Sentencia nº 136 de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Octubre de 2012.

Fecha de Resolución: 1 de Octubre de 2012
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 01/10/2012

Materia: Penal

Recurrente(s): C.R.R.S., compartes

Abogado(s): L.. J.R.A., M.A. de los Santos, Dr. J.R.R.

Recurrido(s): L.S.M., W.F.G.

Abogado(s): Dra. Reinalda Celeste Gómez Rojas

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C. y F.E.S.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 01 de octubre de 2012, año 169ª de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por C.R.R.S. y Seguros Universal, C. por A., y L.S.M. y W.F.G., contra la sentencia núm. 796-2012 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 29 de marzo de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de República;

Oído al Lic. J.R.A., en la lectura de sus conclusiones, en representación de C.R.R.S.;

Oído al Lic. M.A. de los Santos, por sí y por el Dr. J.R.R., en la lectura de sus conclusiones, en representación de C.R.R.S. y Seguros Universal, C. por A.;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. J.I.R.A., en representación de C.R.R.S., depositado el 11 de abril de 2012, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. R.C.G.R., en representación de L.S.M. y W.F.G., depositado el 18 de abril de 20012, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. J.R.R.C., en representación de C.R.R.S. y Seguros Universal, S.A., depositado el 27 de abril de 2012, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casación;

Visto el escrito de contestación sucrito por la Dra. R.C.G.R., a nombre de L.S.M. y W.F.G., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 17 de abril de 2012, contra el recurso de casación incoado por C.R.R.S.;

Visto la resolución núm. 3336-2012 dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de julio de 2012, que declaró inadmisible el recurso de casación suscrito por el Dr. J.R.R.C. y depositado en fecha 27 de abril de 2012, en la secretaría de la Corte a-qua a nombre de C.R.R.S., por tratarse del segundo escrito de casación propuesto por este, y declaró admisibles los recursos de casación de que se trata, fijando audiencia para conocerlos el 20 de agosto de 2012;

Visto la Ley núm.25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 295, 301, 302 y 309 del Código Penal, 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; Leyes núms. 278-04 del 13 de agosto de 2004, sobre la Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, y artículos 49.1, 61.a y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos y sus modificaciones;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 4 de mayo de 2010, ocurrió en la autopista D. en dirección sur-norte a la altura del kilómetro 43 un accidente con el vehículo marca Nissan, conducido por su propietario C.R.R.S., asegurado en Universal de Seguros, C. por A., el cual atropelló a la menor Y.G.S., quien sufrió golpes y heridas que le provocaron la muerte; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Villa Altagracia, S.I., el cual dictó sentencia el 29 de marzo de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara culpable al señor C.R.R.S., por haber violado los artículos 49.1, 61.a y 65 de la Ley 241 y sus modificaciones, en consecuencia, lo condena a cumplir la pena de un (1) año de prisión y al pago de una multa de RD$5,000.00 Pesos a favor del Estado Dominicano a ser cumplidos en la cárcel pública de Najayo; SEGUNDO: Admite en cuanto a la forma como buena y válida la querella con constitución civil interpuesta por los señores L.S.M. y W.F.G., por intermedio de sus abogados y representantes legales L.. P.L.P. y la Dra. R.C.G.R., en cuanto al fondo acoge en parte la misma y en consecuencia condena al señor C.R.R.S., al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), distribuidos de la siguiente manera: Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor del señor W.F.G., y la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de la señora L.S.M., como justa compensación por los daños morales sufridos por éstos; TERCERO: Declara la presente decisión común y oponible a la compañía Seguros Universal, S.A., por ser la entidad aseguradora del vehículo; CUARTO: Condena al señor C.R.R.S. al pago de las costas penales del procedimiento y asimismo al pago de las costas civiles del proceso en beneficio del L.. P.L.P. y la Dra. R.C.G.R., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Vale notificación para las partes presentes y representadas"; c) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra la referida decisión, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Cámara de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 29 de marzo de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Lic. J.I.R.A., quien actúa en nombre y representación de C.R.R.S., de fecha 18 de abril de 2011; y por la Dra. R.C.G.R., quien actúa a nombre y representación de L.S.M. y W.F.G.C., de fecha 15 de abril de 2011, en contra de la sentencia penal núm. 016-2011 de fecha 29 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala I, del Distrito Judicial de V.A. cuyo dispositivo se encuentra transcrito más arriba; SEGUNDO: En consecuencia de conformidad con el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, esta Corte en base a los hechos fijados por la sentencia recurrida, declara culpable al señor C.R.R.S., por haber violado los artículos 49-1, 61-a y 65 de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), a favor del Estado Dominicano; TERCERO: En cuanto a la forma declara buena y válida la querella con constitución en actores civiles interpuesta por los señores L.S.M. y W.F.G. por intermedio de sus abogados y representantes legales el Lic. P.L.P. y la Dra. R.C.G.R., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a las normas procesales; CUARTO: En cuanto al fondo condena al señor C.R.R.S., al pago de una indemnización ascendente a la suma de Quinientos Mil Pesos RD$500,000.00), distribuido de la manera siguiente: Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00), a favor del señor W.F.G., y la suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00), a favor de la señora L.S.M. como justa reparación por los daños morales sufridos por éstos; QUINTO: Declara común y oponible la presente sentencia a la compañía de seguros Universal, S.A., hasta el límite de la póliza por ser esta la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente; SEXTO: Condena al señor C.R.R.S. al pago de las costas penales del procedimiento; y al pago de las costas civiles del proceso en beneficio del L.. P.L.P. y la Dra. R.C.G.R., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; SÉTIMO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes, representadas y debidamente citadas en la audiencia de fecha 8 de marzo de 2012, a los fines de su lectura íntegra, y se ordena la entrega de una copia de la sentencia completa a las partes interesadas";

