Sentencia TC/0039/15

• Páginas: 343-355
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0039/15

Referencia: Expediente núm. TC-042013-0071, relativo al

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

interpuesto por Samir Attia contra la Sentencia núm. 1004,

dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los nueve (9) días del mes

de marzo del año dos mil quince (2015).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere el artículo

186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Consti-

tucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011), de

acuerdo con nuestra posición adoptada durante las votaciones

de la presente sentencia y con el debido respeto hacia el criterio

mayoritario reflejado en la presente sentencia, tenemos a bien

señalar los siguientes argumentos que sostiene nuestro voto

disidente.

I. ANTECEDENTES

El suscrito Magistrado ha expresado su opinión, fundamen-

tada en la decisión adoptada en la presente sentencia constitu-

cional, por lo que ha emitido voto disidente en la aprobación

de la misma. En consecuencia en ejercicio de los artículos 186

de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

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Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constituciona-

les, dejamos constancia de las motivaciones de nuestra decisión.

El señor Samir Attia, mediante instancia recibida en fecha

uno (1) de marzo de dos mil trece (2013), interpuso ante este

tribunal constitucional un recurso constitucional de revisión

de decisiones jurisdiccionales contra la Sentencia núm. 1004,

dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en

fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), cuya

decisión fue la inadmisibilidad del recurso de casación interpues-

to por el ahora recurrente, cuyo fallo motivó la interposición del

recurso de revisión constitucional que ahora nos ocupa, con la

finalidad de que sea anulada la referida sentencia, por las ale-

gadas violaciones de los derechos fundamentales, tales como la

discriminación, derechos individuales, indefensión, entre otros,

establecidos en los artículos 26, numeral 4; 39, numerales 1 y

3; 61, numeral 2; y el 74 de la Constitución dominicana del

veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).

II. SINTESIS DEL CONFLICTO

La síntesis del conflicto, conforme a las piezas del expe-

diente y a los argumentos presentados por las partes, tiene su

génesis cuando el ahora recurrente señor Samir Attia, inquilino

de un inmueble propiedad de los recurridos señores, Idelsa

Noemí Guzmán y compartes, al no cumplir con la obligación

de pago, fue sometido en una demanda por falta de pago y

rescisión del contrato de alquiler, por ante el juzgado de paz

correspondiente, siendo acogida dicha demanda. En ocasión de

tal decisión, el seños Attia interpuso un recurso de apelación

por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia, en atribuciones de apelación, en la cual fue rechazado

dicho recurso de apelación, acogida la demanda y ratificada la

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

sentencia recurrida, fallo este que motivo el recurso de casación

por ante la Suprema Corte de Justicia, siendo declarado inadmi-

sible por la Primera Sala, lo que originó el recurso constitucional

de revisión jurisdiccional que nos ocupa.

III. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA MAYORÍA

DE LOS VOTOS ADOPTADOS

Es preciso señalar que este voto se origina, en cuanto a

que, la generalidad de los honorables jueces que componen este

tribunal, han concurrido con el voto mayoritario en el entiendo

de que, la sentencia en cuestión, decide declarar inadmisible el

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdic-

cional, contra la Sentencia núm. 1004 de fecha veinticuatro (24)

de octubre de dos mil trece (2013), dictada por la Primera Sala de

la Suprema Corte de Justicia, por no cumplir con el requisito es-

tablecido en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, especialmente en lo relativo a que la alegada

vulneración de derecho fundamental sea imputable al órgano

jurisdiccional que dictó la sentencia impugnada.

En ese sentido, la sentencia constitucional objeto del pre-

sente voto disidente, basó su decisión de inadmisibilidad del

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que

nos ocupa, entre otros puntos, en lo que sigue:

En cuanto a este tercer requisito, respecto de la violación

del derecho fundamental imputable al órgano jurisdiccional que

emitió el fallo impugnado, se advierte que la referida sentencia

núm. 1004, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012),

al declarar inadmisible el recurso de casación del señor Samir

Attia, se fundamentó en las disposiciones del literal C, párrafo

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II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de

Casación de mil novecientos cincuenta y tres (1953), norma

jurídica dimanada del Congreso Nacional. (…).

