Sentencia TC/0061/12

• Páginas: 117-130
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0061/12

Referencia: Expediente No. TC-03-20120001, relativo al

Conflicto de Competencia entre el Distrito Municipal de

Tavera y el Ministerio de Hacienda presentado por el señor

Juan Belén Bautista en virtud de los artículos 59, 60, 61 y

62 de la Ley 137-11.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO MILTON

RAY GUEVARA, JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, Y DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FILPO, JUEZ, RELATIVO A LA SENTENCIA

TC/0061/12, DEL NUEVE (9) DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL DOCE (2012), DICTADA POR EL

PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En ejercicio de las prerrogativas que nos confiere el ar-

tículo 186 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitu-

cionales 137-11, de acuerdo con nuestra posición adoptada

durante las votaciones de la presente sentencia, tenemos a

bien señalar los siguientes argumentos que sostienen nuestro

voto disidente.

En el caso planteado como conflicto de competencia entre

el Distrito Municipal de Tavera y el Ministerio de Hacienda, el

Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha optado

por declarar inadmisible dicha solicitud, al entender que “el con-

flicto surgido a raíz de la negativa del Ministerio de Hacienda de

entregar los fondos correspondientes al Distrito Municipal de

Tavera, no constituye un conflicto de competencia a la luz de la

previsión constitucional y de la referida Ley No. 137-11, debido

a la ilegitimidad de sus autoridades”, subrayado nuestro.

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A nuestro juicio, correspondía admitir la acción, conocer

el fondo del caso, resolver sobre la legitimidad de la designación

de las autoridades del Distrito Municipal de Tavera e instar a la

Junta Central Electoral a convocar a elecciones en el Distrito

Municipal de Tavera antes de mayo 2016.

Para fundamentar el por qué debía arribarse a dicha de-

cisión, hemos de iniciar por precisar I) los hechos que dieron

lugar al conflicto planteado; seguido del II) análisis de las ins-

tancias agotadas por el accionante y III) nuestros argumentos del

porqué el Tribunal Constitucional debió admitir el conflicto de

competencia, decidir sobre la legitimidad de la escogencia como

autoridad municipal del accionante y exhortar a la Junta Central

Electoral a celebrar elecciones extraordinarias en el Distrito

Municipal de Tavera.

I) Hechos que dieron lugar al presente caso

1.1. En fecha 19 de agosto de 2010, posteriormente a la

celebración de las elecciones del 16 de mayo de 2010, fue pro-

mulgada la Ley 114-10, que crea el Distrito Municipal de Tavera,

perteneciente al Municipio de La Vega, mediante la cual se fa-

vorece la descentralización del territorio de esa provincia. Como

bien se consagra en el considerando séptimo de la referida Ley:

“Es obligación del Estado impulsar el desarrollo de los pueblos

dominicanos y propiciar su autogestión administrativa y eco-

nómica y su participación política, contribuyendo al desarrollo

social, político y cultural de los munícipes”, debiéndose además,

adoptar “las medidas de carácter administrativo necesarias para

la fiel ejecución de la presente ley” (artículo 12).

1.2. Aproximadamente 8 meses después, el 4 de abril de

2011, mediante acto notarial No. 1, se hace constar que va-

rios regidores de la Sala Capitular del Municipio de La Vega

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

celebraron una sesión ordinaria para designar a las autoridades

del Distrito Municipal de Tavera, resultando seleccionados los

señores Juan Belén Bautista Tavarez, Genaro Inoa Peña, Nor-

mando Ramón Fernández, Damián Castillo Lajara y Rafael de

Jesús Ramírez Castro, como director municipal, subdirector

municipal, primer, segundo y tercer vocal respectivamente. No

obstante, en dicho acto notarial consta el abandono de la sesión

del alcade municipal, la vice alcaldesa, el secretario y concejales.

1.3. Tal y como consta en el acta No. 1-2011 del 11 de

abril de 2011 la recién designada Junta elige como Presidente

de la Junta Municipal de Tavera, al señor Normando Ramón

Fernández González.

