Sentencia TC/0006/13

• Páginas: 169-175
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0006/13

Referencia: Expediente No. TC-012012-0036, relativo a

la Acción de Inconstitucionalidad incoada por la compañía

NIVA, C. por A., en fecha diez (10) de mayo de dos mil doce

(2012), contra la Sentencia No. 284, de fecha veintiuno

(21) del mes de septiembre de dos mil once (2011), dictada

por la Suprema Corte de Justicia.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana, a los once (11) días del

mes de febrero del año dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FÍLPO, RELATIVO A LA ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR

LA RAZÓN SOCIAL NIVA, C. POR A., CONTRA LA

SENTENCIA NO. 284, DICTADA POR LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA EN FECHA VEINTIUNO

(21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE (2011)

El suscrito Magistrado ha expresado su opinión, fun-

damentada en la decisión adoptada en la presente sentencia

constitucional, por lo que ha emitido voto salvado en la

aprobación de la misma. En consecuencia en ejercicio de los

artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley No. 137-11

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Consti-

tucionales, dejamos constancia de las motivaciones de nuestra

decisión.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque entiendo

que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la legitima-

ción activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Constitución,

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y el 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales.

En virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo

185 numeral 1 de nuestra Constitución, 30 y 37 de la Ley No.

137-11, del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, y en atención a la posición sostenida durante

las deliberaciones sobre la sentencia adoptada, dejamos constan-

cia de las motivaciones de nuestra decisión.

Luego de revisar la acción de inconstitucionalidad depo-

sitada y expresada más arriba y de la decisión adoptada por la

mayoría de los jueces que componen este Tribunal Constitu-

cional de declararlo inadmisible, es nuestro criterio hacer de

conocimiento, nuestro razonado voto salvado frente a la referida

decisión, atendiendo los aspectos en cuanto a los argumentos

escritos y al derecho en sí, que se señalan a continuación:

De la determinación de los patrones constitucionales

Las siguientes citas son artículos de nuestra Constitución:

“Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las

personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del

ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho

toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.”

“Artículo 36 de la Ley 137-11: Objeto del control concen-

trado. La acción directa de Inconstitucionalidad se interpone

ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, regla-

mentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u

omisión, alguna norma sustantiva.”

“Artículo 37 de la Ley 137-11: Calidad para accionar. La

acción directa e inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

instancia del Presidente de la Republica, de una tercera parte

de los miembros del Senado a de la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente

protegido.”

“Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fun-

damentales, a través de los mecanismos de tutela y protección,

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción

de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los

mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los po-

deres públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los

términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.”

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto

del debido proceso que estará conformado por las garantías

mínimas que se establecen a continuación: 1. El derecho a una

justicia accesible, oportuna y gratuita; 2. El derecho a ser oída,

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente,

independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la

ley; 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada

como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por

sentencia irrevocable; 4. El derecho a un juicio público, oral

y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho

de defensa; 5. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces

por una misma causa; 6. Nadie podrá ser obligado a declarar

contra sí mismo; 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud

de las formalidades propias de cada juicio; 8. Es nula toda

prueba obtenida en violación a la ley; 9. Toda sentencia puede

ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior

no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona

condenada recurra la sentencia; 10. Las normas del debido

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proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.”

“Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional

será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones

directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, regla-

mentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de

la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o

de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido; 2. El control preventivo de

los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano

legislativo; 3. Los conflictos de competencia entre los poderes

públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4. Cualquier otra

materia que disponga la ley.”

“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra

gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder ju-

dicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia

y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las

leyes.”

“Artículo 277 de la Constitución- Decisiones con au-

toridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las

decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en

ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Su-

prema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación

de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el

Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al pro-

cedimiento que determine la ley que rija la materia.”

Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La razón por la cual quien suscribe considera que el

presente recurso de inconstitucionalidad debe ser declarado

admisible en cuanto a la forma, es que el mismo cumple con los

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

requerimientos de admisibilidad descritos en el artículo 37 de

la Ley No. 137-11, ya que el recurrente tiene interés legítimo y

jurídicamente protegido y el mismo contiene especial trascen-

dencia y relevancia constitucional a nuestro entender, por lo que

hacemos referencia a dicho artículo de referida Ley No. 137-11:

a) “Artículo 37.- Calidad para accionar. La acción directa

en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a instancia del

Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros

del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona

con un interés legítimo y jurídicamente protegido”

b) Entendemos que el impugnante tiene calidad para accionar

en revisión por ser parte interesada, y porque está envuelto un

derecho fundamental como lo es la tutela judicial efectiva artí-

culo 69 de la Constitución Dominicana.

c) Observando lo que nos dice el artículo 69 de nuestra Consti-

tución, en relación a la tutela judicial efectiva, hemos analizado

y encontrado factible que los medios invocados por el recurrente

establecen los requisitos que fundamentan la acción directa

de inconstitucionalidad, principalmente por la trascendencia

constitucional que presenta, y observando a la vez, hasta donde

es el alcance de la interpretación de las inadmisibilidades de

los recursos de inconstitucionalidad. Por tanto conviene que

sea admitida la acción, en cuanto a la forma, por reunir los

requisitos que hemos expresado anteriormente.

Sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con

referencia a la legitimidad y calidad del accionante ante la

solicitud de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que la accionante pretende y exige que este

Tribunal Constitucional, garantice la supremacía de la Consti-

tución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales precedentemente citados, los cuales

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alega le han sido vulnerados, y en la presente decisión el Tribunal

no aborda si la accionante tiene o no legitimidad para accionar

ante este colegiado, razón por la cual presentamos el presente

voto salvado para abordar esa parte tan importante para el siste-

ma constitucional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento

de si un accionante es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene

legitimidad o no para accionar y así darle fiel cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 185.1 de la Constitución; y para poder

entender nuestra posición, debemos establecer el significado

de legitimación activa o calidad de un accionante que es: “La

facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder

interponer una acción directa en inconstitucionalidad referido en

el mismo artículo antes mencionado, que confiere dicha condición

a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente

protegido” por lo que entendemos que este Tribunal debió de

referirse y abordar sobre la legitimidad o no de la accionante, la

razón social Niva, C. por A.

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

37 de la Ley 137-11 y 185 de la Constitución que el tribunal

es incompetente para conocer dicho recurso, ya que no cumple

con los requerimientos de los referidos artículos, el cual citamos

anteriormente por lo que estamos de acuerdo con la conclusión

y fallo final del presente expediente, pero resaltamos el no abor-

damiento e inexclusión del argumento sobre legitimidad o no

de la accionante en la presente decisión referente al recurso de

inconstitucionalidad.

Considero que el tribunal debió realizar una interpre-

tación contextualizada y conforme a la Constitución a las

normas previstas en los artículos 37 de la Ley 137-11 y 185.1

de la Constitución, de manera que sobre la base de dicha

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

interpretación debió ingresar a la consideración y el examen

del caso para pronunciarse en el fondo del recurso sobre la

cierta legitimidad para actuar ante este colegiado. Pues en mi

criterio, en el marco de un Estado democrático de Derecho,

estructurado sobre la base de los valores supremos y principios

fundamentales, entre ellos el principio de supremacía consti-

tucional, por lo que entendemos que bajo estos preceptos es

imposible sustraerse al control de constitucionalidad, exami-

nando el objetivo principal de la justicia constitucional, que

es garantizar la supremacía de la Constitución y la protección

de los derechos fundamentales.

Por lo tanto, luego de las citas y argumentos expuestos

y justificados, reitero mi posición planteada ya que este

Honorable Tribunal Constitucional debió pronunciarse

con respecto a la legitimidad existente de la accionante en

inconstitucionalidad.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.