Sentencia TC/0062/12

• Páginas: 131-139
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0062/12

Referencia: Expediente No. TC-012002-0016, relativo a

la Acción Directa de en Inconstitucionalidad interpuesta

por el señor Rafael Flores Estrella, en contra de la ejecución

parcial por parte del Poder Ejecutivo de las disposiciones de

la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.

FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO RAFAEL DÍAZ FILPO RELATIVO A LA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA

POR EL LICDO. RAFAEL FLORES ESTRELLA, EN

CONTRA DE LA EJECUCIÓN PARCIAL POR PARTE

DEL PODER EJECUTIVO DE LAS DISPOSICIONES

DE LA LEY NO. 112-00, SOBRE HIDROCARBUROS

En virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo

186 de la Constitución, 37 de la Ley No. 137-11, del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y en

atención a la posición que sostenida durante las deliberaciones

sobre la sentencia adoptada, dejamos constancia de las motiva-

ciones de nuestra decisión.

Luego de revisar la acción de inconstitucionalidad de-

positada y expresada más arriba y de la decisión de declararlo

inadmisible, tomada por la mayoría de los miembros que

conforman el pleno de este Honorable Tribunal, es nuestro

criterio hacer de su notorio conocimiento, nuestro DISIDEN-

TE Y RAZONADO VOTO, frente a la referida decisión,

atendiendo los aspectos, en cuanto al derecho, que se señalan

a continuación:

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Descripción de los hechos

El 15 de noviembre de 2002, el licenciado Rafael Flores

Estrella introdujo una acción de inconstitucionalidad directa

en contra de la ejecución parcial por parte del Poder Ejecutivo

de las disposiciones de la Ley No. 112-00, sobre Hidrocarburos

del 27 de diciembre del año 2000, argumentando que este tipo

de subsidio focalizado a través de la Secretaría de Estado de

Industria y Comercio violentó el mandato de la Ley No. 112-00

que dispuso el establecimiento de un subsidio directo, el cual

a su vez degeneró en un pernicioso mecanismo de corrupción,

mediante el cual se le estafaron al Estado y a los hogares pobres

dominicanos sumas que superan los quinientos millones de

pesos (RD$500,000.00), en violación a los artículos 8.5, 37.1,

46, 47 y 55.2 de la Constitución de la República, proclamada el

14 de agosto de 1994.

El contenido de la Ley No. 112-00, sobre Hidrocarburos,

en lo relativo a la ejecución parcial por parte de la Secretaria

de Estado de Industria y Comercio crea un subsidio focalizado

mediante la expedición de cupones aplicado a la venta de gas li-

cuado de petróleo o gas propano (GLP/GP), mediante sucesivas

resoluciones del hoy Ministerio de Industria y Comercio.

Hechos y argumentos de la parte accionante

El accionante, Lic. Rafael Flores Estrella, fundamenta su

recurso de inconstitucionalidad en los motivos siguientes:

a) “Que a partir de la promulgación de la Ley 112-00, el

Gobierno Central dispuso, a través de la Secretaría de Estado

de Industria y Comercio, la implementación de un subsidio

focalizado mediante la expedición de cupones. Este tipo

de subsidio violenta el mandato de la Ley No. 112-00 que

dispuso el establecimiento de un subsidio directo, y a la vez

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

degeneró en un pernicioso mecanismo de corrupción mediante

el cual estafaron al Estado y a los hogares pobres domini-

canos, sumas que superan los quinientos millones de pesos

(RD$500,000,000.00), sin que hasta el momento ninguna

autoridad competente haya mostrado interés por determinar

el destino de estos recursos, ni mucho menos en aplicar las

sanciones condignas al caso.”

b) “Que utilizando como pretexto el proceso pernicioso de co-

rrupción que se desencadenó a propósito del subsidio focalizado

y los cupones, no obstante haberle sido oportunamente advertido

y de constituir una falta propia por haber inobservado el texto

y los mandatos de la Ley 112-00, el Gobierno Central dispone

de manera unilateral, ilegal, ilegítima e inconstitucional la

supresión total y absoluta del subsidio a la venta de gas licuado

de petróleo o gas propano (GLP/GP)”

c) “Al suprimirse por vía administrativa el subsidio focalizado,

el gas licuado de petróleo o gas propano (GLP/GP) pasó a

venderse al precio de dieciocho pesos (RD$18.00) por galón, en

perjuicio de la pequeña y mediana empresa, así como también

de las familias humildes de nuestros campos y ciudades.”

