Sentencia nº 89 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Enero de 2013.

Fecha de Resolución14 de Enero de 2013
EmisorSegunda Sala

Fecha: 14/01/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): A.A.A.P., A.I.-Export, SRL

Abogado(s): L.. G.V.S.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): J.A. de los Reyes, E.V.S., SRL

Abogado(s): Dr. E.M.C., L.. M. de la Rosa

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 14 de enero de 2013, año 169° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por A.A.A.P., dominicano, mayor de edad, comerciante, cédula de identidad y electoral núm. 001-1694818-3, domiciliado y residente en la calle A.G.M., esquina D.R.O., sector S.C. de esta ciudad, y la razón social Amado Import-Export, S.R.L., constituida de conformidad con las leyes dominicana, representada por su gerente general A.A.A.P., con domicilio social Principal en la calle 30 de Marzo, núm. 114, sector S.C. de esta ciudad, civilmente demandado, contra la sentencia núm. 0094-TS-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 20 de julio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. M. de la Rosa, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 26 de noviembre de 2012, a nombre y representación de la parte recurrida J.A. de los Reyes y Ego Vanity Store, S. R.L.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado incoado por el Lic. G.V.S., a nombre y representación de A.A.A.P. y la razón social A.I.-Export, S.R.L., depositado el 6 de agosto de 2012, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interponen dicho recurso de casación;

Visto el escrito de intervención suscrito por la Licda. M. de la R.G., por sí y por el Dr. E.M.C., a nombre y representación de J.A. de los Reyes y Ego Vanity Store, SRL, depositado el 21 de agosto de 2012, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 12 de octubre de 2012, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para conocerlo el 26 de noviembre de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 2859, sobre C.; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) Que el 18 de noviembre de 2011, la compañía Amado Display Import-Export, C. por A. representada por A.A.A.P. emitió un cheque por la suma de ‘Quinientos Treinta Trescientos Veinte Pesos’ (sic) (RD$530,320.00), a favor de J.A. de los Reyes, girado contra el Banco Santa Cruz, cuyo pago fue rehusado; b) que el 15 de diciembre de 2011, J.A. de los R. y la razón social Ego Vanity Store, S.R.L., representada por su presidente K.L.N.R., presentaron formal acusación con constitución en actor civil en contra de la compañía Amado Display Import-Export, C. por A. y A.A.A.P., siendo apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para el conocimiento del caso, la cual dictó la sentencia núm. 044-2012, el 3 de abril de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente: "PRIMERO: Declara al imputado A.A.A., culpable de infracción al artículo 66 de la Ley 2859, sobre C., y sus modificaciones, y 405 del Código Penal, en consecuencia, lo condena a cumplir una pena de un seis (6) meses de prisión, y al pago de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Condena al imputado A.A.A., y la razón social A.D.I.-Export, C. por A., al pago de la suma de Quinientos Treinta Mil Trescientos Veinte Pesos (RD$530,320.00), a favor del actor civil y querellante J.A. de los R., monto igual al cheque núm. 000102, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil once (2011), por valor de Quinientos Treinta Mil Trescientos Veinte Pesos (RD$530,320.00), del Banco Santa Cruz, emitido por el imputado A.A.A.P. y la razón social Amado Display Import-Export, C. por A., sin la debida provisión de fondos; TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil, interpuesta por el actor civil y querellante, J.A. de los R., en contra del imputado A.A.A.P. y la razón social Amado Display Import-Export, C. por A., por haberse hecho conforme a la ley; y rechaza la constitución en actor civil, interpuesta por el actor civil y querellante, la razón social E.V.S., S.R.L., representada por el señor K.L.N.R., por no haberse probado el perjuicio que la conducta del imputado A.A.A.P. y la razón social Amado Display Import-Export, C. porA., le ha causado; CUARTO: En cuanto al fondo de la indicada constitución en actoría civil, condena al imputado A.A.A.P. y la razón social Amado Display Import-Export, C.por A., al pago de una indemnización de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor y provecho del actor civil y querellante J.A. de los R., como justa reparación por los daños y perjuicios que la conducta del imputado A.A.A. y la razón social Amado Display Import-Export, C. porA., le ha causado al actor civil y querellante; QUINTO: Condena al imputado A.A.A. y la razón social Amado Display Import-Export, C. por A., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados del actor civil y querellante, D.. M. de la Rosa, O.R. y E.M.C.; SEXTO: Ordena la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para fines legales correspondientes; SÉTIMO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día once (11) del mes de abril del año dos mil doce (2012), a las doce horas del medio día (12:00 m.); OCTAVO: Vale citación para las partes presentes y representadas"; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación por la razón social Amado Import-Export, S.R.L., y A.A.A.P., siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 0094-TS-2012, objeto del presente recurso de casación, el 20 de julio de 2012, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: "PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. G.V.S., actuando a nombre y en representación de la sociedad comercial Amador Import-Export, C. por A., debidamente representada por su gerente general A.A.A.P., en fecha veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil doce (2012), contra la sentencia marcada con el núm. 044-201, de fecha tres (3) del mes de abril del año dos mil doce (2012), leída íntegramente en fecha once (11) del mismo mes y año, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por las razones expuestas en el cuerpo motivado de la presente decisión; SEGUNDO: Modifica el ordinal cuarto de la decisión impugnada, en tal sentido, condena al imputado A.A.A.P. y a la razón comercial Amado Displey Import-Export, C. por A., al pago de un monto indemnizatorio ascendente a la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), a favor del querellante y actor civil, J.A. de los R., como justa reparación por los daños y perjuicios causados por su hecho; TERCERO: Compensa el pago de las costas del procedimiento causadas en la presente instancia judicial; CUARTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente decisión al Juez de Ejecución Penal del Distrito Nacional, para los fines correspondientes. La presente decisión por su lectura vale conocimiento y notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la audiencia de fecha dos (2) del mes de julio del año dos mil doce (2012), procediendo la secretaria a la entrega de las copias correspondientes a las partes, de conformidad con la parte in-fine del artículo 335 del Código Procesal Penal y decisión de Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dada mediante Resolución núm. 2921-2007, de fecha trece (13) del mes de septiembre del año dos mil siete (2007)";

