Sentencia nº 70 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Enero de 2013.

Fecha de Resolución:22 de Enero de 2013
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 22/01/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): J.M.C.

Abogado(s): L.. G.R.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de enero de 2013, años 169° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.M.C., dominicano, mayor de edad, soltero, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle C, núm. 46, del sector Los Salados Nuevos, de la ciudad de Santiago, imputado, contra la sentencia núm. 0234/2012CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de junio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. G.R., defensor público, a nombre y representación de J.M.C., depositado el 11 de julio de 2012, en la secretaría general de la Jurisdicción Penal de Santiago, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de octubre de 2012, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente J.M.C., y fijó audiencia para conocerlo el 3 de diciembre de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; la Ley núm. 76-02, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 22 de octubre de 2009, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de J.M.C. (a) K., imputándolo de haber violado los artículos 4 letra d, 5 letras a y b, 6 letras a y c, 8 categorías I y II, acápites II y III, código 9041, código 7360, 9 letras d y f, 58 letra a, 75 párrafo II, y 85 letra j, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; b) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, el 27 de noviembre de 2009; c) que para el conocimiento del fondo del presente caso fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia núm. 265-2010, el 25 de octubre de 2010, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: "PRIMERO: Se declara al ciudadano J.M.C., dominicano, mayor de edad, soltero, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle C, al final, casa S/N, casa construida de block y zinc, pintada de color blanco, con verja negra, de esta ciudad de Santiago, culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 4 letra d, 5 letras a y b, 6 letras a y c, 8 categorías I y II, acápite II y III, código 9041, código 7360, 9 letras d y f, 58 letra a, 75 párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficante, en perjuicio del Estado Dominicano, SEGUNDO: Se condena al ciudadano J.M.C., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de cinco (5) años de prisión, al pago de una multa consistente en la suma Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Se ordena la incineración de la sustancia descrita en el Certificado de Análisis Químico Forense marcado en el núm. SC2-2009-08-25-003825, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil nueve (2009); CUARTO: Se ordena la confiscación del objeto ocupado consistente en un pedazo de tela negra; QUINTO: Se ordena la notificación de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Consejo Nacional de Drogas, para los fines de ley correspondiente"; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia núm. 0234/2012-CPP, objeto del presente recurso de casación, el 25 de junio de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente: "PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el Lic. G.R., en su calidad de defensor público del Departamento Judicial de Santiago, actuando a nombre y representación del imputado J.M.C., en contra de la sentencia núm. 265/2011 (sic), de fecha veinticinco (25) del mes de octubre del año dos mil once (2011) (sic), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada; TERCERO: Exime las costas";

Considerando, que el recurrente J.M.C., por intermedio de su abogado defensor, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: "Primer Medio: Errónea valoración de las pruebas y los hechos que producen una violación a la presunción de inocencia; Segundo Medio: En cuanto a la violación de la Ley 50-88 por errónea aplicación de la misma";

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios, planteó en síntesis lo siguiente: "Que la Corte a-qua en su decisión recurrida se evidencia una transformación invertida de ese principio tan fundamental de la inocencia; que no se dedica al comercio de sustancias y que la supuesta sustancia no era de su propiedad, ni le fue encontrada en su poder ni en sus pertenencias, ya que en ningún momento se demostró que el imputado haya sido la persona que colocara la droga en el lugar que dice el fiscal haberla encontrado ni mucho menos que el imputado era el propietario de la vivienda allanada ni mucho menos que tuviera dominio sobre todo lo que se encontraba en dicha vivienda; que de acuerdo a los artículos 24 y 417 del Código Procesal Penal, resulta que es imprescindible las motivaciones de las decisiones a los fines de evitar lo que ha ocurrido en el caso de la especie: falta, ilogicidad y contradicción de la decisión impugnada; que con la decisión hoy impugnada, se ha realizado una errónea interpretación y una errónea forma de aplicar la ley ya que se ha invertido la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad, lo que ha ocasionado que se desvirtúe el debido proceso y las garantías a favor del imputado, que de haberlo hecho de otra forma, no tuviera una sentencia condenatoria; que con la decisión el Tribunal a-quo desnaturalizó y violentó las disposiciones de los artículos 18, 26, 166, 172 y 333 del Código Procesal Penal";