d) “A partir de la eliminación del subsidio focalizado, en el país

se ha incrementado notablemente el uso de leña y carbón vegetal

como combustible sustituto al gas licuado de petróleo o gas

propano (GLP/GP), con la finalidad de cocer alimentos, y otros

propósitos domésticos y de subsistencia económica primaria, todo

ello en detrimento de nuestros disminuidos recursos forestales y

del equilibrio ecológico de la Nación.”

e) “Con la creación del impuesto encubierto, el Gobierno central

se apropia indebida, irregular, ilegal e inconstitucionalmente de

la suma de 1,440.4 millones de pesos, por cuanto el Estado no

subsidia lo que la ley ordena cobrar subrepticiamente valores

que no debería y asigna precios muy por encima de los montos

establecidos mediante ley.”

RAFAEL DÍAZ FILPO

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De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución.

“Artículo 8 de la Constitución de 1994, sobre los dere-

chos individuales y sociales: “Se reconoce como finalidad

principal del Estado la protección efectiva de los derechos de

la persona humana y el mantenimiento de los medios que le

permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden

de libertad individual y de justicia social, compatible con el

orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para

garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes

normas: (… )5.- A nadie se le puede obligar a hacer lo que la

ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley

es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo

y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le

perjudica.”

Artículo No. 37.1, sobre las atribuciones del Congreso. “Son

atribuciones del congreso: “Establecer los impuestos o contri-

buciones generales y determinar el modo de su recaudación e

inversión.”

“Artículo 46. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”

“Artículo 47. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir.

No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que

esté sub-judice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley

ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad

jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una

legislación anterior.”

“Artículo 55. El Presidente de la República es el jefe de la

administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas

armadas de la República y de los cuerpos policiales. Corresponde

al Presidente de la República: 2) Promulgar y hacer publicar

las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

ejecución. Expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando

fuere necesario.”

5. Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

A) La primera razón por la cual el presente recurso de

inconstitucionalidad debe ser declarado admisible en virtud de

que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100 de

la Ley No. 137-11, ya que el mismo contiene especial trascen-

dencia y relevancia constitucional a nuestro entender, pues trata

de proteger derechos fundamentales como es el caso de crear un

impuesto por resolución en contra de la Ley y la Constitución,

por lo que citamos dicho artículo:

“Artículo 100.- Requisit os de Admisi bilidad. La admisibili-

dad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia

constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendien-

do a su importancia para la interpretación, aplicación y general

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido,

alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”

B) Entendemos al igual que los demás miembros de éste

Tribunal Constitucional que el impugnante, tiene calidad para

accionar en inconstitucionalidad, cuando señala en el cuerpo de

esta sentencia que: “Al tratarse de un asunto pendiente de fallo

dese el año dos mil dos (2002), la procedencia o admisibilidad

de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las

condiciones exigidas por la Constitución de 1994, que admitía

las acciones incoadas por parte interesada, y no podría éste órgano

alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación

anterior, sobre todo cuando la calidad es una cuestión de naturaleza

procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al

RAFAEL DÍAZ FILPO

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principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo,

razón por la cual el accionante, Rafael Flores Estrella, se encontraba

revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción

en inconstitucionalidad, por vía principal, en el caso que nos ocupa

al ser una “parte interesada.”

C) El artículo 37 numeral 1 de la Constitución votada el 14

de agosto de 1994, establecía que sólo el Congreso Nacional tie-

ne la atribución para establecer los impuestos o contribuciones

generales y determinar el monto de su recaudación e inversión.

D) El artículo 46 de la otrora Constitución de 1994, esta-

blece que: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución,

reglamento o acto contrario a esta Constitución”

Ciertamente, el accionante pretende y exige que este Tribunal

Constitucional garantice la supremacía de la Constitución y la

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos

fundamentales afectado en la especie, dando cumplimiento a los

artículo 184 y 185.1 de la Constitución y para poder entender lo

anterior debemos establecer el significado de legitimación activa o

calidad de un accionante que es, el cual alega la inconstitucionali-

dad de una norma legal, teniendo interés legítimo y jurídicamente

protegido, y para poder entender lo anterior debemos establecer

el significado de la legitimación activa o calidad de un accionante

que es: “la facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas

para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad

referido en los artículos antes mencionados, que confieren dicha

condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurí-

dicamente protegido. En consecuencia somos de opinión, que,

ciertamente, el accionante, licenciado Rafael Flores Estrella, tiene

legitimidad para accionar en inconstitucionalidad, y reiteramos el

desacuerdo de la solución adoptada por la mayoría de los magis-

trados que conforman este Tribunal, ya que dicha acción puede,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

perfectamente, ser declarada ADMISIBLE en cuanto a la forma,

y ACOGERLO, en cuanto al fondo.

