Sentencia TC/0089/14

• Páginas: 317-328
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0089/14

Referencia: Expediente núm. TC-012013-0036 relativo a la

acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Clínica

Unión Médica Del Norte, S.A.S. contra la Resolución núm.

2520-2001 dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento

del municipio Santiago, del fecha veintitrés (23) de enero de

dos mil uno (2001)

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los veintiséis (26)

días del mes de mayo de dos mil catorce (2014).

VOTO DISIDENTE DE LOS MAGISTRADOS LINO

VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales de fecha trece (13) de junio

del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de los

honorables jueces que en mayoría de votos concurrentes apro-

baron la sentencia de que se trata, formulamos el presente voto

disidente, pues nuestra divergencias se sustentan en la posición

que defendimos en el Pleno con relación a la acción de incons-

titucionalidad incoada por la Clínica Unión Médica del Norte,

S. A., contra la Resolución núm. 2520-2001, dictada por la Sala

Capitular del Ayuntamiento del municipio Santiago en fecha

23 de enero de 2001, por entender que desde el punto de vista

procesal no es posible una decisión que inadmita parcialmente

la acción, y luego conozca el fondo de la misma; motivo de

disidencia que resumidamente exponemos a continuación:

RAFAEL DÍAZ FILPO

318

VOTO DISIDENTE:

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO

ANTECEDENTES

1. Mediante instancia recibida en fecha veintiuno (21) de

mayo de dos mil trece (2013), la Clínica Unión Médica Del

Norte, S.A., interpuso ante el Tribunal Constitucional una ac-

ción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución núm.

2520-2001, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento

del municipio de Santiago en fecha veintitrés (23) de enero

de dos mil 2001, que establece una contribución a favor del

municipio de cien pesos con 00/100 (RD$100.00) mensuales

por cada espacio de estacionamiento de un vehículo; dicha

acción ha sido interpuesta con el fin de que sea declarada la in-

constitucionalidad de la mencionada resolución, por presunta

violación de los artículos 6, 69, 73 y 200 de la Constitución

de la República.

2. La mayoría de los honorables jueces que integran este

Tribunal han concurrido declarando inadmisible parcialmente

la acción, procediendo posteriormente a acoger en cuanto a la

forma y el fondo la misma, decidiendo que la referida resolución

no es conforme con la Constitución.

II. ALCANCE DEL VOTO: LA SENTENCIA ATACADA

INADMITE Y RECHAZA PARCIALMENTE LA ACCION,

CONTRADICIENDO LO PRECEPTUADO EN EL

ARTICULO 44 DE LA LEY 137-11.

3. En su epígrafe “10 denominado “Inadmisibilidad

parcial de la acción. Rechazo de la Acción, la decisión del

319

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Tribunal, se fundamenta, entre otras, en las siguientes

motivaciones:

“10.1. De manera previa, es preciso que nos pronunciemos al

tenor de los fundamentos que conllevan a este Tribunal a in-

admitir, de manera parcial, la acción de inconstitucionalidad.

10.2. La recurrente invoca la violación del artículo 69 de la

Constitución. Sin embargo, no correlaciona los argumentos en

respaldo a lo argüido, o sea, no ofrece los motivos por los cuales

la resolución atacada es contraria a la norma constitucional.

10.3. Se verifica entonces que, en sus pretensiones, el accionante

no ha cumplido con los presupuestos requeridos en el orden de los

procedimientos constitucionales, al no exponer, de conformidad

con lo preceptuado en el artículo 38 de la referida Ley 137-11,

“sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las

disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas. En este

tenor, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en ocasión

anterior: “La presente acción de inconstitucionalidad comporta

(…) situaciones que impiden el examen de los alegados a que esta se

contrae. (…) el accionante no le expresa al tribunal las razones por

las cuales existe infracción constitucional (…) limitándose a señalar

varios artículos de la Constitución sin subsumir los mismos al caso

en cuestión. (…) En consecuencia, el fundamento de esta instancia

carece de los elementos que justificarían una acción en inconstitu-

cionalidad, pues en estas es preciso identificar objetivamente una

norma jurídica que colida con la Constitución67.

10.4. La legislación comparada fue igualmente aplicada en la

especie:

“Sobre este punto la Corte Constitucional de Colombia ha

señalado lo siguiente “El juicio de constitucionalidad de una

67 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0062/12, de fecha 29 de no-

viembre del 2012. 4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C-353-98.

