Sentencia nº 64 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2013.

Fecha de Resolución:28 de Enero de 2013
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 28/01/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): Procuradora Fiscal Adjunta de la provincia de Santo Domingo

Abogado(s): L.. S.V.H.

Recurrido(s): W.J.V.G., J.C.C.J.

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 28 de enero de 2013, años 169° de la Independencia y 149° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por la Procuradora Fiscal Adjunta de la provincia Santo Domingo, L.. S.V.H., contra la resolución núm. 58/2012, dictada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo el 20 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 3 de julio del 2012 mediante el cual la Procuradora recurrente interpone recurso de casación;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 10 de diciembre de 2012 a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron al fondo, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos cuya violación se invoca, así como el 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;

Considerando, que en la sentencia núm. 58/2012, impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los siguientes: a) que el 20 de febrero de 2012, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo en ocasión de estar apoderado para el control de la investigación en el proceso abierto contra W.J.V.G. (a) B. y J.C.C.J. (a) A., imputados de transgredir las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal, procedió a dictar la decisión que ahora es objeto de casación, en cuyo dispositivo establece: "PRIMERO: Se extingue la acción penal a favor de los imputados W.J.V.G. y J.C.C.J., en virtud del vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado actos conclusivos, en virtud del artículo 44 numeral 12 y 151 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Se ordena el cese de la medida de coerción consistente en prisión preventiva impuesta a los imputados W.J.V.G. y J.C.C.J., disponiendo su libertad inmediata, a menos que estén recluidos por otra infracción penal; TERCERO: Vale notificación para las partes por estar presentes en la audiencia";

Considerando, que la Procuradora recurrente invoca en su recurso el siguiente medio de casación: "Artículo 417 numeral 4: la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica"; fundamentado en que: "El juez declaró la extinción de la acción penal sin haber cumplido los requisitos exigidos por la ley para poder pronunciarse sobre la extinción o no esa acción; luego de conocerse la vista de medida de coerción en fecha 30 de octubre de 2011, el Juzgado de la Instrucción celebró de oficio la audiencia de revisión de medida de coerción el día 1ro. de febrero de 2012 estando presente los abogados de defensa, quienes solicitaron la suspensión a los fines de tomar conocimiento del proceso, a lo cual el Ministerio Público no hizo oposición, y en tal virtud del tribunal se pronunció intimando al procurador titular de la provincia Santo Domingo para que en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación de esta resolución presente acto conclusivo y en el ordinal segundo de dicho auto ordenó notificar por secretaria el presente auto al Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, pero resulta que este mandato del juez sólo quedó en letras pues la notificación a la fiscalía nunca se hizo y aún así, el tribunal declaró extinguida la acción penal el día 20 de febrero del año 2012, siendo esto una violación grosera al artículo 151 del Código Procesal Penal; de manera que el juez, al extinguir la acción penal de la forma tan arbitraria como lo hizo, violó el debido proceso de ley, pues su rápida resolución va en desmedro de la víctima de este proceso a quien la ley también le reconoce y resguarda sus derechos, entonces sin tomar esas precauciones es evidente que su decisión fue arbitraria y divorciada de los preceptos legales, cometiendo con ello una falta que jamás versar afectando lo intereses de las partes involucradas en el proceso pues no tienen porqué pagar las faltas que cometen los impartidores de justicia";

Considerado, que el Juzgado a-quo para adoptar la decisión ahora recurrida, estableció: "Que el día primero (1) del mes de febrero del año dos mil doce (2012), este tribunal ordenó intimar al Ministerio Público para que presente acusación antes del quince (15) de febrero del año dos mil doce (2012), con la advertencia de que no presentar actos conclusivos se procedería a declarar la extinción de la acción penal a favor del imputado, en cumplimiento de los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal, y verificando la certificación emitida por Secretaria General del Despacho de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo de fecha 20 de febrero del año dos mil doce (2012), no ha sido presentado acusación, ni ningún acto conclusivo por parte del Ministerio Público o de la parte querellante, por lo que el tribunal procede a declarar extinguida la acción penal a favor de los justiciables W.J.V.G. y J.C.C.J., por lo que se ordena su libertad inmediata, a menos que este recluido por otra infracción penal";

Considerando, que en apoyo de su recurso, la Procuradora recurrente, aporta una certificación emitida por la Secretaria Auxiliar de los Juzgado de al Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, que expresa, en torno al caso de que se trata, que: "no existe constancia de que al Ministerio Público le fuera notificado el auto de intimación y revisión de medida de coerción de oficio de fecha 01-02-2012, dictado por el Quinto Juzgado de la Instrucción de este Distrito Judicial";

Considerando, que de las piezas que forman el proceso se desprende que el Juzgado a-quo celebró una audiencia el 1ro. de febrero de 2012, a fines de revisar de oficio la medida de coerción impuesta contra los justiciables, en dicha audiencia el juez intima al Lic. J.M.N., Procurador Fiscal Adjunto de la provincia Santo Domingo a través del Procurador Fiscal, D.P.A.A., para que en un plazo de diez (10) días a partir de la notificación de la resolución, formulen requerimiento a favor o en contra de os imputados, advirtiéndole que de no hacerlo se declararía extinguida la acción penal, y ordenó notificar por secretaría el auto de marras;

Considerando, que entre las piezas remitidas junto al recurso de casación por la secretaría del Juzgado a-quo no se aprecian las correspondientes notificaciones de la intimación ordenada por el Juez, lo que se corrobora con la reseñada certificación de la Secretaría de los Juzgados de la Instrucción indicando tal situación;

Considerando, que tal como alega la recurrente, el Juzgado a-quo no tomó en cuenta las disposiciones del artículo 151 del Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: "Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de diez días. Si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal"; razón por la cual el Juzgado a-quo violentó el debido proceso de ley e incurrió en inobservancia de las disposiciones legales señaladas por la Procuradora recurrente al declarar extinguida la acción penal, ya que, de la referida normativa se deriva que sólo procede declarar la extinción de la acción penal, en lo referente a la causa señalada en el numeral 12 del artículo 44 del citado código, en aquellos casos en los cuales se ha vencido el plazo de la investigación sin que se haya presentado acusación, ni se haya dispuesto el archivo del expediente, ni presentado cualquier otro requerimiento conclusivo; siempre que en virtud de lo anterior se intime al Ministerio Público, se notifique a la víctima, si la hay, y haya expirado el plazo de diez días sin que ninguno de ellos presente requerimiento alguno;

Considerando, que en virtud de todo cuanto antecede procede acoger el recurso de que se trata y anular la decisión atacada, por incurrir en los vicios denunciados;

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por la Procuradora Fiscal Adjunta de la provincia Santo Domingo, L.. S.V.H., contra la resolución núm. 58/2012, dictada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo el 20 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y envía el proceso ante el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo a los fines reseñados en el cuerpo de esta decisión; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.