Considerando, que el recurrente C.R.R.S., en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, plantea el medio siguiente: "Único Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal y constitucional; violación a los artículos 24, 334 numeral 3 del Código Procesal Penal; violación al artículo 49.1 de la Ley sobre Tránsito de Vehículos, por errónea aplicación; violación al artículo 69 numerales 4, 7 y 10 de la Constitución; respecto a la violación de los derechos fundamentales y al debido proceso de ley; sentencia manifiestamente infundada y falta de motivos y de base legal. Que tanto el tribunal de primer grado como la Corte a-qua han incurrido en una violación a la ley por inobservancia, así como por errónea aplicación de normas de carácter legal y constitucional, en primer término, hay que señalar que ni la sentencia de primer grado mucho menos la impugnada en casación, contienen motivos suficientes en los cuales se sustenten sus dispositivos, especialmente la impugnada, esto así, pues en ninguna se ha expresado concretamente sin especulaciones, en qué consistió real y efectivamente la falta eficiente y generadora del presente accidente, toda vez, que la Corte a-qua, incurre en el error de no dar repuesta total, definitiva y completa a los planteamientos formulados por los apelantes, hoy recurrentes ante este máximo tribunal; sobre los puntos atacados de la sentencia de primer grado; esto así porque la Corte a-qua dice que el juzgador de primer grado dio motivos más que suficientes para fundamentar su fallo, tal y como se expresa en las páginas 12 y 13 de la sentencia impugnada en casación, sin embargo, precisamente los hechos que la Corte a-qua, dice que quedaron fijados por las pruebas entre otras cosas, que la falta eficiente y generadora del accidente fue el manejo temerario del imputado, quien a sabiendas de que había llovido y que la carretera estaba mojada, mantenía una velocidad que no le permitió mantener el control del vehículo, en violación a las disposiciones de los artículos 61 literal a y 65 de la Ley 241; que sin embargo, y contrario a lo manifestado por la Corte a-qua, no es cierto que el accidente se debió a la falta cometida por el imputado y muestra de que es así, lo afirma el hecho mismo de que tanto los actores civiles como el Ministerio Público, ante el tribunal de primer grado, ellos mismos pidieron que se acojan circunstancias atenuantes a favor del imputado, ya que aún a sabiendas de que él no había cometido dicha falta, pues, como sus intereses son puramente civiles, a ellos no les interesa que el imputado fuese condenado a prisión, sino al pago de una indemnización o compensación económica a su favor; que entonces, honorables jueces, no se justifica, que la Corte, se circunscriba a una fórmula genérica para desestimar los términos de la exposición que hicimos respecto a la ilogicidad que contiene la motivación de la sentencia de primer grado, en el sentido de que el juzgador de la instancia primera, especuló al consignar como hechos ciertos ventilados ante el juicio situaciones que no fueron ciertas; que al no analizar la Corte a-qua todos los puntos planteados, deja con el vicio de falta de estatuir la sentencia impugnada, puesto que en ninguna parte de la sentencia evacuada por la Corte a-qua se verifica qué opina la Corte a-qua sobre el informe de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), que descartó sin analizar, las 19 fotografías aportadas por la defensa, el valor probatorio que dio a cada una de las pruebas aportadas, como lo son los testimonios de los testigos aportados por la defensa técnica y que no fueron analizados ni en los más mínimo; sobre la violación al artículo 172 del Código Procesal Penal, ya que no valoró las pruebas conforme lo acuerda ese artículo, ya que no dio el valor probatorio a las pruebas que tuvo en su poder para determinar quién cometió la falta eficiente y generadora del accidente; pero tampoco se analizó la conducta de la víctima, ya que una niña de 9 años andando sola sin la supervisión de un adulto es considerado una falta grave, máxime cuando se trata de una autopista tan transitada como la autopista D.; que no se explica la incongruencia del juez de primer grado y de la Corte a-qua al confirmar la de primer grado, en el sentido de que quedó establecido que la niña iba pasando por el lugar del accidente, toda vez que el testigo E.R., dice que vio la niña cuando iba pasando con un cuaderno como que iba a estudiar, sin embargo, en primer lugar, estaba lloviendo bastante, segundo, este testigo dijo que la jeepeta del imputado quedó con las 4 gomas hacia arriba, cuando esto resultó ser falso, según las declaraciones de todos los demás testigos y del informe de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) que no fue tomado en cuenta; dijo además este testigo, que no bajó al lugar del hecho, que vio desde arriba y que se fue de inmediato, entonces, como es que este testimonio le resultó veraz al juez del primer grado, haciéndole nosotros estas salvedades antes; que en consecuencia, la Corte a-qua al no analizar tan importante aspecto y punto de nuestro recurso de apelación, dejó sin estatuir su sentencia, lo cual la convierte en manifiestamente infundada; que en lo relativo a la condenación en costas a favor del L.. P.L.P., es importante señalar a este máximo tribunal, que ni siquiera por ante el tribunal de primer grado, los querellantes y actores civiles pidieron condenación en costas a favor del L.. P.L.P., no obstante el señor C.R.R.S., fue condenado a pagarle costas, sin ostentar ni siquiera dicho abogado tal calidad en el proceso, ya que este sólo iba representando a la Dra. R.C.G.R., y él mismo nunca ha sido el abogado titular de los recurridos; que como se puede observar, en el ordinal sexto del dispositivo de la sentencia impugnada, la Corte a-qua, condenó al imputado recurrente, en calidad de tercero civilmente demandado, a pagar a favor del L.. P.L.P., las costas civiles del proceso, cuestión esta, que además de que no fue solicitada en conclusiones de ninguna índole, resulta que ese abogado no es el titular de los actores civiles y más que eso, ni siquiera asistió a la audiencia en que se conoció el fondo de los recursos de apelación que dieron al traste con la sentencia recurrida en casación; constituyendo en este sentido tal condena, un fallo extrapetita, lo cual no es admitido en ningún ordenamiento jurídico y mucho menos por este máximo tribunal; que algo que también nos llama la atención, es el hecho de que el recurrente señor C.R.R.S., resultara condenado a pagar las costas del procedimiento en el aspecto civil, siendo éste el único que resultó beneficiado con la decisión, esto es, que la Corte a-qua, eliminó el año de prisión a que fue condenado en primer grado y rebajó a la mitad las indemnizaciones, en consecuencia, quienes debieron resultar condenados a pagar las costas del procedimiento, fueron los recurridos señores W.F.C. y L.S.M., no el recurrente, y en última instancia debieron ser compensadas, tal como lo prevén el artículo 246 y el 338 ambos del Código Procesal Penal, respecto a la condenación en costas a cargo de la parte vencida, lo cual no ocurrió en el caso de la especie, resultando tal condenación injustificada y carente de base legal; que según se puede observar en el proceso la compañía Seguros Universal, C. por A., interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del primer grado, sin embargo, no obstante existir un auto de la Corte a-qua, donde lo admite, haber asistido dicha compañía aseguradora a conocer su recurso, de haber concluido en ese sentido, la Corte a-qua, obvió pronunciarse sobre el mismo, lo cual deja evidentemente en estado de indefensión al recurrente señor C.R.R.S., en el entendido de que además de su calidad de imputado, este también ostenta la calidad de tercero civilmente demandado y más aun, el de beneficiario de la póliza de seguros, lo cual implica que el recurso de su aseguradora es determinante, respecto a la decisión final del presente proceso, toda vez que de él depende si ciertamente la Corte analizó válidamente si su puesta en causa fue hecha regular o irregularmente, pero más que eso, según se observa que en virtud de los hechos fijados en la sentencia impugnada, la Corte a-qua en su quinto ordinal del dispositivo de la sentencia impugnada, declaró común y oponible la sentencia impugnada contra dicha aseguradora, sin tan siquiera analizar en lo más mínimo su recurso de apelación, lo que constituye además una falta de estatuir, evidentemente prohibida por el este máximo tribunal; que sólo hay que leer la sentencia de primer grado y analizar en base a lo cual sustenta las condenaciones penal y civil contra los recurrentes, y nos daremos cuenta de que dicha sentencia, en sus motivaciones y sus fundamentos, no resiste ni el más mínimo análisis lógico jurídico para su mantenimiento";