RAFAEL DÍAZ FILPO

320

norma requiere como condición irredimible la de determinar,

mediante la exposición razonada y ponderada del concepto de

la violación, si existe una oposición objetiva entre el contenido

de la disposición enjuiciada y lo que dispone sobre ese particular

la constitución política. Es como resultado de esa confrontación

que el juez constitucional puede establecer si la norma acusada se

somete o no al ordenamiento supralegal que se dice desconocido

[Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C-353-98].4

10.5. Por lo anterior, y tomando en cuenta los precedentes antes

referido, y las exigencias del artículo 38 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, procede declarar la inadmisibilidad parcial

de la presente acción directa de inconstitucionalidad, ante la

imposibilidad por parte de este tribunal de realizar una valora-

ción objetiva de la acción en lo relativo a la alegada violación

al artículo 69 de la Constitución, por carecer de presupuestos

argumentativos que fundamenten jurídicamente la alegada

inconstitucionalidad.

4. Nuestro voto disidente intenta demostrar que al analizar

los citados argumentos de la Sentencia, de manera particular el

contenido del precedente de la Sentencia TC/0062/12 y la ju-

risprudencia comparada C-353-98, tomadas como fundamento

para comprobar que la acción en cuestión carece de los requisitos

exigidos por el artículo 38 de la referida Ley 137-11, no constitu-

yen el mismo supuesto que ahora decide el Tribunal, puesto que

mediante esas decisiones fueron resueltas las inadmisibilidades

de las acciones sin necesidad de abocarse al conocimiento del

fondo, es decir, por haberse determinado que todos los motivos

de inconstitucionalidad alegados, sin excepción68, no fueron

fundamentados en forma clara y precisa, limitándose las partes

68 El subrayado es nuestro.

321

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

accionantes a señalar varios artículos de la Constitución sin

subsumir los mismos al caso en cuestión, razón por la cual, se

inadmitió la acción en forma total.

5. Esta situación se pone de manifiesto en la citada Sentencia

TC/006 2/12, donde el Tribu nal de spués de un juicio de confron-

tación de los argumentos expuestos en la instancia que contiene la

acción de inconstitucionalidad con las previsiones constitucionales

que alegadamente violaría la Ley No. 112-0069 sobre Hidrocarburos,

determinó que el accionante no le expresa al tribunal las razones por

las cuales existe infracción constitucional en la ejecución de la citada

ley sobre hidrocarburos, es decir, porque no precisa objetivamente

una norma jurídica que colida con la Constitución, procediendo a

declarar la inadmisibilidad total de la acción.

6. Asimismo, en la citada Sentencia C-353-98 de la

doctrina comparada, la Corte de Colombia destaca la falta de

confrontación directa de los argumentos del accionante con las

disposiciones constitucionales que se alegan vulneradas, puesto

que la hipótesis u suposición de que la aplicación concreta de las

normas impugnadas pueden desconocer sus derechos subjetivo

no son suficientes para realizar dicho examen; derivando de ello

una inhibición por ineptitud sustantiva de la Corte sobre la

totalidad de la acción.

7. Sin embargo, en la especie, la accionante no solamente

invoca la violación de la resolución respecto al artículo 69 de

la Constitución, sino también, de los artículos 6, 73, 93 y 200

de la Carta Magna, violaciones éstas últimas que el Tribunal

comprobó que fueron alegadas de manera precisa, quedando de

esta manera probado que los citados precedentes utilizados para

justificar la decisión no comportan el mismo supuesto analizado;

69 Esta Ley es de fecha 27 de diciembre del año 2000.

RAFAEL DÍAZ FILPO

322

que siendo así las cosas procedía admitir de manera total la acción

de inconstitucionalidad y abocarse al conocimiento del fondo

en relación a todos los motivos de inconstitucionalidad como

lo manda la citada Ley Orgánica que rige los procedimientos

constitucionales.

8. En efecto, los artículos 44 y 45 de la citada Ley núm.

137-11, disponen lo siguiente:

“Denegación de la Acción. Las decisiones que denieguen la

acción, deberán examinar todos los motivos de inconstituciona-

lidad70 que se hubieren alegado para fundamentarla. Única-

mente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no

producirán cosa juzgada”.

“Acogimiento de la Acción. Las sentencias que declaren la

inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de

la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y

eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación

regirá a partir de la publicación de la sentencia.

9. De lo previamente analizado podemos inferir, que en los

citados artículos 44 y 45 de la Ley 137-11, se establece un man-

dato al Tribunal para que todos los medios de inconstitucionali-

dad alegados sean debidamente examinados; acogiendo aquéllos

donde se haya comprobado una colisión con la Constitución y

denegando la acción en los aspectos donde no se comprobare tal

violación. Lo que nos permite afirmar que cuando el Tribunal se

decanta por la inadmisibilidad de la acción por falta de precisar

los motivos alegados tiene que ser total, nunca parcial71.