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar el argumento sobre la presunción de inocencia, dijo lo siguiente: "De modo y manera que no lleva razón el quejoso cuando reclama la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, toda vez que el testimonio del Ministerio Público actuante licenciado O.A.B. en el sentido de que tenían conocimiento de que el imputado estaba vendiendo drogas, que fueron a su casa a hacerle un allanamiento, que cuando los escuchó intentó esconderse y que ‘…en el patio donde se encontraba un rejón para gallos encontraron 15 porciones de cocaína con un peso aproximado de 9.2 gramos y 13 porciones de marihuana con un peso aproximado de 17.4 gramos’, combinado con el acta de allanamiento de fecha 8 de agosto de 2009 y con el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC2-2009-08-25-003825 instrumentado por el INACIF, con el que se establece que las 15 porciones de polvo resultaron ser 9.17 gramos de cocaína y las 13 porciones de vegetal resultaron ser 17.49 gramos de cannabis sativa (marihuana), pruebas que justifican, legítimamente, la condena, por ser pruebas lícitas y con fuerza suficiente para establecer el ilícito por el que resultó condenado; …lo esencial es que se demuestre y que el tribunal se convenza, como en el caso de marras, de que la sustancia controlada se encontraba bajo el dominio del imputado. Por lo tanto en el caso en concreto la condena es legítima por existir pruebas a cargo con potencia suficiente para destruir la presunción de inocencia; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado"; por consiguiente, la Corte a-qua contestó de manera adecuada dicho medio, toda vez que se fundamentó en la prueba testimonial del fiscal actuante, quien en virtud de que tenía informaciones de que K. se dedicaba a la venta de drogas, solicitó previo al hecho una orden para allanar la vivienda donde éste residía comprobándose con el acta de allanamiento la existencia de sustancia controlada, por lo que ciertamente quedó debidamente destruido el estado de inocencia que le asiste al imputado ya que la droga ocupada fue hallada en una dependencia de su casa, sobre la cual tenía control y dominio; por lo que procede rechazar dicho aspecto;

Considerando, que, por otro lado, el recurrente también planteó que: "No se constituye la comisión del crimen de comercio de sustancias ya que si se observa bien el asunto no se presentaron pruebas que establecieran que el imputado vendiera o comprara sustancias, esta aseveración de que es distribuidor es una irrazonable e ilógica presunción que desconoce el debido proceso de ley, en especial atención a la interpretación analógica en contra del imputado... El argumento del a-qua es totalmente desconocedor de los conceptos antes indicados. Lo que ha ocurrido es que no ha importado si se ha demostrado que existe un comprador, o un vendedor, o si el imputado comercia con drogas… sino solamente la cantidad de la droga para establecer una categoría… que lo anterior no solo supone una errónea aplicación de la ley 50-88, sino también una inobservancia del artículo 25 del Código Procesal Penal, sobre interpretación de las normas";

Considerando, que la Corte a-qua para contestar dicho aspecto dio por establecido lo siguiente: "Que no lleva razón el quejoso en su reclamo. Y es de conformidad con la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la categoría o calificación va a depender del tipo y cantidad de droga atribuida al imputado, y en el caso en concreto, por tratarse de más de 5 gramos de cocaína (9.17 gramos de cocaína y 17.49 gramos de marihuana), el a-quo hizo bien en condenarlo como traficante al tenor del artículo 5 de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado, así como el recurso en su totalidad";

Considerando, que la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, no sólo califica como traficante al infractor de la misma amparado en los términos conceptuales que establece dicha ley, sino que además le otorga tal denominación cuando el peso de la droga o sustancia controlada se encuentra dentro de los parámetros previstos por el legislador dominicano, tal y como indicó la Corte a-qua; por consiguiente, ésta no incurrió en una errónea interpretación de la norma procesal; por lo que, el referido argumento carece de fundamento y de base legal; en consecuencia, debe ser desestimado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.M.C., contra la sentencia núm. 0234/2012CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de junio de 2012, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Compensa las costas; Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.