Sentencia nº 80 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Enero de 2013.

Fecha de Resolución:22 de Enero de 2013
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 22/01/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, L.. F.R.

Abogado(s):

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): S.H.P.

Abogado(s): L.. H.P.V., Cristino Lara Cordero

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de enero de 2013, año 169° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., contra la sentencia núm. 051/2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 15 de marzo de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. H.P.V., en representación del L.. C.L.C., defensores públicos, quienes a su vez representan a la parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., depositado el 27 de marzo de 2012 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. C.L.C., defensor público, a nombre de S.H.P., depositado el 31 de mayo de 2012, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de octubre de 2012, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación y se fijó audiencia para conocerlo el 3 de diciembre de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así como los artículos 70, 246, 249, 395, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas;

Considerando, que son hechos consignados en la sentencia y en los documentos que en ella se hace mención, los siguientes: a) que el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Duarte, L.. A.L. de los Ángeles presentó una acusación en contra de S.H.P., por éste haber violado los artículos 4 literal d, 5 literal a, 6 literal a, 58 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; b) que el Juez del Primer Juzgado de la Instrucción de ese distrito judicial ordenó apertura a juicio contra dicho imputado, apoderándose al Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, el cual dictó su sentencia núm. 083-2011, el 30 de agosto de 2011, y su dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara culpable a S.H.P., de ser traficante de drogas tipo cocaína clorhidratada con un peso de 11-74 gramos y cannabis sativa (marihuana) con un peso de 961 miligramos, hecho previsto y sancionado por los artículos 4-d, 5-a, 6-a, 58 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en consecuencia se le condena a cumplir cinco (5) años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de la ciudad de San Francisco de Macorís, así como al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano en aplicación del artículo 75 párrafo II de la misma ley. Acogiendo de esta forma las conclusiones del Ministerio Público; SEGUNDO: Rechaza las concusiones de la defensa del acusado por las motivaciones expuestas y que se hacen constar en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: Ordena la figura como cuerpo de delito en este proceso consistente: 11.74 gramos de cocaína clorhidratada y 961 miligramos de cannabis sativa (marihuana), en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para ser leída en audiencia pública el día martes 6 de septiembre de 2011, a las 9:00 horas de la mañana, quedando convocados las partes presentes"; c) que esa sentencia fue recurrida en apelación por el imputado, resultando apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual produjo la sentencia núm. 051/2012, hoy recurrida en casación el 15 de marzo de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación incoado en fecha 18 de enero de 2012, por el Lic. C.L.C., defensor técnico del recurrente S.H.P., contra la sentencia núm. 083-2011, de fecha 30 de agosto de 2011, emanada del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. En tal sentido revoca, por errónea aplicación de normas legales y constitucionales y en consecuencia emite decisión propia en base a las comprobaciones de hecho fijadas por el Tribunal de primer grado, y declara por lo tanto no culpable al imputado S.H.P., y decreta el cese de la medida de coerción que pesa contra el mismo y ordena su inmediata puesta en libertad, al tenor del artículo 337 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas, manda que el secretario la comunique";

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación los siguientes: "Primer Medio: Sentencia contradictoria con otros fallos de la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia y sentencia manifiestamente infundada por violación a los artículos 426.3, 166, 170, 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: La sentencia contiene una motivación insuficiente; artículo 24 del Código Procesal Penal";

Considerando, que en ambos medios examinados en conjunto, por su evidente vinculación, el recurrente aduce en síntesis, lo siguiente: "La Corte ha hecho dos razonamientos importantes, el primero con relación a lo dispuesto en el artículo 177 del Código Procesal Penal, acerca de que aun cuando el agente haya declarado en juicio de que previo al operativo había informado al ministerio público, no existe constancia física de tal circunstancia, pero de la lectura del artículo 177 del citado código, no se establece que esta información deba hacerse por escrito; sino como en el caso de la especie el agente en el juicio oral, público y contradictorio manifieste que ha dado cumplimiento a esta disposición; por otro lado dice la Corte que si el agente tenía conocimiento debió realizar dicho operativo bajo la dirección de ministerio público; razonamiento erróneo, porque el código no se refiere al delito flagrante, como en este caso, sino a delitos donde se están investigando una o varias personas que se han asociado con este propósito de cometer delitos; siendo este criterio contradictorio con sentencias de la Suprema Corte de Justicia";

Considerando, que para la Corte a-qua fallar en la forma que lo hizo estableció, fundamentalmente, que en la especie, el agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas que participó en el apresamiento del imputado sabía que llevaría a cabo un registro colectivo, por lo que debió de informar de las diligencias a ejecutar a un representante del ministerio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Procesal Penal, y no existía constancia de tal situación; y que además, por haber declarado que tenía conocimiento de que dicho imputado se dedicaba al tráfico de drogas, debió de hacerse acompañar de un procurador fiscal;

Considerando, que tal y como afirma el recurrente, el artículo 177 del Código Procesal Penal se refiere a casos excepcionales donde se vayan a realizar operativos de "registros colectivos", que no es lo que acontece; en los cuales el agente actuante sí está en el deber de informar al ministerio público de la diligencia a realizar; comunicación esta, que de conformidad con la normativa procesal penal, no está sujeta a ninguna formalidad; donde si bien es cierto que el testigo manifestó tener conocimiento de que el imputado se dedicaba al tráfico de drogas, por tratarse de un delito flagrante, y no de un registro colectivo realizado a propósito de una investigación iniciada, como refiere el indicado artículo, no era necesaria la presencia de un procurador fiscal; contrario a como fue interpretado por la Corte a-qua; por todo lo cual procede acoger los medios examinados;

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a S.H.P. en el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., contra la sentencia núm. 051/2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 15 de marzo de 2012, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Declara con lugar el indicado recurso de casación; en consecuencia, casa la referida sentencia y ordena el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, para una nueva valoración del recurso de apelación; Tercero: Declara las costas de oficio.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.