Sentencia TC/0020/14

• Páginas: 285-293
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0020/14

Referencia: Expediente núm. TC-052012-0043, relativo

al recurso de revisión constitucional en materia de amparo

incoado por el Ayuntamiento Municipal de Barahona, contra

la Sentencia núm.2012-00138, de fecha veintiuno (21) de

mayo de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala

de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, a favor

del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los veinte (20) días

del mes de enero de dos mil catorce (2014).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio

del año dos mil once (2011), emitimos el siguiente voto:

I. PLANTEMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. En fecha cinco (05) de junio del año dos mil doce (2012).

el recurrente Ayuntamiento Municipio de Barahona, interpuso

un recurso de revisión constitucional contra la sentencia de

amparo núm. 2012-00138, dictada en fecha veintiuno (21) de

mayo de dos mil doce (2012) por la Segunda Sala de la Cámara

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de Barahona.

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2. La referida sentencia de amparo núm. 2012-00138, fue

dictada en ocasión de la acción de amparo interpuesta a instancia

del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, en la cual, el Juez

de amparo decidió que la mina salina ubicada en el distrito

municipal de Jaquimeyes, administrada por el Ayuntamiento

Municipal de Barahona, pertenecía al accionante, ordenando

que le fuera entregada su administración y por consiguiente las

ganancias que la referida mina pudiera generar.

3. El ahora recurrente, Ayuntamiento Municipal de Barahona,

en su instancia alega entre otros puntos, el hecho de que el accionante

en amparo, municipio de Jaquimeyes conforme a su escrito, solicitó

un amparo de cumplimiento, a fin de que ordenara al municipio

de Barahona el acatamiento de la Resolución núm. 005, dictada

por el referido municipio de Jaquimeyes, la cual disponía que la

mina salina ubicada en Puerto Alejandro era propiedad de dicho

municipio y que de inmediato debía a pasar a ser administrada por

ellos, continúa alegando el recurrente, municipio de Barahona

en su defensa, que se trata de un acto administrativo y que el

mismo no está por encima de una ley, que la Ley No. 91 de

1997 había establecido que la referida mina salina continuaría

bajo la administración del municipio de Barahona.

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de admitir el presente recurso de revisión consti-

tucional, revocar la sentencia de amparo núm. No. 2012-00138

dictada en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012)

por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Baraho-

na, y en consecuencia, acoger la acción de amparo y declarar que

las salinas marinas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro estarán

bajo el control y administración del Ayuntamiento Municipal

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de Jaquimeyes, conforme lo establece la indicada Ley núm.

192/04, del 7 de julio de 2004. La decisión adoptada plantea

una cuestión que nos lleva a disentir con el voto de la posición

asumida por la mayoría.

II. DESARROLLO DE LA LEGALIDAD DE ADMINISTRAR

BIENES PATRIMONIALES A CARGO DE UN

MUNICIPIO

Es por ello que nos permitimos exponer con el debido res-

peto, las razones por las que, a nuestro juicio, la decisión sobre

el fondo debió no acoger la acción de amparo sometida por el

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, por las razones que a

continuación nos permitimos exponer como sigue:

Al momento de abordar las motivaciones que han dado

origen al presente conflicto, en cuanto a cargo de quién está la

administración de la mina salina, ubicada en el Paraje Puerto

Alejandro, en el hecho de que la referida mina salina, al mo-

mento de segregarse el Ayuntamiento Municipal de Barahona

y crearse el Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, el paraje

Puerto Alejandro había quedado territorialmente ubicado den-

tro del distrito municipal de Jamiqueyes, pero legalmente quedó

establecido que dicha mina continuaba bajo la administración

del Ayuntamiento Municipal de Barahona.

Haciendo un recuento cronológico de las leyes y normas que

incidieron en torno al presente caso podemos citar lo siguiente:

1. En 1959, se promulgó la Ley núm. 5220, con la cual se

realiza la división municipal de la República Dominicana, donde

se ratifica el municipio de Barahona que databa desde antes del

Censo Nacional de Población realizado en 1920.

2. En 1961, se promulgó la Ley núm. 5775, con la cual dis-

pone que todas las salinas marítimas actualmente en operación

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y otras que pudieran establecerse en el futuro, sean explotadas

y administradas por los municipios y establece las condiciones

para administrar la mina salinas en la República Dominicana.