Entendemos que debe ser acogida la presente acción, ya que

este impuesto resulta ilegal, por contradecir el artículo 37.1 de

la Constitución de 1994, aun cuando va dirigido a un sector de

la población, afecta toda la sociedad que consume una materia

prima de primer orden, pues solo algunos campos lejanos del

país no consumen gas propano y de ahí la procedencia de este

recurso o acción directa de inconstitucionalidad

Esta solución que planteamos, la fundamentamos en que

la acción que fue interpuesta por el licenciado Rafael Flores

Estrella, tiene un interés legítimo protegido, al cimentarse en

los aspectos constitucionales encontrados en el artículo 8, 37 y

55 de la Carta Magna de 1994. Si bien es cierto que la Suprema

Corte de Justicia fue apoderada de la presente acción, el 15

de noviembre del año 2002, según consta en el expediente, la

misma no fue decidida, por lo que corresponde a éste Tribunal

Constitucional decidir al respecto en virtud del artículo185.1 ,

eso no impide que si es su voluntad, y por demás el derecho a

ejercer una acción directa por la vulneración de un derecho fun-

damental y la inconstitucionalidad de una norma legal, lo que le

es lesivo, generando con ello un aspecto de trascendencia que no

puede pasar por desapercibido por este Tribunal Constitucional,

ya que, nos encontramos frente al alegado hecho de un cobro

selectivo que contraviene el espíritu de la Constitución vigente

en esa época enfrentado a las actuaciones del Poder Legislativo,

como uno de los poderes del Estado.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la acción

directa en inconstitucionalidad es el control constitucional que

los jueces de este Tribunal deben tener, lo que constituye un as-

pecto real al cual me sumaría, y, por tanto, declarar inadmisible

RAFAEL DÍAZ FILPO

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la acción no es atinado. Pero no desvalorar el hecho que esa ac-

ción está concretizada en medios que envuelven los principios de

legalidad y de constitucionalidad, los cuales nos impone que la

acción sea revisada en el fondo y no declarar su inadmisibilidad

en la forma, como el Tribunal Constitucional ha concluido.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

• La accesibilidad: Que procura acercar al ciudadano lo

más posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

• Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial

la tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin

demoras innecesarias.

• Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una

tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

• Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales

y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la garantía

de un derecho fundamental.

• Oficiosidad: El Juez Constitucional, como garante de la

tutela judicial efectiva, puede adoptar de oficio las medidas que

estime pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque entiendo

que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la legitima-

ción activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Constitución,

y el 37 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Consti-

tucional y de los Procedimientos Constitucionales, y luego de

ser examinada esta legitimación, consideramos que lo siguiente

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

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sería analizar el fondo de lo planteado en el expediente para ser

fallado, ya que soy de opinión que el mismo tiempo que usamos

para declarar la inadmisibilidad de un asunto plateado, es el

mismo que empleamos para estudiar el fondo y pronunciarnos

en ese sentido luego de verificar la relevancia y trascendencia

constitucional de lo planteado.

Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, ya que, como explicamos en el

presente voto, justificamos nuestra opinión en los fundamentos

legales precedentemente citados, y por lo que soy partidario que

la presente acción debió ser declarada ADMISIBLE en cuanto a

la forma, y ACOGIDA, en cuanto al fondo, y en consecuencia,

declarar la inconstitucionalidad del cobro de un subsidio foca-

lizado en la expedición de cupones aplicado a la venta de gas

licuado de petróleo o gas propano (GLP/GP), por parte del Mi-

nisterio de Industria y Comercio, relativo a la ejecución parcial,

por parte del Poder Ejecutivo, de las disposiciones contenidas en

la Ley No. 112-00, sobre Hidrocarburos del 27 de diciembre de

2000.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.