Sentencia TC/0102/18

• Páginas: 649-679
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0102/18

Referencia: Expediente núm. TC-05-2017-0020, relativo

al recurso de revisión constitucional en materia de amparo

interpuesto por Nicolasa Fabián Santana contra la Sentencia

núm. 00078-2016, dictada por la Tercera Sala del Tribunal

Superior Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos

mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del

mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).

VOTO SALVADO CONJUNTO DE LOS MAGISTRADOS

MILTON RAY GUEVARA, JUSTO PEDRO

CASTELLANOS KHOURY, VÍCTOR JOAQUÍN

CASTELLANOS PIZANO Y RAFAEL DÍAZ FILPO

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado

en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos en

la deliberación, ejercitamos la facultad prevista en el artículo 30

de la Ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional

y de los procedimientos constitucionales304, del 15 de junio

de 2011, y presentamos nuestro voto salvado, fundado en las

razones que expondremos a continuación:

1. En la especie, Nicolasa Fabián Santana, interpuso el 27

de enero de 2016, una acción constitucional de amparo contra

la Jefatura de la Policía Nacional, por presunta violación a sus

derechos fundamentales, en especial al debido proceso, en oca-

sión a que fue dada de baja del servicio activo como Mayor de la

Policía Nacional, por haber desertado de las filas de la institución

304 En adelante, LOTCPC.

RAFAEL DÍAZ FILPO

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policial, al negarse a asumir las funciones de Encargada de la

Cárcel para Mujeres de la ciudad de Baní, provincia Peravia, con

efectividad al día 7 de noviembre de 2005.

2. Es necesario resaltar que la recurrente, Nicolasa Fabián

Santana, fue sometida a la justicia penal por los mismos hechos

que fundamentaron su baja de las filas de la institución policial.

Sin embargo, el 23 de octubre de 2012, el Tribunal de Primera

Instancia de Justicia Policial, mediante la sentencia número 238-

2012, declaró prescrita la acción penal en contra de Nicolasa

Fabián Santana, por haber transcurrido el plazo establecido por

la ley para la prescripción de la acción.

3. La citada acción de amparo fue declarada inadmisible

mediante la sentencia número 00078-2016, dictada por la Ter-

cera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 22 de febrero

de 2016, por extemporánea, de acuerdo al plazo establecido en

el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, decisión que es

objeto del presente recurso.

4. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió rechazar

el recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida. Sin

embargo, refiriéndose al punto de partida del plazo para la inter-

posición de la acción de amparo, habilitado por el legislador en

el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, estableció que:

Este Tribunal ha constatado que a partir de la fecha de su cance-

lación, el siete (7) de noviembre de dos mil cinco (2005) y durante

la vigencia del plazo de sesenta (60) días, que establece el artículo

70.2, de la Ley número 137-11, el accionante en amparo no

realizó actuac iones, gestiones ni d iligencias tendentes a proc urar

el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados por

la Policía Nacional, ni tendentes a su reincorporación en el rango

de Mayor que ostentaba hasta el momento de su cancelación, así

como tampoco se verifica que existieren circunstancias o actuacio-

nes que pudieran haber interrumpido dicho plazo.

651

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Es entonces a partir de la obtención de una Certificación de la

Dirección Central de Recursos Humanos de la Jefatura de la

Policía Nacional, en fecha seis (6) de agosto de dos mil quince

(2015), cuando la ex Mayor de la Policía Nacional pone en

marcha su acción de amparo, incoada mediante el depósito de su

instancia ante el Tribunal Superior Administrativo el veintisiete

(27) de enero de dos mil dieciséis (2016), cuando a todas luces

el plazo para la interposición del amparo se encontraba venta-

josamente vencido.

5. A pesar de estar de acuerdo con la solución dada por

la mayoría del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la

acción de amparo es inadmisible por extemporánea, salvamos

nuestro voto en cuanto al criterio adoptado por el Tribunal,

específicamente respecto del referido en el párrafo anterior.

Es decir, estamos de acuerdo en la extemporaneidad de la ac-

ción, pero entendemos que la misma es tal a partir de la fecha

de la desvinculación –en realidad, de la fecha en que se tuvo

conocimiento de la desvinculación–, no de la fecha en que se

dictó la sentencia –en realidad, de la fecha en que se notificó la

sentencia–.

6. Para explicar nuestro salvamento, abordaremos lo re-

lativo a: (I) algunos elementos fundamentales sobre la acción

de amparo; (II) las particularidades del plazo para accionar en

amparo y su cómputo ante casos de desvinculación policías y

militares sometidos a la justicia penal; y finalmente (III) exponer

nuestra posición en el caso particular.

I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE

LA ACCIÓN DE AMPARO.

7. La Constitución de la República, en su artículo 72,

consagra el amparo en los términos siguientes:

RAFAEL DÍAZ FILPO

652

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar

ante los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la pro-

tección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos

por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados

por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de par-

ticulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto

administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y

difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente,

sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.

