Sentencia nº 93 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Marzo de 2012.

Fecha de Resolución:21 de Marzo de 2012
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 21/03/2012

Materia: Penal

Recurrente(s): Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C.

Abogado(s): J.M.Q.

Recurrido(s): L.. C.A.Q.P.

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 21 de marzo de 2012, años 169° de la Independencia y 149° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. C.A.Q.P., defensor público, en la lectura de sus conclusiones actuando a nombre y representación de la parte recurrida, J.M. Quezada;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el Lic. J.C., depositado el 28 de junio de 2011, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dictado el 20 de octubre de 2011, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 30 de noviembre de 2011;

Visto el auto núm. 25-2012, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de enero de 2012, que ordenó la reapertura de debates del presente proceso, y fijó audiencia para conocerlo el día 8 de febrero de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 395, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 16 de julio de 2009, la Procuradora Fiscal Adjunta de la provincia Santo Domingo, A. a la D.N.C.D., presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra J.M.Q., por ante la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Departamento Judicial de Santo Domingo, por la violación a las disposiciones de los artículos 5 letra a, 28, 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; que posteriormente a través del auto núm. 701-09, el 24 de julio de 2009, la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo designó al Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, para que mediante la celebración de una audiencia preliminar conociera y decidiera sobre la referida acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de J.M.Q., siendo emitido el 16 de septiembre de 2009, el auto de apertura a juicio núm. 375-2009, en su contra, por la violación a las disposiciones de los artículos 5 letra a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó su sentencia el 5 de enero de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Se hace constar el voto disidente de la magistrada D.I.M.P.; SEGUNDO: Declara al imputado J.M.Q., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 224-0001130-8, dominicano y residente en la calle 15, núm. 8, El Café de H., Tel.809-534-4038, actualmente en libertad; culpable de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 5 letra a), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, por haberse presentado pruebas que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia lo condena a cumplir la pena de tres (3) años de reclusión, al pago de una multa de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) y al pago de las costas penales; TERCERO: Ordena el decomiso e incineración de la sustancia envuelta en el presente proceso; CUARTO: Convoca a las partes del proceso para el próximo trece (13) del mes de enero del año dos mil diez (2010), a las 9:00 A.M., para dar lectura integral a la presente decisión. Vale citación para las partes presente "; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la decisión dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de abril de 2010, y su dispositivo es el siguiente"PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Licda. I.S.P.P., actuando en nombre y representaron del señor J.M.Q., por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes "; d) que al ser recurrida en casación la decisión anteriormente descrita, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, procedió en fecha 1ro., de diciembre de 2010 a dictar la resolución núm. 404-2010, mediante la cual se emitió el siguiente dispositivo: "PRIMERO: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por J.M.Q., contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de abril de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; SEGUNDO: Casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema aleatorio designe una de sus Salas, para conocer de la admisibilidad del recurso de apelación; TERCERO: Compensa el pago de las costas"; e) que una vez apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, procedió a dictar propia sentencia, el 3 de junio de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), por el señor J.M.Q., por intermedio de su abogada la Licda. I.S.P.P., en contra de la sentencia núm. 01-2010, de fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la Ley, cuyo dispositivo se encuentra copiado en el cuerpo la presente sentencia; SEGUNDO: La Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, revoca la sentencia núm. 01-2010, de fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que declaró culpable al señor J.M.Q. y en consecuencia, lo descarga, de toda responsabilidad penal por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: Compensa las costas; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las partes; QUINTO: La lectura íntegra de la presente decisión ha sido rendida a las doce horas del mediodía (12:00 meridiano), del día viernes, tres (3) del mes de junio del año dos mil once (2011), proporcionándoles copia a las partes";

Considerando, que el recurrente Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C., invoca en su recurso de casación, en síntesis, los medios siguientes: "Primer Medio: Inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica. Sentencia manifiestamente infundada, toda vez que acredita que toma la decisión porque procedía anular la sentencia recurrida basado en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, podemos observar que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sólo versa sobre la admisibilidad del recurso no de los puntos impugnados, pues la declaración con lugar es sobre el hecho de que la inadmisibilidad tocaba el fondo de los puntos impugnados, además los jueces violentan el artículo 24 del Código Procesal Penal y 172 del referido código, al no hacer una evaluación integral de las pruebas, dictando una sentencia manifiestamente infundada, violentando así el artículo 425 párrafo 3 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Violación al artículo 172 del Código Procesal Penal. Los jueces hicieron una evaluación segmentada de las pruebas, no integral de las mismas, pues sólo se limitaron a la apreciación los testimonios de las partes, toda vez que no observaron el arresto en flagrante delito así como el acta de registro de personas y el acta del INACIF, debieron hacer una exclusión probatoria de los demás medios de pruebas vinculantes del proceso";