El fallo adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte

de justicia, motivo el presente recurso de revisión constitucional

de decisión jurisprudencial, cuya sentencia declara la inadmisibi-

lidad del recurso de casación, fundado ente otras exaltaciones, en

el entendido de que, a juicio de dicha sala, al verificar el monto

a que asciende la cuantía envuelta en la litis en cuestión, se pudo

constatar que no supera el requerimiento de los doscientos (200)

salarios mínimos para la admisibilidad del recurso de casación, de

conformidad con lo establecido en la primera parte del literal C,

párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

En consecuencia, como en la sentencia constitucional objeto

del presente voto disidente, se determinó que el referido recurso

no cumple con los presupuestos exigidos a la luz del artículo

53., ya que no se ha producido una violación de un derecho

fundamental, conforme a las disposiciones constituidas por el

numeral 3) del referido artículo 5391 de la Ley núm. 137-11:

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada

uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado for-

malmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

91 Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano ju-

risdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.92

El decide adoptado por la mayoría de los jueces del Tribu-

nal Constitucional, en torno a esta sentencia constitucional, es

basada fundamentalmente, en lo establecido en el literal c) del

numeral 3) del artículo 53 de la Ley núm. 13711, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucio-

nales, en cuanto a que, las alegadas violaciones de los derechos

fundamentales, no se les puede imputar dichas violaciones al

tribunal que fallo la sentencia objeto del presente recurso de

revisión constitucional, ya que tal decisión se basó en una norma

legal literal C, párrafo II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, de

mil novecientos cincuenta y tres (1953).

IV. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE

La disidencia planteada en ocasión de la decisión adoptada

en el Pleno del Tribunal Constitucional, en torno a la inadmisi-

bilidad del recurso de revisión constitucional de decisión juris-

diccional contra la Sentencia núm. 1004, dictada por la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinticuatro (24)

de octubre de dos mil doce (2012), se basa en el hecho de que al

tomar la decisión de inadmisibilidad de los recursos interpuestos,

tanto por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia como

por el Tribunal Constitucional, les fueron vulnerados los dere-

chos fundamentales al recurrente, señor Samir Attia, tales como:

el de igualdad, garantías de los derechos fundamentales, la tutela

92 Subrayado nuestro

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judicial efectiva y el debido proceso, derechos estos protegidos y

garantizados por nuestra Carta Magna93.

A. Motivaciones de derecho del voto disidente

En ese orden, las motivaciones del fondo de la sentencia

constitucional objeto de este voto disidente, expresa en relación

a las disposiciones establecidas en el artículo 27794 de la Consti-

tución de la República, no de la Ley núm. 137-11, y del artículo

53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucio-

nal y de los Procedimientos Constitucionales, ya que el presente

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

cumple con el hecho de que se trata de una decisión que ha

adquirido la condición de lo irrevocablemente juzgado, de fecha

posterior a la promulgación de la Carta Magna de dos mil diez

(2010), ya que la sentencia recurrida en revisión constitucional

data del veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012).

Además, el recurso de revisión constitucional que nos

ocupa, tiene configurado el requisito establecido en el referido

artículo 53, numeral 3), en cuanto a que, el ahora recurrente,

señor Samir Attia ha alegado que la Suprema Corte de Justicia

incurrió en una discriminación al aplicar el literal

C, párrafo II, del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre

Procedimiento de Casación de mil novecientos cincuenta y tres

(1953), modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha diecinueve

(19) de diciembre de dos mil ocho (2008).

Continuando con el mismo orden de idea, es oportuno

consignar lo que dispone el referido artículo 5, literal C, del

párrafo II de la Ley núm. 3726, modificado por la Ley núm.

93 Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero de 2010. Artículos 39, 68 y 69

94 Constitución de la República del 26 de enero de 2010. Artículo 277.- Decisiones

con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

491/08 del Procedimiento de Casación, que regirá como

sigue:

No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio

de otras disposiciones legales que los excluyen, contra:

c) Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan

la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto

establecido para el sector privado, vigente al momento en que se

interponga el recurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto

de la misma, pero existen elementos suficientes para determinar-

lo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado.

El hoy recurrente, señor Samir Attia, alega que la Primera

Sala Suprema Corte de Justicia al declarar inadmisible el recurso

de casación contra la Sentencia núm. 1313-2010, de fecha

veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), dictada

por la Cuarta Sala de la cámara Civil y Comercial del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones

de Corte de Casación, le vulneró sus derechos individuales, el

derecho a la defensa de forma discriminada.

