentar requerimiento conclusivo, mediante auto con el dispositivo siguiente: "PRIMERO: Se intima al Procurador Fiscal de la provincia S.D.D.P.A.S., para que en un plazo de diez (10) días hábiles a partir, de la notificación de esta resolución, formule requerimiento en contra de los señores P.C.R. y C. de P.J., si es de su interés, advirtiéndole que si no lo hace, se declara extinguida la acción penal a favor del imputado; SEGUNDO: Se ordena notificar por secretaría el presente auto al Magistrado Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, D.P.A.S.; TERCERO: Se intima a las víctimas R.A.F., J.C. y K.F.A., para que en un plazo de diez (10) días presente las acusaciones o requerimiento acorde al artículo 151 del Código Procesal Penal; CUARTO: Se le advierte a las partes que transcurrido dicho plazo contado a partir de la notificación, se procederá a declarar la extinción de la acción penal; QUINTO: Ordena notificar el presente auto"; e) que el 18 de abril de 2011, el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica, dictó la resolución ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: "PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal promovida por el Ministerio Público en contra de los imputados P.C.R. y C. de P.J., por presunta violación al artículo 49 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos Motor y sus modificaciones, en perjuicio de las señoras R.A.F.; J.C. y K.F., por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: Dispone el cese de las medidas de coerción impuesta mediante resolución núm. 78/10-00026 dictada por este el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica, de fecha 22 de julio de 2010, por medio de la cual se le impuso como medida de coerción al ciudadano P.C.R., consistente en la prestación de una garantía económica por la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), pagada a través una compañía aseguradora radicada en el país para estos fines, la presentación periódica los días treinta (30) de cada mes ante el Ministerio Público a firmar el libro de control abierto para tales fines por un período de seis (6) meses; y en cuanto al señor C. de P.J., se le impuso la presentación periódica los días treinta (30) de cada mes ante el Ministerio Público a firmar el libro de control abierto para tales fines por un período de seis (6) meses; TERCERO: Ordena la notificación de la presente resolución a las partes que indica la ley para los fines de lugar; CUARTO: Declara de oficio las costas del proceso";

Considerando, que los recurrentes F.C.R., C. de P.J., J.C.C., K.F.A. y R.A.F.,, proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: "Primer Medio: Inobservancia de disposiciones de orden legal; Segundo Medio; Inobservancia de los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal Dominicano; Tercer Medio; Violación a los derechos de las víctimas consignados en los tratados internacionales, en la Constitución Dominicana y en el artículo 84. del Código Procesal Penal Dominicano que establece: Derechos de la víctima; Cuarto Medio: Inobservancia de lo establecido en los artículos 143 y 151 del Código Procesal Penal";

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, los cuales se analizan en conjunto por su similitud y estrecha relación, los recurrentes, alegan en síntesis, lo siguiente: "Que tomando en cuenta el carácter garantista del recurso de casación y su objetivo de procurar una correcta aplicación de la ley, es por ello que la violación a disposiciones de orden legal, se circunscribe en cuanto a nuestro recurso a los siguientes aspectos: a) Violación al derecho de defensa en relación con la tutela efectiva de los derechos, ya que no fueron puestos en conocimiento los agraviados de los procesos que se estaban realizando (Constitución Dominicana artículo 69 acápites l, 2, 4, 9 y 10 ); b) Que ya las víctimas se habían constituido en actores civiles, en consecuencia los plazos de extinción fueron interrumpidos; c) Que teniendo en conocimiento el Ministerio Público de las gestiones de las víctimas, teniendo sus direcciones y números de teléfonos debió notificarle de cualquier proceso para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las víctimas; que la decisión del Juez a-quo violenta los derechos de las víctimas, toda vez que declarar la extinción de la acción penal en el caso que nos ocupa, es una solución a todas luces descabellada, sobre todo si tomamos en cuenta que las víctimas depositaron su requerimiento conclusivo, en tiempo hábil, como ha quedado evidenciado y como consta en los documentos anexos; resulta que los derechos de las partes de intervenir en los procedimientos de carácter penal, han sido salvaguardados, no solo por la legislación nacional, sino por los tratados internacionales y de derechos humanos, así como los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal que estipula la igualdad ante la ley, que dicho artículo es lo suficientemente claro, cuando estipula que los Jueces y el Ministerio Público, deben tomar en cuenta los preceptos legales que rigen cada uno de los procedimientos en materia penal, a la hora de aplicar la ley; es en ese sentido que deben allanar todos los caminos para que las partes puedan hacer uso pleno de las facultades que les son acordadas por ley; que la sentencia impugnada incurre en violación a los derechos de la víctimas consignados en los tratados internacionales, en la Constitución Dominicana y en el artículo 84. del Código Procesal Penal Dominicano que establece: Derechos de la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes: 1. Recibir un trato digno y respetuoso; 2. Ser respetada en su intimidad; 3. Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares; 4. Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código; 5. Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso; 6. Ser informada de los resultados del procedimiento; 7. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite." Debe notarse que tiene todos estos derechos previo a constituirse en actor civil, más aun al constituirse en actor civil como en el caso de la especie y que el tribunal al fallar de esa manera violenta todos y cada uno de los derechos de las víctimas; ¿Dónde está la notificación de la señora F.C.R.?, propietaria del vehículo destruido, donde está la notificación de C. de P., lesionado?, ambos víctimas, pero en el caso de las víctimas no fueron regularmente citadas tampoco; que ni el Ministerio Público ni la el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica en ningún caso le notificaron a las víctimas, sino que el día viernes 15 de abril de 2011, el señor C. de P., pasó por el despacho del F. y éste le comunicó que él (el fiscalizador) había sido notificado por la Magistrada del Juzgado y que el plazo ya había transcurrido y C. de P., pasó al Juzgado de Paz y solicitó ser informado de los procesos en curso y el secretario le dijo que ya había una resolución de declaratoria de extinción, lo cual sorprendió al señor de P., quien le sorprendió pues las víctimas ya se habían constituido y nunca fueron notificadas, lo cual le consternó, peor cuando el secretario le informó sin dar explicaciones que no tenía porqué notificarle lo cual además generó ciertas dudas del manejo de este juzgado";

