Sentencia nº 85 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Septiembre de 2012.

Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2012
EmisorSegunda Sala

Fecha: 03/09/2012

Materia: Penal

Recurrente(s): D.R.S., L.R.D.

Abogado(s): L.. E.J.P., M.V.J., J.L.L.G., E.G.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): E.R.V.C.

Abogado(s): L.. Lino Nehilam Polanco Musse

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C. y F.E.S.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 3 de septiembre de 2012, año 169° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por D.R.S. y L.R.D., dominicanos, mayores de edad, casados, cédulas de identidad y electorales núms. 001-1054354-3 y 001-1008367-2, domiciliados y residentes en la calle L.M.C., esquina calle 17 del sector Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, imputados y civilmente demandados, contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más a delante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito mediante el cual los recurrentes interponen su recurso de casación, suscrito por los Licdos. E.J.P., M.V.J., J.L.L.G. y E.G., depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 24 de enero de 2012;

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Lino N.P.M., actuando a nombre y representación de E.R.V.C., depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 8 de marzo de 2012;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia para conocer el fondo del mismo para el 13 de agosto de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 8 de marzo de 2011 el señor E.R.W.C. interpuso formal querella con constitución en actor civil en contra de los señores D.R.S. y L.R.D. por presunta violación a la Ley 2859, sobre C.; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la cual dictó su sentencia el 14 de abril de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: "Aspecto penal: PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, a los justiciables D.R.S. y L.R.D., en sus generales de ley que dicen ser: dominicanos mayores de edad, soltero, no portan cédulas, residentes en la autopista D., kilómetro 16 de Los Alcarrizos (Nave de D.D.) al lado de Sobervio Car Wash, culpables, de haber violado de las disposiciones del artículo 66 de la Ley núm. 2859 sobre Expedición de Cheques sin Provisión de Fondos, en perjuicio de E.R.V.C., en consecuencia lo condena a cumplir la pena de seis (6) meses de prisión correccional, y al pago de una multa del valor del duplo del cheque núm. 002021 de fecha 4 de septiembre de 2010 ascendente a la suma de Quinientos Sesenta Mil Pesos (RD$560,000.00), cuyo duplo asciende a la suma de Un Millón Ciento Veinte Mil Pesos (RD$1,120,000.00), y al pago de las costas penales del procedimiento; Aspecto civil: SEGUNDO: Declara, como al efecto declaramos, buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil, interpuesta por la parte querellante E.R.V.C., por haber sido hecha de conformidad con lo que disponen los artículos 50 y 119 del Código Procesal Penal; TERCERO: En cuanto al fondo de la referida constitución en actor civil se condena a los justiciables D.R.S. y L.R.D., al pago de los siguientes a) la restitución y devolución del cheque num. 002021 de fecha 04-09-2010 ascendente a la suma de Quinientos Sesenta Mil Pesos (RD$560,000.00); b) al pago de una indemnización ascendente a la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), por concepto de daños y perjuicios morales y materiales causados a la parte querellante por el ilícito penal configurado en su perjuicio, y en razón de que el tribunal le retiene una falta civil y penal al justiciable; y c) al pago de las costas civiles del procedimiento a favor y provecho de los letrados concluyentes L.. Lino N.P.M. y L.E.D.M., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Ordenar a la secretaría de éste tribunal notificar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes de ley; QUINTO: D., como al efecto diferimos, la lectura integral de la presente sentencia para el día (21) del mes de abril del año dos mil once (2011); a las nueve (9:00 A.M.), horas de la mañana, quedando convocadas y notificadas la parte presente y representada. Se hace consignar que por parte del juez presidente le esta haciendo formal entrega del cheque num. 002021 de fecha 4 de septiembre de 2010 a la parte querellante actor civil a los fines de que proceda a su custodia y conservación"; c) Que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la resolución ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de noviembre de 2011, y su dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto los Licdos. J.L.E. y J.S.M., actuando en nombre y representación de los señores D.S. y L.R.D., por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes";

Considerando, que los recurrentes proponen como medio de casación en síntesis lo siguiente: "que por tratarse de un alcalde el tribunal de primer grado no era el competente, que entre las partes medió un acuerdo en virtud del artículo 39 del Código Procesal Penal, por tanto la acción penal se extingue, que se les violó su derecho de defensa, ya que fueron juzgados en su ausencia y sin abogado, que no lo citaron para la audiencia de fondo en primer grado; falta de motivos, que la Corte debió declarar extinta la acción y revocar la decisión de primer grado, que el a-quo debió examinar su competencia y la Corte no observó nada de esto";

Considerando, que del análisis de la sentencia recurrida y de las piezas que conforman el presente proceso, se advierte que los imputados en fecha 4 de septiembre de 2010 emitió un cheque sin la debida provisión de fondos a favor del querellante, procediendo éste último a demandarlo en fecha 8 de marzo de 2011 por violación a la Ley 2859 sobre Emisión de Cheques sin la Debida Provisión de Fondos por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, siendo condenado el señor D.R.S., conjuntamente con la señora L.R.D., el primero en su condición de Síndico de Los Alcarrizos, a seis meses de prisión, multa por el duplo del cheque y al pago de una indemnización;