El hecho de que la Suprema Corte de Justicia declare

inadmisible un recurso de casación, sin dar la oportunidad de

conocer los medios de defensa presentado en un memorial de

casación por el recurrente, por el hecho de que la litis no supera

los doscientos (200) salarios mínimos del sector público, dicha

decisión vulnera el derecho a la igualdad, principio consagrado

en Nuestra Carta Magna en el artículo 39, que establece lo que

sigue:

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas

nacen libre e iguales ante la ley, reciben la misma protección y

trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,

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nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión,

política o filosófica, condición social o persona. En consecuencia:

1. La República condena todo privilegio y situación que tienda

a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos,

entre quienes no deben existir otras diferencias que las que

resulten de sus talentos o de sus virtudes; …

3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y admi-

nistrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará

medidas para prevenir y combatir la discriminación, la margi-

nalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;…

De acuerdo a lo antes señalado, la Carta Magna ha dejado

establecido y garantizado el derecho a la igualdad y a la no dis-

criminación, por lo que, el Estado debe de procurar a través de

su ordenamiento constitucional promover todas las condiciones

necesarias para la efectividad y disfrute de la igualdad para todos

los ciudadanos; asimismo, dispone que la ley siempre debe tener

un trato equitativo y con igual protección, en consecuencia, la

ley únicamente puede ordenar lo que es justo y útil para la colec-

tividad , por lo que, no puede prohibir más que lo que perjudica

a dicha comunidad. En tal sentido, la ley no puede perjudicar

injustamente a la generalidad de los ciudadanos.

Al violentar el derecho a la igualdad garantizado constitu-

cionalmente, se está vulnerando el derecho a la tutela judicial

efectiva y al debido proceso, derecho resguarda en la Ley Sustan-

tiva, en su artículo 6995, en tanto que establece, toda persona en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho

95 Constitución dominicana 2010. Artículo 69. Tutela Judicial efectiva y debido pro-

ceso. Toda persona en el ejercicio de sus derechos e interese legítimos, tiene derecho

a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto del debido proceso que estará con-

formado por las garantías mínimas…

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido pro-

ceso. El referido derecho fundamental, consagrado en la Cons-

titución, en el artículo 69 y todos sus literales, es el derecho a la

Tutela Judicial Efectiva, y la misma apareja entre otras cosas,

a la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin

obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez indepen-

diente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente,

la plena defensa a los derechos e intereses propios a fin de obtener

dentro de un plazo razonable la debida Protección del Estado.

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se

consagra los requisitos que debe reunir el Debido Proceso, es así

que en el Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos dispone que toda persona tiene Derecho en condiciones

de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un

tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus

Derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación

contra ella en materia Penal.

El Pacto de San José Costa Rica también consagra el De-

bido Proceso, cuando establece en su Art. 8, Apartado 1, que

toda persona tiene serecho a ser oída con las debidas garantías y

dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,

en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra

ella o para la determinación de sus Derechos y obligación de orden

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Asimismo, puntualizamos que la Corte Constitucional

de Colombia en el año dos mil once (2011), en sus sentencias

203/11 y 372/11, sobre el aumento de la cuantía para interponer

el recurso de casación, decide que el referido recurso, aunque

sea extraordinario, no menos cierto es necesario para frenar la

incorrecta administración de justicia de los jueces ordinarios y la

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mala aplicación de la ley; además, señaliza la importancia de ga-

rantizar la protección de los derechos fundamentales amparados

por la Constitución, y al limitar el acceso al recurso de casación,

vulnera los derechos de igualdad, dignidad, debido proceso,

tutela judicial efectiva. EL RECURSO EXTRAORDINARIO

DE CASACIÓN DENTRO DEL SISTEMA CONSTITU-

CIONAL ES UN MECANISMO JUDICIAL INTRÍNSECA-

MENTE RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS FUNDAMENTALES. La Corte de Casación se

haya consolidado como un órgano de disciplina que asegura

la observancia de la ley en la administración de justicia y, por

esa vía, como un realizador del principio de igualdad en su

aplicación, pues al unicar su interpretación evita decisiones

judiciales desarmónicas o incluso contradictorias. La casación,

además de un mecanismo de control de validez, es una herramienta

para hacer efectivas las garantías laborales y de la seguridad social.

