Sentencia TC/0079/12

• Páginas: 149-158
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0079/12

Referencia: Expediente No. TC-012012-0015, relativo a la

Acción Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por la

razón social Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de

Servidores Judiciales, Inc. (COOPNASEJU), contra el

Tribunal Superior Administrativo, por alegada negación de

justicia en materia de amparo.

FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE DEL

MAGISTRADO RAFAEL DÍAZ FÍLPO, RELATIVO

A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

INTERPUESTA POR LA COOPERATIVA NACIONAL

DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SERVIDORES

JUDICIALES (COOPNASEJU), CONTRA EL

TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

En virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo

185 numeral 1 de nuestra Constitución, 30 y 37 de la Ley No.

137-11, del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, y en atención a la posición sostenida durante

las deliberaciones sobre la sentencia adoptada, dejamos constan-

cia de las motivaciones de nuestra decisión.

Luego de revisar la acción de inconstitucionalidad depo-

sitada y expresada más arriba y de la decisión adoptada por

la mayoría de los jueces que componen este Tribunal Cons-

titucional de declararlo inadmisible, es nuestro criterio hacer

de conocimiento, nuestro voto disidente y razonado frente

a la referida decisión, atendiendo los aspectos en cuanto a

los argumentos escritos y al derecho en sí, que se señalan a

continuación:

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1.- Descripción de los hechos

a) Resulta que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil

diez (2010) fue interpuesta una acción de amparo por la Coo-

perativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales

(COOPNASEJU) contra la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), fundamentándose en el artículo 72 de la

Constitución.

b) La parte recurrente permaneció a la espera de la emisión

de la sentencia debido a que dicha acción fue completamente

instruida el 12 de noviembre de 2010, lo que dio motivo para

interponer el 2 de abril del 2012, la presente acción directa de

inconstitucionalidad, ya que la omisión de estatuir por parte

del Tribunal Superior Administrativo viola el artículo 72 de la

Constitución y el artículo 25 de la Convención Americana de

los Derechos Humanos.

2.- Argumentos del Procurador General de la República

Mediante dictamen emitido en fecha 27 de abril de 2012

por el Procurador General de la República, solicita que la pre-

sente acción directa de inconstitucionalidad sea declarada inad-

misible, alegando que la misma carece de fundamento y debe

ser desestimada sin necesidad de ninguna otra consideración

adicional.

3.- Hechos y argumentos de la parte accionante

La accionante razón social Cooperativa Nacional de

Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU)

pretende la inconstitucionalidad por omisión de estatuir del

Tribunal Superior Administrativo, argumentando los siguientes

motivos:

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

La accionante fundamenta su acción de inconstitucionali-

dad, entre otros motivos, en los siguientes:

a) Resulta que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil

diez (2010) fue interpuesta una acción de amparo por la Coo-

perativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales

(COOPNASEJU) contra la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), fundamentándose en el artículo 72 de la

Constitución.

b) La parte recurrente permaneció a la espera de la emisión

de la sentencia debido a que dicha acción fue completamente

instruida el 12 de noviembre de 2010, lo que dio motivo para

interponer el 2 de abril del 2012, la presente acción directa de

inconstitucionalidad.

c) Con posterioridad, y al haber recibido del Tribunal

Constitucional el auto mediante el cual fijaba audiencia para

conocer de la presente acción directa de inconstitucionalidad,

la recurrente recibió el Auto No. 1342-2012 del 6 de junio de

2012, dictado por la Segunda Sala del Tribunal Superior Admi-

nistrativo, mediante el cual afirma que cometió un error en la

forma en que había conocido la acción de amparo y la vuelve a

fijar para el día 13 de junio de 2012.

d) Con esta omisión de estatuir el Tribunal Superior Ad-

ministrativo ha violado el artículo 72 de la Constitución Política

y el artículo 25 numeral 1 de la Convención Americana de los

Derechos Humanos.

e) Al ser el Tribunal Superior Administrativo el órgano

jurisdiccional de primera instancia competente para conocer

de la acción de amparo de que se trata está obligado a la

emisión de la sentencia solicitada con base a los argumentos,

defensas y réplicas obtenidas hasta el 12 de noviembre de

2010.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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f) Dicha Sala se está erigiendo en defensor de la contraparte,

o sea, de la Dirección General de Impuestos Internos, cuan-

do decide de manera oficiosa fijar nueva vez el conocimiento

de la acción sin que se lo haya pedido ninguna de las partes

intervinientes, con lo cual está, además, conculcando derechos

fundamentales.

