Sentencia nº 97 de Suprema Corte de Justicia, del 10 de Junio de 2013.

Fecha de Resolución:10 de Junio de 2013
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 10/06/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): R.L.S.

Abogado(s): Dr. J.P.F.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 10 de junio de 2013, año 170° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.L.S., dominicano, mayor de edad, contra la sentencia núm. 294-2012-00529, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 15 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al alguacil llamar al recurrente R.L.S., quien no estuvo presente;

Oído las conclusiones del abogado recurrente y el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. J.M.P.F., actuando en nombre y representación del imputado R.L.S., depositado el 30 de noviembre de 2012 en la secretaría de la Sala del Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de febrero de 2012, la cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por R.L.S., y fijó audiencia para conocerlo el 25 de marzo de 2013, siendo aplazada dicha audiencia para el 30 de abril de 2013 para notificar el recurso a la parte recurrida;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; los artículos 295 y 304 P. II del Código Penal Dominicano; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Peravia, presentó acusación contra R.L.S., por el hecho de haberle ocasionado heridas con arma de fuego que le provocaron la muerte a C.M.G.P., después de tener una discusión por el hecho de que el occiso se disponía a fumar un tabaco, próximo a la casa del victimario en compañía de un amigo; resultando apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el sindicado; b) que fue apoderado para la celebración del juicio el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, que dictó sentencia condenatoria el 27 de julio de 2012, cuyo dispositivo transcrito dispone: "PRIMERO: Declara culpable al ciudadano R.L.S. (a) Coquero, por haberse presentado pruebas suficientes, que violentó los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, en perjuicio del ciudadano C.M.G.P., en consecuencia se condena a 12 años de reclusión mayor, más el pago de las costas penales; SEGUNDO: En cuanto a la acción civil, intentada pro la señora B.I.P., en contra del acusado, señor R.L.S. (a) C. se rechaza, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, ya que no se demostró prueba de la dependencia económica, ni la calidad de hermana; TERCERO: Se ordena el decomiso y confiscación del arma, un revolver calibre 38 núm. 51218 y se ordena que sea enviado al material bélico de las Fuerzas Armadas República Dominicana; CUARTO: Se condena al ciudadano R.L.S. (a) Coquero, al pago de las costas civiles procreadas en el procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de la Dra. A.M.L.M., abogada que afirma haberla avanzado en su mayor parte, y antes de dictar sentencia"; c) que con motivo del recurso de alzada incoado por el imputado recurrente, intervino la decisión impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 15 de noviembre de 2012, dispositivo que copiado textualmente dispone lo siguiente: "PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil doce (2012), por el Dr. M.Á.D.S., actuando a nombre y representación del imputado R.L.S. (a) José El Coquero, en contra de la sentencia núm. 756/2012, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil doce (2012); por falta de motivos y consecuentemente confirma la sentencia recurrida; SEGUNDO: Condena al imputado recurrente, al pago de las costas penales del procedimiento de alzada; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes";

Considerando, que el recurrente R.L.S., por intermedio de su defensor técnico, propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios: "Sentencia manifiestamente infundada por falta de motivación.- Que planteamos a la Corte que los principales elementos de prueba que el tribunal de fondo tomó en cuenta para su condena fueron declaraciones dadas por el plenario por el señor J.I.D.A., no haciéndose una correcta relación de las declaraciones de dicho testigo realizando únicamente una transcripción del mismo, no estableciendo que las misma sean coherentes y precisas, ya que podemos señalar que el testigo manifiesta que estaba bajo los efectos de la marihuana y el alcohol, lo que produce la pérdida de percepción sensorial, memoria retentiva, cuya variabilidad de antemano constituye una fuente de errores, perdiendo las declaraciones testimoniales la facultad especial de la exactitud. Que podemos señalar los objetivos principales de las declaraciones del testigo son perjudiciales a una persona directamente y sacar del apuro al occiso, pues manifestó que era su amigo inseparable. Por otro lado, el tribunal al escuchar al capitón que apresó al imputado, realizó una mala valoración de prueba en el sentido de que el oficial actuante declara que al momento de ocupar el arma contenía las cinco cápsulas, las cuales eran de su capacidad. La Corte, al confirmar la sentencia emitida por el Colegiado, no observó los medios de prueba periciales que no fueron aportadas por el Ministerio Público, ni tampoco investigó el tipo de arma utilizada, por el proyectil extraído del cuerpo del occiso. Que es el deber del tribunal de alzada contestar cada uno de los medios interpuestos en el recurso sometido y el no realizarlo acarrea el vicio de falta de fundamentación que es un deber de todo juez";

