Sentencia TC/0095/13

• Páginas: 195-199
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0095/13

Referencia: Expediente TC-01-20120071, relativo a la

acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor

Héctor Enrique Félix contra la sentencia No. 68-2012, de

fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012),

dictada por la Corte de Apelación Civil del Departamento

Judicial de San Cristóbal.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los cuatro (4) días

del mes de junio del año dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ

FILPO, EN RELACIÓN A LA SENTENCIA

TC/0095/13, DE FECHA CUATRO (4) DE JUNIO

DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del

año dos mil once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

El señor Héctor Enrique Féliz, mediante instancia recibida

el trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), interpuso

ante este Tribunal una acción directa de inconstitucionalidad

contra la Sentencia No. 68-2012, dictada en fecha veintinueve

(29) de marzo de dos mil doce (2012), por la Cámara Civil de la

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal,

RAFAEL DÍAZ FILPO

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mediante la cual se acoge el recurso de apelación interpuesto

contra la Sentencia No. 00542-2008, dictada en fecha nueve

(9) de octubre de dos mil ocho por la Cámara Civil y Comercial

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San

Cristóbal.

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayori-

tario en la dirección de declarar inadmisible la acción de in-

constitucionalidad de referencia, en virtud de que las sentencias

jurisdiccionales, no son actos susceptibles de ser impugnados

por la vía directa de inconstitucionalidad. La decisión adoptada

plantea una cuestión que nos lleva a salvar el voto de la posición

asumida por la mayoría y que entendemos reviste trascendencia

constitucional, por lo que dejamos constancia de las motivacio-

nes de nuestra decisión.

Es preciso señalar que este voto se origina, porque la presen-

te sentencia no aborda el aspecto de la legitimación activa con-

sagrada en el artículo 185.1 de la Constitución de la República,

y el artículo 37 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Legitimidad de la accionante y rechazo de la acción directa de

inconstitucionalidad planteada

La razón por la cual quienes suscriben, consideran que

la presente acción de inconstitucionalidad debe abordar la

legitimación activa, es que el accionante cumple con los reque-

rimientos de admisibilidad descrito en el artículo 37 de la ley

No. 137-11, el cual establece que: “Calidad para accionar.

La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido”, ya que

el accionante tiene interés legítimo y jurídicamente protegido

para accionar en inconstitucionalidad por ser parte interesada,

y porque está envuelto un derecho y una garantía fundamental

como lo es la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69

de la Constitución Dominicana.

Observando el artículo 69 de la Constitución, en relación

a la tutela judicial efectiva, hemos analizado y encontrado

factible que los medios invocados por la parte accionante es-

tablecen los requisitos que fundamentan la acción directa de

inconstitucionalidad.

Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad de la accionante ante la acción directa

de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que el accionante pretende y exige que este

Tribunal Constitucional, garantice la supremacía de la Cons-

titución, la defensa del orden constitucional y la protección

de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al

debido proceso, los cuales alega le han sido vulnerados, y en

la presente decisión el Tribunal no aborda si el accionante tiene

o no legitimidad para accionar ante este colegiado, razón por la

cual presentamos el presente voto salvado para abordar esa parte

tan importante para el sistema constitucional y sus garantías,

como lo es el pronunciamiento de si un accionante es legítimo

o no ante el Tribunal, si tiene legitimidad o no para accionar y

así darle fiel cumplimiento a lo estipulado en el artículo 185.1

de la Constitución; y para poder entender nuestra posición,

debemos establecer el significado de legitimación activa o

calidad de un accionante que es: “La facultad que ostentan las

personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa

RAFAEL DÍAZ FILPO

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en inconstitucionalidad referido en el mismo artículo antes mencio-

nado, que confiere dicha condición a toda persona revestida de un

interés legítimo y jurídicamente protegido¨ por lo que entendemos

que este Tribunal debió de referirse y abordar sobre la legitimidad

o no del accionante, el señor Héctor Enrique Félix.

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

37 de la Ley 137-11 y 185.1 de la Constitución que el tribunal

no es competente para conocer de las acciones directas de in-

constitucionalidad contra decisiones jurisdiccionales, ya que no

cumple con los requerimientos de los referidos artículos, el cual

citamos anteriormente por lo que estamos de acuerdo con la

conclusión y fallo final del presente expediente, pero objetamos

la exclusión argumentativa sobre la legitimidad o no del accio-

nante en la presente decisión.

Consideramos que el tribunal debió realizar una interpreta-

ción contextualizada y conforme a la Constitución y a las normas

previstas en los artículos 37 de la Ley 137-11 y 185.1 de la Consti-

tución, de manera que sobre la base de dicha interpretación debió

ingresar a la legitimidad del accionante para actuar por ante este

colegiado en acción directa de inconstitucionalidad y posterior-

mente abordar la inadmisibilidad de la misma por haber sido in-

terpuesta contra una decisión jurisdiccional que no es susceptible

de ser atacada por esa vía por ante este Tribunal Constitucional,

sino por el recurso de revisión de decisión jurisdiccional contem-

plado en los artículos 53 y siguientes de la Ley No. 13711.

Posible Solución procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el Tribunal, debió en este caso y en las acciones

directas de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

pronunciarse para determinar si el accionante tiene legitimidad

procesal activa o capacidad para accionar, en virtud de las dispo-

siciones contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución y la

referida Ley No. 137-11, sobre la materia.

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto;

Rafael Díaz Filpo, Juez