Sentencia TC/0068/12

• Páginas: 141-148
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0068/12

Referencia: Expediente No. TC-012012-0020, relativo a

la Acción Directa de Inconstitucionalidad y a la Solicitud

de Suspensión de Ejecución de Sentencia interpuesta por

el señor Manuel de Jesús Cordero, en fecha ocho (08) de

marzo de dos mil once (2011), contra la Sentencia No. 307,

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

en fecha diez (10) de agosto de dos mil once (2011)

FUNDAMENTACIÓN DEL VOTO SALVADO DEL

MAGISTRADO RAFAEL RAMÓN DÍAZ FILPO RELATIVO

A LA ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN

DE LA SENTENCIA NO. 307, DICTADA EN FECHA

DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE

(2011), POR LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA, INTERPUESTA POR EL

INGENIERO MANUEL DE JESÚS CORDERO

En virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo

186 de la Constitución, 30 de la Ley No. 137-11, del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y en

atención a la posición que sostenida durante las deliberaciones

sobre la sentencia adoptada, dejamos constancia de las motiva-

ciones de nuestra decisión.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque en-

tiendo que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de

la legitimación activa consagrada en el Artículo 185.1 de la

Constitución, y el 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y

en atención a la posición sostenida durante las deliberaciones

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sobre la sentencia adoptada, dejamos constancia de las motiva-

ciones de nuestra decisión.

Luego de revisar la acción directa de inconstitucionalidad y

solicitud de suspensión de ejecución de sentencia depositada y

expresada más arriba y de la decisión de declararlo inadmisible,

tomada por la mayoría de los miembros que conforman el pleno

de este Honorable Tribunal, es nuestro criterio hacer de su noto-

rio conocimiento, nuestro SALVADO Y RAZONADO VOTO,

frente a la referida decisión, atendiendo los aspectos, en cuanto

al derecho, que se señalan a continuación:

Pretensiones del accionante

El ocho (8) de marzo de 2011, el ingeniero Manuel De

Jesús Cordero introdujo una acción de inconstitucionalidad di-

recta y suspensión de ejecución de la Sentencia No. 307, dictada

en fecha diez (10) de agosto de 2011 por la Tercera Sala de la

Suprema Corte de Justicia, argumentando que esta violaba las

disposiciones del artículo 51 de la Carta Sustantiva del Estado,

relativo al derecho de propiedad.

Hechos, argumentos y alegatos de la parte accionante en torno

a la inconstitucionalidad

El accionante, Ing. Manuel de Jesús Cordero, fundamenta

la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, en los

motivos siguientes:

a) “Que en fecha 25 de junio del año 2010 adquirió la cantidad

de 107 tareas dentro de la parcela 37-B del D.C. 4, con ma-

trícula No. 1300009177, con un área equivalente a 7,358.82

metros cuadrados.”

b) “Que su padre fue posesionado por la entonces Secretaría de

Agricultura (actual Ministerio de Agricultura) por no existir el

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

I.A.D. dentro de la parcela B No. 37 del D.C.4 de Dajabón, la

cual fue objeto de una subdivisión, resultando la parcela 37-A

y 37-B del D.C. 4, descubriéndose con el tiempo que a su padre

le había sido reconocido sus derechos dentro de la parcela 37-A,

pero la posesionaron dentro de la 37-B del D.C.4.”

c) “Que a pesar de haberse presentado el original de la Constan-

cia Anotada No. 1300009177, de la parcela 37-B del D.C.4 de

Dajabón a su nombre, el Abogado del estado del Departamento

Norte ha expresado que lo dispuesto en el Artículo 45 y sus

párrafos de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario no se le im-

pone, y que éste además inobservó la ejecución de las actuaciones

establecidas en el Artículo 48 de la referida Ley.”

d) “Que la inobservancia de esas disposiciones violenta el princi-

pio que establece el Artículo 51 de la Constitución Dominicana

en el sentido de que el Estado debe reconocerle y garantizarle el

derecho de propiedad.”

De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución:

a) “Artículo 36 de la Ley 137-11: Objeto del control con-

centrado. La acción directa de Inconstitucionalidad se inter-

pone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción

u omisión, alguna norma sustantiva.”

b) “Artículo 37 de la Ley No. 137-11: Calidad para

accionar. La acción directa e inconstitucionalidad podrá ser

interpuesta, a instancia del Presidente de la Republica, de una

tercera parte de los miembros del Senado a de la Cámara de

Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y

jurídicamente protegido.”

c) “A rt í cu l o 18 5 .1 de la C on st i tu c ió n .-Atribuciones. El

Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

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instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra

las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a ins-

tancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.”

d) “Artículo 277 de la Constitución- Decisiones con

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las

decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en

ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Su-

prema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación

de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el

Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al pro-

cedimiento que determine la ley que rija la materia.”

Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La primera razón por la cual la presente acción de incons-

titucionalidad debe ser declarada admisible es que la misma

cumple con los requerimeintos de admisibilidad descrito en el

artículo 100 de la Ley No. 137-11, ya que la misma contiene

especial trascendencia y relevancia constitucional, a nuestro en-

tender, porque envuelve el derecho de propiedad, tutelado en la

Constitución. El artículo 100 establece lo siguiente:

a) “La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascen-

dencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que

se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la deter-

minación del contenido, alcance y la concreta protección de los

derechos fundamentales.”

b) Entendemos que el accionante tiene calidad para accionar

directamente en inconstitucionalidad por ser parte interesada,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

y porque está envuelto un derecho fundamental, como los es el

derecho de propiedad.

c) Observando lo que nos dice el artículo 51 de la Constitución,

en relación al derecho de propiedad, hemos analizado y encontra-

do factible que los medios invocados por el recurrente establecen

los requisitos que fundamentan la admisibilidad de esta acción,

principalmente por la trascendencia constitucional, y observa a la

vez, hasta dónde es el alcance de la interpretación de las admisibi-

lidades de las acciones de inconstitucionalidad. Por tanto conviene

que sea admitido el recurso, en cuanto a la forma, por reunir los

requisitos que hemos expresados más arriba.

Ciertamente, entendemos que la accionante pretende y

exige que este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

protección del derecho fundamental a la propiedad, el cual alega

le ha sido vulnerado, teniendo interés legítimo y jurídicamente

protegido, dando cumplimiento a los artículos 184 y 185.1 de

la Constitución; y para poder entender lo anterior debemos

establecer el significado de la legitimación activa o calidad de un

accionante que es: “la facultad que ostentan las personas físicas o

jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitu-

cionalidad referido en los mismos artículos antes mencionados,

que confieren dicha condición a toda persona revestida de un

interés legítimo y jurídicamente protegido. En consecuencia

somos de opinión, que, ciertamente, el accionante, ingeniero

Manuel De Jesús Cordero, tiene legitimidad para accionar en

inconstitucionalidad, y reiteramos el desacuerdo de la solución

adoptada por la mayoría de los magistrados que conforman este

Tribunal, ya que dicha acción puede, perfectamente, ser decla-

rada ADMISIBLE en cuanto a la forma, y RECHAZADO, en

cuanto al fondo.

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Esta solución que planteamos, la fundamentamos en que

el señor Manuel De Jesús Cordero, tiene un interés legítimo

protegido, al cimentarse en el aspecto constitucional encontrado

en el artículo 51 de nuestra Carta Magna. Si bien la vía ordinaria

judicial conoció un recurso de casación, el cual fue decidido,

eso no impide que si es su voluntad, y por demás el derecho

a ejercer una acción directa por la vulneración de un derecho

fundamental, lo que le es lesivo, generando con ello un aspecto

de trascendencia que no puede pasar por desapercibido por este

Tribunal Constitucional, ya que, nos encontramos frente al

derecho de la propiedad enfrentado al criterio del control de

constitucionalidad de las actuaciones del Poder Judicial, como

uno de los poderes del Estado.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la revisión

de la acción es frente al control constitucional que los jueces de

este Tribunal deben tener, constituye un aspecto real al cual me

sumaría, y, por tanto, rechazar la acción no es atinado. Pero no

desvalorar el hecho que esa acción está concretizada en medios

que envuelven los principios de legalidad y de la tutela judicial

efectiva, los cuales nos impone que la acción sea revisada en el

fondo y no declarar su inadmisibilidad en la forma, como el

Tribunal Constitucional ha concluido.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

• La accesibilidad: Que procura acercar al ciudadano lo

más posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

• Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial

la tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin

demoras innecesarias.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

• Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una

tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

• Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales

y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la garantía

de un derecho fundamental.

• Informalidad: El Tribunal Constitucional puede pres-

cindir de formalismos y rigores innecesarios que afecten la tutela

judicial efectiva.

• Inexcusabilidad: Una vez que se ha requerido en for-

ma legal y en materia de su competencia, la intervención del

Tribunal Constitucional, no podrá éste excusarse de ejercer su

autoridad, ni aun a falta de ley que resuelva el conflicto jurídico

o asunto sometido a su decisión.

• Oficiosidad: El Juez Constitucional, como garante de la

tutela judicial efectiva, puede adoptar de oficio las medidas que

estime pertinentes para garantizar la supremacía constitucional.

Es preciso señalar que este voto salvado se origina, porque

entiendo que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de

la legitimación activa consagrada en el Artículo 185.1 de la

Constitución, y el 37 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal

Constitucional, y luego de ser examinada esta legitimación,

consideramos que lo siguiente sería analizar el fondo de lo plan-

teado en el expediente para ser fallado, ya que soy de opinión

que el mismo tiempo que usamos para declarar como decisión

la inadmisibilidad de un asunto plateado, es el mismo que em-

pleamos para estudiar el fondo y pronunciarnos en ese sentido

luego de verificar la relevancia y trascendencia constitucional de

lo planteado.

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Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, ya que, como explicamos en el

presente voto, justificamos nuestra opinión en los fundamentos

legales precedentemente citados, y por lo que soy partidario que

la presente acción debió ser declarada ADMISIBLE en cuanto

a la forma, y RECHAZADA, en cuanto al fondo, ya que la

inadmisión, a nuestro entender es injustificada.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.