Considerando, que para fallar como lo hizo, el Tribunal a-quo expresó en su decisión, lo siguiente: "Que la especie se contrae al conocimiento de declaratoria de extinción de la acción penal a favor de los imputados P.C.R. y C. de P.J., con motivo del proceso penal seguido en su contra por presunta violación al artículo 49 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones; que de las actuaciones procesales intervenidas en el presente proceso, se advierte que el Ministerio Público fue intimado en fecha treinta (30) del mes de marzo del año dos mil once (2011) tal como consta en la notificación realizada por el secretario de este tribunal y las víctimas fueron intimadas en domicilio desconocido en fecha veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil once (2011) mediante auto núm. 457-2011 tal como consta en la notificación realizada por el alguacil de estrados de este tribunal, la cual se encuentra descrita más arriba; que en virtud de que Nos, como Juez de las garantías judiciales nos corresponde ejercer una labor de vigilancia y control sobre las actividades del F. durante la investigación, con el fin de eliminar cualquier tipo de abuso, a fin de garantizarle a todo encartado sus derechos fundamentales; somos de opinión que procede declarar la extinción de la acción penal a favor del imputado, de conformidad con los aludidos artículos 151 y numeral 12 del artículo 44 del Código Procesal Penal en vista de que este tribunal verificó que el plazo del procedimiento preparatorio del que disponía el Ministerio Público para presentar requerimiento conclusivo, había discurrido ampliamente sin que interviniera por parte de éste, requerimiento conclusivo alguno, no obstante haber sido previamente intimado para tales fines por este tribunal, el cual es el apoderado del control de la investigación, conforme dispone la ley";

Considerando, que el artículo 151 del Código Procesal Penal, expresa: "Perentoriedad. Vencido el plazo de la investigación, si el ministerio público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de diez días. Si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal";

Considerando, que del análisis y ponderación de las piezas y documentos que obran en el presente proceso, así como de lo anteriormente transcrito se pone de manifiesto, que si bien es cierto que el Tribunal a-quo verificó que mediante secretaría de ese tribunal se hicieron las notificaciones correspondientes a las víctimas y querellantes constituidas en actores civiles, no menos cierto es que dichas notificaciones fueron hechas en el despacho de la Procuradora Fiscal de ese distrito judicial, debido a que el tribunal desconocía los domicilios personales y procesales de dichos querellantes;

Considerando, que en la especie, la querella con constitución en actores civiles fue de depositada el 10 de diciembre de 2010, ante la Magistrada Fiscalizadora del Distrito Judicial de Boca Chica, la cual contiene todas las generales y direcciones de los querellantes y actores civiles y que esta funcionaria recibió las notificaciones antes descritas, realizadas a dichos querellantes, por la secretaría del tribunal; y en ese tenor, en pro de preservar el derecho de defensa de las víctimas y querellantes constituidas en actores civiles, correspondía a este representante del Ministerio Público, realizar las diligencias de lugar a fin poner en conocimiento de las víctimas las actuaciones que se estaban realizando, ya fuere mediante notificación de su parte o dotando al tribunal de los medios que hicieran posible la localización de dichas víctimas, cosa que no ocurrió en la especie, y al proceder de esta manera, este funcionario propició la violación al principio de igualdad entre las partes, al debido proceso y por ende el derecho de defensa de los recurrentes; por lo que procede acoger los medios propuestos;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a P.C.R. en el recurso de casación interpuesto por F.C.R., C. de P.J., J.C.C., K.F.A. y R.A.F., contra la resolución dictada por el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Boca Chica, Distrito Judicial provincia Santo Domingo el 18 de abril de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación; y en consecuencia, casa la resolución impugnada y ordena el envío del proceso por ante la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: H.Á.V., V.J.C.E., D.F.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.