Sentencia TC/0019/12

• Páginas: 87-96
• Autor: Rafael Díaz Filpo

VOTOS

SENTENCIA TC/0019/12

Referencia: Expediente No. 325-11-00560, relativo a la

acción de amparo incoada por la Compañía Reparto Don

Domingo, S.A., Dimas Rodríguez C., y Leonardo Conde

Rodríguez, contra Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez

de Mercado, Patricia Mercado Rodríguez y el Instituto

Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDHRI).

VOTO DISIDENTE DE LOS MAGISTRADOS

ANA ISABEL BONILLA HERNANDEZ, RAFAEL

DIAZ FILPO Y VICTOR GOMEZ BERGES

En ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo

186 de la Constitución y el artículo 30 de la Ley 137-11 del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

y en atención a la posición que sostuvimos durante las delibera-

ciones sobre la sentencia adoptada, queremos dejar constancia

de las motivaciones de nuestra decisión.

1. Introducción

1.1. El 14 de enero de 2012, la empresa Reparto Don

Domingo, S.A. introdujo un recurso de revisión de amparo

contra la sentencia No. 389/2011 emitida por el Juzgado de Paz

del Municipio de San Juan de la Maguana, en el cual solicitaba

al Tribunal Constitucional su anulación por vulneración del

debido proceso e incompetencia de este juzgado para conocer de

la acción de amparo.

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1.2. La sentencia recurrida en revisión era el producto de

una acción de amparo incoada por los señores Marcos Merca-

do, Altagracia Rodríguez de Mercado y Patricia Mercado Ro-

dríguez en reclamo de que se ordenara la reapertura del tramo

del canal de riego “Los Rodríguez” que pasa por los terrenos

de la empresa Reparto Don Domingo, S.A., y la cual había

sido cerrada por orden de los principales directivos de dicha

empresa en interés de ponerlos en condiciones para dividirlos

en solares y urbanizarlos.

2. Antecedentes

2.1. El canal “Los Rodríguez” irriga de agua a miles de

tareas de tierra dedicadas a la producción de diferentes rubros

agrícolas, incluyendo en su recorrido los terrenos propiedad de

los señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado

y Patricia Mercado Rodríguez.

2.2. En fecha 02/12/2010, mediante comunicación escrita

dirigida al Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI), los

señores Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado y

Patricia Mercado Rodríguez solicitaron su intervención ante

la posibilidad de que la empresa Reparto Don Domingo, S.A.

procediera a ejecutar el cierre del tramo del canal de riego “Los

Rodríguez”, alegando su derecho de propiedad.

2.3. El 03 de diciembre de 2010 el Instituto de Recursos

Hidráulicos (INDRHI) en respuesta a la solicitud recibida

emitió una comunicación a las partes involucradas: empresa

Reparto Don Domingo, S.A. y a los señores Marcos Mercado,

Altagracia Rodríguez de Mercado y Patricia Mercado Rodrí-

guez, advirtiéndole a la primera de que el canal de riego “Los

Rodríguez” era una obra construida por el Estado dominicano

en la década de los 90´s con el objetivo social de irrigar miles

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Memoria de gestión y votos particulares

de tareas de tierra dedicadas a la producción agrícola de ali-

mentos y en el cual se habían invertido cuantiosos recursos

económicos.

2.4. En fecha 03 de diciembre de 2011, la empresa Reparto

Don Domingo, S.A., decidió, de manera unilateral, disponer el

cierre del tramo del canal de riego “Los Rodríguez” que pasa por

sus terrenos para destinarlos a la lotificación de solares para la

venta.

2.5. Debido a esta acción de la empresa Reparto Don

Domingo, S.A., los señores Marcos Mercado, Altagracia Ro-

dríguez de Mercado y Patricia Mercado Rodríguez decidieron

interponer una acción de amparo ante el Juzgado de Paz del

Municipio de San Juan de la Maguana en contra de esta em-

presa y del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por

omisión de éste último en el cumplimiento de sus responsabi-

lidades oficiales de garantizar la operación del canal de riego

cuya vigilancia le encarga la Ley 5852 de 1962, por entender

que con esta acción se vulneraba un derecho fundamental

al no permitirle el acceso al agua del canal, con lo cual se les

limitaba en el ejercicio pleno de dicho derecho y a la vez se

les impedía el acceso a un recurso natural no renovable que

garantiza el Estado por el carácter colectivo, social y humano

de su función.

