Sentencia nº 89 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Junio de 2012.

Fecha de Resolución:25 de Junio de 2012
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25/06/2012

Materia: Penal

Recurrente(s): J.C.M.C., compartes

Abogado(s): L.. P.R.S., L.. D.M.V.U., K.L.S.H.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): S.M.M., compartes

Abogado(s): L.. Amado Gómez Cáceres

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C. y A.A.M.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 25 de junio de 2012, año 169° de la Independencia y 149° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por: a) J.C.M.C., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0305469-2, domiciliado y residente en la calle Santa Rosa núm. 94, sector C.R. de la ciudad de Moca, República Dominicana; b) C.A.E.M., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0349438-5, residente en la calle J.S. núm. 12, barrio La Cruz de M.L. de la ciudad Santiago, República Dominicana; c) D.A.C.N., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, residente en la calle núm. 21, casa núm. 11, barrio Pekín de la ciudad Santiago, imputados, contra la sentencia núm. 596/2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 21 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al alguacil llamar a los recurrentes J.C.M.C., C.A.M.E. y D.A.C.N., quienes no estuvieron presentes;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. P.R.S., defensor público del Departamento Judicial de Santiago, actuando en nombre y representación del recurrente J.C.M.C., depositado el 27 de diciembre de 2011, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. D.M.V.U., defensora pública del Departamento Judicial de Santiago, actuando en nombre y representación del recurrente C.A.E.M., depositado el 26 de diciembre de 2011, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. K.L.S.H., defensora pública, actuando en nombre y representación del recurrente D.A.C.N., depositado el 26 de diciembre de 2011 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. A.G.C., a nombre y representación de los querellantes y actores civiles S.M.M., D.J.M. y Y.F.G., depositado el 21 de noviembre de 2012, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de abril de 2012, la cual declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por D.A.C.N., C.A.E.M. y J.C.M.C., y fijó audiencia para conocerlo el 14 de mayo de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; los artículos 265, 266, 379, 385, 386 párrafo I y II, 295, 304 del Código Penal Dominicano y artículo 39 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) Que en fecha 17 de marzo de 2010, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, presentó acta de acusación en contra de D.A.C.N., C.A.E.M. y J.C.M.C., por asociación de malhechores, robo agravado, homicidio y porte y tenencia de armas; b) Que una vez apoderado el Juzgado de la Instrucción, dictó auto de apertura en fecha 15 de septiembre de 2010 en contra de los imputados; c) Que fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, emitiendo la sentencia núm. 89-2011 del 2 de junio de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara a los ciudadanos D.A.C.N., J.C.M.C. y C.A.E.M., de generales anotadas, culpables de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 385, 386 párrafos I y II, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los crímenes de asociación de malhechores, robo agravado y homicidio voluntario y artículo 39 párrafo III de la Ley 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, hechos que constituyen el hecho de un crimen precedido de otro crimen, en perjuicio de H.A.M. y el Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena a los imputados D.A.C.N., J.C.M.C. y C.A.E.M., a cada uno de ellos a treinta (30) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en la cárcel pública donde se encuentran recluidos y al pago de las costas penales; TERCERO: Rechaza la solicitud de inadmisibilidad de la constitución en actor civil incoada por los señores D.J.M.G., S.M.M.G. y Y.F.G., por los motivos expuestos previamente; CUARTO: En cuanto a la forma, acoge como buena y válida la constitución en actor civil, incoada por los señores D.J.M.G., S.M.M.G. y Y.F.G., por haber sido realizada de conformidad con las normas; QUINTO: Condena a los señores D.A.C.N., J.C.M.C. y C.A.E.M., al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a cada uno, en favor de los actores civiles y querellantes D.J.M.G., S.M.M.G. y Y.F.G., como justa reparación a los daños morales por ellos recibidos; SEXTO: Condena a los señores D.A.C.N., J.C.M.C. y C.A.E.M., al pago de las costas civiles, en provecho de la parte concluyente; SÉTIMO: Difiere la lectura integral de la presente decisión para el día jueves nueve (9) del mes de junio del año 2011, a las 4:15 P.M., fecha para la cual quedan convocadas las partes presentes y representadas"; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por D.A.C.N., C.A.E.M. y J.C.M.C., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 596-2011 del 21 de noviembre de 2011, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo establece lo siguiente: "PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos el primero, por los Licdos. J.A.R.M. y A. de L.F.D., quienes actúan en representación del imputado C.A.M.E.; el segundo, incoado por el Lic. P.R.S., defensor público, quien actúa en representación del imputado J.C.M.C.; y el tercero, interpuesto por la Licda. K.L.S.H., quien actúa en representación del imputado D.A.C.N., todos en contra de la sentencia núm. 089/2011, de fecha dos (2) del mes de junio del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena a los procesados recurrentes al pago de las costas penales de la alzada, declarando las civiles de oficio por no haber sido reclamadas; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal";