3. En 1997, se promulga la Ley núm. 91, con la cual se eleva

a distrito municipal a la sección de Jaquimeyes, teniendo como

uno de sus parajes a Puerto Alejandro, lugar donde se encuentra

ubicada la mina salina, objeto de la presente litis, estableciéndose

en dicha ley, que la referida mina quedaba bajo la administración

del municipio de Barahona.

4. En el 1998, se promulga la Ley núm. 286 que instituía

el Consejo de Administración Salinera, donde en su artículo 1,

Párrafo I, dispone quienes integran el referido consejo, siendo

formados por los diferentes municipios que producen sal en

grano, tales como: Baní, Montecristi, Barahona, Azua y Oviedo.

5. En el 2004, se promulga la Ley núm. 192, en la cual se

dispone únicamente que se eleva a municipio el distrito muni-

cipal de Jaquimeyes y sus parajes, a distritos municipales, no

dejando sin efecto lo establecido en la ley núm. 91 de 1997, en

cuanto a que, la administración de la mina salina ubicada en

Puerto Alejandro, continuaba bajo el control del Ayuntamiento

Municipal de Barahona, por lo que, si los congresistas hubieran

querido que la administración de la mina salina de Puerto Ale-

jandro debía estar bajo el control del municipio de Jaquimeyes,

lo hubieran establecido mediante otra ley, lo que quiere decir,

que la intención sabía de los congresistas es que la administra-

ción de dicha mina se mantenga bajo el control del municipio

de Barahona, que data desde su creación antes de 1920;

6. En el 2007, con la necesidad de normar y organizar los

ayuntamientos municipales creados en la República Domini-

cana, se promulga la Ley núm. 176; que entre otros puntos dis-

pone y clasifica los bienes que administran los municipios, en

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

su artículo 29 establece las condiciones a regir en cuanto a los

bienes de dominio público y bienes patrimoniales existentes,

al momento de segregarse, agregarse o dividirse un municipio

y/o distrito municipal, normas estas que deben ser cumplidas

por todos los municipios existentes, distritos municipales, sec-

ciones y parajes existentes y los que posteriormente se puedan

crear.

De todo lo anteriormente citado, claramente se puede

deducir que la Ley 176 del 2007, norma ésta que regulariza,

delimita y establece las disposiciones a seguir por las autoridades

municipales a la hora de surgir conflictos, tal como es el caso

que nos ocupa, dirimir sobre quién recae la administración de

la mina salina ubicada en el paraje de Puerto Alejandro, previa-

mente establecida por la Ley núm. 91 de 1997 que había dis-

puesto que dicha administración se mantendría bajo el control

del Ayuntamiento del Municipio de Barahona.

Dando continuidad con el apoyo de nuestro voto disidente,

nos vamos a permitir citar integralmente el artículo 29 de la

antes referida Ley No. 176-07, el cual dispone que: Distribución

de los Bienes, Derechos y Acciones. En cualquiera de los casos de mo-

dificación del territorio municipal, se procederá simultáneamente

a la distribución de los bienes, derechos, acciones, deudas, cargas y

obligaciones existentes entre los municipios que resulten afectados.

A tales efectos, el ayuntamiento cuyo territorio municipal ha sido

segregado estará en la obligación de suministrar al municipio recién

creado o al que se haya agregado el territorio, todas las informaciones

financieras, registro de bienes y las relaciones bases de contribuyentes

de la parte afectada. Para efectuar la distribución se considerará

el número de habitantes, los recursos del territorio que se trata de

segregar y las inversiones y gastos de capital efectuados en el mismo

que estén pendientes de pago al producirse la alteración.

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Párrafo I. Cuando parte del territorio de un municipio

sea incorporado a otro, pasarán a pertenecer a éste todos los

bienes del dominio público municipal que pertenecían a aquél

sobre la porción segregada, así como, todos los activos y pasivos

correspondientes.

Párrafo II.

Esta disposición no es aplicable a los bienes patrimonia-

les del municipio segregado, manteniendo éste su derecho de

propiedad, salvo disposición legal en contrario”. (Letras en

negritas y subrayado nuestro)

Para mayor sustento del criterio de nuestro voto particular,

vamos a esclarecer los conceptos, en cuanto a qué y cuales son

bienes del dominio público y bienes patrimoniales, muy bien de-

limitado en la Ley núm.176-07, a partir de sus articulados 177 y

siguientes; específicamente su artículo 179, establece como bien

de dominio público a los destinados por el ayuntamiento a un

uso o servicio público, clasificados como: 1.-bienes de uso públi-

co local, 2.-bienes de servicios públicos y 3.-bienes de dominio

público, tales como caminos, carreteras, plazas, parques entre

otros para los primeros, para los segundos palacios municipales,

mercados, hospitales y demás edificaciones y para los últimos

los espacios destinados para áreas verdes en los proyectos urba-

nizados; y el artículo 180 establece como bienes patrimoniales

los que no están destinados a uso público y pueden ser fuentes

de ingresos.

Además, debemos de señalar que el bien correspondiente a

una mina, a la luz de la Constitución dominicana es considerado

como un recurso natural, con ello consagrado como parte del

patrimonio de la Nación dominicana. En el artículo 17 de la

Constitución dispone únicamente en torno a las concesiones

de contratos, licencias, permisos o cuotas para operar sobre los

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

recursos naturales, en cuanto a que dichos contratos, licencias,

permisos o cuotas, sean conforme a como lo determine la ley,

por lo que, en cuanto a la administración de un bien patrimo-

nial que se encuentre dentro de los bienes correspondientes a

los recursos naturales de una Nación, a cargo de un municipio

o particular, debe ser establecido conforme a las disposiciones

establecidas por la ley en ese sentido.

Conforme a las consagraciones de la Constitución domini-

cana, especialmente a la precedentemente referida, ha quedado

claramente evidenciado, que lo establecido en la sentencia objeto

del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo, en cuanto a que el Ayuntamiento Municipal de Jaqui-

meyes es propiedad de dicho ayuntamiento, no está conforme

con nuestra Constitución, ya que, todo bien que esté dentro de

los recursos naturales, constitucionalmente es propiedad de la

Nación, por lo que se debió de conocer era lo relacionado con,

a qué ayuntamiento recaía la administración de la mina salina

ubicada en Puerto Alejandro, conforme a las leyes que rigen la

materia, no sobre la propiedad de la misma, tal como lo falló la

sentencia núm. 2012-00138, dicta en fecha veintiuno (21) de

mayo de dos mil doce (2012), por la Segunda Sala de la Cámara

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de Barahona.

En consecuencia, las leyes precedentemente señaladas,

son las que han establecido las disposiciones que han de im-

perar al momento de determinar a cargo de cuál ayuntamiento

municipal recae la administración de una mina, por lo que,

quedó claramente delimitado que por ley se instituyó que, al

momento de segregarse un municipio, queda a cargo de esté, la

administración de los bienes patrimoniales que estaban dentro

de sus límites y solamente con una ley posterior que disponga

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el traspaso de dicha administración podría efectuarse el cambio

de la administración de ese bien patrimonial al nuevo muni-

cipio, situación que a la fecha no se ha concretizado en el caso

que nos ocupa, por lo que, la mina salina ubicada en el paraje

Puerto Alejandro, localidad que quedo ubicada dentro del nuevo

municipio de Jaquimeyes, segregado al municipio de Barahona,

legítimamente debe continuar bajo la administración del Ayun-

tamiento Municipal de Barahona.

Asimismo, debemos de considerar que el ahora recurri-

do municipio de Jaquimeyes, realmente fue a través de una

resolución administrativa, dictada por ese mismo municipio,

que requirió la entrega de la administración de la mima

salina ubicada en Puerto Alejandro y no por una ley que lo

establezca, quedando así evidenciado que la legalidad de la

administración de dicha mina salina, la sigue ostentando el

municipio de Barahona, por lo que somos de opinión que

hasta tanto no se elabore, apruebe y promulgue una ley que

establezca el traspaso de administración, la mina salina de

Puerto Alejandro debió continuar bajo la administración del

municipio de Barahona.

III. POSIBLE SOLUCIÓN PROCESAL

Tomando como base los argumentos precedentemente ex-

puestos, somos de criterio que la solución procesal a la cuestión

planteada, debió declarar admisible la revisión constitucional

de sentencia de amparo; acoger en cuanto al fondo la referida

revisión constitucional, en consecuencia revocar la sentencia de

amparo núm. 2012-00138, dictada en fecha veintiuno (21) de

mayo de dos mil doce (2012) por la Segunda Sala de la Cámara

Civil y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Judicial de Barahona y en consecuencia, ordenar que continué

la mina salina de Puerto Alejandro bajo la administración del

Ayuntamiento Municipal de Barahona.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.