1.4. La designación del 4 de abril de 2011 realizada mediante

el acto notarial No. 1, fue objetada por algunos regidores y el Al-

calde del Ayuntamiento del Municipio de La Vega, señor Alexis

Francisco Pérez López, quien a través de la comunicación No.

113-2011, de fecha 9 de junio de 2011, dirigida al Lic. Guaroa

Guzmán, Tesorero Nacional, interpuso objeción a la asignación

de fondos presupuestarios a las autoridades designadas por

considerar que la sesión realizada el 4 de abril era ilegal. Como

prueba de ello, remiten el Acta No. 2 del 4 de abril de 2011

de la Alcaldía del Municipio de la Vega donde se hace constar

que la sesión impugnada había sido suspendida, firmada por el

Presidente del Concejo Municipal, Eladio de Jesús Capellán, y

el Secretario Raúl Ant. Díaz. M. en representación del Secretario

del Concejo Municipal. El Secretario del Concejo Municipal de

la Vega, José Comprés, certificó el mismo 9 de junio del 2011

que dicha sesión había quedado suspendida.

1.5. El 13 de junio de 2011 el señor Juan Belén Bautista

Tavarez, actuando como Director Municipal, remite una

comunicación al Tesorero Nacional solicitándole la entrega de

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fondos en virtud de la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto

para el Sector Público y la Ley 176-07, del Distrito Nacional y

los Municipios.

1.6. El 15 de junio de 2011 mediante Acta No. 5 de la

sesión extraordinaria No. 3, miembros del Concejo Municipal

de la Vega consideraron que la antigua Ley 3455 le daba facul-

tad a los regidores para elegir las autoridades de los distritos

municipales, reuniéndose 9 o más, pero que la misma fue

derogada por la Ley 176-07. Por unanimidad, determinaron

que el Concejo no tiene facultad para elegir autoridades de

los Distritos Municipales; revocaron y dejaron sin efecto la

elección del Sr. Juan Belén Bautista y los vocales designados

para el Distrito Municipal de Tavera; decidieron desautorizar

a cualquier persona o institución a usar el nombre del Distrito

de Tavera; se otorgó un plazo de un día para el cierre voluntario

del local donde supuestamente funciona la Junta Distrital Mu-

nicipal de Tavera; se autorizó al ejecutivo a tomar las acciones

pertinentes vencido el plazo; se ordenó que la resolución sea

comunicada a la Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda,

Procuraduría General de la República, Ministerio de Interior

y Policía, Junta Central Electoral y se le solicitó el abstenerse

de aperturar cuentas bancarias, asesorías o tomar medidas

administrativas a favor del Distrito Municipal de Tavera, hasta

tanto se llame a elecciones y sean elegidas y juramentadas las

autoridades.

1.7. El día 20 de junio de 2011, mediante comunicación

No. 2189, el señor Guaroa Guzmán, Tesorero Nacional, le in-

forma al señor Juan Belén Bautista que “no podemos satisfacer

su petición, en razón, de que la Sesión Ordinaria celebrada, ante

Notario Público, por varios regidores del Ayuntamiento del

Municipio de la Vega, (…) contraviene con el artículo 81, de

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la ley 176-07, toda vez, que la elección de las autoridades de ese

nuevo ayuntamiento no es facultativo del Consejo Municipal,

sino de la Junta Municipal Electoral del Municipio de La Vega”.

1.8. En fecha 12 de agosto de 2011, la Cámara Civil y

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Primera Cir-

cunscripción del Distrito Judicial de la Vega, tras ser apoderada

de una acción constitucional de amparo, interpuesta por la Junta

del Distrito Municipal de Tavera, representada por Juan Belén

Bautista contra la Tesorería Nacional, emitió la sentencia 1229,

declarando la incompetencia del tribunal, en razón de la materia

y del lugar en que se produjo el acto u omisión atacado en am-

paro. Para ello invocó el Art. 72 de la Ley 137-11 que regula la

competencia, Art. 74 “amparo en jurisdicciones especializadas”

y Art. 75 “amparo contra actos y omisiones administrativas”,

indicando que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior

Administrativo.