Considerando, que los recurrentes D.A.C.N., C.A.E.M. y J.C.M.C., por intermedio de sus respectivos abogados, proponen contra la sentencia impugnada el siguiente medio: "Sentencia manifiestamente infundada.- Contiene el vicio de falta de fundamentación, ya que resuelve los medios en base a presunciones, no así en base a los hechos fijados por la propia sentencia atacada.- Uno de los vicios propuestos a la alzada es que el tribunal no individualizó correctamente a los imputados, en ese tenor, se planteaba que la pruebas que manejó el tribunal no permitían determinar cual acusado había causado la herida de arma de fuego al occiso, por lo que no era posible retener los ilícitos penales de homicidio consumado a todos los imputados por igual, en ese sentido la Corte corrobora lo establecido por primer grado al establecer que si bien la víctima presenta un solo disparo que cegó su vida, no es menos cierto que todos dispararon a mansalva en contra de la víctima como del lugar, con la evidente intención de producir la muerte sin importar cual de los tres lo lograra. Con este criterio infundado, la Corte reproduce la inobservancia de los preceptos legales y constitucionales que norma nuestro proceso penal. De aquí se desprende una marcada tendencia hacia los antiguos criterios de presunción de culpabilidad, no pudiéndose dar el lujo de de hacer presunciones un tribunal de alzada porque viola de forma flagrante la presunción de inocencia. El tribunal no puede presumir la intención de la comisión de un hecho fundamentado en conjeturas originadas por las conjeturas de las circunstancias que rodean el hecho mismo. No puede ser posible que el disparo que produce una persona y que presuntamente le ocasiona su muerte, sea atribuido a tres, en idénticas condiciones. Que el tribunal de alzada se contradice con su propio señalamiento al establecer que la acción de los dos que no lograron impactar el cuerpo de la víctima es tan sancionable como el que sí lo hizo, porque se trata de tentativa que no pudo ser materializada por una causa ajena a la gente, independientemente del resultado. No se realizó autopsia que era obligatoria por ley por tratarse de muerte violenta, persistiendo duda del motivo de la muerte de la víctima que pudo ser por mala práctica médica o por alguna enfermedad que padeciera, ya que la víctima falleció días después. La identidad de los ejecutores era desconocida para los testigos, era necesario reconocerlos y para ello observar las previsiones del reconocimiento de personas; se realizó sin defensor, no se levantó acta, este reconocimiento contaminó a las víctimas ya que a partir de este se formaron una convicción equivocada sobre los autores del hecho. La Corte justifica su decisión con fórmulas genéricas basándose en testimonios ofrecidos en el plenario ante los jueces de fondo, sin proporcionar ni dar las razones de su convencimiento, lo que contradice la jurisprudencia que establece que los jueces en sus motivaciones no pueden limitarse a establecer que las pruebas fueron debidamente valoradas por los jueces de primer grado, pues las sentencias de apelación deben obedecer a las mismas reglas que disciplinan la sentencia de primera instancia y aunque el razonamiento de la Corte desemboque en la misma conclusión que el de primer grado, es necesario que cada uno recorra su propio camino lógico de razonamiento";