2.6. En audiencia celebrada por el Juzgado de Paz del

Municipio de San Juan de la Maguana, en fecha 21/12/2012,

éste decidió ordenar la reapertura del canal “Los Rodríguez” y

condenar al pago de astreinte a la empresa Reparto Don Do-

mingo, S.A. y al Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

por cada día que pasara en demora del cumplimiento de la

sentencia.

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3. Incompetencia del Juzgado de Paz para conocer en Acción

de Amparo e Inobservancia del Plazo para la citación de la

parte demanada

3.1. Si bien el Juzgado de Paz del Municipio de San Juan

de la Maguana decidió acoger la acción de amparo en atención

a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5852 de 1962, que lo

faculta para conocer y fallar de todas las cuestiones relacionadas

con la ejecución de la presente Ley de Aguas e inobservó el cum-

plimiento del plazo para la citación que establece el artículo 78 de

la Ley 13711 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, somos de opinión que una vez decidido el asun-

to al fondo y emitida la sentencia No. 389/2011, la decisión de la

parte recurrente de acudir por ante el Tribunal Constitucional en

revisión de la sentencia en amparo fue correcta y de acuerdo a los

procedimientos de la Ley que rige la materia constitucional.

3.2. En esta decisión creemos que los demás honorables

magistrados, a pesar de compartir con nosotros la sensibilidad

social implícita en la demanda de revisión decidieron su voto

atendiendo a una razón técnica procesal que admite que el Juz-

gado de Paz del Municipio de San Juan de la Maguana no tenía

competencia para conocer la acción de amparo, mientras que

nosotros al votar contrario a la decisión adoptada por la mayoría

lo que pretendemos es establecer, que por la naturaleza del Tribu-

nal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución

y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el

mismo no puede convertirse en un mero aplicador de formalis-

mos jurídicos, interpretando la norma en forma exegética, en su

letra fría; el Juez constitucional debe ser un intérprete humano,

social que pone su decisión en el contexto del daño ocasionado

por la amenaza o la violación del derecho fundamental que él

está llamado a proteger.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

En procura de esa tutela de los derechos fundamentales el

artículo 72 de la Constitución define la naturaleza de la acción

de amparo como una acción exenta de formalismos para que de

forma preferente y rápida se protejan y garanticen los derechos

fundamentales frente a la vulneración o amenaza de autoridad

pública o de particulares.

3.3. Esta demanda en revisión confronta la necesidad de

tutelar dos derechos fundamentales enfrentados: primero el del

recurrente en cuanto a la violación del derecho al debido proceso,

al violentarse el plazo requerido para la citación; y segundo el de

los recurridos para que se proteja su derecho fundamental de

acceso al agua, el derecho de propiedad y el derecho al trabajo,

vulnerados por la acción del recurrente al sellar el canal de riego

y rellenándolo de tierra, con el fin de levantar una urbanización,

dejándoles sin agua para regar su propiedad agrícola, lo que consti-

tuye una violación al artículo 51 de la Constitución, la que al esta-

blecer y garantizar el derecho de propiedad, dispone la obligación

de cumplir una función social que implica obligaciones, es decir

un ciudadano en ejercicio de su derecho de propiedad no puede

ocasionar un perjuicio de carácter social como el de la especie,

que al dejar sin riego la propiedad agrícola del recurrido impacta

socialmente, afectando la producción de alimentos y limitando el

goce del derecho de propiedad y de trabajo de otros ciudadanos.

3.4. El Tribunal Constitucional, al examinar el contexto del

objetivo principal de la justicia constitucional que es garantizar

la supremacía de la constitución y la protección de los derechos

fundamentales, debió guiarse por los principios rectores de la

justicia constitucional y del derecho procesal constitucional que

entre otros son:

Accesibilidad: Que procura acercar el ciudadano lo más

posible a la justicia, sin obstáculos y libre de formalismos.

