Sentencia TC/0087/12

• Páginas: 159-167
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0087/12

Referencia: Expediente No. TC-012010-0015, relativo a la

Acción Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por la

señora Emma Rodríguez y la razón social Repuestos Dionis,

C. por A., contra la Sentencia No. 00648-2010, de fecha

catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010), dictada por

la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación

del Distrito Nacional.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana, a los quince (15) días

del mes de diciembre del año dos mil doce (2012).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FILPO RELATIVO A LA ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA

SEÑORA EMMA RODRÍGUEZ Y REPUESTOS DIONIS

C. POR A. CONTRA LA SENTENCIA NO. 006482010,

DE FECHA CATORCE (14) DE OCTUBRE DE DOS

MIL DIEZ (2010), DICTADA POR LA SEGUNDA SALA

DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE

DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

En virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo

185 numeral 1 de la Constitución, 37 de la Ley No. 137-11,

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitu-

cionales, y en atención a la posición que sostenida durante las

deliberaciones sobre la sentencia adoptada, dejamos constancia

de las motivaciones de nuestra decisión.

Luego de revisar la acción de inconstitucionalidad deposita-

da y expresada más arriba y de la decisión de declararlo inadmi-

sible, tomada por la mayoría de los miembros que conforman el

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pleno de este Honorable Tribunal, es nuestro criterio hacer de su

notorio conocimiento, nuestro DISIDENTE Y RAZONADO

VOTO frente a la referida decisión, atendiendo los aspectos,

en cuanto a los argumentos y al derecho, que se señalan a

continuación:

Descripción de los hechos

El 26 de noviembre de 2010, la señora Emma Rodríguez y

la razón social Repuestos Dionis, C. por A., interpusieron una

acción contra la Sentencia No. 00648-2010, de fecha 14 de

octubre de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,

alegando que dicho tribunal no tomó en cuenta los motivos

analizados, ponderados y enumerados que sustentaban la inad-

misibilidad del acto de notificación de sentencia, marcado con

el número 637-08, instrumentado en fecha diez (10) noviembre

de año dos mil nueve (2009) por el Ministerial Ariel A. Paulino,

Alguacil de Estrado de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Co-

mercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,

violentando según los accionantes, las leyes de procedimiento

civil, el debido proceso y la Constitución de la República

Hechos y argumentos de la parte accionante

El accionante, señora Emma Rodríguez y Repuestos Dionis,

C. por A. pretende la nulidad de la Sentencia No. 00648-2010,

de fecha 14 de octubre de 2010, dictada por la Segunda Sala

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del

Distrito Nacional, argumentando los siguientes motivos:

a) “En fecha 14 de octubre del 2010, la Segunda Sala de la

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito

Nacional, dictó su sentencia No. 0648-2010, la cual en uno

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de sus considerando reza: “que procede declarar bueno y válido

en cuanto a la forma el presente recurso, luego de haber sido

observados los actos correspondientes, por haber sido interpuesto

en tiempo hábil.”

b) “Con esta sentencia, el referido tribunal ha validado un acto

que la misma ley declara nulo, a la vez que revoca en todas

sus partes la Sentencia No. 324-2009 dictada por la Cuarta

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Nacional, la cual rechaza en cuanto al

fondo la demanda en daños y perjuicios incoada por el señor

Julio Manuel peralta Rodríguez en contra de la accionante.”

c) “La sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Na-

cional, no contiene los fundamentos que la justifican, ya que

carece de motivación que explique por qué no tomó en cuenta los

motivos analizados, ponderados y enumerados que sustentaban

la inadmisibilidad del acto de notificación de sentencia No.

637-08, violando con ello las leyes de procedimiento civil, el

debido proceso y, sobre todo, la Constitución de la República,

todo en perjuicio de la parte recurrida.”

Deliberaciones

En atención a lo dispuestos en los artículos 26 y 27 de la

Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, el Pleno de éste Tribunal se

reunió en fecha dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012),

para deliberar y conocer sobre el recurso de inconstitucionalidad

directa interpuesto por la señora Emma Rodríguez y la razón

social Repuestos Dionis, C. por A., contra la Sentencia No.

