Sentencia nº 81 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Mayo de 2012.

Fecha de Resolución:28 de Mayo de 2012
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 28/05/2012

Materia: Penal

Recurrente(s): S.P.P., J.R.F.

Abogado(s): L.. N.T.A.L., L.. E.L.P.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 28 de marzo de 2012, años 169° de la Independencia y 149° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por S.P.P. y J.R.F., contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. E.L., por sí y por la Licda. N.A., quienes actúan a nombre y representación de los recurrentes S.P.P. y J.R.F., en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. N.T.A.L. y E.L.P., defensores públicos, en representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22 de septiembre de 2011, mediante el cual interponen su recurso de casación;

Visto la resolución del 5 de marzo de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para conocerlo el día 18 de abril de 2012, fecha en la cual fue diferido el fallo del presente recurso de casación para ser pronunciado dentro del plazo de treinta (30) días que establece el Código Procesal Penal;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 2 de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo para conocer sobre la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados S.P.P. y J.R.F., acusados de violación a los 59, 60, 265, 266, 2-295 y 309 del Código Penal, dictando dicho tribunal el auto de apertura a juicio el 22 de diciembre de 2008, enviando por ante el Tribunal Colegiado a S.P.P., por violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano, y a J.R.F., por violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia el 12 de marzo de 2009, que fue recurrida en apelación posteriormente anulada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante sentencia del 8 de abril de 2010, ordenando la celebración total de un nuevo juicio y una nueva valoración de las pruebas; c) que producto del envío realizado, fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia el 28 de enero de 2011, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la decisión recurrida; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por los imputados, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia hoy impugnada en casación el 5 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara con lugar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por: a) el Licdo. E.A.L.P., en nombre y representación del señor J.R.F., en fecha 16 de febrero del año 2011; y b) por la Licda. N.T.A.L., defensora pública, en nombre y representación del señor S.P.P., en fecha 22 de febrero del año 2011; ambos en contra de la sentencia núm. 34/2011, de fecha 28 del mes de enero del año 2011, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Se varía la calificación jurídica dada por el juez de la instrucción, en cuanto al imputado S.P.P., de violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano, por la de 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano; Segundo: Se varía la calificación jurídica dada por el juez de la instrucción, en cuanto al imputado J.R.F., de violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano, por la de 59, 60, 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano; Tercero: Se declara culpable al ciudadano S.P.P., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 229-0008727-5, domiciliado en la calle Primera, edificio 9, apartamento 3-H, Las Carreras, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano, en consecuencia le condena a cumplir la pena de doce (12) años de reclusión, así como también al pago de las costas penales del proceso; Cuarto: Se declara culpable al ciudadano J.R.F., dominicano, mayor de edad, no portador de la cédula de identidad y electoral, domiciliado en la calle D., núm. 01, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo de violar las disposiciones de los artículos 59, 60, 265, 266, 2, 295 y 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de J.E.M.C., en consecuencia le condena a cumplir la pena de ocho (8) años de reclusión, así como también al pago de las costas penales del proceso; Quinto: Convoca a las partes del proceso para el próximo dos (2) del mes de febrero del año dos mil once (2011), a las 9:00 A.M., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presente’; SEGUNDO: Modifica el ordinal tercero de la sentencia recurrida, y al declarar culpable al imputado S.P.P., de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 2 y 295 del Código Penal Dominicano, en consecuencia se condena a cumplir la pena de doce (12) años de reclusión; TERCERO: Modifica el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, y al declarar culpable al imputado J.R.F., de violar las disposiciones de los artículos 59, 60, 265, 266, 2 y 295 del Código Penal Dominicano, en consecuencia se condena a cumplir la pena de ocho (8) años de reclusión; CUARTO: Declara el proceso exento de costas por estar siendo asistidos los imputados recurrentes de abogados de la Defensoría Pública";