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: "En cuanto a la violación al principio de oralidad: La parte recurrente alega que el Juzgador no hace mención, en su decisión, de lo acaecido durante el curso de la audiencia, en cuanto a los hechos discutidos y establecidos en su desarrollo. En tal sentido, entiende esta Sala que el cumplimiento de tal formalidad no debe ser registrado en la sentencia, ya que los requisitos indispensables de forma que debe contener la sentencia son aquellos consignados en el artículo 334 del Código Procesal Penal, que a la letra dice así: "La sentencia debe contener: 1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta, el nombre de los jueces y de las partes y los datos personales del imputado; 2. La enunciación del hecho objeto del juicio y su calificación jurídica; 3. El voto de cada uno de los jueces con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los fundan, sin perjuicio de que puedan adherirse a las consideraciones y conclusiones formuladas por quién vota en primer término; 4. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima acreditado judicialmente y su calificación jurídica; 5. La parte dispositiva con mención de las normas aplicables; 6. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hace constar en el escrito y la sentencia vale sin esa firma". De la lectura y análisis de lo precedentemente transcrito, se evidencia que hacer consignar los incidentes acaecidos durante el desarrollo de la audiencia no constituyen una formalidad que deba ser parte integrante de la sentencia. Amén, de que las previsiones del artículo 346 del Código Procesal Penal, así lo confirman, que a la letra dispone: "El secretario extiende acta de la audiencia, en la cual hace constar: 1. El lugar y fecha de la audiencia, con indicación de la hora de apertura y de cierre, incluyendo las suspensiones y reanudaciones; 2. El nombre de los jueces, las partes y sus representantes; 3. Los datos personales del imputado; 4. Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los nombres y demás generales de los peritos, testigos e intérpretes, salvo que el tribunal haya autorizado la reserva de identidad de alguno de ellos; la referencia de las actas y documentos o elementos de prueba incorporados por lectura y de los otros elementos de prueba reproducidos, con mención de las conclusiones de las partes; 5. Las solicitudes formuladas, las decisiones adoptadas en el curso del juicio y las oposiciones de las partes; 6. El cumplimiento de las formalidades básicas; dejando constancia de la publicidad o si ella fue restringida total o parcialmente; 7. Las otras menciones prescritas por la ley que el tribunal adopte, de oficio o a solicitud de las partes, cuando sea de interés dejar constancia inmediata de algún acontecimiento o del contenido de algún elemento esencial de la prueba; 8. La constancia de la lectura de la sentencia; 9. La firma del secretario". Así las cosas, se advierte que la decisión atacada se encuentra debidamente instrumentada, en un orden lógico y armonioso que permite al público general conocer las situaciones intrínsecas del caso, y dentro de sus legajos reposa el registro del acta de audiencia que recoge los incidentes del proceso, pieza ésta que satisface de forma acabada los reclamos que realiza el recurrente, por lo que sus alegatos en ese sentido carece de fundamentación. En cuanto a la valoración de las pruebas: En el proceso el Juzgador permitió que las partes utilizaran los medios probatorios pertinentes para sostener sus alegatos, según consta en las páginas 7 y 8 de la decisión, bajo el título "Pruebas aportadas por las partes en el juicio", de lo que se establece que ambas partes utilizaron los mecanismos de lugar para hacer valer sus pretensiones. Las pruebas presentadas para sustentar la acusación permitieron establecer como hechos probados los elementos constitutivitos del tipo penal perseguido, tal como se hace constar en las páginas 8 y 9 de la decisión, concluyendo con la retención de responsabilidad penal en contra de la sociedad comercial A.I., S.R.L., debidamente representada por su gerente A.A.A.P., al establecer que: "Pruebas (refiriéndose al original del cheque, acto contentivo de protesto y confirmación de fondos) que fueron debidamente aportadas e incorporadas al debate oral, público y contradictorio por los querellantes y estipuladas por la defensa del imputado A.A., y la razón social A.D.I., C. por A.; ..." (Ver: Último párrafo de la pág. 9) El Tribunal a-quo luego de valorar las pruebas aportadas explica de manera meridiana su decisión. Las pruebas que conformaban la cintilla probatoria, ponderadas de manera conjunta resultaban ser suficientes para demostrar la existencia de los elementos constitutivos de la prevención, toda vez que el cheque expedido, el acto de protesto de fondo y su comprobación son las pruebas por excelencia en casos de esta especie. Esta Tercera Sala de la Corte, conteste con las reflexiones del Juzgado a-quo, advierte que la deducción lógica a que arriba el mismo se encuentra ajustada a la aplicación de un buen derecho y a lo que exige la norma procesal, en cuanto a la valoración de las pruebas y la aplicación de una tutela judicial efectiva…";

