Sentencia TC/0041/13

• Páginas: 177-187
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0041/13

Referencia: Expediente No. TC01-2012-0059, relativo a la

Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada por

Lucas O. Ferreras Concepción contra las Ordenes Generales

Núms. 057/2005 y 17/2006 de fechas treinta y uno (31) de

agosto de dos mil cinco (2005) y catorce (14) de septiembre

de dos mil seis (2006), respectivamente, dictadas por la

Jefatura de la Policía Nacional

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana, a los quince (15) días

del mes de marzo del año dos mil trece (2013).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FILPO, EN RELACIÓN A LA SENTENCIA

TC/0041/13, DE FECHA QUINCE (15) DE

MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del

año dos mil once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE

Fundamentación de voto disidente del Magistrado Rafael

Díaz Filpo, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad

contra las ordenes generales números 057/2005 y 17/2006 de

fechas treinta y un (31) de agosto del dos mil cinco (2005) y

catorce (14) de septiembre del dos mil seis (2006), respectiva-

mente, de la jefatura de la Policía Nacional.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Luego de revisar la acción directa de inconstitucionalidad

y expresada más arriba y de la decisión adoptada por la mayoría

de los jueces que componen este Tribunal Constitucional de re-

chazarla, es nuestro criterio hacer de conocimiento, nuestro voto

disidente frente a la referida decisión, atendiendo los aspectos

en cuanto a los argumentos escritos y al derecho en sí, que se

señalan a continuación:

1.- Hechos y argumentos de la parte accionante

1.1.- Breve descripción del caso

El accionante se desempeñaba en el año 2005 como Encar-

gado del Departamento de Gestión de Personal de la Dirección

General de Recursos Humanos de la Policía Nacional, cuando

fue acusado de favorecer a un personal que no reunía las con-

diciones para recibir ascensos en sus rangos policiales, lo que

provocó que la Jefatura de la Policía Nacional mediante la Orden

General No. 057/2005 de fecha treinta y uno (31) de agosto del

dos mil cinco (2005) le pusieron en retiro forzoso con pensión,

faltas por las cuales se hizo indigno e inmerecedor de vestir el

uniforme policial y mediante la Orden General No.17/2006 de

fecha catorce (14) de septiembre del dos mil seis (2006), le fue

reconocida su pensión por antigüedad en el servicio.

1.2.- Fundamento de la pretensión de la parte accionante

El 13 de agosto de 2012, el señor Lucas O. Ferreras

Concepción introdujo un recurso de Acción Directa en Incons-

titucionalidad contra las Ordenes Generales Núms. 057/2005

y 17/2006 dictadas por la Jefatura de la Policía Nacional, en

el cual solicitaba al Tribunal Constitucional su anulación por

vulneración a los artículos 6, 7, 8, 38, 39.3, 43, 62.2, 68, 74,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

110, 256 y 257 de la Constitución dominicana; y artículo 6

del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, que establecen lo siguiente: Supremacía de la Cons-

titución; Función esencial del Estado, en cuanto a la protección

de los ciudadanos; Dignidad humana; Derecho a la igualdad;

Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Derecho al

trabajo; Garantías de los derechos fundamentales; Principios

de reglamentación e interpretación; Irretroactividad de la ley;

Carrera policial: “El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y

demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros

de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación alguna,

conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohíbe

el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los

cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la

ley de la Policía Nacional, previa investigación y recomendación

del ministerio correspondiente de conformidad con la ley.”; y

Competencia y régimen disciplinario. Artículos 1, 8, 11, 17, 24,

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referen-

te a: La Obligación de Respetar los Derechos; Protección de la

Honra y de la Dignidad; Protección a la Familia; Igualdad ante la

Ley; Protección Judicial. Y, al artículo 6 del Pacto Internacional

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referente al

reconocimiento del derecho al trabajo, a tener oportunidad de

ganarse la vida mediante el trabajo, y los Estados partes deberán

de adoptar medidas para lograr la plena efectividad del derecho

al trabajo, respectivamente.

El accionante Lucas O. Ferreras Concepción, prosigue

argumentando que en el caso de la especie nunca se realizó

investigación alguna, ni de parte de la Inspección General, ni

de la Dirección Central de Asuntos Internos, ni de ningún otro

órgano o personal de la Policía Nacional, en ningún momento

RAFAEL DÍAZ FILPO

180

fue llamado para ser interrogado, sino que fue sorprendido con

tal medida.

Celebración de audiencia

Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41

de la Ley No. 137-11 (LOTCPC) del trece (13) de junio de

dos mil once (2011), que prescribe de una audiencia pública

para conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad,

procedió a celebrar la misma el dieciséis (16) de noviembre de

dos mil doce (2012), compareciendo todas las partes litigantes y

quedando el expediente en estado de fallo.