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: "Único Medio: Motivos, normas violadas y soluciones pretendidas en los cuales se fundamenta el presente recurso, errónea aplicación de disposición, artículo 321 y 322 Código Procesal Penal; 426.3 y los artículos 322 y 336 del Código Procesal Penal; que la Corte de Apelación de Santo Domingo acogió el recurso de apelación de manera parcial variando los ordinales tercero y cuarto, sin señalar en cuales aspectos la Corte valoró a favor de los imputados, sin motivar en base al medio propuesto por la defensa, el a-quo varió la calificación, aumentando la acusación en contra del recurrente, sin que el fiscal lo pidiera y sin advertir a la defensa sobre esa posibilidad para que prepara sus medios, según lo dispuesto en los artículos 321 y 322 del Código Procesal Penal Dominicano, basándose en lo que supuestamente sucedió durante el juicio, creando un peligroso precedente pues ignoró de forma voluntaria lo establecido en la ley; la variación de la calificación jurídica, según el Art. 321 del Código Procesal Penal procede cuando se trata de los mismos hechos imputados pero que esos hechos constituyen otro tipo penal distinto del establecido por la acusación. Si los hechos no son los mismos, sino que varían, entonces ya no es variación de calificación, sino ampliación de acusación (Art. 322 del Código Procesal Penal) y para eso esto sólo el fiscal está facultado; lo que procedía era que el Ministerio Público solicitara el incremento de la acusación en virtud de lo establecido en el artículo 322 y no lo hizo. El Tribunal a-quo, que al igual que el Ministerio Público debía estar atento a lo que estaba juzgando, es decir a la calificación jurídica del hecho por el que había sido apoderado, tampoco observó nada y por eso no advirtió de la posibilidad de una variación de calificación; en cuanto a la errónea aplicación de los artículos 309 y 2-295 del Código Penal Dominicano, al condenar por golpes y heridas y tentativa de homicidio al mismo tiempo, siendo dos tipos penales autónomos, en donde la existencia de uno, excluye la presencia del otro; en el caso de la especie sólo se podía configurar el tipo penal de golpes y heridas, cuya pena máxima es de cinco (5) años, lo que significa que si el Tribunal a-quo encontró a mi representado culpable como autor, no podía imponer la pena de 12 años de prisión, pues esa no es la pena inferior a la establecida para golpes y heridas; al actuar de esta manera, el Tribunal a-quo no solo inobservó disposiciones que conllevan garantías procesales, sino que condenó al imputado por encima de la escala prevista para el tipo penal que le correspondía; que existe contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia al darle entero crédito a las declaraciones de los testigos a cargo E.E.M.M. y J.I.M.M. en el hecho descrito por el acusador público, y falta de motivación de la sentencia en cuanto al testimonio del señor Y.I.M.M., sin establecerse el motivo que el imputado tuviera para matar a la víctima (artículo 417, numeral 2 del Código Procesal Penal; que el Tribunal a-quo al señalar que se ha probado de manera fehaciente la responsabilidad del ciudadano S.P.P., incurre en una errónea aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal, ya que el único testimonio valorado no resulta suficiente para destruir la presunción de inocencia, por las imprecisiones que subyacen en el mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, así como el principio de in dubio pro reo, por no tener este testimonio valor de certeza, y al recurrente no se le encontró nada comprometedor con respecto al hecho, y no fue presentado al plenario ningún acta de registro de personas levantada en virtud de lo establecido en el artículo 176 del Código Procesal Penal, que estableciera la ocupación de algo comprometedor con respecto al hecho, ni tampoco se presentó un acta de reconocimiento de personas, debidamente levantada conforme a lo establecido en el artículo 218 de la misma normativa, que estableciera que el mismo había sido previamente reconocido por la única testigo a cargo, valorada conforme a lo establecido en el artículo 172";