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: "1) Que del estudio de la glosa procesal han quedado como hechos fijados en la sentencia recurrida, los cuales no han sido controvertido, las declaraciones de los testigos a cargo, las cuales se contradicen, pues mientras el señor E.M.G., expresa que al imputado recurrente le encontraron 89 porciones y que lo agarraron en un esquina, su compañero, el también testigo presencial J.R.F., dice que le encontraron 40 porciones y que estaba en un callejón cuando lo apresaron; que analizando ambos testimonios resulta que los testigos se contradicen en sus declaraciones, estos testimonios al ser contradictorios debieron ser excluidos, por lo que esta alzada estima que carecen de validez lógica, razón por la cual procede acoger el medio planteado por el recurrente; 2) Que esta S. al analizar la sentencia impugnada enviada por la Suprema Corte de Justicia, al momento de estatuir sobre el fondo del recurso, pudo comprobar luego del examen de la sentencia recurrida, que ciertamente la misma no contiene motivos lógicos suficientes que justifiquen su dispositivo. Asimismo pudo establecer que los Jueces a-quo no valoraron los elementos de pruebas regularmente administrados durante la instrucción de la causa, tal como alega el recurrente; 3) Que es obligación de los tribunales del orden judicial motivar sus sentencias como principio general cuyo objeto es que la Corte este en condiciones de apreciar la misma y que el recurrente encuentre que la decisión no es arbitraria o ilegal; 4) Que del estudio de la sentencia y demás actuaciones remitidas por la Suprema Corte de Justicia, esta Corte entiende que procede acoger el indicado recurso de apelación y en consecuencia dictar su propia decisión anulando la sentencia recurrida y descargando al imputado recurrente J.M.Q., de la comisión de los hechos imputándoles, pues del análisis y ponderación de las piezas y documentos que integran el presente proceso judicial, se advierte, que tal y como alega el recurrente, los Jueces a-quo para fallar como lo hicieron, expresaron: "que de acuerdo a lo aportado como evidencia, en el presente se demostró que fueron presentados los testimonios debidamente juramentados, los cuales informaron el lugar en el que fue arrestado el imputado, señalándolo como la persona a la cual se le ocupó las sustancias controladas. Expresaron que eran crack, cocaína y marihuana, no recordando con exactitud algunas cosas, algo normal por el tiempo que ha transcurrido. Estos testigos autenticaron los documentos elaborados, consistentes en acta de flagrante delito D.P., acta de registro de persona prueba I de la Fiscalía, demostrando que al inicio del proceso se realizaron los procedimientos correspondientes, sustentados esto con claridad la responsabilidad del imputado"; sin embargo, en la especie, se trata de testigos que han entrado en contradicción en sus testimonios, como se ha dicho más arriba, por lo que sus declaraciones no son fiables para sustentar una condenatoria; 5) Que del estudio de la sentencia y demás actuaciones remitidas por la Suprema Corte de Justicia se concluye que el imputado recurrente J.M.Q., no cometió la falta imputable, ya que las declaraciones contradictorias de los agentes que lo apresaron son insuficientes para dictar sentencia condenatoria, lo que debieron valorar los jueces de primer grado, por tanto esta Corte entiende que procede acoger el indicado recurso de apelación y en consecuencia dictar su propia decisión, anulando la sentencia recurrida y descargando de toda responsabilidad al imputado recurrente J.M.Q., de la comisión de los hechos imputádoles, consistente en la violación a las disposiciones de los artículos 5 letra a) 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, por no haber sido probado el hecho que se le imputa al señor J.M.Q., en consecuencia procede ordenar el cese de toda medida de coerción que pese en su contra; 6) Que en base a todo lo planteado, esta Corte actuando como Tribunal de alzada estima que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de febrero de 2010, por el señor J.M.Q., por intermedio de su abogada la Licda. I.S.P.P., en contra de la sentencia núm. 01-2010, de fecha 5 de del mes de enero de 2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo y en consecuencia anular la sentencia recurrida, por las razones expuestas precedentemente";

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia que en relación al primer aspecto del primer medio de casación planteado por el recurrente en su memorial de agravios, en lo atinente a la actuación de la Corte en ocasión del envío que hizo la Suprema Corte de Justicia, el mismo resulta improcedente, toda vez que esta lo que hizo no fue más que un ejercicio propio de sus funciones jurisdiccionales, que era conocer y fallar el proceso circunscribiéndose a las disposiciones del artículo 422 del Código Procesal Penal, que le permiten avocar al conocimiento del caso y dictar su propia decisión, tal como lo hizo;

Considerando, que en el segundo aspecto del primer medio de casación, así como en el segundo medio invocado en su recurso, el recurrente argumentó violación a las disposiciones de los artículos 24 y 172 del Código Penal Dominicano, que en este sentido, ha sido juzgado que si bien en la actividad probatoria los jueces del fondo tienen la plena libertad de convencimiento de los hechos sobre los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio y del valor otorgado a cada uno, estos es con la limitante de que su valoración la realicen con arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia;

Considerando, que dicha ponderación o valoración está enmarcada además en la evaluación integral de cada uno de los elementos probatorios sometidos al debate; lo que no ha ocurrido en la especie, donde la Corte a-qua procedió a pronunciar el descargo del imputado J.M.Q., acusado de violar las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, argumentando que el imputado no cometió la falta atribuida, ya que las declaraciones contradictorias de los agentes que lo apresaron son insuficientes para dictar sentencia condenatoria; sin explicar los efectos de la referida contradicción con relación al contenido del acta de arresto practicada en flagrante delito y del acta de registro de personas, así como del contenido de la certificación expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); que diera como consecuencia la exclusión probatoria de estas; por consiguiente, procede acoger los argumentos examinados;

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que mediante el sistema aleatorio designe una de sus Salas, con excepción de la Segunda Sala, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Costas de oficio.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.