1.9. En fecha 28 de diciembre de 2011, la Segunda Sala

del Tribunal Superior Administrativo, al conocer de la acción

constitucional de amparo, interpuesta por la Junta del Distrito

Municipal de Tavera, contra la Tesorería Nacional, emitió la sen-

tencia No. 167-2011. En los considerandos de la sentencia, el

Tribunal precisó “que en el presente caso la parte accionante tiene

la vía del recurso contencioso administrativo para reclamar sus

alegados derechos de manera efectiva y no la acción de amparo”

(p. 18 de la sentencia) y que “en vista de que la parte accionante

tiene la vía del recurso contencioso administrativo para obtener

la protección efectiva de los derechos alegados, procede declarar

inadmisible la presente acción interpuesta por la JUNTA DEL

DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA en fecha 31 de agosto,

contra la Tesorería Nacional, por existir otra vía judicial” (p. 19

de la sentencia). Por tales motivos en el dispositivo de la sentencia

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se establece: “PRIMERO: DECLARA inadmisible la Acción de

Amparo interpuesta por la Junta del Distrito Municipal de Tavera,

Provincia La Vega, en fecha 31 de agosto del 2011, contra la Teso-

rería Nacional, por existir otras vías judiciales”.

1.10. Ante esta decisión, el señor Juan Belén Bautista,

procedió a interponer por ante el Tribunal Constitucional, una

acción de conflicto de competencia entre el Distrito Municipal

de Tavera y el Ministerio de Hacienda, por la no entrega de

este ministerio de los fondos correspondientes y violación de

la autonomía presupuestaria del Distrito Municipal de Tavera,

consagrada en los artículos 199 y 201, párrafo I y II de la Cons-

titución de la República y los artículos 12 y 13 de la Ley 114-10,

que crea el Distrito Municipal de Tavera.

1.11. Por año y medio, la Junta del Distrito Municipal de

Tavera ha contraído obligaciones financieras, ya que, desde su

conformación ha puesto a disposición de la comunidad distintos

servicios, entre ellos, el alquiler de local para su funcionamiento,

recogida de basura, etc., todos los cuales se traducen en deudas

que la comunidad ha asumido y para las cuales no han sido en-

tregados los fondos presupuestarios estatales correspondientes.

En cambio el ayuntamiento de La Vega ha dispuesto a discreción

de los recursos que corresponden a Tavera.

1.12. En el país, el 20 de mayo de 2012, se celebraron

elecciones nacionales para escoger presidente, vicepresidente, y

diputados del exterior, ¿Por qué la Junta Central Electoral no

aprovechó esa coyuntura para convocar elecciones extraordina-

rias en Tavera?

II) Análisis de las instancias agotadas por el accionante

2. De los hechos del caso se desprende, que la parte ac-

cionante ha intentado por varias vías obtener respuesta efectiva

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

sobre la no entrega de fondos correspondientes al Municipio de

Tavera.

2.1. El primer tribunal apoderado de una acción consti-

tucional de amparo, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado

de Primera Instancia de la Primera Circunscripción del Distrito

Judicial de la Vega, declaró la incompetencia del tribunal, en ra-

zón de la materia y del lugar en que se produjo el acto u omisión

atacado en amparo, aclarando que el tribunal competente para

conocer de dicha acción es el Tribunal Superior Administrativo.

2.2. Por su parte, la Segunda Sala del Tribunal Superior Ad-

ministrativo, al conocer de la acción constitucional de amparo,

interpuesta por la Junta del Distrito Municipal de Tavera contra

la Tesorería Nacional, declaró inadmisible la acción constitu-

cional de amparo bajo el razonamiento, según observamos en

sus considerandos, de que el accionante tiene abierta la vía del

recurso contencioso administrativo para obtener la protección

efectiva de los derechos alegados.

