Sentencia TC/0054/12

• Páginas: 105-110
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0054/12

Referencia: Expediente No. TC-01-20120007, relativo a

la Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada por el

señor Eduardo Hernández García, contra los Autos número

645/2010, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil

diez (2010); 727/2010, de fecha veinte (20) de julio del

año dos mil diez (2010); y 159/2012, de fecha diez (10) de

febrero del año dos mil doce (2012), dictados por la Cámara

Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RAFAEL

DIAZ FILPO, RELATIVO A LA ACCION DE

INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR

EDUARDO HERNANDEZ GARCIA, CONTRA

LOS AUTOS NO. 645/2010, 727/2010, 159/2012,

EVACUADOS POR LA CAMARA PENAL DE LA

CORTE DE APELACION DE SAN CRISTOBAL

En virtud de los artículos 186 de la Constitución y 30 de

la Ley No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Proce-

dimientos Constitucionales, dejamos constancia de las motiva-

ciones de nuestra decisión. El suscrito magistrado ha expresado

su opinión con el faltante de un fundamento expuesto en la

decisión adoptada en la presente sentencia constitucional, por lo

que ha emitido voto salvado en la aprobación de la misma.

Es preciso señalar que este voto se origina porque, entien-

do, al igual que en casos anteriores, la sentencia en cuestión

no aborda el aspecto de la legitimación activa del accionante,

consagrada en los artículos 185.1 de la Constitución, y 37 de la

Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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1- Descripción de los hechos

El día 2 de marzo de 2012, el señor Eduardo Hernández

García introdujo una acción de inconstitucionalidad en contra

de los autos Nos. 645/2010 de fecha 23 junio de 2010, No.

727/2010 de fecha 20 de julio de 2010 y No. 159/2010 de

fecha 10 de febrero de 2012, dictados por la Cámara Penal de

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro

de Macorís, ya que el mismo alega, violan la letra y espíritu de

los artículos 68, 69, numerales 9 y 10, y 74 de la Constitución.

2- Hechos, argumentos y alegatos de la parte accionante en

torno a la inconstitucionalidad

El accionante pretende la anulación de los autos No.

645/2010 de fecha 23 junio de 2010, auto No. 727/2010 de

fecha 20 de julio de 2010 y auto No. 159/2010 de fecha 10 de

febrero de 2012, emitidos por la Cámara Penal de la Corte de

Apelación de San Pedro de Macorís bajo los siguientes alegatos :

a) “A que según se puede constatar TANTO EN HECHOS

COMO EN DERECHO al imputado EDUARDO HER-

NANDEZ GARCIA, se le ha conculcado el derecho de defensa

tomando en cuenta la notificación de fecha 5 de mayo del año

2010 de la sentencia NO. 32-2010 de fecha 19 de marzo de

año 2010, toda vez, que no se observó ni fue tomado en cuenta

que dicha notificación adolece de la mención del plazo que tenía

el imputado para ejercer el ejercicio de recurrir en apelación

(…)”.

b) “A que la omisión realizada por la Cámara Penal de la Corte

de Apelación, ha cercenado de manera directa el derecho de

recurrir al coimputado EDUARDO HERNANDEZ GARCIA,

fijaos bien, honorables magistrados, que en ninguno de los autos

dictados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, hacen refe-

rencia o ponderación alguna de los argumentos planteados en los

recursos e instancia con los que ha sido apoderada, con relación

a que no se le manifestó al imputado el plazo y el recurso que

tenía disponible (…)”.

3- Celebración de Audiencia

En atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional, referente a la celebración

de audiencias públicas para conocer de los recursos de incons-

titucionalidad, se procedió a conocer la audiencia referente al

presente caso, en fecha 22 de junio de 2012.

4- Determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución:

Artículo 37 de la Ley 137-11: Calidad para accionar. La

acci6n directa e inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a

instancia del Presidente de la Republica, de una tercera parte

de los miembros del Senado a de la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente

protegido.

Artículo 185.1 de la Constitución.-Atribuciones. El Tri-

bunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia:

Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte

de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados

y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido;

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Artículo 277 de la Constitución- Decisiones con autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones

judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevo-

cablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del

control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte

de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente

Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Cons-

titucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que

determine la ley que rija la materia.

*Inexcusabilidad: Una vez que se ha requerido en forma legal

y en materia de su competencia, la intervención del Tribunal

Constitucional no podrá éste excusarse de ejercer su autoridad,

ni aun a falta de ley que resuelva el conflicto jurídico o asunto

sometido a su decisión.

*Ociosidad: El Juez Constitucional, como garante de la tutela

judicial efectiva, puede adoptar de oficio las medidas que estime

pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

5- Sobre el fallo en la presente sentencia

Bajo los alegatos del accionante, el mismo exige que este Tri-

bunal Constitucional garantice la supremacía de la Constitución,

la defensa del orden constitucional y la protección de los dere-

chos fundamentales, precedentemente citados, los cuales alegan

vulnerados y en la presente decisión, el Tribunal no aborda si el

accionante tiene o no legitimidad para accionar ante este honora-

ble Tribunal, razón por la cual presentamos nuestro voto salvado.

El Tribunal debió analizar si el accionante tiene o no “le-

gitimidad para actuar”, dentro del contenido de la presente sen-

tencia, para dar fiel cumplimiento a lo estipulado en el artículo

185.1 de la Constitución; y para entender nuestra posición,

debemos establecer el significado de legitimación activa o calidad

de un accionante que es:¨ La facultad que ostentan las personas

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa en

inconstitucionalidad referido en el mismo artículo antes mencio-

nado, que confiere dicha condición a toda persona revestida de

un interés legítimo y jurídicamente protegido¨. En consecuencia

como este Tribunal no se pronunció sobre si el accionante señor

Eduardo Hernández García, realmente tiene o no legitimidad

para actuar ante este honorable Tribunal Constitucional.

Justificamos nuestra opinión en las letras vivas de los artí-

culos 36 de la Ley No. 137-11 y 185 de la Constitución, de que

el Tribunal es incompetente para conocer dicho recurso, ya que

no cumple con los requerimientos de los referidos artículos, por

lo que reiteramos estar de acuerdo con la decisión y fallo final en

referencia a ese punto.

Mediante este voto pretendemos resaltar que el Tribunal no

se refirió a la parte argumentativa referente a la legitimidad o no,

que tiene el accionante para actuar en justicia ante el presente

recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Considero que este honorable Tribunal, examinando el ob-

jetivo principal de la justicia constitucional, que es garantizar la

supremacía de la Constitución, debió realizar una interpretación

detallada y conforme a la Constitución, a las normas previstas

en los artículos 37 de la Ley No. 137-11 y 185.1 de la Constitu-

ción, de manera que sobre la base de dicha interpretación debió

entrar en consideración el examen del caso para pronunciarse en

el fondo del recurso sobre la legitimidad para actuar ante este

Tribunal.

Es nuestro criterio, dentro del marco de un Estado De-

mocrático de Derecho, estructurado sobre la base de los valores

supremos y principios fundamentales (entre ellos el principio de

supremacía constitucional), entendemos que bajo estos precep-

tos es imposible sustraerse al control de constitucionalidad.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Por lo tanto, luego del análisis ponderado de este expedien-

te, reitero mi posición planteada en el pleno, en el sentido que

este Tribunal debió pronunciarse con respecto a la legitimidad

existente del accionante en inconstitucionalidad.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.