4.- Deliberaciones

En atención a lo dispuestos en los artículos 26 y 27 de la Ley

No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Pro-

cedimientos Constitucionales, el pleno de este tribunal se reunió

en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012), para

deliberar y conocer sobre la acción de inconstitucionalidad por

omisión interpuesta por la Cooperativa Nacional de Servicios

Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU), contra el

Tribunal Superior Administrativo.

5.- De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución

“Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las

personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del

ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho

toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.”

“Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fun-

damentales, a través de los mecanismos de tutela y protección,

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfac-

ción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores

de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad

en los términos establecidos por la presente Constitución y por

la ley.”

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto

del debido proceso que estará conformado por las garantías

mínimas que se establecen a continuación: 1. El derecho a una

justicia accesible, oportuna y gratuita; 2. El derecho a ser oída,

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente,

independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la

ley; 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada

como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por

sentencia irrevocable; 4. El derecho a un juicio público, oral

y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de

defensa; 5. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por

una misma causa; 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra

sí mismo; 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal

competente y con observancia de la plenitud de las formalida-

des propias de cada juicio; 8. Es nula toda prueba obtenida

en violación a la ley; 9. Toda sentencia puede ser recurrida de

conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la

sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la

sentencia; 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda

clase de actuaciones judiciales y administrativas.”

“Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho

a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por

sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de

sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus,

cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer

efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo,

para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De

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conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario,

oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.”

“Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional

será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones

directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, regla-

mentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de

la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o

de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido; 2. El control preventivo de

los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano

legislativo; 3. Los conflictos de competencia entre los poderes

públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4. Cualquier otra

materia que disponga la ley.”

“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gra-

tuitamente, en nombre de la República, por el Poder judicial.

Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás

tribunales creados por esta Constitución y por las leyes.”

6.- Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La razón por la cual quien suscribe considera que el

presente recurso de inconstitucionalidad debe ser declarado

admisible en cuanto a la forma, es que el mismo cumple con

los requerimientos de admisibilidad descritos en el artículo 37

de la Ley No. 137-11, ya que el recurrente tiene interés legí-

timo y jurídicamente protegido y el mismo contiene especial

trascendencia y relevancia constitucional a nuestro entender,

por lo que hacemos referencia a dicho artículo de referida Ley

No. 137-11:

a) “Artículo 37.- Calidad para accionar. La acción directa en

inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a instancia del Presi-

dente de la República, de una tercera parte de los miembros del

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con

un interés legítimo y jurídicamente protegido”

b) Entendemos que el impugnante tiene calidad para accionar

en revisión por ser parte interesada, y porque está envuelto un

derecho fundamental como lo es la tutela judicial efectiva artí-

culo 69 de la Constitución Dominicana.

c) Observando lo que nos dice el artículo 69 de nuestra Consti-

tución, en relación a la tutela judicial efectiva, hemos analizado

y encontrado factible que los medios invocados por el recurrente

establecen los requisitos que fundamentan la acción directa

de inconstitucionalidad, principalmente por la trascendencia

constitucional que presenta, y observando a la vez, hasta dónde

es el alcance de la interpretación de las inadmisibilidades de

los recursos de inconstitucionalidad. Por tanto conviene que

sea admitida la acción, en cuanto a la forma, por reunir los

requisitos que hemos expresado anteriormente.