Considerando, que la recurrente Seguros Universal, C. por A., en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, sostiene en síntesis, los argumentos siguientes: "Que en las consideraciones en las cuales se basa la sentencia, el J. a-quo sólo se fundamenta en las mismas razones que el tribunal de primer grado acogió como valederas, como fue la audición de un testigo, para llegar a la conclusión de que el imputado fue quien cometió la falta, el cual sólo establece que ocurrió un accidente, la dirección, quien según él iba conduciendo el vehículo, y quien iba caminando detrás de la defensa del vehículo, del cual no se puede deducir que la causa generadora del accidente es el descuido, falta de precaución, negligencia e inobservancia del señor C.R.R.S., tal como lo expresa el tribunal; que el Tribunal a-quo hizo una errónea aplicación del derecho partiendo de la audición de un testigo, la causa del accidente fue que la referida víctima, la menor Y.G.S. que a la hora del accidente esta se lanzó a la autopista sin supervisión de un adulto; que todo lo contrario como lo afirma la Corte, el accidente consistió en el deslizamiento de que fue objeto el imputado, se produjo expresamente por un bache de agua que se formaba en el lugar del accidente, el cual le hizo perder el control del vehículo y deslizarse desde carril de la izquierda hacia el carril de la derecha y salirse de la vía pública, lo que implica además que este no cometió la falta que produjo el accidente, sino que se trató de un caso de fuerza mayor o fortuito; que al tenor de los argumentos tomados por la Corte a-qua para sustentar su fallo, es evidente la ausencia de motivos que justifiquen el fallo dado, pues la Corte se limita a mencionar una serie de hechos y señalamientos que no establecen el origen comprobado de dichas menciones o el origen de los elementos fácticos que la Corte dio como ciertos, lo que conlleva a una errónea aplicación de la Ley 241, y los artículos 1382 y 1384 del Código Civil; que la Corte a-qua hace una análisis muy superficial de los hechos, dando como ciertas situaciones, sin que se expliquen las razones del origen de dichas situaciones dadas por ciertas; que para fundamentar la Corte a-qua su decisión en los motivos dados por el tribunal de primer grado, era preciso que dicha Corte justificara el porqué de dicha justificación, limitándose dicha Corte a dar como válidos dichos motivos, sin decir porqué se hizo una correcta y buena fundamentación; que por mandato de la norma procesal penal cuando la Corte decide conocer del recurso, es menester dictar su sentencia sobre la base de sus propias comprobaciones, para lo cual deberá explicar el alcance probatorio dado a cada una de las pruebas aportadas, lo cual no hizo, por lo que el fallo recurrido evidencia falta de motivos; que de todo lo antes expuesto, es claro que si la Corte procede a dictar su propia sentencia no puede hacerlo sin una correcta evaluación de todos los elementos sometidos al debate, debiendo motivar las razones que le condujeron a dar por cierto los motivos dados por el juez de primera instancia, lo cual no ha sucedido en el presente caso";