En consecuencia, somos de criterio que al referirse la

sentencia constitucional sobre la motivación de la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia que originó el fallo de la

sentencia ahora recurrida en revisión constitucional, el Tribu-

nal Constitucional ha conocido el fondo del conflicto, y con

ello, al ser este órgano el cierre del sistema de justicia, es de

vital preponderancia el hecho de dejar claramente limitado la

cuestión de la admisibilidad en cuanto a la forma del recurso

constitucional que somos competente para conocer el recurso

que se nos ha presentado, ya que dejaríamos sin protección

y sin la aplicación de la supremacía constitucional96, por lo

96 Constitución dominicana de 2010. Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas

las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución,

norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno

derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

cual garantizaríamos el cumplimiento de la efectividad del

cumplimiento de los derechos fundamentales , principalmente

el debido proceso.

B. Motivaciones de hecho del voto disidente

En torno a los hechos específicos de la litis que nos ocupa,

claramente se puede deducir, que el conflicto en cuestión se

inicia en el año dos mil ocho (2008), culminando el dictamen

de la primera sentencia en agosto de dos mil nueve (2009),

fallando con una condena al señor Samir Attia, hoy recurrente,

al pago de una suma ascendente a la cantidad de un millón

cuarenta y cinco mil pesos (RD$1,045,000.00), a razón de

nueve mil quinientos pesos (RD$9,500.00) cada mes, termi-

nando dicho proceso en los tribunales ordinario en octubre del

año dos mil doce (2012), cuando se dictó la sentencia objeto

del recurso de revisión constitucional de que se trata, treinta y

ocho (38) meses después, por lo que el monto que envuelve el

conflicto se aumenta en la misma proporción, por lo que, en

caso de que el monto envuelto en la litis cuestionada, sobrepa-

saría el requerimiento de los doscientos (200) salarios mininos

del sector público, además de las vulneraciones antes señaladas,

con la discriminación, el derecho a la igualdad, la indefensión,

al violentar la tutela judicial efectiva y el debido proceso de

ley, también se transgrede el derecho de motivar las decisiones

adoptadas en sentencia.

En ese sentido, queda más que evidenciado que es de

obligación admitir los recursos de casación cuando se trata de

esa desequilibrada norma, ya que al conocer el fondo de la con-

troversia en cuestión, se verificaría si en las anteriores sentencias

se han violentado o no derechos fundamentales, protegidos y

garantizados por la Carta Magna de la República.

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Este tribunal constitucional, en torno al cumplimiento

de las garantías mínimas, en su Sentencia TC/0021/12 fijo el

precedente que sigue:

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ha establecido lo siguiente: “Es un derecho humano el obtener

todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no

estando la administración excluida de cumplir con este deber.

Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento

administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión

pueda afectar los derechos de las personas” (Corte Interamericana

de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.

Sentencia del 2 de febrero de 2011, Número 127)97.

Conforme a todo lo precedentemente indicado, es obvio

comprobar que en el recurso de revisión constitucional de deci-

sión jurisdiccional, si se encuentran presentes todos los reque-

rimientos establecidos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, específicamente que se les han vulnerado

derechos fundamentales al hoy recurrente, señor Samir Attia,

en que se han alegado dichas violaciones y que el tribunal

que dictó la sentencia recurrida en revisión constitucional se

le imputa dichas vulneraciones, por lo que, en este sentido,

siempre hemos sido coherentes, hemos mantenido el criterio

de que basta el hecho de alegar vulneración de derecho funda-

mental para que la litis estudiada posea especial trascendencia

o relevancia constitucional y por consecuencia sea admisible en

forma el recurso constitucional de revisión de decisiones juris-

diccionales, y conforme al desarrollo de la sentencia se pueda

97 Sentencia Tribunal Constitucional TC/0021/2012, de fecha veintiún (21) días del

mes de junio del año dos mil doce (2012). Pág. 12

355

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

comprobar o no que hay tales conculcaciones de los derechos

fundamentales alegados.

V. POSIBLE SOLUCIÓN

De conformidad con todo lo anteriormente expresado,

somos de criterio que en la sentencia constitucional objeto del

presente voto disidente, se debió declarar admisible en forma, el

recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Samir

Attia contra la Sentencia núm. 1004 dictada por la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinticuatro (24) de

octubre de dos mil doce (2012), y conforme al desarrollo de las

motivaciones se podría decidir si hubo o no vulneraciones de los

referidos derechos fundamentales.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.