2.- De la determinación de los patrones constitucionales:

a) La Constitución dominicana del veintiséis (26) de enero

de dos mil diez (2010) en su Artículo 185.- Atribuciones. “El

Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia: Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia

del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros

del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con

interés legítimo y jurídicamente protegido;”

b) La Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC), su Artí-

culo 36.- Objeto del Control Concentrado: “La acción directa de

inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que

infrinjan por acción u omisión, alguna norma sustantiva.”

c) El párrafo IV del artículo 14, de la Ley Institucional No.

96-04 del cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004) de la

Policía Nacional, que establece: “Funciones de Investigación.-

Estará a cargo de la Inspectoría General y las Direcciones Centrales

181

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de Investigaciones Criminales y Asuntos Internos de la Policía

Nacional.”

3.- Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La primera razón por la cual el presente recurso de incons-

titucionalidad debe ser declarado admisible es que el mismo

cumple con los requerimientos de admisibilidad descrito en el

artículo 100 de la Ley No. 137-11, ya que el mismo contiene

especial transcendencia y relevancia constitucional, a nuestro

entender, porque envuelve situaciones entre personas jurídicas y

el Estado, por lo que citamos dicho artículo: “Artículo 100.- Re-

quisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta

a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión

planteada, que se apreciara atendiendo su importancia para la in-

terpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para

la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de

los derechos fundamentales.”

a) Entendemos que el impugnante tiene calidad para accio-

nar en revisión por ser parte interesada, y porque está envuelto

un derecho fundamental, cómo lo es la tutela judicial efectiva.

b) Observando lo que nos dice el Artículo 69 de nuestra

Constitución, en relación a la tutela judicial efectiva, hemos

analizado y encontrado factible que los medios invocados por

el recurrente establecen los requisitos que fundamentan la ad-

misibilidad de este recurso de revisión, principalmente por la

trascendencia constitucional, y observa a la vez, hasta dónde es

el alcance de la interpretación de las inadmisibilidades de los

recursos de inconstitucionalidad. Por tanto conviene que sea ad-

mitido el recurso, en cuanto a la forma, por reunir los requisitos

que hemos expresado más arriba.

RAFAEL DÍAZ FILPO

182

Ciertamente, entendemos que el accionante pretende y

exige que este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la pro-

tección del derecho fundamental a la igualdad, al cumplimiento

del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, el cual alega

le ha sido vulnerado, teniendo interés legítimo y jurídicamente

protegido, dando cumplimiento a los artículos 184 y 185.1 de

la Constitución; y para poder entender lo anterior debemos

establecer el significado de la legitimación activa o calidad de un

accionante, como la facultad que ostentan las personas físicas o

jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitu-

cionalidad referido en los mismos artículos antes mencionados,

que confieren dicha condición a toda persona revestida de un

interés legítimo y jurídicamente protegido.

De todo lo antes referido, se puede colegir, que estamos

frente a una acción directa de inconstitucional contra una acción

de la administración pública, y a tal acto administrativo es, se-

gún es tradición citar la definición de Zanobini, que completada

por autores como García de Enterría, vienen a definirlo como:

“cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o

de deseo emanada de un sujeto de la Administración pública en

el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad

reglamentaria”. AL tenor de esta explicación serían acto admi-

nistrativo las autorizaciones o resoluciones por las que se accede

a una solicitud de un particular (declaración de voluntad), las

propuestas de resolución (declaración de deseo); las certificacio-

nes y las actas (declaración de conocimiento); o los informes y

dictámenes (declaraciones de juicio).

Las Resoluciones debidamente expedidas por un funciona-

rio en ejercicio y cumpliendo con sus funciones y/o competen-

cias constitucionales o legales asignadas a los fines, son actos

183

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

administrativos, es decir una categoría de documentos a través

de los cuales se expresa la “voluntad” de la administración, su

carácter resolutivo indica que “resuelven” una situación bien sea

de carácter general o de carácter particular.

Además, de lo precedentemente referido, en cuanto a la

concepción de acto administrativo, y al interés legítimo jurídica-

mente protegido, criterio ya establecido en la presente sentencia,

además, debemos puntualizar que para la configuración de dicho

interés se requiere: a) la existencia de un derecho establecido en

una norma jurídica, b) la titularidad de ese derecho por parte

de una persona, c) la facultad de exigencia para el respeto de ese

derecho, y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia.

Del criterio sostenido en relación al presente tópico, el

Tribunal

Constitucional español ha estado más que claro en ello

cuando ha establecido que, en presencia de los intereses comunes,

es decir, “aquellos en que la satisfacción del interés común es la

forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen

la sociedad […] puede afirmarse que cuando un miembro de la

sociedad defiende un interés común sostiene simultáneamente

un interés personal, o, si se quiere desde otra perspectiva, que la

única forma de defender el interés personal es sostener el interés

común”.