Considerando, que los recurrentes L.S.M. y W.F.G., en su escrito de casación, invocan los medios siguientes: "Primer Medio: Sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mimo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia. Que la Corte a-qua al momento de estatuir sobre el recurso de los actores civiles, al parecer no se ha percatado en su amplitud de los lineamientos que traza la Suprema Corte de Justicia, tendente en establecer en forma meridiana la obligación a que están sometidos los jueces no importa de qué jurisdicción o rama del derecho; sino también a de las normas vigentes las combinadas por los artículos 2 y 23 del Código Procesal Penal, tienden en establecer la obligación a contestar todo aquello que le es sometido, al margen que según se observa en el desarrollo de la decisión que hoy se recurre, no se advierte las pretensiones de modificar la suma impuesta para que sea aumentadas las sumas fijadas por el Tribunal a-quo; que el punto a resaltar es que, un juez o tribunal, importa poco si es de instrucción, de lo preliminar, de juicio, de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, sin importar tampoco la rama jurisdiccional, tiene el deber ineludible de contestar todo aquello que es el formulado, porque no se puede pretender que sólo el Ministerio Público adscrito a la Corte actuó en la audiencia al igual que los actores civiles; porque para eso las audiencias se celebran con la presencia de abogados y no se puede obviar un principio como el que emana del artículo 23 del Código Procesal Penal; que se podrá observar que la Corte no asumió el papel que le imponen las leyes vigentes, tales los artículos 2 y 23 del Código Procesal Penal, este último que trata sobre la omisión de estatuir, sino también en el artículo 74 en sus numerales 2 y 4 de la normativa constitucional; ya que en dichos considerandos así como los anteriores; en que la Corte aspira a darle solución, sobre diferentes aspectos que le establecimos en nuestro recurso y que dicha solución está obviada en forma total; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que si grave es la situación expuesta, más grave lo es la solución arribada por la Corte respecto de la solución, por operar en dicha solución una evidente contradicción no conciliable entre si, por haber afectado en contra de los recurrentes que han visto como sean afectado de su propio recurso; que a partir de tal señalamiento, la evidente contradicción se aprecia a partir de los señalamientos fijados por la Corte en los considerandos comprendidos desde las páginas 11 hasta la página 16 y el ordinal 1ro. de la decisión, ya que es ilógico e improcedente, que habiendo fijado la Corte que la sentencia de primer grado está dentro de los paramentos para una correcta decisión, y declarando con lugar el recurso ejercido por los hoy recurrentes venga la corte a modificar en contra de estos la fijada por el Tribunal a-quo respecto de la suma indemnizatoria, siendo esto el único punto sobre la cual los recurrentes apoderaron a la Corte a-qua; que si bien la parte recurrida solicita a la Corte una reducción sustancial acorde con los intereses propios, no menos cierto también es que para llevar la igualdad y un pulso más parejo, los recurrente sen el único punto recurrido como es el monto indemnizatorio, sustentan su acción recursiva, por lo tanto salvo que la decisión a-quo violente algún precepto constitucional, la corte dentro del ámbito del artículo 400 del Código Procesal Penal, si puede variar un aspecto como el que nos ocupa y no afectaría cualquier recurso; lo cual no ocurre en el caso de la especie, porque no hay violación constitucional cuando se fija un monto a partir de los daños morales que han experimentado los recurrente con la muerte de su hija menor";