Considerando, que en resumen, el recurrente en su memorial de casación, critica tres aspectos de la decisión recurrida: 1) El valor otorgado al testimonio de J.I.D.A. como testigo a cargo de la acusación; 2) La falta de investigación balística; y 3) La falta de motivación;

Considerando, que el recurso de casación está limitado al estudio y ponderación exclusivo de errores de derecho, en ese sentido, el tribunal de casación, no puede descender al examen de los hechos, modificarlos, completarlos o desconocerlos, debiendo respetar el cuadro fáctico fijado por el juez de primer grado, ello es así, mientras el hecho fijado no aparezca en forma irracional, arbitraria, desnaturalizada, contradictoria o fundada el prueba ilegítima o inidónea, en ese sentido, todo lo que signifique valoración, inteligencia o interpretación de conceptos o de un instituto, constituye objeto de la casación, mientras que el hecho histórico y concreto, queda fuera de posibilidad del recurso y definitivamente fijado en la sentencia;

Considerando, que si bien los medios invocados por el recurrente, se fundamentan en aspectos meramente fácticos, pudimos observar que a la Corte a-qua, igual que a esta Corte de Casación, le fue planteada la imposibilidad de tomar en consideración el testimonio del acompañante del occiso, ya que, afirma el recurrente, este había consumido marihuana, lo que distorsiona y disminuye su capacidad perceptiva y retentiva;

Considerando, que la Corte, en su decisión, respondió a este planteamiento que el occiso y el testigo no habían ingerido alcohol, incurriendo en una desnaturalización, puesto que al afirmar esto, ha dado al hecho, un alcance y sentido distinto a lo establecido por el testigo en primer grado, quien manifestó que habían bebido cerveza, sin embargo, es poco significativo el error de la Corte, al tratarse de un aspecto que pudo ponderar el tribunal de primer grado al ejercer su función soberana de otorgar credibilidad o no al testimonio; que además la Corte robustece al establecer que no contiene ningún ingrediente de inverosimilitud ni ilogicidad que lleve a pensar que su nivel alcohólico fuera tal que le impidiera captar los hechos de la realidad, no variando la solución dada al caso;

Considerando, que en cuanto a la falta de informe de balística, la Corte respondió ajustada al buen derecho, al establecer que no existe duda razonable sobre la responsabilidad del imputado puesto que la declaración del testigo presencial destruye completamente la presunción de inocencia del mismo;

Considerando, que en cuanto a la falta de motivación, el único aspecto que advertimos no contestado por la Corte, consiste en la denuncia del recurrente, quien entiende que la pena resultó excesiva, sin embargo, la pena impuesta se encuentra dentro del intervalo previsto por la ley, por lo que no viola la norma procesal, cabe destacar además que este aspecto escapa del control recursivo por tratarse de un poder discrecional del juez de fondo, siempre y cuando se haya respetado la escala establecida por la normativa;

Considerando, que el artículo 334 numeral 6 del Código Procesal Penal dispone que la falta de una firma no invalida la sentencia, en el caso de que uno de los miembros del tribunal no la pueda suscribir, por impedimento ulterior a la deliberación; motivo por el cual, debemos resaltar, que el M.F.E.S.S. al momento de la deliberación del caso se encontraba presente sin embargo, su firma no aparecerá estampada en la decisión puesto que al momento de la lectura el mismo se encuentra de vacaciones.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.L.S., contra la sentencia núm. 294-2012-00529, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 15 de noviembre de 2012 cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Condena al recurrente del pago de costas del proceso; Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión.

Firmado: M.C.G.B., A.A.M.S., J.H.R.C., F.E.S.S., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.