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Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial la tu-

tela de los derechos fundamentales deben resolverse sin demoras

innecesarias.

Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos fun-

damentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los medios

más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una tutela

judicial diferenciada cuando el caso lo amerite. Favorabilidad: La

justicia constitucional, interpreta en favor de la efectividad de la

tutela de los derechos fundamentales y ninguna disposición legal

puede suprimir o limitar la garantía de un derecho fundamental.

Informalidad: El Tribunal Constitucional, puede prescin-

dir de formalismos y rigores innecesarios que afecten la tutela

judicial efectiva.

Inexcusabilidad: Una vez que se ha requerido en forma le-

gal y en materia de su competencia la intervención del Tribunal

Constitucional, no podrá éste excusarse de ejercer su autoridad,

ni aun a falta de ley que resuelva el conflicto jurídico o asunto

sometido a su decisión.

Oficiosidad: El juez constitucional como garante de la

tutela judicial efectiva puede adoptar de oficio las medidas que

estime pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

Entendemos que aún cuando el recurrente invoca como

fundamento de su pretensión que la sentencia vulnera el de-

bido proceso y que el Juzgado de Paz no era competente para

conocer de la acción de amparo, ello no altera la naturaleza

jurídica de la responsabilidad que se pretende hacer efectiva

y de los perjuicios reclamados. No implica, en modo alguno

vulnerar el principio de inexcusabilidad por cuanto la inter-

vención del Tribunal Constitucional para la resolución del

asunto planteado ante el Juzgado de Paz se hace ineludible e

impostergable.

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Memoria de gestión y votos particulares

3.5. El Tribunal Constitucional de forma excepcional podrá,

en virtud de que se trata de un conflicto humano, basado en el

uso del agua, el más importante de los recursos naturales, instruir

el caso y proteger en forma rápida los derechos fundamentales

de ambas partes enfrentadas en el conflicto. El debido proceso

invocado por el recurrente y el acceso al agua, invocado por el

recurrido. Al decidir por remitir el caso por ante el Tribunal de

Primera Instancia de la Provincia de San Juan de la Maguana no

se garantiza la celeridad del proceso, mantiene el conflicto y pro-

longa el daño a la cosecha del recurrido que seguirá impedido de

regarla por efecto de la anulación de la sentencia No. 389/2011.

3.6. El objetivo del Tribunal Constitucional es ser garante

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que

en ese sentido disentimos de la decisión adoptada y reconoce-

mos que la misma podría ser correcta en términos técnicos y

jurídicos, pero se aparta de la visión social que debe tener el

Juez Constitucional, que en la interpretación de la norma y de la

Constitución puede sobrepasar el sentido literal y tocar la fibra

humana, política, social y económica, que convierte al ciudada-

no en el corazón de la justicia constitucional hasta llegar a tener

un sentido de identidad con el Tribunal Constitucional como el

fiel intérprete de la Constitución.

3.7. Con estas consideraciones no pretendemos enviar el

mensaje de que el Tribunal Constitucional está en libertad de

traspasar los límites del derecho en cuanto a los procedimientos

legales que deben seguir los ciudadanos al incoar sus acciones por

ante los tribunales ordinarios o ante el propio Tribunal Consti-

tucional; lo que queremos es dejar claro que en casos de carácter

muy excepcional por la naturaleza de los derechos fundamentales

invocados o comprometidos, el Tribunal Constitucional podrá

poner en balance y decidir, qué es más importante para la justicia

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constitucional, si guardar el tecnicismo jurídico o proteger los

derechos fundamentales de los ciudadanos como lo manda la

Constitución y para lo cual faculta al Tribunal Constitucional

como última instancia para su plena garantía.