Ciertamente, entendemos que los accionantes pretende y

exige que este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

protección de los derechos fundamentales vulnerados citados,

teniendo interés legítimo y jurídicamente protegido, dando

cumplimiento a los artículos 184 y 185.1 de la Constitución; y

para poder entender lo anterior debemos establecer el significado

de la legitimación activa o calidad de un accionante que es: “la

facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder

interponer una acción directa en inconstitucionalidad”, referido

en los mismos artículos antes mencionados, que confieren dicha

condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurí-

dicamente protegido. En consecuencia somos de opinión, que,

ciertamente, el accionante Cooperativa Nacional de Servicios

Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU), tienen

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legitimidad para accionar en inconstitucionalidad, y reiteramos

el desacuerdo de la solución adoptada por la mayoría de los

magistrados que conforman este Tribunal, ya que dicha acción

puede perfectamente, ser declarada ADMISIBLE en cuanto a la

forma, y ACOGIDA en cuanto al fondo.

Esta solución que planteamos, la fundamentamos en que la

accionante Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Ser-

vidores Judiciales (COOPNASEJU), tiene un interés legítimo

protegido, al cimentarse en el aspecto constitucional encontrado

en los artículos 6, 68 y 69 y 72 de nuestra Carta Magna. Si

bien la vía ordinaria judicial se encuentra apoderada sobre el

aspecto de solución de un conflicto, eso no impide que si es su

voluntad, y por demás el derecho a ejercer una acción directa por

la vulneración de un derecho fundamental, lo que le es lesivo,

generando con ello un aspecto de trascendencia que no puede

pasar desapercibido por este Tribunal Constitucional, ya que,

nos encontramos frente al derecho de la tutela judicial efectiva y

la garantía de los derechos fundamentales enfrentados al criterio

del control de constitucionalidad de las actuaciones del Poder

Judicial, como uno de los poderes del Estado.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la revisión

de la acción es frente al control constitucional que los jueces de

este Tribunal deben tener, constituye un aspecto real al cual me

sumaría, y, por tanto, declarar inadmisible la acción no es atina-

do. Pero no desvalorar el hecho que esa acción está concretizada

en medios que envuelven los principios de legalidad y de la tutela

judicial efectiva y debido proceso, los cuales nos impone que la

acción sea acogida en el fondo y no declarar su inadmisibilidad,

como el Tribunal Constitucional ha concluido, ya que el artículo

84 de la Ley No. 137-11, establece que: “una vez el asunto quede

en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión el mismo día de

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

la audiencia en dispositivo y dispone de un plazo de hasta cinco días

para motivarla”.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

• Accesibilidad: Que procura acercar al ciudadano lo más

posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

• Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial

la tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin

demoras innecesarias.

• Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo una

tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

• Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales

y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la garantía

de un derecho fundamental.

Es preciso señalar que este voto disidente se origina, porque

entiendo que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la

legitimación activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Cons-

titución, y el 37 de la Ley No. 13711, Orgánica del Tribunal

Constitucional, y luego de ser examinada esta legitimación,

consideramos que lo siguiente sería analizar el fondo de lo plan-

teado en el expediente para ser fallado, ya que soy de opinión

que el mismo tiempo que usamos para declarar como decisión

la inadmisibilidad de un asunto planteado, es el mismo que em-

pleamos para estudiar el fondo y pronunciarnos en ese sentido

luego de verificar la relevancia y trascendencia constitucional de

lo planteado.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, respetando siempre la decisión

tomada por la mayoría de los miembros de este Honorable Tri-

bunal, ya que, como explicamos en el presente voto, justificamos

nuestra opinión en los fundamentos legales precedentemente

citados, y por lo que soy partidario que la presente acción de-

bió ser declarada ADMISIBLE en cuanto a la forma, ya que la

inadmisión es injustificada, y ACOGIDA en cuanto al fondo,

ordenando al tribunal Superior Administrativo fallar en un plazo

no mayor de cinco días a partir de la recepción de la presente

sentencia, en virtud de lo que establece el citado artículo 84 de

la Ley No. 137-11.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.