En cualquier caso, esta disposición constitucional debe

interpretarse ampliamente, pues aquí el interés tiene que ver más

con la protección a la Constitución que con cuestiones particu-

lares, máxime cuando todos estamos sujetos a ella (artículo 6 de

la Constitución), como si fuera un contrato

Después de delimitar los conceptos de las acciones y omi-

siones que pueden dar origen a la acción directa de inconstitu-

cionalidad y con el criterio claramente establecido en la presente

RAFAEL DÍAZ FILPO

184

sentencia, en torno al interés legítimamente protegido, está por

demás decir que estamos frente a un caso que se encuentra re-

vestido de todos los presupuestos exigidos por la Constitución

para presentar la referida acción directa de inconstitucionalidad.

En consecuencia está más que sostenido que la presente ac-

ción directa de inconstitucionalidad es claramente admisible, más

aún que el objetivo del Tribunal Constitucional es ser garante de

los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que en ese

sentido disentimos de la decisión adoptada y reconocemos que la

misma podría ser correcta en términos técnicos y jurídicos, pero

se aparta de la visión social que debe tener el Juez Constitucional,

que en la interpretación de la norma y de la Constitución puede

sobrepasar el sentido literal y tocar la fibra humana, política, social

y económica, que convierte al ciudadano en el corazón de la justicia

constitucional hasta llegar a tener un sentido de identidad con el

Tribunal Constitucional como el fiel intérprete de la Constitución.

Por lo que somos de opinión que el señor Lucas O. Ferreras

Concepción, está revestido de un interés legítimo para la acción

directa de inconstitucionalidad, toda vez que sostiene que se le

ha violentado el derecho constitucional de la dignidad, de la

igualdad, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva todos

y cada uno consagrados en nuestra Ley de Leyes del veintiséis

(26) de enero de dos mil diez (2010), en los artículos 38, 39,

68 y 69, respectivamente. Si bien es cierto que, la vía adminis-

trativa en sede conoció un recurso de reconsideración, el cual

fue decidido, eso no impide que si es su voluntad, y por demás

el derecho a ejercer una acción directa por la vulneración de

derechos fundamentales, lo que le es lesivo, generando con ello

un aspecto de trascendencia que no puede pasar por desaperci-

bido por este Tribunal Constitucional, ya que, nos encontramos

frente a los derechos de igualdad, de dignidad enfrentados al

185

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

criterio del control de constitucionalidad de las actuaciones del

Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado.

4.- Posible solución procesal

En consecuencia somos de opinión, que, ciertamente, el

accionante, Lucas O. Ferreras Concepción, tiene legitimidad

para accionar en inconstitucionalidad, y reiteramos el desacuer-

do de la solución adoptada por la mayoría de los magistrados

que conforman este Tribunal, ya que dicha acción puede, per-

fectamente, ser declarada ADMISIBLE en cuanto a la forma, y

RECHAZADO, en cuanto al fondo.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la revisión

de la acción es frente al control constitucional que los jueces de

este Tribunal deben tener, constituye un aspecto real al cual me

sumaría, y, por tanto, rechazar la acción no es atinada. Pero no

desvalorar el hecho que esa acción está concretizada en medios

que envuelven los principios de legalidad y de la tutela judicial

efectiva, los cuales nos impone que la acción sea revisada en el

fondo y no declarar su inadmisibilidad en la forma, como el

Tribunal Constitucional ha Concluido.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

*La accesibilidad: Que procura acercar el ciudadano lo

más posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

*Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial la

tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin demo-

ras innecesarias.

*Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

RAFAEL DÍAZ FILPO

186

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una

tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

*Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales

y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la garantía

de un derecho fundamental.

*Informalidad: El Tribunal Constitucional puede prescin-

dir de formalismos y rigores innecesarios que afecten la tutela

judicial efectiva.

*Inexcusabilidad: Una vez que se ha requerido en forma le-

gal y en materia de su competencia, la intervención del Tribunal

Constitucional no podrá éste excusarse de ejercer su autoridad,

ni aun a falta de ley que resuelva el conflicto jurídico o asunto

sometido a su decisión.

*Oficiosidad: El Juez Constitucional, como garante de la

tutela judicial efectiva, puede adoptar de oficio las medidas que

estime pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque entiendo

que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la legitima-

ción activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Constitución,

y el 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional,

y luego de ser examinada esta legitimación, consideramos que lo

siguiente sería analizar el fondo de lo planteado en el expediente

para ser fallado, ya que soy de opinión que el mismo tiempo

que usamos para declarar como decisión la inadmisibilidad de

un asunto planteado, es el mismo que empleamos para estudiar

el fondo y pronunciarnos en ese sentido luego de verificar la

relevancia y trascendencia constitucional de lo planteado.

Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, ya que, como explicamos en

187

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

presente voto, justificamos nuestra opinión en los fundamentos

legales precedentemente citados, y por lo que somos partida-

rios de que debió ser declarado el presente recurso admisible,

en cuanto a la forma, y rechazado, en cuanto al fondo, dicha

inadmisión que a nuestro entender es injustificada.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.