4. Competencia del Tribunal Constitucional para conocer el

fondo del asunto

4.1. Cabe destacar el inciso 6 de la sentencia, el cual

resume el conflicto planteado entre las partes: 6) “Síntesis del

conflicto”: la empresa Reparto Don Domingo, S.A. suprimió un

tramo del canal de riego “Los Rodríguez” que abastecía de agua

los terrenos agrícolas vecinos pertenecientes a los recurridos,

Marcos Mercado, Altagracia Rodríguez de Mercado y Patricia

Mercado Rodríguez, si a esto añadimos que el Instituto de Re-

cursos Hidráulicos (INDRHI) ya había advertido a la empresa

mediante comunicación de fecha 03 de diciembre de 2010 de

la importancia de esta obra de infraestructura, de su carácter

social, de su alto costo de construcción con fondos públicos y

de su facultad legal para velar por su funcionamiento, resulta

razonable e inexcusable que el Tribunal Constitucional, una vez

apoderado de un recurso en revisión de amparo y con la facultad

de decidir sobre la protección efectiva de los derechos funda-

mentales (Art. 184 Constitución Dominicana), y tomando en

cuenta el principio de inexcusabilidad enmarcado en el derecho

procesal constitucional, que lo obliga a conocer y resolver de

manera definitiva los asuntos sometidos a su competencia, tenía

plena facultad para decidir sobre el asunto planteado por las

partes, inicialmente por ante el Juzgado de Paz del Municipio de

San Juan de la Maguana.

4.2. En otro orden, consideramos improcedente la decisión

que hace la sentencia del Tribunal Constitucional de remitir el

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Memoria de gestión y votos particulares

asunto por ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan

de la Maguana por considerar éste que es la jurisdicción compe-

tente para conocer de la acción de amparo, ya que la misma se

fundamenta erróneamente en lo dispuesto por el artículo 24 de

la Ley 834-78, que dispone lo siguiente: “Cuando el juez estima-

re que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva,

administrativa, arbitral o extranjera se limitará a declarar que las

partes recurran a la jurisdicción correspondiente. En todos los otros

casos, el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción

que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y

al juez de envío.”

Como se puede advertir en el referido artículo, solo cuando

el asunto fuera de la competencia de una jurisdicción represiva,

administrativa, arbitral o extranjera, se ordena que las partes

recurran ante la jurisdicción correspondiente. En este caso, no

procede declinarlo a otra jurisdicción, ya que el mismo es de na-

turaleza constitucional, por lo que el tribunal competente para

decidir de manera definitiva lo es el Tribunal Constitucional.

Además, al invocarse en la sentencia, literal e) del inciso

10.- Incompetencia del juez de amparo apoderado, el princi-

pio de supletoriedad previsto en el artículo 7, numeral 12 de la

Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, que establece:

“12) Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión,

oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán

supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal

Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales

afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan

los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los

ayuden a su mejor desarrollo”, se interpreta erróneamente

este artículo; pues en él se consigna claramente el carácter

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subsidiario de las normas procesales afines a la materia dis-

cutida; y en este caso lo dispuesto en el artículo 24 de la

Ley 834-78 respecto a la jurisdicción competente solo aplica

cuando el asunto sea competencia de una jurisdicción repre-

siva, administrativa, arbitral o extranjera, no constitucional.

Por tales razones entendemos que la Ley 137-11 del Tribunal

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales establece

los elementos de derecho procesal constitucional suficientes para

resolver el asunto sin tener que recurrir a normas procesales de

derecho común dada la naturaleza constitucional del conflicto

planteado entre dos derechos fundamentales, los cuales podían

ser resueltos mediante la anulación de la sentencia del Juzgado

de Paz del Municipio de San Juan de la Maguana por no ser el

tribunal competente para conocer de la acción de amparo (Art.

72, Ley 137-11), y por inobservancia de la garantía constitucio-

nal al debido proceso (Art. 69 Constitución Dominicana); y a

la vez avocarse a conocer el fondo del conflicto sobre el reclamo

original planteado en la acción de amparo, emitiendo medidas

cautelares de ser necesario, en caso de que decidiera instruir

el proceso como paso previo a la adopción de una decisión

definitiva.

Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Rafael Díaz

Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez.