Sentencia TC/0053/18

• Páginas: 617-647
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0053/18

Referencia: Expediente núm. TC-052014-0250, relativo

al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por

la Armada de la República Dominicana contra la Sentencia

núm. 00106-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal

Superior

Administrativo el veintiséis (26) de marzo de dos mil cator-

ce (2014).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintidós (22) días del

mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, JUSTO PEDRO CASTELLANOS

KHOURY, VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO,

RAFAEL DÍAZ FILPO E IDELFONSO REYES

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado

en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos

en la deliberación, ejercitamos la facultad prevista en el artículo

30 de la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucio-

nal y de los procedimientos constitucionales287, en tal sentido,

presentamos nuestro voto salvado, fundado en las razones que

expondremos a continuación:

1. En la especie, el ciudadano Mártires Pérez Rosso inter-

puso una acción constitucional de amparo, el 6 de febrero de

2014, en contra de la Armada de la República Dominicana por

presunta violación a sus derechos fundamentales a la dignidad

287 En adelante, ley número 137-11 o LOTCPC.

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humana, al trabajo dada su carrera militar y a un debido proceso

administrativo –especialmente en cuanto al derecho de defen-

sa– en atención a que fue cancelado su nombramiento como

miembro activo de dicho ente militar con efectividad al 7 de

noviembre de 2008.

2. Es necesario resaltar que el recurrente, Mártires Pérez Rosso,

fue puesto a disposición de la justicia penal ordinaria por los mis-

mos hechos que fundamentaron su separación de las filas policiales.

Al respecto, se encontraba guardando prisión, en cambio con la

sentencia número 28-2013 dictada por el Tribunal Colegiado de la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Montecristi, el 13 de marzo de 2013, fue declarada su absolución

del proceso penal seguido en su contra y, en consecuencia, el cese de

la medida de coerción que le había sido impuesta.

3. La citada acción de amparo fue acogida el 26 de marzo

de 2014 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administra-

tivo, mediante sentencia número 00106-2014, tras considerar

que en la especie fueron afectados los derechos fundamentales

a la dignidad humana, al trabajo dada la carrera militar y a un

debido proceso –haciendo énfasis en el derecho de defensa– del

referido ciudadano al momento en que se procedió a la cancela-

ción de su nombramiento como miembro activo de la Armada

de la República Dominicana.

4. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió acoger

el recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y declarar

inadmisible por extemporánea la acción de amparo. Sin em-

bargo, refiriéndose al punto de partida del plazo habilitado por

el legislador para la interposición de la acción de amparo en el

artículo 70, numeral 2), de la LOTCPC, estableció que:

11.28. En el caso concreto el señor Mártires Pérez Rosso ingresó

a la entonces Marina de Guerra (MG) en fecha primero (1º) de

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

abril de dos mil cinco (2005) con el grado de GRUMETE288, y

fue dado de bajo en fecha siete (7) de noviembre de dos mil ocho

(2008) cuando había alcanzado el rango de Marinero, siendo

informado de su desvinculación en fecha siete (7) de mayo de dos

mil trece (2013), según consta en la certificación expedida por

el encargado de personal y orden de la Armada Dominicana.

(…),

11.34. Aunque en las piezas que integran el expediente formado

en ocasión del recurso de revisión no se precisa si la decisión

que declaró la absolución de la parte recurrida, señor Mártires

Pérez Rosso, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, es una realidad procesal incontrovertible que éste tuvo

conocimiento de su cancelación a partir del 7 de mayo de 2013,

cuando el encargado de personal y orden de la Armada Domini-

cana expide la certificación núm. B-1374, a solicitud de parte

interesada, a través de la cual precisó la fecha en la que había

sido dado de baja de dicha institución castrense.

11.35. No obstante lo antes señalado no fue sino el día seis (6) de

febrero de dos mil catorce (2014), nueve (9) meses y veintinueve

(29) días de haberse enterado de su cancelación, cuando el señor

Mártires Pérez Rosso acciona en amparo ante Tribunal Superior

Administrativo en procura de restituir los derechos alegadamen-

te vulnerados, es decir, después de transcurrido ampliamente el

plazo de los sesenta (60) días establecido en el artículo 70.2 de

la Ley 137-11.

11.36 En ese sentido, es preciso indicar que aun cuando la

cancelación del señor Mártires Pérez Rosso se produjo en fecha

siete (7) de noviembre de dos mil ocho (2008), éste tuvo conoci-

miento de dicho acontecimiento el siete (7) de mayo de dos mil

288 (Del Ingl. Groom, criado joven). 1. Marinero subalterno o aprendiz de marinero.

En los barcos mercantes, los GRUMETES suelen ser jovencitos que desempeñan,

además, funciones de criados. Diccionario de la Lengua Española, Caribe Grolier,

Inc., edición 1998, P.722.

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trece (2013), –luego de producirse la decisión que pronunció su

absolución y obtenido su libertad el trece (13) de marzo de ese

mismo año, por lo que en cualquier caso la acción interpuesta

por éste resulta ampliamente extemporánea.289

5. A pesar de estar de acuerdo con la solución dada por la

mayoría del Tribunal Constitucional, en el sentido de estimar

que la acción de amparo es inadmisible por extemporánea, salva-

mos nuestro voto en cuanto al criterio adoptado por el Tribunal

respecto del punto de partida para calcular el plazo establecido

en el artículo 70, numeral 2), de la LOTCPC.

6. Para explicar nuestro salvamento, abordaremos lo

relativo a algunos elementos fundamentales sobre la acción de

amparo (I); asimismo, nos detendremos a analizar las particu-

laridades del plazo para accionar en amparo y su cómputo ante

casos de desvinculación de policías y militares sometidos a la

justicia penal (II) para, luego, exponer nuestra posición en el

caso particular (III).

I. ALGUNOS ELEMENTOS PRELIMINARES Y

FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN DE AMPARO.

7. La Constitución de la República, en su artículo 72,

consagra el amparo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para

reclamar ante los tribunales, por si o por quien actúe en su

nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,

no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados

o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad

pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento

de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos

289 Este y todos los demás subrayados o énfasis que aparecen en este voto, son nuestros.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el

procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y

no sujeto a formalidades.

8. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que

se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen

del amparo.

9. Asimismo, la ley número 137-11, del 15 de junio de

2011, en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo en

los términos siguientes:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma

actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales

consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos

protegidos por el habeas corpus y el habeas data.

10. La acción de amparo busca remediar –de la manera

más completa y abarcadora posible– cualquier violación o

amenaza de violación a los derechos fundamentales en perjuicio

de una persona. Tal es –y no alguna otra– su finalidad esencial

y definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte

Constitucional de Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de

tutela, previa verificación de la existencia de una vulneración o

amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el

peligro no se concrete o la violación concluya”290.

11. Según el colombiano Oscar José Dueñas Ruiz:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

290 Conforme la legislación colombiana.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación291.

12. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la

LOTCPC, cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del

derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer

cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio.

13. Asimismo, respecto de la interposición del recurso

de revisión de la sentencia de amparo, el artículo 100 de la

LOTCPC afirma que:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial transcen-

dencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que

se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la deter-

minación del contenido, alcance y la concreta protección de los

derechos fundamentales.292

14. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que

regula la acción de amparo y su recurso de revisión, como del

precedente contenido en la sentencia TC/0007/12, se aportan

“herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso, de sus

particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer si

se reúnen los supuestos establecidos por la referida sentencia y,

cuando no, inadmitir válidamente tales casos.

291 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59.

292 Estas y todas las negritas que figuran en este escrito son nuestras.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

15. El amparo, como ha dicho Dueñas Ruiz, “[n]o es

un proceso común y corriente, sino un proceso constitucio-

nal”293 y, en tal sentido, no es propiamente un proceso con

parte demandante y parte demandada, sino una acción con

un solicitante que pide protección por una violación o ame-

naza de los derechos fundamentales que en la Constitución

se consagran294.

16. A lo que agrega Dueñas:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación295.

17. Sin perjuicio de su esencia garantista, el ejercicio de la

acción de amparo no es abierto en el tiempo, no es posible en

cualquier momento, sino que, por el contrario, acaso por el mis-

mo atributo señalado, está sometido a un plazo, como veremos

a continuación.

18. A seguidas, en efecto, analizaremos –sucintamente–

los aspectos más relevantes sobre el plazo de que dispone toda

persona que se vea afectada o amenazada en el goce o disfrute

de sus derechos fundamentales para interponer una acción cons-

titucional de amparo.

293 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 55.

294 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 42.

295 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59.

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II. LAS PARTICULARIDADES DEL PLAZO PARA

ACCIONAR EN AMPARO Y SU CÓMPUTO ANTE

CASOS DE DESVINCULACIÓN DE POLICÍAS Y

MILITARES SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL

19. Como hemos dicho previamente, la acción de amparo

se encuentra consagrada en los artículos 72, de la Constitución,

y 65 de la LOTCPC, ya citados. La referida ley regula esta acción

en todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente relevante

para el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de

amparo para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado a

destiempo.

20. Conforme a los términos del artículo 70 de la LOTCPC,

la acción constitucional de amparo, de manera enunciativa, y no

limitativa, puede ser declarada inadmisible por distintas causas

–por demás, excluyentes entre sí, en vista de que las razones que

fundan la decisión en un sentido no pueden servir para fundar

la decisión en cualquiera de los otros–. En efecto, dicho texto

dispone:

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de

la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse

sobre el fondo, en los siguientes casos:

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera

efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro

de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha

tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un

derecho fundamental.

3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente

improcedente.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

21. A continuación, nos detendremos en el análisis de una

sola de estas causales, no sin antes subrayar que, en todo caso, el

Tribunal Constitucional ha conceptuado que la inadmisibilidad

de la acción de amparo “debe ser la excepción, siendo la admisi-

bilidad la regla” 296.

22. A pesar de que la causal contemplada en el numeral 2)

del citado artículo 70, se resuelve –en principio– con un cómpu-

to matemático, esto no siempre ocurre de manera pacífica; y, por

el contrario, existen casos en los que la definición del momento a

partir del cual se produce la violación reclamada, puede resultar

controvertible, lo que impacta directamente no solo en cuanto

al punto de partida para calcular el plazo, sino también, por

supuesto, en el resultado que arroje dicho cómputo, aspectos

estos últimos que comportan el eje nuclear de este voto.

23. Al respecto, conviene precisar prima facie si el referido

plazo, de no ser respetado, supone una caducidad297 o una pres-

cripción extintiva298.

A. ¿SE TRATA DE UN PLAZO DE

PRESCRIPCION O DE CADUCIDAD?

24. Si analizamos el contenido del párrafo II del artículo 72

de la LOTCPC, constatamos que el legislador ha habilitado una

opción para interrumpir el plazo del amparo, a saber: cuando

se ha apoderado en tiempo hábil a un tribunal incompetente.

Veamos:

296 Sentencia TC/0197/13, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013).

297 Esta es la pérdida de un derecho o acción, por no ejercerlos dentro del plazo y en las

condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones. (Capitant. Henry. Vocabu-

lario Jurídico. Editora Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1930, p. 89).

298 Es un medio de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo

las condiciones que determina la ley. (Artículo 2219 del Código Civil dominicano).

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Artículo 72.- Competencia. Será competente para conocer de la

acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde

se haya manifestado el acto u omisión cuestionado.

(…),

Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare incom-

petente para conocer de la acción de amparo, se considerará inte-

rrumpido el plazo de la prescripción establecido para el ejercicio

de la acción, siempre que la misma haya sido interpuesta en

tiempo hábil.

25. Lo antedicho se corresponde con el derecho común,

supletorio a la materia, en el cual se observa que la interrupción

del plazo de prescripción opera cuando hay una incompetencia

(artículo 2246 del Código Civil), así como en aquellas ocasiones

en que ha mediado una citación judicial, mandamiento o em-

bargo (artículo 2244 del Código Civil). De lo cual se concluye

que la acción de amparo, en nuestro ordenamiento jurídico, está

subordinada a un plazo de prescripción y no de caducidad.

26. Sobre el particular –citando a Ureña–, ha afirmado

Jorge Prats que:

se trata de una prescripción, “de exclusivo interés privado, sometido

además a la eventualidad de la interrupción, de la cual no tiene el

juez control previo por tratarse de un asunto de hecho, pues nótese

que empieza a correr a partir del momento en que el agraviado se

ha enterado, no de la fecha de actuación u omisión legítima.”299

27. Habiendo determinado que se trata de un plazo de

prescripción, la aplicación del plazo de sesenta (60) días para

299 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de

los procedimientos constitucionales; IUS NOVUM, Editora Búho, Santo Domin-

go, segunda edición, 2013, p. 191.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

ejercer la acción de amparo nos remite al reconocimiento de que

esta debe ser interpuesta exclusivamente dentro de este único

plazo –salvo en los casos de incompetencia; y, excepcionalmen-

te, conforme refiere el citado numeral 2) del artículo 70 de la

LOTCPC, en caso de violaciones de carácter continuo300–, cuyo

cómputo empieza a partir del momento en que la parte afectada

toma conocimiento del hecho, actuación u omisión que amena-

za o viola sus derechos fundamentales.

28. Computar el referido plazo implica que el agraviado,

una vez conozca de la actuación u omisión que conculca sus de-

rechos fundamentales, dispone un lapso para reclamar en justicia

su restauración; facultad fundada en la consideración esencial de

que es ahí cuando nace el derecho de accionar en amparo –en

el momento en que la parte afectada toma conocimiento de la

conculcación de algún derecho fundamental suyo–, y no en el

momento en que un tribunal –juzgando el aspecto penal de

dicha cuestión– adopta una decisión al respecto.

29. Así las cosas, conviene recuperar aquí el tratamiento que

ha dado el Tribunal Constitucional dominicano al tema que es

objeto del presente voto.

B. NOTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DADO POR EL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO AL

PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO PARA INTERPONER

LA ACCION DE AMPARO.

30. Resulta ilustrativo recordar las diferentes posturas que

se han adoptado con relación a esta cuestión –el punto de parti-

da del plazo para interponer la acción de amparo– en la doctrina

jurisprudencial del Tribunal Constitucional en aquellos casos en

300 Sentencia TC/0205/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013).

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que el objeto del amparo consiste en determinar si la actuación

mediante la cual se desvincula a un policía o militar es violatoria

de derechos fundamentales; principalmente en aquellos escena-

rios donde sale a relucir que este –el accionante en amparo– ha

sido, también, sometido a la justicia penal ordinaria.

31. Veamos, pues, los principales momentos de esta

trayectoria:

(i) Como postura predominante, el Tribunal Constitucional

estableció una línea jurisprudencial fundada en que el referido

plazo para accionar en amparo se iniciaba al momento en que

el agraviado tomara conocimiento de la actuación denunciada

como conculcadora de sus derechos fundamentales –es decir, la

desvinculación, fuera por retiro forzoso o por cancelación, del

miembro del cuerpo policial o militar en cuestión–; esto así, aun

en casos en los que se hubiere producido un sometimiento a la

justicia penal. En este sentido, se pronunciaron las sentencias

números TC/0072/16, del 17 de marzo de 2016, TC/0136/16

del 29 de abril de 2016, TC/0200/16 del 8 de junio de 2016,

TC/0203/16 del 9 de junio de 2016 y TC/0262/16 del 27 de

junio de 2016.

(ii) Asimismo, en especies análogas, el Tribunal Constitucio-

nal, sin precisar cuál era el punto de partida del plazo para

accionar en amparo, fue modificando el pensamiento anterior

y empezó a computar el plazo –sin motivación alguna al res-

pecto– a partir del momento en que se tomó conocimiento de

la decisión judicial que resuelve el asunto penal, favoreciendo

al entonces imputado, hoy accionante en amparo. En este

sentido, se pronunciaron entonces las sentencias TC/0314/14

del 22 de diciembre de 2014 y TC/0379/16 del 11 de agosto

de 2016.

(iii) Por último, en casos con perfiles fácticos idénticos a los an-

teriores, el Tribunal Constitucional se dispuso a variar radical-

mente –también sin motivación alguna, obviando la exigencia

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

contenida en el párrafo I del artículo 31 de la LOTCPC301– su

criterio originalmente predominante; e indicando ahora que,

tan pronto el agraviado tome conocimiento de la sentencia que

resuelve el asunto penal otorgando ganancia de causa al imputa-

do –accionante en amparo–, se inicia el cómputo del plazo para

promover la acción. (sentencias TC/0393/16 y TC/0395/16,

ambas del 24 de agosto de 2016).

32. Es claro, pues, que lo anterior, particularmente las deci-

siones referidas en los párrafos ii) y iii), se aparta del contenido

del numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC; así como del

punto de partida considerado originalmente por el Tribunal para

que se active el derecho a reclamar la restauración de los derechos

fundamentales conculcados con la desvinculación de un policía

o militar, mediante la acción constitucional de amparo.

33. En otras palabras, el citado artículo manda a que el

amparo sea presentado, a más tardar, dentro del plazo de los

sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se tome conoci-

miento del acto u omisión considerado como lesivo de derechos

fundamentales; cuestión que, en la especie analizada –ya que se

procura la restauración de los derechos fundamentales afectados

con la desvinculación–, se materializa con la efectiva separación

del miembro de las filas policiales o militares. Es decir, no en

algún otro momento ni cuando se produce la sentencia penal.

34. Así, conviene recordar que no se aplica la excepción

desarrollada jurisprudencialmente por este Tribunal en su

sentencia TC/0205/13, en el sentido de que el plazo en cues-

tión puede ser interrumpido por la realización de gestiones y

diligencias por parte del afectado en procura del cese de los

301 Párrafo I: “Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su prece-

dente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las

razones por las cuales ha variado su criterio.”

RAFAEL DÍAZ FILPO

630

efectos de la supuesta conculcación en su contra. De ninguna

manera, en efecto, pueden asumirse como gestiones, actua-

ciones o diligencias a cargo del afectado, unas incidencias que

no dependen de su voluntad ni de su iniciativa, los cuales

carecen de relación con la defensa de sus intereses, sino que

se refieren a un proceso en el que, en realidad, él ha sido

sometido a la justicia.

35. Este, en efecto, no es el supuesto analizado, ya que se

trata de un acto lesivo –en principio– único, cuyo punto de

partida data desde el momento en que el policía o militar toma

conocimiento de los efectos del acto –desvinculación–, a partir

del cual podría advertir la supuesta violación.

36. Conviene detenernos a precisar que ha sido el mismo

Tribunal Constitucional, ante la dificultad de identificar el

momento exacto en que el policía o militar desvinculado toma

conocimiento de su separación del servicio activo, quien ha

optado por estimar, en reiteradas ocasiones, que el momento en

que cobra efectividad dicha medida –en principio– supone la

fecha en la cual se tomó conocimiento de ella –salvo que en el

expediente obre prueba fehaciente sobre el momento exacto en

que la situación es conocida formalmente por el miembro agra-

viado–; y, por ende, se habilita el plazo para accionar en amparo

establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC. Para

lo anterior, sirva de ejemplo, a fin de ilustrar mejor, lo establecido

en la sentencia TC/0016/16 del veintiocho (28) de enero de dos

mil dieciséis (2016), en cuanto a que

[e]n la especie, se trata de una acción en amparo orientada a la

anulación de la puesta en retiro forzoso del actual recurrido, y

es el punto de partida del cómputo del plazo de prescripción, la

fecha en que toma conocimiento de dicho retiro forzoso (17 de

septiembre del 2010).

631

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

37. En este punto, resulta útil que analicemos, así sea sucin-

tamente, los roles que corresponde jugar al juez de amparo, por

una parte, y al juez de lo penal, por la otra.

C. BREVES NOTAS SOBRE LOS ROLES DEL JUEZ DE

AMPARO Y DEL JUEZ PENAL.

38. Así, analizando el rol del juez de amparo –de justicia

constitucional– en paralelo con el rol del juez penal –de justicia

ordinaria–, resulta notorio que, en el contexto procesal que nos

encontramos, las dimensiones de la justicia impartida por uno

distan del campo de acción del otro, aun en situaciones en que,

como la analizada, se trate de cuestiones que no son disociables

por provenir de un hecho común.

39. En efecto, al juez de amparo, le está reservada la facul-

tad de verificar si la actuación administrativa sancionadora –la

desvinculación mediante cancelación o puesta en retiro forzo-

so– es adoptada con respeto de los derechos fundamentales del

agraviado; mientras que, por otro lado, el juez penal –en sus

atribuciones ordinarias– se encarga de juzgar el hecho punible

o la conducta antijurídica que, si bien puede servir de funda-

mento a la medida administrativa sancionadora consistente en

la separación de los cuerpos policiales o castrenses, de ninguna

manera es el eje nuclear de la conculcación invocada ante el juez

de amparo.

40. Lo anterior pone de manifiesto que para que el juez

de amparo pueda precisar el momento en que se materializó el

hecho generador de la supuesta conculcación a derechos fun-

damentales no es necesario que este conozca la suerte del pro-

ceso penal seguido en contra del accionante, sino que le resulta

suficiente con verificar el momento a partir del cual este tomó

conocimiento de la situación que le causa una perturbación a sus

RAFAEL DÍAZ FILPO

632

derechos fundamentales; circunstancia que, en escenarios como

el analizado, comienza con la efectividad de la desvinculación.

41. Para ilustrar mejor, basta entender que el juicio de am-

paro que aquí se realiza es única y exclusivamente para evaluar

si la actuación administrativa mediante la cual se dispone la

separación de un miembro policial o militar afecta los derechos

fundamentales del agraviado, cuestión para la cual no interesa la

suerte del proceso penal.

42. En efecto, considerar que el derecho a ejercer la acción

de amparo se inicia con el dictado de la sentencia que resuelve

el proceso penal implica no solo desvirtuar el sentido mismo

de dicho proceso constitucional, sino, más aun, desconocer los

términos claros y precisos del numeral 2) del artículo 70 de la

LOTCPC. Este establece, como ya hemos señalado repetida-

mente, que se puede –y se debe– realizar la reclamación de tutela

dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a la fecha en que se

ha tomado conocimiento de la actuación que afecta el derecho

fundamental, que en la especie –reiteramos– es el acto de desvin-

culación, no la sentencia rendida en ocasión del proceso penal.

43. Aunque la casuística que genera el presente voto corres-

ponde a la materia militar –la cual tiene un régimen disciplinario

autónomo e independiente del aplicable a la policial–, resulta de

interés para el objeto de este voto hacer un paréntesis y detener-

nos a analizar el contenido del párrafo III del artículo 162 de la

ley número 590-16, orgánica de la Policía Nacional, de reciente

promulgación.

44. Dicho texto establece, en cuanto a la prescripción de las

faltas disciplinarias, lo siguiente:

Párrafo III. Cuando se inicie un procedimiento penal contra un

servidor policial, la prescripción de las infracciones disciplinarias

que de los hechos pudieran derivarse quedará suspendida por la

633

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se hubiera

procedido disciplinariamente. En estos supuestos, el plazo volve-

rá a correr desde la fecha de la firmeza de la sentencia judicial.

45. Tal disposición, como es posible advertir, genera una

situación sustancialmente distinta a la establecida en la anterior

–y derogada– ley número 96-04, institucional de la Policía Na-

cional, cuyo párrafo IV de su artículo 66 establecía lo siguiente:

Párrafo IV.- Todo miembro de la Policía Nacional suspendido en

sus funciones y puesto a disposición de la justicia, y que fuere des-

cargado por sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, será reincorporado reconociéndole el grado o posición

que ostentaba, así como el tiempo que estuvo fuera de servicio.”

46. En este sentido, si bien es cierto que el legislador no

incluyó en la norma vigente la cuestión relativa a la reintegración

del policía suspendido –o, como sucede en la práctica, desvincu-

lado–, y que sometido a la justicia penal resultase descargado de

tales acusaciones; también es cierto que ella –la nueva ley– con-

templa que el ejercicio de la acción penal suspende o sobresee

la vigencia de la acción disciplinaria en su contra, lo cual hace

posible inferir que el plazo para accionar disciplinariamente,

cuando ha habido un sometimiento penal, empieza a computar-

se a partir de la sentencia penal firme.

47. Contrario a lo anterior, cuando se trata del ejercicio de

la acción de amparo tendente a tutelar los derechos fundamen-

tales que pueden verse afectados con la separación –del militar

o del policía, según sea el caso– hecha en inobservancia del

debido proceso de ley –sea cual fuere su causa o motivo–, tales

disposiciones –contrario al pensamiento de la mayoría en cuanto

a que es posible realizar el computo del plazo para accionar en

amparo, a partir de la sentencia penal– no aplican, toda vez que

RAFAEL DÍAZ FILPO

634

esta cuestión obedece exclusivamente a la relación existente entre

la materia disciplinaria y la penal, no así para el amparo.

48. Y es que, en efecto, si auscultamos bien la finalidad de

estos procesos –del disciplinario y del penal–, nos percatamos de

que el proceso disciplinario fundamentado en la alegada comi-

sión de ilícitos penales debe –necesaria y lógicamente– aguardar

al resultado del proceso penal; criterio fundado en que al no

quedar comprometida la responsabilidad penal del miembro

militar o policial, la disciplinaria correría con la misma suerte,

debido a que, en tal caso, lo penal sería la causa de la sanción

disciplinaria.

49. En este orden de ideas, obsérvese que un policía o

militar separado –o desvinculado– de las filas policiales o

militares, puede resultar afectado por la violación de sus dere-

chos fundamentales, aun en el caso en que resultare culpable

de las acusaciones penales que se le formulan y que sirvieron

de fundamento a la separación o desvinculación. Culpable

y todo, ese ciudadano puede ser víctima de una violación a

sus derechos fundamentales en el momento en que fue se-

parado o desvinculado de las filas policiales o militares. Y

es esto último lo que ha de someterse a la atención del juez

de amparo, procurando que este proceda, si corresponde, a

la consecuente restauración. De ahí, la irrelevancia en tomar

como punto de partida para accionar en amparo la fecha en

que culmina –con la sentencia o acto conclusivo– el asunto

penal.

50. Además, es preciso recordar que el legislador, en el

artículo 71 de la LOTCPC, estableció lo siguiente:

El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condi-

ciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseerse para

aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial.

635

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

51. Es como decía este colegiado en la sentencia TC/0048/12,

del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012):

C) Aunque obran en el expediente diversos documentos que

tienden a negar la participación del recurrente en los hechos

penales que se le imputan, no corresponde al Tribunal discutir

y esclarecer los mismos ni, consecuentemente, determinar la

responsabilidad penal del recurrente; D) Por el contrario, sí

interesa al Tribunal analizar el objeto de su apoderamiento ac-

tual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudadano

busca proteger derechos y garantías fundamentales que, según

argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho

al debido proceso y el derecho a la defensa;

E) En esta sede constitucional no tiene mayor relevancia, en

efecto, la dilucidación de los hechos penales referidos porque aun

en el caso de que se estableciera de manera fehaciente y objetiva

la responsabilidad penal del recurrente, eso tendría que hacerse

en el marco del más amplio y absoluto respeto de los referidos

derechos fundamentales, esenciales a la persona humana no

importa cuál sea su estatus jurídico y político;302

52. Y, en este mismo sentido, agregaba entonces este

colectivo:

U) Llegados a este punto, conviene recordar que la discreciona-

lidad que la Constitución reconoce al Presidente de la República

no es absoluta y, por el contrario, encuentra límites en la natu-

raleza del Estado Social y Democrático de Derecho vigente entre

nosotros desde la entrada en vigencia de la actual Constitución

del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010);

V) El fundamento de la vigencia real y concreta del Estado Social

y Democrático de Derecho reside en la efectividad y prevalencia

302 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, p. 13.

RAFAEL DÍAZ FILPO

636

de los derechos fundamentales, y sus garantías, consagrados en

la misma Constitución y las leyes, especialmente, para el caso

concreto, aquellas que regulan el funcionamiento de la Policía

Nacional, de forma que la referida discrecionalidad no sea

confundida con la arbitrariedad;

W) En todo caso, la existencia del Estado Social y Democrático

de Derecho contradice la vigencia de prácticas autoritarias,

incluso en instituciones como las militares y policiales en las

que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía rígida

y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento.

Sin embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos

fundamentales, a propósito del derecho de defensa como parte

del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se

les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran

probados, deban ser sancionados;

X) En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional

de Colombia mediante sentencia del veintitrés (23) de abril

de dos mil nueve (2009), al establecer que “la jurisprudencia

constitucional ha sido cautelosa en precisar que la facultad

discrecional para el retiro de funcionarios de la Fuerza Pública

no puede ser confundida con arbitrariedad. La discreciona-

lidad no es otra cosa que una facultad más amplia que se

concede por la ley a una autoridad para que ante situaciones

específicas normadas explícitamente pueda acudir a una esti-

mación particular atendiendo las circunstancias singulares del

caso concreto”; (…). 303

53. En fin, debe tomarse en consideración que el rol del

juez de amparo es sustancialmente diferente al del juez penal:

mientras aquel evalúa la pertinencia o no de restaurar unos

derechos fundamentales supuestamente violentados, este evalúa

303 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, pp. 19- 20.

637

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la ocurrencia o no de unos hechos ilícitos y la responsabilidad

que cabe al individuo al que se le imputa la comisión de tales

hechos. Este último, como ya se ha dicho, aun en el caso en que

sea determinado culpable de tales asuntos, puede ser víctima de

la violación de sus derechos fundamentales. Y, en este sentido,

la atención de este último ámbito no puede –ni tiene que– estar

supeditada al otro ámbito.

D. LA NECESIDAD DE DISTINGUIR LA POSIBLE

EXISTENCIA DE DOS VIOLACIONES Y, POR TANTO,

DE DOS PLAZOS.

54. Retomando la idea nuclear de este voto, cobra sentido

nuestra postura en cuanto a que el plazo debe computarse a

partir del conocimiento de la violación, no así del dictado de la

sentencia penal, en los casos en que la hubiere.

55. En efecto, aunque no se declara taxativamente en la

presente sentencia, a algunos preocupa la situación de un po-

licía o militar desvinculado y sometido a la acción penal que,

sin embargo, resulte descargado en dicho proceso, debería ser

reintegrado y que, si no lo es, entonces debería poder accionar

en amparo en reclamo de la restauración de la violación a sus

derechos que supondría dicha no reintegración.

56. Conviene recordar, en efecto, el contenido del artículo

110 de la ley número 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas,

el cual establece lo siguiente:

Reconocimiento de Derechos por Suspensión. Al militar suspen-

dido en sus funciones y puesto a disposición de los tribunales

ordinarios, que fuere descargado por sentencia con autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada, se le reconocerán los derechos

establecidos en el Artículo 109, Párrafo II.

RAFAEL DÍAZ FILPO

638

57. Tales derechos, conforme al artículo 109, párrafo II, de

la ley número 139-13 son que

se le reconocerá el grado que ostentaba, el tiempo que estuvo

fuera del servicio y los haberes dejados de percibir. El tiempo que

haya permanecido fuera de la institución no podrá exceder de

cinco (5) años. La primera solicitud de reintegro deberá hacerla

el interesado en un período no mayor de tres (3) años. Si la

misma es rechazada, dispondrá de dos (2) años a partir de la

fecha de rechazo para reintroducir la solicitud. El procedimiento

para los casos de reintegro será establecido por el reglamento de

la presente ley.

58. Igualmente, el artículo 111 de la citada ley, establece

que:

Reconocimiento de Derechos por Reintegro. En caso de que un

militar haya sido separado y puesto a disposición de la justicia

ordinaria por cometer alguna infracción, si interviene una

sentencia o condenación a penas correccionales que no conlleven

deshonra, se le reconocen los derechos establecidos en el Párrafo II,

del Artículo 109, previa aprobación del Estado Mayor General

de las Fuerzas Armadas, órgano que se reservará el derecho de

recomendar o no el reintegro, basado en la opinión debidamente

motivada de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de

Defensa y en la investigación correspondiente.

59. La preocupación señalada unos párrafos más arriba se

nutre, pues, de la consideración de que, si se declara extempo-

ránea la acción de amparo intentada para subsanar la violación

que supone la separación de la institución policial o militar,

dicho ciudadano no podría, entonces, accionar en amparo para

restaurar la violación que supondría no reintegrarlo a las filas

del cuerpo al que pertenecía, una vez sea beneficiado con una

sentencia absolutoria. Por tanto, según esa tesis, la posibilidad

639

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de buscar amparo que se genera a partir de los específicos

términos consagrados por el artículo 70.2 de la LOTCPC no

debería llegar a ser extemporánea al cumplirse los sesenta días

posteriores al conocimiento de la afectación que podría suponer

la desvinculación; sino que debería quedar abierta, indepen-

dientemente el tiempo que transcurra para ser aplicada en los

sesenta días posteriores a la notificación de la sentencia penal, en

la eventualidad de que dicha sentencia resulte absolutoria, y de

que el beneficiado de la misma intente su reintegración y ello le

sea negado, regateado u obstaculizado.

60. En efecto, aunque no se declara taxativamente en esta

sentencia, en la posición de algunos subyace la consideración

de que para la violación que podría suponer la no reintegración

de un policía o militar desvinculado, conforme los términos

del artículo 110 recién citados, debería aplicar el punto de

partida del plazo para vencer la vulneración que podría suponer

la desvinculación de las filas policiales o militares; obviando,

incluso, que dicho texto –el citado artículo 110, así como el

artículo 111– establece las vías para procurar el reintegro en

tales condiciones. Así, en esa línea de pensamiento se realiza una

especie de simbiosis entre la violación que podría suponer la no

reintegración del policía o militar desvinculado y descargado y

la violación que podría suponer la desvinculación. De tal forma

que, en la medida en que existe un vínculo innegable entre am-

bas, se asume que ambas violaciones constituyen una sola y para

ella, entonces, existe la posibilidad de una acción de amparo,

cuya prescripción comienza a correr no desde el momento en

que dice la LOTCPC –aquel en que se conoce la violación que

podría suponer la desvinculación– sino desde el momento de la

notificación de la sentencia penal de descargo, consideración esta

que, como ya hemos dicho, no encuentra amparo legal –y no lo

RAFAEL DÍAZ FILPO

640

puede encontrar pues, en efecto, es legalmente inexistente– y

que, más aun, es huérfana de toda racionalidad conceptual y

jurídica.

61. Se elude en dicho análisis el hecho de que nadie

cuestiona el que un policía o militar afectado en sus derechos

pueda accionar en amparo en procura de la restauración de los

mismos; y que lo que se plantea y reclama, en este sentido, es que

tal gestión se realice conforme los términos de la LOTCPC y,

consecuentemente, en un marco de racionalidad jurídica, puesto

que para eso sirven la Constitución y las leyes.

62. El referido análisis obvia, además, que al considerar

las situaciones que son objeto de su preocupación se ha debido

realizar una distinción elemental, y por demás fundamental: tal

eventualidad supondría la existencia de dos violaciones distintas y,

por tanto, la posibilidad de dos amparos distintos y, consecuente-

mente, de dos plazos que se generan producto de eventos distintos.

63. Los sustentadores de esta posición, en efecto, han ob-

viado la posibilidad de que una misma persona –en este caso,

un policía o militar– pueda ser objeto de dos violaciones a sus

derechos fundamentales, en momentos diferentes, aun cuando

esas violaciones se relacionen –incluso íntimamente, como en los

casos referidos–; para lo cual podría accionar en amparo respecto

a cada una de ellas, a partir en ambos casos del momento en

que tenga conocimiento. Le rechazarían de esa forma la consi-

deración de que, en virtud de la afinidad de las violaciones, se

trata de una sola y única situación, cuyo enfrentamiento se haría

mediante un amparo de muy particular elasticidad, en franca

violación de los términos de la LOTCPC y a la más elemental

racionalidad jurídica y judicial.

64. Es decir, que estamos frente a un escenario donde el

plazo para accionar en amparo establecido en el artículo 70,

641

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

numeral 2) de la LOTCPC, no se prolonga en el tiempo, sino

que se podría activar ante dos (2) eventualidades, distintas por

demás, que comportarían violaciones a los derechos fundamen-

tales del agraviado y, por ende, darían lugar a la interposición de

la acción de amparo, por distintos motivos, a saber:

(i) cuando el miembro es desvinculado –actuación administra-

tiva tendente a la cancelación de su nombramiento o puesta en

retiro forzoso– en inobservancia del debido proceso administra-

tivo sancionador y, simultáneamente, es puesto a disposición de

la justicia penal ordinaria; y,

(ii) cuando interviene una decisión absolutoria en ocasión del

susodicho proceso penal ordinario y el cuerpo militar o policial

no obtempera a la inmediata reincorporación del miembro

suspendido, o incluso desvinculado, en los términos de la ley,

cuestión que, de facto, podría traducirse en una omisión admi-

nistrativa conculcadora de derechos fundamentales como el de-

bido proceso administrativo, el trabajo –dada la carrera militar

o policial– y la dignidad humana, entre otros, de acuerdo a las

particularidades del caso.

65. En este sentido, de lo anterior se colige que la sentencia

penal en ningún momento comporta el punto de partida del

plazo establecido en el artículo 70, numeral 2) de la LOTCPC

para accionar en amparo; sino que es a partir de la notificación

de la sentencia (con la negativa o silencio negativo u omisión del

cuerpo militar o policial) en reintegrar al miembro beneficiario

de la sentencia penal que se podría activar el derecho de ejercer

una acción de amparo, la cual resulta distinta a la que se podría

promover a partir del conocimiento del acto de desvinculación

–cancelación del nombramiento o puesta en retiro forzoso– su-

puestamente irregular.

66. Por tanto, debe entenderse que, en un contexto como el

RAFAEL DÍAZ FILPO

642

analizado, el conocimiento de la desvinculación –actuación ad-

ministrativa– puede tener un efecto conculcador de los derechos

fundamentales del miembro militar o policial; mientras que, en

otro contexto, muy distinto –cuando interviene una sentencia

penal absolutoria y se toma conocimiento de la misma– puede

serlo el incumplimiento al mandato de reintegro establecido en

la ley –omisión administrativa o silencio negativo– por parte de

la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, según se trate de

un miembro policial o militar.

67. En suma, resulta fundamental hacer la distinción a la

que nos referimos en estos párrafos para no sucumbir en la con-

fusión de dos contextos diferentes –vinculados, pero diferentes–;

y distinguir con claridad la existencia de dos posibles violaciones

y, por tanto, de dos posibilidades para accionar en amparo y,

consecuentemente, de dos plazos para ejercerla conforme lo que

establece taxativa y claramente la LOTCPC.

68. Por demás, el conocimiento de un hecho sustan-

cialmente diferente como es el dictado o toma de conoci-

miento de la sentencia penal a favor del imputado –ya sea

absolviéndole, descargándole de toda responsabilidad penal,

archivando el caso o retirándose la acusación–, jamás podría

dar lugar al cómputo del plazo para accionar en amparo en

virtud de la violación que podría suponer la separación de

las filas policiales o militares. Sobre todo, porque de este

último evento procesal no dimanan –no pueden dimanar–

violaciones a derechos fundamentales del agraviado, sino la

consolidación de su situación jurídica frente a las infracciones

penales que le fueron atribuidas. En este último escenario, lo

que podría eventualmente generar alguna violación a dere-

chos fundamentales sería la negativa a proceder al reintegro

en los términos que acuerda la ley aplicable, pero esa es, como

643

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

hemos dicho repetidamente, otra cuestión, un escenario dife-

rente que debe ser abordado particularmente.

69. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente

caso.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR.

70. Como hemos dicho, en la especie, el consenso mayo-

ritario del Pleno del Tribunal Constitucional decidió acoger el

recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y declarar la

inadmisibilidad de la acción de amparo por no satisfacer los

términos del artículo 70.2 de la LOTCPC.

71. El argumento nuclear del referido fallo radica en que

la acción de amparo –interpuesta el 6 de febrero de 2014– fue

tramitada cuando ya se encontraba vencido el plazo de sesenta

(60) días previsto en el artículo 70 numeral 2) de la LOTCPC,

para ejercer dicho derecho; ya que la cancelación del señor Már-

tires Pérez Rosso tuvo lugar el 7 de noviembre de 2008 y, tiempo

después, el 13 de marzo de 2013, fue declarada su absolución del

proceso penal seguido en su contra.

72. En ocasión de lo anterior, la mayoría del Tribunal

Constitucional sostiene que en cualquiera de los escenarios

señalados –si acaso fueren considerados para tomar el punto de

partida– había transcurrido un plazo superior al permitido por

la ley para accionar en amparo.

73. No obstante, en la indicada decisión, dicha mayoría

flaquea cuando se dispone a establecer una nueva fórmula

para determinar el punto de partida del plazo para accionar en

amparo, el cual –a consideración del legislador– ha de ser sólo

uno y único, por cada actuación u omisión que afecte derechos

fundamentales. En efecto, en relación al tema el pleno establece

lo siguiente:

RAFAEL DÍAZ FILPO

644

[E]s preciso indicar que aun cuando la cancelación del señor

Mártires Pérez Rosso se produjo en fecha siete (7) de noviembre

de dos mil ocho (2008), éste tuvo conocimiento de dicho aconte-

cimiento el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), –luego de

producirse la decisión que pronunció su absolución y obtenido su

libertad el trece (13) de marzo de ese mismo año, por lo que en

cualquier caso la acción interpuesta por éste resulta ampliamente

extemporánea.

74. No estamos de acuerdo con estas afirmaciones, en vista

de que la mayoría de los miembros del Pleno del Tribunal Cons-

titucional, al momento de emitir el indicado fallo, omitió un

aspecto sustancial en cuanto a la determinación del plazo para

accionar en amparo. Nos referimos a que se limitó a precisar que

el referido plazo se encontraba vencido, en todos los casos, es de-

cir, sin distinguir el evento –la cancelación del nombramiento, o

acto de desvinculación, de la emisión de la decisión que resuelve

con carácter definitivo el aspecto penal ordinario– que se tomará

como generador de las violaciones a derechos fundamentales

que dan lugar a la interposición de la acción de amparo y, por

ende, permite determinar a partir de cuándo empezaría a correr

el plazo.

75. Lo cierto es que, como hemos precisado anteriormente,

el derecho para accionar en amparo para reclamar la restauración

de aquellos derechos fundamentales que se puedan ver afectados

con la separación –sea por retiro forzoso, puesta en baja o can-

celación– de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas

Armadas, surge al momento en que se toma conocimiento de la

situación agraviante conforme a los términos del artículo 70.2

de la LOTCPC; no así con el dictado de la sentencia o decisión

penal a favor del imputado –accionante en amparo– en los casos

en que la hubiere, como ocurre en la especie con la constancia

645

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

del cese de la investigación por no haber presupuestos que la

soporten.

76. En efecto, el criterio por el cual se ha decantado la

mayoría del pleno para determinar el momento que da lugar a

la generación de las conculcaciones, además de ser ambivalente

e impreciso, condiciona el ejercicio de la acción de amparo a la

suerte de un proceso de justicia ordinaria, lo cual desarticula el

eje nuclear de esta garantía y proceso constitucional, a saber: la

obtención de una protección efectiva de los derechos fundamen-

tales de las personas.

77. De este modo, podemos concluir en que, cuando el Tri-

bunal Constitucional no se detiene a analizar el punto de partida

del plazo para accionar en amparo, conforme a lo establecido en

el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, incumple con el

debido proceso instituido a tales fines; aserción que se funda en

que se deja abierta la posibilidad de que se tome como punto de

partida un evento –el dictado y la notificación de la sentencia

penal que favorece al accionante en amparo– que no comporta

un hecho u omisión tendente a afectar derecho fundamental al-

guno del miembro desvinculado de las filas policiales o militares.

78. Y es que, si el Tribunal Constitucional no valora que el

hecho generador de la supuesta violación –separación por cance-

lación de nombramiento o puesta en retiro forzoso– a derechos

fundamentales que se pretende restaurar mediante la acción de

amparo es el único que activa el referido plazo –y considera que

este se activa con el dictado de la sentencia penal–, estaría pro-

rrogando la tutela de derechos fundamentales, cuando a partir

de la sentencia penal favorable para el imputado lo que podría

suceder –dada la eventual negativa de la administración en

reintegrar al miembro separado– es que se genere otro evento o

supuesto de hecho potencialmente generador de conculcaciones

RAFAEL DÍAZ FILPO

646

a sus derechos fundamentales, que daría también lugar a una

acción de amparo, por demás distinta a la primigenia.

79. En el caso que nos ocupa, reiteramos, estamos de

acuerdo con la decisión de acoger el recurso, revocar la sentencia

de amparo e inadmitir la acción por la inobservancia que hubo

respecto al plazo previsto en el artículo 70.2 de la LOTCPC.

80. En efecto, la acción de amparo (6 de febrero de 2014) es

inadmisible por extemporánea, toda vez que la parte accionante

la interpuso aproximadamente cinco (5) años después de haber

tomado conocimiento de la supuesta violación generada con su

separación de los cuerpos militares (7 de noviembre de 2008),

momento a partir del cual, en efecto, se activó su derecho para

reclamar en amparo la restauración de los derechos fundamenta-

les que supuestamente le fueron afectados con el susodicho acto

administrativo.

81. En suma, con lo que no estamos contestes es con la

ambivalencia que se ha manejado la mayoría para determinar

el punto de partida de la acción de amparo –al considerar que

podrían existir dos (2) eventos, por demás distintos, que lo

activen– en casos análogos a la especie, así como con la apertura

a que, eventualmente, sirva como punto de partida el momento

en que se produce la sentencia –o acto conclusivo– dictada en

ocasión del proceso penal ordinario realizado en contra del

miembro separado de los cuerpos militares o policiales. Porque

es cierto que en ambos casos la acción deviene en extemporánea.

Pero en uno de ellos se aplica el contenido de la ley, mientras

que en otro no, pues se inobserva el contenido del artículo 70,

numeral 2), de la LOTCPC que prevé la inadmisibilidad de la

acción de amparo:

Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de

los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha

647

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un

derecho fundamental.

82. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con

la decisión adoptada, salvamos nuestro voto, pues tomando en

cuenta que de la lectura del indicado texto –artículo 70, numeral

2), de la LOTCPC– se infiere que el agraviado debe –y de hecho

puede– presentar su acción de amparo dentro del plazo de los

sesenta (60) días subsecuentes al conocimiento de la acción u

omisión que le ha violentado sus derechos fundamentales, es que

consideramos que la mayoría del Tribunal Constitucional debe

ser más precisa y terminante y retomar la línea jurisprudencial

original que versa en este sentido –al respecto las sentencias

TC/0072/16, TC/0136/16, TC/0200/16, TC/0203/16 y

TC/0262/16– y, en consecuencia, establecer que el computo del

plazo de marras inicia al momento en que el agraviado toma

conocimiento de la actuación u omisión que considera le ha

conculcado algún derecho fundamental, no así, del momento

en que tome conocimiento de la decisión con la cual culmina

el proceso penal ordinario seguido en su contra o, independien-

temente, de alguno de estos eventos como se ha venido estable-

ciendo recientemente.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Justo Pedro

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Idelfonso Reyes, Juez.