10. La facultad que puede ejercer el Tribunal Cons-

titucional para acoger o denegar la acción directa de

70 El subrayado es nuestro.

71 El subrayado es nuestro.

323

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

inconstitucionalidad no solo toca aspectos relativos al modelo

de control instaurado, sino también al diseño de la cuestión

de índole procesal que delimita sus ámbitos de actuación. La

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que de paso tam-

bién es su ley procesal, aunque configura un régimen procesal

autónomo, no precisa causales de inadmisión en la acción

directa como procedimiento constitucional, sino que man-

da a suplirse en forma subsidiaria de las normas procesales

afines a la materia discutida, para solucionar imprevisiones,

oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de la misma, siempre

y cuando no contradigan sus fines72.

11. En ese sentido, cabe recordar que los tribunales ordina-

rios cuando aplican el artículo 44 de la Ley 834 del 15 de julio

de 197873, el cual expresa que “Constituye una inadmisibilidad

todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en

su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar,

tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el

plazo prefijado, la cosa juzgada, y determinan la existencia de

una de estas u otras causales, declara la inadmisibilidad total

de la acción sin necesidad de conocer el fondo, nunca de ma-

nera parcial74, lo cual es jurisprudencia constante y sostenida,

pues la inadmisibilidad es la justificación del efecto inmediato

que exime al tribunal y a las partes de conocer el fondo; por

el contrario, cuando el tribunal procede a conocer el fondo es

porque no existe ningún medio que haga declarar al adversario

inadmisible en su demanda.

72 Artículo 7.12 de la Ley 137-11.

73 Artículo 44 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978 [que abroga y modifica algunas

disposiciones en materia de procedimiento civil y hace suyas las más recientes y

avanzadas reformas que hasta ese momento se habían producido en el Código de

Procedimiento Civil Francés].

74 El subrayado es nuestro.

RAFAEL DÍAZ FILPO

324

12. En derecho procesal común no está en discusión hoy

día que los fines de inadmisión persiguen aniquilar la acción

del adversario y cuando son acogidos impiden pronunciamiento

sobre el derecho. En relación a lo previamente argumentado la

doctrina ha mantenido los criterios siguientes:

“(…) Constituye inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer

declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen

al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de

calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la

cosa juzgada. Esta enumeración no contiene todos los medios de

inadmisión. Basta recordar que la ley no es la única fuente de los

fines de inadmisión, pues algunos se establecen contractualmen-

te. (…) El fin de inadmisión es un medio para eludir el fondo

del debate. (…) Cuando el fin de inadmisión tiene carácter de

orden público, el juez debe acogerlo de oficio”75.

13. Al respecto el procesalista Guy Block conceptualiza lo

siguiente:

“que el medio de inadmisión es un medio de defensa que im-

pide al juez estatuir sobre el fondo de una pretensión, cuando

es competente y regularmente apoderado, identificando en este

concepto tres elementos: 1) se trata de un medio de defensa que

ataca una pretensión (Limite de su campo de aplicación); 2) éste

impide al juez estatuir sobre el fondo de la pretensión (función

procesal), y 3) éste no puede aplicarse sino hasta que las etapas

lógicas del proceso que le son anteriores sean atravesadas, a saber

que el juez sea competente y regularmente apoderado (lugar en el

proceso)76. Si en este caso todos los motivos constitucionales ale-

75 PÉREZ MÉNDEZ, Artagñan. Procedimiento Civil I, tercera edición, 1987, página

32; Art. 44 de la Ley 834 de 1978; M. Hébraud, Rév. Trim. 1972, 809; Art. 47 in

fine de la Ley 834 de 1978.

76 ESTÉVEZ LAVANDIER, Napoleón R. Ley No. 834 de 1978, Comentada y anotada

en el orden de sus artículos, con doctrina y jurisprudencia dominicana y francesa, tercera

edición, 2012, páginas 266 y 267.

325

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

gados estuvieran viciados por una causa de inadmisibilidad, el

segundo elemento sería el aplicable en este proceso, impidiéndole

al juez estatuir sobre el fondo de la pretensión por tratarse de

una cuestión procesal y previo al mismo»

14. En relación a los efectos procesales que tienen los fines

de inadmisión como medios de defensa señala la doctrina:

“Los medios de inadmisión apuntan precisamente a cuestionar

el derecho de acción. Luego si el tribunal acoge un medio de

inadmisión lo que le dice al demandante o al apelante es: usted

carece de derecho para accionar en justicia, sanción que se aplica

tanto en el primer grado como ante la alzada”.77

15. Sobre la diferencia entre admisibilidad e inadmisibili-

dad, Andrea Fadelli, doctrinaria argentina, ha dicho:

“(…) Propiamente la admisibilidad de la pretensión, se en-

cuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales que

habiliten su tramitación, pero su declaratoria de ningún modo

implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido

en el proceso.

