Sentencia TC/0087/13

• Páginas: 189-193
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0087/13

Referencia: Expediente TC-01-20120073, relativo a

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por

Construcciones Civiles y Marítimas C. por A. (COCIMAR),

y la señora Noemí Penzo de Nordbruch, contra la sentencia

No. 321, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil doce

(2012), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,

Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la

Suprema Corte de Justicia

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los cuatro (4) días

del mes de junio del año dos mil trece (2013)

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ

FILPO, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA

TC/0087/13, DE FECHA CUATRO (4) DE JUNIO

DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del

año dos mil once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

La empresa Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A.,

mediante instancia recibida el once (11) de octubre de dos mil

doce (2012), interpuso ante este Tribunal una acción directa de

inconstitucionalidad contra la Sentencia No. 321, dictada en

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fecha treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012), por la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se rechaza

el recurso de casación interpuesto, confirmando la Sentencia

Laboral No. 198/2009, de fecha veintinueve (29) de septiembre

de dos mil nueve (2009), mediante la cual se condena a la razón

social Construcciones Civiles y Maritimas, C. por A., al pago

de la asistencia económica a favor de los señores Isidro Miguel

Mejías Acosta, Rosanna Mejías Acosta y Martín Mejías Acosta.

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayori-

tario en la dirección de declarar inadmisible la acción de in-

constitucionalidad de referencia, en virtud de que las sentencias

jurisdiccionales, no son actos susceptibles de ser impugnados

por la vía directa de inconstitucionalidad. La decisión adoptada

plantea una cuestión que nos lleva a salvar el voto de la posición

asumida por la mayoría y que entendemos reviste trascendencia

constitucional, por lo que dejamos constancia de las motivacio-

nes de nuestra decisión.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque la presen-

te sentencia no aborda el aspecto de la legitimación activa con-

sagrada en el artículo 185.1 de la Constitución de la República,

y el artículo 37 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Legitimidad de la accionante y rechazo de la acción directa de

inconstitucionalidad planteada

La razón por la cual quienes suscriben, consideran que

la presente acción de inconstitucionalidad debe abordar la

legitimación activa, es que la accionante cumple con los reque-

rimientos de admisibilidad descrito en el artículo 37 de la ley

No. 137-11, el cual establece que: “Calidad para accionar.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido”, ya que

la accionante tiene interés legítimo y jurídicamente protegido

para accionar en inconstitucionalidad por ser parte interesada,

y porque está envuelto un derecho y una garantía fundamental

como lo es la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69

de la Constitución Dominicana.

Observando el artículo 69 de la Constitución, en relación

a la tutela judicial efectiva, hemos analizado y encontrado

factible que los medios invocados por la parte accionante es-

tablecen los requisitos que fundamentan la acción directa de

inconstitucionalidad.

Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucional en relación

con la legitimidad de la accionante ante la acción directa de

inconstitucionalidad planteada

Entendemos que la accionante pretende y exige que este

Tr i b u n a l Co n s t i t u c i o n a l , g a r a n t i c e l a s u p r e m a c í a d e la Co n s -

titución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales precedentemente citados, los cuales

alega le han sido vulnerados, y en la presente decisión el Tribunal

no aborda si la accionante tiene o no legitimidad para accionar

ante este colegiado, razón por la cual presentamos el presente

voto salvado para abordar esa parte tan importante para el siste-

ma constitucional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento

de si un accionante es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene

legitimidad o no para accionar y así darle fiel cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 185.1 de la Constitución; y para poder

entender nuestra posición, debemos establecer el significado

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de legitimación activa o calidad de un accionante que es: “La

facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder

interponer una acción directa en inconstitucionalidad referido en

el mismo artículo antes mencionado, que confiere dicha condición

a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente

protegido¨ por lo que entendemos que este Tribunal debió de

referirse y abordar sobre la legitimidad o no de la accionante,

la razón social Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A.

(COCIMAR).

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

37 de la Ley 137-11 y 185.1 de la Constitución que el tribunal

no es competente para conocer de las acciones directas de in-

constitucionalidad contra decisiones jurisdiccionales, ya que no

cumple con los requerimientos de los referidos artículos, el cual

citamos anteriormente por lo que estamos de acuerdo con la

conclusión y fallo final del presente expediente, pero objetamos

la exclusión argumentativa sobre la legitimidad o no de la accio-

nante en la presente decisión.

Consideramos que el tribunal debió realizar una interpreta-

ción contextualizada y conforme a la Constitución. y las normas

previstas en los artículos 37 de la Ley 137-11 y 185.1 de la

Constitución, de manera que sobre la base de dicha interpreta-

ción debió ingresar a la legitimidad de la accionante para actuar

por ante este colegiado en acción directa de inconstitucionalidad

y posteriormente abordar la inadmisibilidad de la misma por

haber sido interpuesta contra una decisión jurisdiccional que no

es susceptible de ser atacada por esa vía por ante este Tribunal

Constitucional, sino por el recurso de revisión de decisión juris-

diccional contemplado en los artículos 53 y siguientes de la Ley

No. 13711.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Posible solución procesal

Tomando como base los argumentos precedentemente

expuestos, somos de criterio que la solución procesal a la

cuestión planteada, es que tanto en la presente decisión y al

decidir en lo adelante los apoderamientos de acciones directas

de inconstitucionalidad, este Tribunal debe pronunciarse en

todo momento, en el sentido de si la accionante tiene o no

legitimidad procesal activa o capacidad para accionar, para

el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en los

artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Referida Ley No.

137-11.

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto;

Rafael Díaz Filpo Juez