Considerando, que los recurrentes A.A.A.P., y la razón social Amado Import-Export, S.R.L., por intermedios de su abogado no enumeran los medios en los que fundamentan su recurso de casación; sin embargo, en el desarrollo del mismo se advierte que alegan en síntesis, lo siguiente: "Que el error en la emisión del cheque en su contenido en letra y número malhumoró al supuesto vendedor J.A. de los R., quien pretendía cobrar el último cheque emitido a su favor, sin que se produjera la entrega formal por parte de Ego Vanity Store, S.R.L.A., o su gerente K.L.N.R. de la mercancía comprada; que la compañía no le dio ninguna explicación de por qué no le entregó los maniquíes, que debido a eso no podía demandar a J.A. de los R. porque era un testaferro y un desconocido para la transacción comercial; que el Tribunal a-quo excluyó a la razón social E.V.S.S.R.L. y K.L.N.R., por no formar parte de lo que en principio se apreciaba; que en el interrogatorio cruzado, que se le hizo en la audiencia de fondo, al gerente K.L.N.R., quien a su vez representaba a la razón social E.V.S., S. R.L., éste no pudo demostrarle al Juez a-quo ni a la defensa, qué cantidad de maniquíes vendieron al señor A.A.A.P. y su compañía, ya que cuando se le solicitó, presentaran las facturas, conduces de entrega de los maniquíes o por lo menos el listado de precios por piezas vendidas, éste evadió las preguntas; que ni él ni su empresa han actuado de mala fe, sino que las negociaciones en principio se desarrollaron de forma transparentes, que quien enturbió la compra de los maniquíes fue el señor K.L.N.R., representante de Ego Vanity Store, S.R.L., cuando sugiere que los cheques se emitirán a nombre de su mensajero J.A. de los R., desconocido y testaferro, para el señor A.P., y a quien le era imposible demandar la entrega de la mercancía comprada, ya que nunca había hecho negocios con éste y tampoco era parte de la razón de comercio Ego Vanity Store, S.R.L., situación esta que aun se mantiene en ascuas, ya que el J. a-quo, ni siquiera se interesó en aclararla; que la Corte a-qua observó que había una situación anómala y por eso modificó la indemnización; que en ninguna de las sentencias evacuadas, se ha tomado en cuenta, las pruebas presentadas por el recurrente, quien en todo momento espera que se haga justicia, ya que las apariencias engañan. El recurrente nunca ha negado haber emitido los cheques, pero uno de los recurridos, nunca ha dicho por qué? y de qué?, el recurrente tenía la obligación de pagarle esa suma. Antes de ser condenado se debió dilucidar esa situación, debido a que la justicia, jamás puede apoyar a una persona a enriquecerse ilícitamente";

Considerando, que corresponde a los jueces que conocen de la causa establecer la existencia o la inexistencia de los hechos del caso y las circunstancias que lo rodean o acompañan, debiendo además calificar los mismos de conformidad con el derecho, no bastando con que los jueces enuncien o indiquen simplemente los argumentos sometidos a su conocimiento y decisión, sino que están obligados a apreciarlos y caracterizarlos en base a las pruebas aportadas, así como a exponer las consecuencias legales que ellos entienden que se derivan de estos, para así dar una motivación adecuada al fallo, y permitir a la Suprema Corte de Justicia establecer si la ley ha sido o no correctamente aplicada;

Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, sino que se trata de una tarea que se realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos lógicos y objetivos; y en la especie, la Corte a-qua no hizo una correcta valoración de las pruebas aportadas por los recurrentes ni observó debidamente los medios expuestos por éstos en su recurso de apelación, sobre todo lo relativo a la disparidad existente en el cheque en cuanto al monto descrito en letras y números; por lo que procede acoger los fundamentos brindados por los recurrentes;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a J.A. de los R. en el recurso de casación interpuesto por A.A.A.P. y la razón social A.I.-Export, S.R.L., contra la sentencia núm. 0094-TS-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 20 de julio de 2012, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, casa la referida sentencia y ordena el envío del presente caso por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., H.R., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.