2.3. Este Tribunal Constitucional en su sentencia

TC/0021/2012 determinó, que para un tribunal declarar inad-

misible la acción de amparo por la causal del 70.1 de la Ley 137-

11, no sólo basta con alegar en su sentencia, que existe otra vía

judicial abierta y no agotada, sino que, para poder inadmitirse

dicha acción, tiene que fundamentarse debidamente el por qué

dicha “otra vía” es la más “idónea y adecuada” (efectiva) para

proteger y garantizar los derechos fundamentales de la persona

que reclama, tal y como consagra el principio de efectividad del

artículo 7.4 de la Ley 137-11. Debiéndose además, establecer

expresamente en el dispositivo de la sentencia, cuál es el recurso

que al accionante le corresponde incoar.

2.4. En el presente caso, la falta de motivación adecuada

por parte del Tribunal Superior Administrativo para sostener

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que verdaderamente el recurrente puede obtener respuesta a

su solicitud si incoa el recurso contencioso administrativo,

constituye una violación a las garantías del debido proceso y al

acceso a la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 69

de la Constitución. Además, transmite un mensaje negativo y

desalienta al accionante a agotar cualquier otra vía abierta para

reclamar sus pretensiones, toda vez que no se justifica el porqué

otra vía, y no por la que acciona, podría darle respuesta.

III) Justificaciones del porqué se debió admitir el conflicto de

competencia, conocer del fondo del caso, decidir sobre la

legitimidad de la escogencia como autoridad municipal

del accionante y exhortar a la Junta Central Electoral a

celebrar elecciones extraordinarias en el Distrito Municipal

de Tavera.

3.1 El artículo 199 de la Constitución dominicana con-

sagra lo siguiente: “El Distrito Nacional, los municipios y los

distritos municipales constituyen la base del sistema político

administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público,

responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio,

de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, adminis-

trativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y

sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de

la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución

y las leyes”, subrayado nuestro. El municipio es pues el primer

espacio público en que se ejerce la democracia.

3.2 Como bien se desprende de los hechos del presente

caso, en fecha 19 de agosto de 2010 fue promulgada la Ley 114-

10, que crea el Distrito Municipal de Tavera, perteneciente al

Municipio de La Vega, la misma se fundamenta en la obligación

del Estado de “impulsar el desarrollo de los pueblos dominicanos

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

y propiciar su autogestión administrativa y económica y su

participación política, contribuyendo al desarrollo social, polí-

tico y cultural de los munícipes”. Con la creación del Distrito

Municipal de Tavera, los contribuyentes de la comunidad de

Tavera podrán viabilizar el acceso a un sinnúmero de servicios

municipales necesarios para el disfrute de una vida digna.

3.3 El acceso a los servicios públicos es un derecho de los

habitantes del territorio y la eficacia administrativa, un princi-

pio de derecho constitucional, conforme al artículo 138 de la

Constitución de la República. En ese sentido, resulta absurdo y

contraproducente, dejar en estado de indefensión los derechos

de los habitantes de la comunidad de Tavera o pretender que di-

cha comunidad, espere el plazo de 6 años para que, en el marco

de las elecciones ordinarias, pueda ejercer el derecho de elegir

sus autoridades municipales, cuando la misma Ley que crea el

Distrito Municipal de Tavera, le ordena expresamente al Ayun-

tamiento del municipio de La Vega, al Ministerio de Interior y

Policía, al Ministerio de Hacienda y a la Procuraduría General de

la República, el adoptar “las medidas de carácter administrativo

necesarias para la fiel ejecución de la presente ley” (artículo 12).

3.4 La Junta Central Electoral, conforme el artículo 96.4 de

la Constitución, posee iniciativa legislativa en asuntos electorales.