00648-2010, de fecha 14 de octubre del 2010, dictada por la

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de

Apelación del Distrito Nacional.

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De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución

“Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las

personas y los órganos que ejercen potestades públicas están

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del

ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho

toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta

Constitución.”

“Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fun-

damentales, a través de los mecanismos de tutela y protección,

que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción

de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los

mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los po-

deres públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los

términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.”

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,

tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto

del debido proceso que estará conformado por las garantías

mínimas que se establecen a continuación: 1. El derecho a una

justicia accesible, oportuna y gratuita; 2. El derecho a ser oída,

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente,

independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la

ley; 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada

como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por

sentencia irrevocable; 4. El derecho a un juicio público, oral

y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de

defensa; 5. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por

una misma causa; 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra

sí mismo; 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal

competente y con observancia de la plenitud de las formalida-

des propias de cada juicio; 8. Es nula toda prueba obtenida

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

en violación a la ley; 9. Toda sentencia puede ser recurrida de

conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la

sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la

sentencia; 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda

clase de actuaciones judiciales y administrativas.”

“Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional

será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones

directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, regla-

mentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de

la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o

de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido; 2. El control preventivo de

los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano

legislativo; 3. Los conflictos de competencia entre los poderes

públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4. Cualquier otra

materia que disponga la ley.”

Legitimidad y admisibilidad de la solicitud de

inconstitucionalidad planteada

La razón por la cual el presente recurso de inconstituciona-

lidad debe ser declarado admisible en cuanto a la forma, es que el

mismo cumple con los requerimeintos de admisibilidad descrito

en el Artículo 100 de la Ley No. 137-11, ya que el mismo contie-

ne especial trascendencia y relevancia constitucional, a nuestro

entender, porque envuelve situaciones entre personas, físicas y

jurídicas, y el Estado , por lo que citamos dichos artículos de

referida Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales:

a) Artículo 53, numeral 3, literal b, “Revisión constitucio-

nal de decisiones jurisdiccionales. El Tribunal Constitucio-

nal tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de

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proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos: … 3) Cuando se haya producido una violación

a un derecho fundamental, siempre que concurran y se cum-

plan todos y cada uno de los siguientes requisitos: … b) Que

se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada…”

b) “Artículo 100.- Requisitos de Admisibilidad. La admisibi-

lidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o rele-

vancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación

y general eficacia de la Constitución, o para la determinación

del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos

fundamentales”

c) Entendemos que el impugnante tiene calidad para accionar

en revisión por ser parte interesada, y porque está envuelto un

derecho fundamental como lo es la tutela judicial efectiva.

d) Observando lo que nos dice el artículo 69 de nuestra Consti-

tución, en relación a la tutela judicial efectiva, hemos analizado

y encontrado factible que los medios invocados por los recurrentes

establecen los requisitos que fundamentan la admisibilidad de

este recurso de revisión, principalmente por la trascendencia

constitucional, y observa a la vez, hasta dónde es el alcance

de la interpretación de las inadmisibilidades de los recursos

de inconstitucionalidad. Por tanto conviene que sea admitido

el recurso, en cuanto a la forma, por reunir los requisitos que

hemos expresado anteriormente.

Ciertamente, entendemos que los accionantes pretenden y

exigen que este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

protección de los derechos fundamentales vulnerados citados,

teniendo interés legítimo y jurídicamente protegido, dando

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

cumplimiento a los artículos 184 y 185.1 de la Constitución;

y para poder entender lo anterior debemos establecer el signi-

ficado de la legitimación activa o calidad de un accionante que

es: “la facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para

poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad”,

referido en los mismos artículos antes mencionados, que con-

fieren dicha condición a toda persona revestida de un interés

legítimo y jurídicamente protegido. En consecuencia somos

de opinión, que, ciertamente, los accionantes, la señora Emma

Rodríguez y la razón social Repuestos Dionis C. por A., tienen

legitimidad para accionar en inconstitucionalidad, y reiteramos

el desacuerdo de la solución adoptada por la mayoría de los

magistrados que conforman este Tribunal, ya que dicha acción

puede perfectamente, ser declarada ADMISIBLE en cuanto a la

forma, y RECHAZADA, en cuanto al fondo.