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo estableció, lo siguiente: "a) Que de la simple lectura del contenido de ambos recursos de percibe claramente que los mismos contienen textualmente los mismos motivos y alegatos por lo que serán examinados conjuntamente; b) Que los recurrentes aducen en síntesis, que "el Tribunal a-quo varió la calificación aumentando la acusación en contra del recurrente, sin que el fiscal lo pidiera y sin advertir a la defensa sobre esa posibilidad para que prepare sus medios, según lo dispuesto en los artículos 321 y 326 del Código Procesal Penal, …y que lo que hizo el tribunal fue retirarse luego de los debates y venir con una sentencia que variaba la calificación jurídica de los hechos basados en las pruebas presentadas"; c) Que del examen de la sentencia recurrida, y particularmente la página 7 de la decisión impugnada, se observa que, la fiscal presentó conclusiones mediante las cuales plantea lo siguiente: "Entendemos que en este caso al momento de nosotros nos referíamos a los sobe nombre, ha quedado plenamente demostrado que el autor de estoy hechos es S.P. el nombrado N. que fue identificado por el hermano y con relación a este solicitamos doce años, así como también la variación de la calificación en cuanto a S. por que ha quedado establecido que este es el autor de los hechos. Incluso podemos ver que esas personas fueron condenadas por que en el debate de las pruebas y en cuanto a J. este es el cómplice, como tanto el tribunal y las partes han podido advertir esta situación, estamos solicitando la variación de la calificación por lo que ha sido el debate", y sobre estas conclusiones tuvieron la oportunidad, y lo hicieron, los abogados de la defensa técnica de los imputados, procediendo posteriormente los juzgadores, a evacuar la decisión objeto de dichos recursos de apelación y que ocupan la atención de esta Corte; d) Que contrario a lo aducido, en sus respectivas recursos, por los recurrentes, del estudio de la decisión apelada, se constata que la fiscalía formuló una variación de la calificación respectos de ambos imputados, y en ese mismo tenor, esta Corte, no advierte ninguna violación a los textos legales mencionados, pues con dicha variación de calificación lo que el Tribunal a-quo hizo fue adecuar la misma conforme a la responsabilidad penal de los imputados, tomando en consideración la participación real que tuvo cada uno de ellos en la comisión de los hechos imputándoles, al quedar evidenciado durante el juicio que S.P.P., fue quien le infirió el disparo al señor J.M.C., mientras que J.R.F., conducía la motocicleta, por lo que en la especie lo que en sí, no se ha producido una ampliación de la calificación, como señala los recurrentes, sino que lo que se ha operado es un cambio o inversión respecto de la participación que tuvieron ambos en el hecho; de tal modo que independientemente de que los justiciables tuvieron un tiempo razonable para preparar su defensa, los mismos en sí ya conocían la calificación jurídica del expediente, por lo que procede desestimar dichos alegatos; e) Que los recurrentes alegan además, una errónea aplicación de los artículos 309 y 2, 295 del Código Penal Dominicano, al condenar por golpes y heridas y tentativa de homicidio al mismo tiempo, siendo dos tipos penales autónomos, en donde la existencia de uno excluye la presencia del otro, y que condenó a los imputados por encima de la escala prevista para el tipo penal que le correspondía; f) Que, tal como aducen los recurrentes en sus respectivos recursos de apelación, en la especie se trata de dos tipos penales autónomos y por ende diferentes, el tipo penal de golpes y heridas voluntarios previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal Dominicano, y el tipo penal de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 2 y 295 del mismo código, por lo que el juzgador esta en la obligación de establecer la calificación jurídica que le atribuye a los hechos que constituyen el objeto de la prevención, lo cual no hizo el Tribunal a-quo, por lo que esta Corte, dada la comprobación de los hechos fijados por la sentencia recurrida y las circunstancias en que se produjo el fatal acontecimiento en cual los imputados se presentaron a la residencia de la víctima en una motocicleta conducida por J.R.F. e inmediatamente uno de ellos, S.P.P., le disparó directamente al señor J.M.C., infiriéndole la herida por la cual se vio al borde la muerte, que por la forma en que se producen el hecho se evidencia que la intención era la de causarle la muerte a la víctima; g) Que en esas circunstancias, esta Corte entiende que procede adecuar la calificación otorgada a los hechos que constituyen el objeto de la prevención, sustituyendo el tipo penal de golpes y heridas y reteniendo solamente el tipo penal de tentativa de homicidio, dejando igual la sanción que les ha sido impuesta a los justiciables al tratarse de que dicha sanción se encuentra dentro de la escala de penas establecida por el legislador respecto del tipo penal que ha sido transgredido y el que en la especie se trata de un hecho";

Considerando, que por la transcripción anterior, se verifica que la Corte a-qua ante el recurso de apelación presentado, no ofrece una respuesta adecuada y motivada a los vicios denunciados por los imputados respecto a la violación de los artículos 321 y 322 del Código Procesal Penal, limitándose a responder, "que lo que se ha operado es un cambio o inversión respecto de la participación que tuvieron ambos en el hecho; de tal modo que independientemente de que los justiciables tuvieron un tiempo razonable para preparar su defensa, los mismos en sí ya conocían la calificación jurídica del expediente, por lo que procede desestimar dichos alegatos";

Considerando, que tienen razón los imputados recurrentes respecto a que la Corte a-qua no responde lo referente a que no fueron advertidos del cambio de calificación;

Considerando, que si bien otorgar la adecuada calificación jurídica corresponde al tribunal, no es menos cierto que se debe realizar la advertencia al imputado sobre el cambio de calificación, sobretodo en la especie, en que la situación de uno de los imputados es agravada;

Considerando, que también alegan los recurrentes sobre una errónea aplicación de los artículos 309 y 2-295 del Código Penal Dominicano; sin embargo, la Corte a-qua suprimió el artículo 309, al entender que se verificó la tentativa de homicidio, correspondiente a los artículos 2-295, por ser los que se ajustaban al hecho cometido, por lo que este aspecto del recurso debe ser rechazado;

Considerando, que del estudio comparado de los argumentos expuestos en el memorial y de los motivos dados por la Corte a-qua se deriva que la sentencia de que se trata ha incurrido en las violaciones invocadas por los recurrentes en su recurso, por lo que la decisión impugnada debe ser casada, para la realización de un nuevo juicio, con la finalidad de que se les advierta a los imputados sobre el cambio de calificación y preparen sus medios de defensa en este sentido;

Considerando, que cuando una decisión es casada por violación a disposiciones legales atribuidas a los jueces, las costas deben ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por S.P.P. y J.R.F., contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Casa la referida sentencia, y envía el asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que mediante el sistema aleatorio apodere a una de sus Salas del presente proceso; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.