Por lo tanto, no se justifica que la Junta prive del derecho de elegir

y ser elegible a la comunidad de Tavera, cuando perfectamente

puede depositar en el Congreso Nacional, un anteproyecto de

Ley de convocatoria a elecciones extraordinarias, de modo que

se haga posible la celebración de elecciones extraordinarias en

el Distrito Municipal de Tavera, para elegir las autoridades de

dicho Distrito Municipal.

3.5 El artículo 22 de la Constitución de la República, en

su numeral 1, dispone que es derecho de los ciudadanos y de las

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ciudadanas, elegir y ser elegibles, para los cargos establecidos en

la Carta Sustantiva. Asimismo, el artículo 23 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, instrumento jurídico in-

ternacional que forma parte del bloque de constitucionalidad

en virtud del artículo 74.3 de la Constitución, establece que:

“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes dere-

chos y oportunidades: a. de participar en la dirección de los

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes

libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en elecciones

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y

por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad

de los electores, y c. de tener acceso, en condiciones generales

de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede

reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que

se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad

civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso

penal”. Se trata de uno de los derechos ciudadanos por el cual

la humanidad más ha luchado. Es por ello que en la misión

institucional de la Junta Central Electoral se reconoce que la

administración y conducción de las elecciones de las autorida-

des gubernamentales, constituye “el sostén de la democracia”,

correspondiéndole dicha atribución tan noble, a la Junta Cen-

tral Electoral.

3.6 Por otro lado, el artículo 22.2 de nuestra Constitución

consagra como derechos de los ciudadanos y ciudadanas el “deci-

dir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”,

dicho mecanismo directo de participación local, está diseñado

por el Estado Social y Democrático de

Derecho con el fin de “fortalecer el desarrollo de la demo-

cracia y la gestión local”, tal y como lo afirma el artículo 203

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de la Constitución. En adición a esto, de conformidad con el

artículo 233 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los

Municipios del 17 de julio del 2007, sobre el Referéndum, le

corresponde al ayuntamiento convocar a la comunidad “para

que se pronuncie sobre una propuesta de normativa de apli-

cación municipal u otros temas de interés de los munícipes y

organizaciones del municipio”, cuyos resultados “deberán ser

respetados y asumidos por el concejo de regidores y el resto del

ayuntamiento”, subrayado nuestro. De los citados textos, se

desprende que el ayuntamiento del municipio de la Vega pudo

perfectamente convocar al Referéndum Municipal en Tavera y

mediante el ejercicio de dicho mecanismo democrático de parti-

cipación directa, tratar de resolver la cuestión.

3.7 Al parecer, ante la falta de Ley de convocatoria de

las elecciones del Distrito y de intención alguna de convocar

a Referéndum Municipal, los regidores de la Sala Capitular

del Municipio de La Vega, en sesión ordinaria, procedieron a

designar a las autoridades del Distrito Municipal de Tavera, bajo

el entendido de que de acuerdo a la decimosegunda disposición

transitoria de la Constitución, no había posibilidad de que la

Junta Central Electoral organice una asamblea electoral extraor-

dinaria, estando ellos facultados a llenar “las vacantes para dichos

cargos” (artículo 81 de la Ley 176-07), tal y como en diversas

ocasiones, “se ha procedido”.

3.8 La esencia del presente conflicto de competencia in-

coado ante este Tribunal, no reside en resolver sobre la entrega

o no de fondos al designado Director del Distrito Municipal de

Tavera, por parte del Ministerio de Hacienda, más bien, consiste

en resolver sobre la competencia o no que poseía el concejo

municipal para haber designado a Juan Belén Bautista y otros

como dichas autoridades municipales, no habiendo sido elegidas

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previamente las autoridades del Distrito Municipal, mediante el

voto directo. Esto así, porque hasta la misma Tesorería Nacional

solicitó en audiencia, una consulta a la Junta Central Electoral,

para resolver de si tiene o no calidad la Junta o si es el Concejo

para designar las autoridades del Distrito Municipal de Tavera

(ver página 11 de la sentencia 167/2011 emitida por el TSA).