Por el contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se origina

por la falta de cumplimiento de esas exigencias que impiden

la prosecución del proceso. (...) la inadmisibilidad está referida

al incumplimiento de determinados presupuestos que hacen

inviable el inicio del procedimiento (…)”.78

77 READ, Alexis. Los Medios de Inadmisión en el Proceso Civil Dominicano, Volumen

1, Primera edición 2012, página 88; SCJ, sent 8 de abril de 1970, B. J. 713 p. 669-

670; SCJ Primera Cámara, sent de 11 de julio de 2001. 1088, p. 79-85; sent No. 6

de 11 de agosto de 2004, prec.

78 FADELLI, Andrea. Archivo para la categoría ‘INADMISIBILIDAD E IMPROCE-

DENCIA.’DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE INADMISIBILIDAD E IM-

PROCEDENCIA.http://blogsdelagente.com/estudiofadelli/category/inadmisibili-

dad-e improcedencia/

RAFAEL DÍAZ FILPO

326

16. La argumentación de la Sentencia cuando determina

que la alegada vulneración de la resolución del artículo 69 de

la Constitución no cumple con lo establecido en el artículo 38

de la indicada Ley 137-11, es correcta para decidir y por tanto

la compartimos; sin embargo, esta no debió estar contenida en

un epígrafe independiente denominado incorrectamente “Inad-

misibilidad parcial de la acción, Rechazo de la Acción”, debido

a que como hemos comprobado, la pretendida inadmisibilidad

parcial es contraria a lo establecido en el artículo 44 de la misma

ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

17. En ese sentido, la fundamentación de este aspecto de la

Sentenca debió desarrollarse en el epígrafe relativo al “Acogimien-

to Parcial de la Acción”, no a la admisibilidad de la cuestión, en

tanto esta no puede ser parcial, sin necesidad de que la desestima-

ción de este motivo de constitucionalidad planteado figurara en

el dispositivo de la sentencia, conjuntamente con las motivaciones

que comprueban la violación de la resolución de los artículos 6,

73, 93 y 200 de la Ley Sustantiva y que constituye el fundamento

para el acogimiento de la acción. (Artículo 45 de la Ley 137-11).

18. En este proceso la inadmisibilidad no es viable, debido

a que la accionante cumplió con los requisitos que habilitan

la tramitación al cumplir las exigencias establecidas por la ley

al momento de ejercer la acción, debiendo ser declarada pura

y simplemente la admisibilidad de la acción y posteriormente

comprobar si sus alegaciones tenían méritos; prueba de ello es

que el Tribunal después de declarar incorrectamente la inadmisi-

bilidad, admite la acción y determina en el fondo las vulneracio-

nes a la Constitución en lo relativo a los citados artículos 6, 73,

93 y 200 contenidos en la misma.

19. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han estable-

cido que si después de acoger un medio de inadmisión, el juez

327

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

examina el fondo del litigio, (…), incurre en un exceso de poder.

En esa misma línea la Tercera Cámara de la Suprema Corte de

Justicia ha dicho que incurre en contradicción el tribunal que

declara inadmisible una demanda y luego se declara incompe-

tente.79Aunque el supuesto no es el mismo, sin embargo, en

el caso de la especie es válido su análisis, para que se entienda

la violación procesal cometida por el Tribunal al proceder de

manera contradictoria declarando la inadmisibilidad parcial de

la acción y posteriormente admitirla y acogerla en cuanto a la

forma y el fondo.

21. Conviene recordar, como bien lo ha expresado el Tri-

bunal en otras oportunidades, la motivación de la sentencia se

entiende satisfecha cuando se sostiene en motivos suficientes

que la justifiquen y consecuentemente, legitimen80 su facultad

para decidir la controversia; la debida motivación es una de las

garantías del derecho fundamental al debido proceso y la tutela

judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artícu-

los 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una

correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la

propuesta de solución18.

III. EN CONCLUSIÓN

22. Tomando como fundamento las motivaciones anterio-

res, podemos afirmar y concluir, que el Tribunal Constitucional

al fallar determinando la inadmisibilidad parcial de la acción

79 READ, Alexis) Los Medios de Inadmisión en el Proceso Civil Dominicano, ob citada,

páginas 89 y 90; Cass. 2e Civ. 20 de junio de 1985, Bull. Civ. No. 123; Cass. 3e Civ.

4 de octubre de 1995, Revue Procédures 1995 No. 293, Obs. Perrot; SCJ, Tercera

Cámara, Sent No. 2 de 1 de diciembre de 2004, B. J. No. 1129, p. 572.

80 Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013, literales “d” y “e”, respectiva-

mente, página 13. 18 Sentencia TC/0017/13 del 20 de febrero de 2013, literal “a”,

páginas 10-11.

RAFAEL DÍAZ FILPO

328

en inconstitucionalidad, y luego conocer el fondo acogiendo la

misma, ha cometido una violación de carácter procesal consti-

tucional que vulnera los artículos 44 de la referida Ley 137-11 y

44 y siguientes de la Ley 834 de 1978.

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto;

Rafael Díaz Filpo, Juez.