Considerando, que el interviniente, señor E.R.V.C., querellante y parte civil constituida, en su escrito de intervención solicitó que se declarara extinguida la acción en contra de los recurrentes por haberse efectuado entre las partes la conciliación, y existir un acuerdo de desistimiento pleno de él como querellante y actor civil en contra de éstos;

Considerando, que nos referiremos al alegato que versa sobre el hecho de que por tratarse de un Alcalde Municipal el tribunal de primer grado no era el competente, por la solución que se le da al caso;

Considerando, que la competencia, desde una óptica procesal, es un sistema mediante el cual se le asignan funciones a los diferentes juzgados y cortes dentro de la jurisdicción a la que pertenecen; que en ese sentido, la Constitución dominicana, el Código Procesal Penal y las leyes especiales señalan las atribuciones de cada uno de los tribunales, lo que delimita su campo de acción y reviste un carácter de orden público; por consiguiente, el juez debe comprobar de oficio su competencia; toda vez que él es "el juez de su propia competencia";

Considerando, que la Ley núm. 176-07 de Los Ayuntamientos del Distrito Nacional y Los Municipios, en su artículo 173, modificó el literal 5 del artículo 71 de la Ley núm. 76-02, para que el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en lo adelante diga como sigue: "Las Cortes de Apelación son competentes para conocer …5. De las causas penales seguidas a los Jueces de Primera Instancia, Jueces de la Instrucción, Jueces de Ejecución Penal, Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, P.F., G.P. y Síndicos";

Considerando, que de la lectura de dicho texto se advierte que las causas penales seguidas a los Síndicos Municipales son de la competencia, en primer grado, de las Cortes de Apelación;

Considerando, que el artículo 42 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "Cuando fuere enviada una ley al P. de la República para su promulgación y el tiempo que faltare para el término de la legislatura fuere inferior al que se determina en el precedente artículo para observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedimiento establecido por el artículo 41. Las leyes, después de publicadas, son obligatorias para todos los habitantes de la República, si ha transcurrido el tiempo legal para que se reputen conocidas";

Considerando, que el artículo 45 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que por la ley se determine, y serán obligatorias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en cada parte del territorio nacional";

Considerando, que el artículo 1 del Código Civil Dominicano, establece lo siguiente: "Las leyes, después de promulgadas por el Poder Ejecutivo, serán publicadas en la Gaceta Oficial. Podrán también ser publicadas en uno o más periódicos de amplia circulación en el territorio nacional, cuando así lo disponga la ley misma o el Poder Ejecutivo. En este caso, deberá indicarse de manera expresa que se trata de una publicación oficial, y surtirá los mismos efectos que la publicación en la Gaceta Oficial. Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber: En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día…";

Considerando, que el artículo 374 de la Ley núm. 176-07 estableció la fecha de su entrada en vigencia, es decir, que esta ley entró en vigencia el 16 de agosto de 2007, y en la especie, la querella con constitución en actor civil fue depositada por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el 8 de marzo de 2011; por lo que la aplicación de dicha ley era obligatoria, conforme a las disposiciones de los artículos 101 y 109 de la Constitución y 1ro. del Código Civil Dominicano; en consecuencia, la Corte a-qua debió declarar de oficio, la incompetencia del juez a-quo y su propia incompetencia para conocer del caso como tribunal de segundo grado, debido al privilegio de jurisdicción del imputado D.R.S., por su calidad de Síndico Municipal de Los Alcarrizos, el cual fue designado en su cargo en fecha 9 de julio de 2010; por lo que en el caso de que se trata se declara nulo y sin ningún efecto jurídico el procedimiento seguido en su contra, en razón de la incompetencia manifiesta de los referidos tribunales;

Considerando, que en presente recurso se convocó y realizó una audiencia oral en la que participaron los jueces A.A.M.S., E.E.A.C. e H.R.; en dicha oportunidad, no se dio ampliación de fundamentos y tampoco se recibió prueba testimonial, de manera que en la audiencia se escucharon las exposiciones del abogado de la parte recurrente, que reprodujo las conclusiones formuladas en el memorial de casación; que al momento de resolver el fondo del recurso, el juez H.R. se encuentra de vacaciones, las que se prolongarán hasta el 6 de septiembre de 2012, en razón de lo cual integra el Tribunal que se pronuncia sobre el fondo de las impugnaciones, la juez M.C.G.B., quien lo sustituye, sin que con ello se cause afectación alguna, pues a criterio de esta Corte de Casación, cónsona a consideraciones hechas por tribunales constitucionales del área, en aquellos casos en que, en casación, se haya realizado audiencia oral, constando además por escrito los argumentos y conclusiones, y no se haya ofrecido ni recibido prueba, ni se hayan planteado argumentos nuevos, como ocurrió en la especie, es constitucionalmente válido que se pueda variar la integración a la hora de pronunciarse y resolver el fondo de los reclamos, pues con ello no se afecta el principio de inmediación y más bien se tutela el de celeridad;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara nulo y sin ningún efecto jurídico el procedimiento seguido por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo y la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en razón de la incompetencia manifiesta de los referidos tribunales; Segundo: Compensa las costas.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., F.E.S.S., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.