Esta solución que planteamos, la fundamentamos en que

los accionantes, la señora Emma Rodríguez y la razón social Re-

puestos Dionis C. por A., tienen un interés legítimo protegido, al

cimentarse en el aspecto constitucional encontrado en los artícu-

los 6, 68 y 69 51 de nuestra Carta Magna. Si bien la vía ordinaria

judicial se encuentra apoderada sobre el aspecto de solución de

un conflicto, eso no impide que si es su voluntad., y por demás

el derecho a ejercer una acción directa por la vulneración de un

derecho fundamental, lo que le es lesivo, generando con ello un

aspecto de trascendencia que no puede pasar desapercibido por

este Tribunal Constitucional, ya que, nos encontramos frente

al derecho de la tutela judicial efectiva, enfrentado al criterio

del control de constitucionalidad de las actuaciones del Poder

Judicial, como uno de los poderes del Estado.

En ese sentido, si nos situamos en el hecho de que la revisión

de la acción es frente al control constitucional que los jueces de

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este Tribunal deben tener, constituye un aspecto real al cual me

sumaría, y, por tanto, acoger la acción no es atinado. Pero no

desvalorar el hecho que esa acción está concretizada en medios

que envuelven los principios de legalidad y de la tutela judicial

efectiva, los cuales nos impone que la acción sea rechazada en

el fondo y no declarar su inadmisibilidad, como el Tribunal

Constitucional ha concluido.

Examinando el objetivo principal de la justicia constitu-

cional, que es garantizar la supremacía de la Constitución y la

protección de los derechos fundamentales, debió tener en cuenta

los siguientes aspectos:

• La accesibilidad: Que procura acercar al ciudadano lo

más posible a la justicia, sin obstáculos y libres de formalismos.

• Celeridad: Los procesos constitucionales y en especial

la tutela de los derechos fundamentales deben resolverse sin

demoras innecesarias.

• Efectividad: Para hacer efectiva la tutela de los derechos

fundamentales, el Tribunal Constitucional puede utilizar los

medios más idóneos y adecuados en cada caso, concediendo

una tutela judicial diferenciada cuando el caso lo amerite.

• Favorabilidad: La justicia constitucional interpreta en

favor de la efectividad de la tutela de los derechos fundamen-

tales y ninguna disposición legal puede suprimir o limitar la

garantía de un derecho fundamental.

Es preciso señalar que este voto disidente se origina, porque

entiendo que la sentencia en cuestión no aborda el aspecto de la

legitimación activa consagrada en el Artículo 185.1 de la Cons-

titución, y el 37 de la Ley No. 13711, Orgánica del Tribunal

Constitucional, y luego de ser examinada esta legitimación,

consideramos que lo siguiente sería analizar el fondo de lo plan-

teado en el expediente para ser fallado, ya que soy de opinión

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

que el mismo tiempo que usamos para declarar como decisión

la inadmisibilidad de un asunto planteado, es el mismo que em-

pleamos para estudiar el fondo y pronunciarnos en ese sentido

luego de verificar la relevancia y trascendencia constitucional de

lo planteado.

Por lo tanto, reitero mi posición planteada de estar en des-

acuerdo con la presente decisión de declarar inadmisible dicho

recurso de inconstitucionalidad, respetando siempre la decisión

tomada por la mayoría de los miembros de este Honorable Tri-

bunal, ya que, como explicamos en el presente voto, justificamos

nuestra opinión en los fundamentos legales precedentemente ci-

tados, y por lo que soy partidario que la presente acción debió ser

declarada ADMISIBLE en cuanto a la forma, y RECHAZADA,

en cuanto al fondo, ya que la inadmisión, a nuestro entender es

injustificada.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.