3.9 La figura de la vacancia pudo bien declararse inaplica-

ble para la designación de las autoridades del Distrito Municipal

de Tavera, toda vez que es posible alegar que para que la misma

se justifique, debe haberse celebrado y elegido a las autoridades

correspondientes mediante voto directo, quedando libres los

cargos por muerte, renuncia o destitución de sus titulares. No

obstante, esta decisión respecto de si las autoridades designadas

del Distrito Municipal de Tavera son ilegítimas o no, trasciende

la mera declaratoria de inadmisibilidad del conflicto de compe-

tencia y toca los aspectos esenciales del fondo de la controversia,

por lo que consideramos, correspondía al Tribunal Constitucio-

nal resolver con la debida motivación.

3.10 Al declararse la inadmisibilidad del caso, bajo el ar-

gumento de la ilegitimidad del accionante como autoridad del

Distrito Municipal de Tavera, en virtud de que las decisiones del

Tribunal Constitucional, constituyen precedentes vinculantes

para todos los poderes públicos, se cierra en definitiva la posibi-

lidad al accionante para reclamar en justicia. El derecho de Juan

Belén Bautista de acceso a una tutela judicial efectiva, se viola en

el sentido, de que este último, no podrá interponer recurso algu-

no, pues ante un precedente del TC que declara la ilegitimidad

de su designación, ningún juez podrá decidir con imparcialidad

sobre el presente caso, mucho menos, recibir queja alguna de

parte del señor Juan Belén Bautista sobre el caso planteado.

Sobre el particular, cabe señalar, que si bien el accionante había

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

recurrido varias instancias sin obtener respuesta sobre el tema,

del escrito de defensa del Ministerio de Hacienda, depositado

el 14 de mayo de 2012, ante el Tribunal Constitucional, se

desprende que existe pendiente de fallo “un recurso contencioso

administrativo según el auto de notificación No. 132-2012 de

fecha 19 de enero del 2012 emitido por el Tribunal Superior

Administrativo”. No nos queda duda entonces, que el TSA se

encuentra imposibilitado de resolver sobre dicho recurso, que

no sea en la vía de lo establecido por el Tribunal Constitucional,

sin que este o ningún otro tribunal haya conocido el fondo de la

cuestión. En el caso de la especie, esto se asimila a una denega-

ción de justicia.

3.11 Adicionalmente, el Ayuntamiento de La Vega ha es-

tado desviando los recursos presupuestarios que le corresponden

a Tavera, para ser utilizados, en su mayor parte, en sus propios

proyectos, no mostrando interés alguno en la solución de la

controversia.

En resumen, este voto disidente se fundamenta en que

si bien el Director del Distrito Municipal de Tavera y demás

funcionarios electos por varios regidores de la Sala Capitular del

Municipio de La Vega, en sesión ordinaria ante notario público,

podrían considerarse, eventualmente, autoridades de facto, pues

tal y como señala la Constitución y Ley Electoral, dichos servido-

res son elegidos mediante voto directo en elecciones celebradas

para ello y no mediante un proceso destinado para cubrir las

vacantes que surjan, correspondía al Tribunal determinarlo en su

sentencia de fondo, con el debido análisis de las circunstancias

del presente caso, así como instar a la Junta Central Electoral,

mediante sentencia exhortativa (artículo 47.III de la LOTCPC),

a proceder a introducir la iniciativa legislativa correspondiente

para la celebración de elecciones extraordinarias, de modo que,

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el derecho de acceso a la justicia de los accionantes no se vea

mermado, así como tampoco el derecho de elegir y ser elegido

de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Tavera, y el

de recibir los servicios públicos propios de toda comunidad. Se

crea así un precedente que privará durante cuatro años más a los

munícipes de Tavera de la estructura institucional que le recono-

ce la Constitución de la República y la ley de su creación. Peor

aún, esos ciudadanos y ciudadanas reciben un gran perjuicio por

la inacción de la Junta Central Electoral.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz

Filpo, Juez.