Considerando, que por la solución que se dará al caso, se procederá a ponderar el último aspecto de único medio planteado por el recurrente C.R.R., en cual sostiene que: "la Corte a-qua en su quinto ordinal del dispositivo de la sentencia impugnada, declaró común y oponible la sentencia impugnada contra dicha aseguradora, sin tan siquiera analizar en lo más mínimo su recurso de apelación, lo que constituye además una falta de estatuir, evidentemente prohibida por el este máximo tribunal";

Considerando, que ciertamente, tal y como aduce el recurrente, en su último aspecto del desarrollo de su único medio de casación, del examen de las piezas que componente la especie se evidencia que la Corte a-qua omitió referirse al recurso de apelación incoado por los Dres. V.G.B. y J.R.R.C., a nombre y representación de C.R.R., Plan 0 km y la compañía de seguros Seguros Universal, C. por A., el cual fue depositado el 19 de mayo de 2011, en la secretaría del Juzgado a-quo, arguyendo dicha corte, que solamente había sido apoderada de los recursos de apelación interpuestos por L.. J.R.A. a nombre de C.R.R.S., imputado, y Dra. R.C.G.R. a nombre L.S.M. y W.F.G.C., querellantes y actores civiles, los cuales fueron depositados en fechas 15 y 18 de abril, respectivamente; ignorando así la referida Corte a-qua el recurso de apelación antes indicado; por consiguiente, al no haber estatuido la Corte a-qua sobre el referido recurso de apelación, procede casar la sentencia impugnada;

Considerando, que en la especie, ante la solución dada por la Corte a-qua al caso, dejando de estatuir sobre el recurso de apelación incoado por Seguros Universal, C. por A., y L.S.M. y W.F.G., resulta improcedente que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, decida sobre los medios invocados por estos en sus respectivos recursos de casación, en aras de evitar decisiones contradictorias, dada la suerte procesal de recurso de apelación omitido por la dicha Corte;

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por interpuesto por C.R.R.S., contra la sentencia núm. 796-2012 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 29 de marzo de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que mediante el sistema aleatorio designe una de sus Salas para que conozca de los recursos de apelación de que se trata; Tercero: Declara que, por los motivos expuestos, no ha lugar a estatuir en cuanto a los recursos de casación interpuestos por Seguros Universal, C. por A., y L.S.M. y W.F.G., contra la mencionada decisión; Cuarto: Compensa las costas.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., F.E.S.S., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.