Considerando, que los recurrentes invocan en su memorial de casación, por un lado, que la Corte a qua se contradijo con su señalamiento al establecer que la acción de los dos imputados que no lograron impactar el cuerpo de la víctima es tan sancionable como el que sí lo hizo, al tratarse de una tentativa que no pudo ser materializada por una causa ajena al agente, independientemente del resultado;

Considerando, que a nuestro criterio, no existe contradicción de la Corte en su razonamiento, sino que desarrolló y adecuó al caso la Teoría del Dominio del hecho, que sostiene que se considera autor del hecho, quien ostente el dominio final sobre el acontecer de la acción típica; exponiendo, que todos los imputados fueron artífices de la ejecución del hecho; que en ese sentido, al examinar la sentencia y evaluarla en todo su contexto, no se aprecia que la Corte califique el hecho como tentativa, sino que más bien identifica a los agentes activos, imputados, como coautores, puesto que ejecutaron una acción conjunta y de mutuo acuerdo, aportado cada uno una contribución esencial para la consecución del delito, en ese sentido, entendemos pertinente señalar que tratándose de coautores, a pesar de que cada uno haya realizado una parte del hecho, la teoría asume que cada uno es penalmente responsable de la totalidad del resultado, por lo que dicho medio es rechazado;

C., que en cuanto a lo alegado por los recurrentes de que no se realizó autopsia al occiso, la que a su ver era obligatoria al tratarse de muerte violenta, la Corte respondió que no constituye causa de nulidad del proceso, careciendo de relevancia a falta de un perjuicio;

Considerando, que por otro lado, han alegado los recurrentes, que la identidad de los ejecutores era desconocida para los testigos y que era necesario para identificarlos, observar las previsiones del reconocimiento de personas, que se realizó sin levantamiento de acta, y sin defensor, lo que en su opinión, afecta la convicción de los acusadores; a esto ha respondido la Corte a qua que el artículo 218 del Código Procesal Penal dispone: "Reconocimiento de personas. Cuando sea necesario individualizar al imputado se ordena su reconocimiento de la siguiente manera: Se ubica al imputado o a la persona sometida a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior semejante; se pregunta claramente a quien lleva a cabo el reconocimiento, si después del hecho ha visto a la persona mencionada, si entre las personas presentes se encuentra la que mencionó y, en caso afirmativo, se le invita para que la señale con precisión; 3. Al momento de reconocerla, debe expresar las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía al momento del hecho. La observación de la rueda de personas puede ser practicada desde un lugar oculto, cuando se considere conveniente para la seguridad del testigo. Se adoptan las previsiones para que el imputado no se desfigure. El reconocimiento procede aun sin consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda ser conducido personalmente, se procede a utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas. El acto de reconocimiento de personas debe realizarse en presencia del defensor del imputado. De la diligencia se levanta acta donde se consignan todas las circunstancias útiles, incluso los datos personales y el domicilio de los que han formado la rueda de personas, la cual puede ser incorporada al juicio por su lectura"; de lo que se desprende que el reconocimiento de personas se deja a discreción de quien dirige la cuestión, cuando su criterio, constituye una necesidad, texto que al criterio de esta Corte de Casación, ha sido interpretado ajustado a la lógica;

Considerando, que por último, han argüido los recurrentes que la Corte justifica su decisión con fórmulas genéricas basándose en testimonios ofrecidos en el juicio de primer grado sin proporcionar ni dar las razones de su convencimiento; en cuanto esto, la Corte ha respondido a cada uno de los medios planteados, adentrándose en las particularidades del caso; que además, no puede esta excederse fuera del cuadro fáctico establecido por el tribunal de primer grado, quedando limitada su competencia a evaluar si el tribunal de juicio decidió de conformidad a los textos legales, por lo que la Corte actuó correctamente, sin exceder sus facultades, procediendo el rechazo de este medio;

Considerando, que en ese sentido, procede confirmar en todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 427 del Código Procesal Penal.

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a S.M.M., D.J.M. y Y.F.G. en los recursos de casación interpuestos por J.C.M.C., C.A.E.M. y D.A.C.N., contra la sentencia núm. 596-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de a Vega el 21 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Rechaza los referidos recursos de casación; Tercero: E. a los recurrentes del pago de las costas del proceso; Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.