Sentencia TC/0051/12

• Páginas: 97-104
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0051/12

Referencia: Expediente No. TC-01-20120015, relativo a la

Acción Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por la

sociedad Everlast Doors Industries, S.A., contra el Oficio

ALM-AU No. 0082/2010, de fecha veintidós (22) de

septiembre de dos mil diez (2010), emitido por la Dirección

General de Impuestos Internos (D.G.I.I.).

FUNDAMENTACION DE VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO RAFAEL DIAZ FILPO, RELATIVO A LA

ACCION DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

CONTRA EL OFICIO ALM-AU NO. 0082/2010,

INTERPUESTO POR EVERLAST DOORS

INDUSTRIES EN CONTRA DE (D.G.I.I.).

En ejercicio de los artículos 186 de la Constitución, 37 de la

Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, y en atención a la posición que sostuvimos

durante las deliberaciones sobre la sentencia adoptada, dejamos

constancia de las motivaciones de nuestra decisión.

Luego de revisar el expediente depositado más arriba, y

la decisión del pleno de este Honorable Tribunal ha decidido

declararlo inadmisible, es nuestro criterio hacer de su conoci-

miento nuestro “voto disidente” frente a la presente decisión.

Descripción de los hechos

El 22 de septiembre de 2010, la empresa Everlast Doors

Industries S.A. introdujo una acción directa de inconstitucio-

nalidad contra el oficio ALM-AU No. 0082/2010, de fecha 22

de septiembre de 2010, emitida por la Dirección General de

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Impuestos Internos (D.G.I.I.), debido a que la accionante alega

que dicho oficio viola la letra y el espíritu de los artículos 4, 10,

40.15, 110, 138, 221 y 244 de la Constitución de la República,

ya que dicha empresa de zona franca fronteriza está exenta del

pago de impuestos de conformidad a la Ley No. 28-01 sobre

Desarrollo Fronterizo.

El contenido de dicho oficio se encuentra al principio de la

sentencia y se resume en lo siguiente: ¨ Las empresas amparadas

en dicha Ley (de Desarrollo Fronterizo No. 28-01) están exentas

del ITBIS en sus compras locales, mas no en las facturaciones de

sus clientes si estas no están autorizadas por la DGII, por lo que

dicha institución estimó de oficio el pago de ITBIS del periodo

fiscal de 2010 en base a reportes a terceros¨.

La empresa decidió recurrir en reconsideración dicho oficio,

petición rechazada mediante Resolución No. 886-11, del 14 de

diciembre de 2011, dictada por la entidad recurrida, Dirección

General de Impuestos Internos (D.G.I.I.)

Hechos y argumentos de la parte accionante

La accionante Everlast Door Industries pretende la anula-

ción del Oficio ALM-AU No. 0082/2010, alegando lo siguiente:

a) “La Estimación de Oficio al establecer el cobro de un

impuesto que por mandato de la Constitución y la Ley 28-01

esta exonerado de ser cobrado a las empresas que se instalen

en la región fronteriza, viola de manera expresa los artículos

40.15, 138 y 243 de la Ley Sustantiva. De esta forma, la DGII

desconoce que la legalidad es la base de actuación de toda

Administración Publica, y de manera especial de la Adminis-

tración Tributaria”.

b) “La Estimación de oficio viola esta disposición Cons-

titucional, al desconocer el tratamiento especial que le otorga

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la Ley 28-01 a las inversiones hechas por el accionante en

la provincia de Montecristi, la cual es una de las provincias

ubicadas en la zona fronteriza y, por demás, sujeta a que se

le otorguen beneficios impositivos como bien han regulado

el constituyente en el citado artículo, y el legislador en la

precitada ley”.

c) “En adición a violar los artículos 10 y 221 de la

Constitución, la Estimación de Oficio también contradice lo

dispuesto en el artículo 244 de la misma. Así se puede colegir

de la lectura pausada del artículo 244 de la Ley Sustantiva,

que consagra como un principio de legalidad a seguir por la

DGII, el respecto a las exenciones de impuestos establecidos

por la ley, como es el caso de la exención de ITBIS establecido

en la Ley 28-01, el cual es violado por la DGII a través de la

Estimación de Oficio, al ordenar el pago de un impuesto que

por ley la accionante no debe pagar”.

Celebración de audiencia

En atención a los dispuesto en el artículo 41 de la Ley Or-

gánica del Tribunal Constitucional, referente a la celebración de

audiencias públicas para conocer de los recursos de inconstitu-

cionalidad, procedió a celebrar la audiencia referente al presente

caso, en fecha 22 de junio de 2012.

De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución:

a) “Artículo 138: Principios de la Administración Pública. La

Administración Pública está sujeta en su actuación a los princi-

pios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia,

economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al

ordenamiento jurídico del Estado.

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b) Artículo 243: Principios del régimen tributario. El régimen

tributario está basado en los principios de legalidad, justicia,

igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana

pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas”.

c) Artículo 244: Exenciones de impuestos y transferencias de

derechos. Los particulares sólo pueden adquirir mediante con-

cesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso

Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que esti-

pule la concesión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones

que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones,

reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o dere-

chos fiscales o municipales que inciden en determinadas obras y

empresas hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos

capitales para el fomento de la economía nacional o para cual-

quier objeto de interés social. La transferencia de los derechos

otorgados mediante contratos estará sujeta a la ratificación por

parte del Congreso Nacional”.

Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La primera razón por la cual el presente recurso de incons-

titucionalidad debe ser declarado admisible es que el mismo

cumple con los requerimientos de admisibilidad descrito en

el Artículo 100 de la Ley 137-11, ya que el mismo contiene

especial trascendencia y relevancia constitucional, a nuestro

entender, porque envuelve situaciones entre personas jurídicas y

el Estado, por lo que citamos dicho artículo:

a) “Artículo 100.- Requisitos de admisibilidad. La admisi-

bilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se

apreciara atendiendo su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

determinación del contenido, alcance y la concreta protección

de los derechos fundamentales.”

b) Entendemos que el impugnante tiene calidad para ac-

cionar en revisión por ser parte interesada, y porque está

envuelto un derecho fundamental, cómo lo es la tutela

judicial efectiva.

c) Observando lo que nos dice el Artículo 69 de nuestra

Constitución, en relación a la tutela judicial efectiva,

hemos analizado y encontrado factible que los medios

invocados por el recurrente establecen los requisitos que

fundamentan la admisibilidad de este recurso de revisión,

principalmente por la trascendencia constitucional, y ob-

serva a la vez, hasta dónde es el alcance de la interpretación

de las inadmisibilidades de los recursos de inconstitucio-

nalidad. Por tanto conviene que sea admitido el recurso,

en cuanto a la forma, por reunir los requisitos que hemos

expresado más arriba.

Ciertamente, entendemos que la accionante pretende y

exige que este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

protección de los derechos fundamentales vulnerados citados,

teniendo interés legítimo y jurídicamente protegido, dando

cumplimiento a los artículos 184 y 185.1 de la Constitución; y

para poder entender lo anterior debemos establecer el significa-

do de legitimación activa o calidad de un accionante que es: La

facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder

interponer una acción directa en inconstitucionalidad referido

en los mismos artículos antes mencionados, que confieren dicha

condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurí-

dicamente protegido. En consecuencia somos de opinión, que,

ciertamente, el accionante Everlast Doors Industries, S.A. tiene

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legitimidad para accionar en inconstitucionalidad, y reiteramos

el desacuerdo de la solución planteada por la mayoría en este

Honorable Tribunal, ya que dicho recurso puede perfectamente

ser declarado ADMISIBLE, en cuanto a la forma, y RECHA-

ZADO, en cuanto al fondo.

Esta solución que planteamos, la basamos en que la em-

presa Everlast Doors Industries, S.A. tiene un interés legítimo

protegido, al fundamentarse en los aspectos constitucionales

encontrados en los artículos 138, 243 y 244 de nuestra Carta

Magna. Si bien la vía ordinaria judicial se encuentra apoderada

de la impugnación sobre el aspecto de la solución del conflicto

del cobro o no del ITBIS y (que aún no ha decidido), eso no

impide que si es su voluntad, y por demás derecho a ejercer

una acción directa de la pretensión del crédito tributario frente

a las previsiones de la Carta Sustantiva de la Nación que le sean

lesivos, lógicamente genera un aspecto de trascendencia que no

puede ser ajeno a este Tribunal Constitucional, ya que nos en-

contramos frente a un derecho de tutela judicial efectiva frente

al criterio del control de constitucionalidad de las actuaciones

del Estado.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la re-

visión de la acción es frente al control constitucional que los

jueces de este Tribunal deben tener es un aspecto real al cual me

sumaría, y, por tanto, rechazar la acción no es atinado. Pero no

desvalorar el hecho que esa acción está concretizada en medios

que envuelven los principios de legalidad y de la tutela judicial

efectiva, los cuales nos impone que la acción sea revisada en el

fondo y no declarar su inadmisibilidad en la forma, como el

Tribunal Constitucional ha concluido.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

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Memoria de gestión y votos particulares

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

*La accesibilidad: Que procura acercar el ciudadano lo

más posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

*Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial la

tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin demo-

ras innecesarias.

*Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una

tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

*Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales

y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la garantía

de un derecho fundamental.

*Informalidad: El Tribunal Constitucional puede prescin-

dir de formalismos y rigores innecesarios que afecten la tutela

judicial efectiva.

*Inexcusabilidad: Una vez que se ha requerido en forma le-

gal y en materia de su competencia, la intervención del Tribunal

Constitucional no podrá éste excusarse de ejercer su autoridad,

ni aun a falta de ley que resuelva el conflicto jurídico o asunto

sometido a su decisión.

*Oficiosidad: El Juez Constitucional, como garante de la

tutela judicial efectiva, puede adoptar de oficio las medidas que

estime pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque entiendo

que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la legitima-

ción activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Constitución,

y el 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional,

y luego de ser examinada esta legitimación, consideramos que lo

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siguiente sería analizar el fondo de lo planteado en el expediente

para ser fallado, ya que soy de opinión que el mismo tiempo

que usamos para declarar como decisión la inadmisibilidad de

un asunto planteado, es el mismo que empleamos para estudiar

el fondo y pronunciarnos en ese sentido luego de verificar la

relevancia y trascendencia constitucional de lo planteado.

Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, ya que, como explicamos en

presente voto, justificamos nuestra opinión en los fundamentos

legales precedentemente citados, y por lo que somos partida-

rios de que debió ser declarado el presente recurso admisible,

en cuanto a la forma, y rechazado, en cuanto al fondo, dicha

inadmisión que a nuestro entender es injustificada.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.