8. Así, pues, en la actualidad es desde el texto supremo que

se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen

del amparo.

9. De igual manera, la LOTCPC, en su artículo 65, vino a

regular el régimen del amparo en los términos siguientes:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma

actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales

consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos

protegidos por el habeas corpus y el habeas data.

10. La acción de amparo busca remediar –de la manera más

completa y abarcadora posible– cualquier violación o amenaza

de violación a los derechos fundamentales en perjuicio de una

persona. Tal es –y no alguna otra– su finalidad esencial y defini-

toria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Consti-

tucional de Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de tutela,

previa verificación de la existencia de una vulneración o amenaza

de un derecho fundamental, dé una orden para que el peligro no se

concrete o la violación concluya”305.

305 Conforme la legislación colombiana.

653

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

11. Según el colombiano Oscar José Dueñas Ruiz:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación306.

12. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la

LOTCPC, cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del

derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer

cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio.

13. Asimismo, respecto de la interposición del recurso de

revisión de la sentencia de amparo, el artículo 100 de la LOT-

CPC afirma que:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial transcen-

dencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que

se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación,

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la deter-

minación del contenido, alcance y la concreta protección de

los derechos fundamentales.

14. De esta manera, tanto de lo dispuesto en la norma que

regula la acción de amparo y su recurso de revisión, como del

precedente contenido en la sentencia TC/0007/2012, se aportan

306 Dueñas Ruiz, Oscar José. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del

Profesional, sexta edición actualizada, Colombia, 2009, p. 59.

RAFAEL DÍAZ FILPO

654

“herramientas” para que en el estudio “concreto” del caso, de sus

particularidades, el Tribunal Constitucional pueda establecer si

se reúnen los supuestos establecidos por la referida sentencia y,

cuando no, inadmitir válidamente tales casos.

15. El amparo, como ha dicho Dueñas Ruiz, “[n]o es un

proceso común y corriente, sino un proceso constitucional”307 y, en

tal sentido, no es propiamente un proceso con parte demandante y

parte demandada, sino una acción con un solicitante que pide pro-

tección por una violación o amenaza de los derechos fundamentales

que en la Constitución se consagran308.

16. A lo que agrega Dueñas:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que

contiene órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se

le da o no la razón a las partes. Realmente la relación es entre la

Constitución que consagra el derecho fundamental y la acción u

omisión que afecta a aquel. El objetivo es por consiguiente que

cese la violación a un derecho fundamental o que se suspenda la

amenaza de violación 309.

17. Sin perjuicio de su esencia garantista, el ejercicio de la acción

de amparo no es abierto en el tiempo, no es posible en cualquier

momento, sino que, por el contrario, acaso por el mismo atributo

señalado, está sometido a un plazo, como veremos a continuación.

18. A seguidas, en efecto, analizaremos –sucintamente–

los aspectos más relevantes sobre el plazo de que dispone toda

persona que se vea afectada o amenazada en el goce o disfrute

de sus derechos fundamentales para interponer una acción cons-

titucional de amparo.

307 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 55.

308 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 42.

309 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

II. LAS PARTICULARIDADES DEL PLAZO PARA

ACCIONAR EN AMPARO Y SU CÓMPUTO ANTE

CASOS DE DESVINCULACIÓN DE POLICÍAS Y

MILITARES SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL.

19. Como hemos dicho previamente, la acción de amparo

se encuentra consagrada en los artículos 72, de la Constitución,

y 65 de la LOTCPC, ya citados. La referida ley regula esta acción

en todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente relevante

para el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de

amparo para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado a

destiempo.

20. Conforme a los términos del artículo 70 de la LOTCPC,

la acción constitucional de amparo, de manera enunciativa, y no

limitativa, puede ser declarada inadmisible por distintas causas

–por demás, excluyentes entre sí, en vista de que las razones que

fundan la decisión en un sentido no pueden servir para fundar

la decisión en cualquiera de los otros–. En efecto, dicho texto

dispone:

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado

de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dic-

tar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse

sobre el fondo, en los siguientes casos:

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera

efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada

dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el

agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que

le ha conculcado un derecho fundamental.

3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente

improcedente.

RAFAEL DÍAZ FILPO

656

21. A continuación, nos detendremos en el análisis de una

sola de estas causales, no sin antes subrayar que, en todo caso, el

Tribunal Constitucional ha conceptuado que la inadmisibilidad

de la acción de amparo “debe ser la excepción, siendo la admisibi-

lidad la regla” 310.

22. A pesar de que la causal contemplada en el numeral 2)

del citado artículo 70, se resuelve –en principio– con un cómpu-

to matemático, esto no siempre ocurre de manera pacífica y, por

el contrario, existen casos en los que la definición del momento a

partir del cual se produce la violación reclamada, puede resultar

controvertible, lo que impacta directamente en el punto de

partida para calcular el plazo y, por supuesto, en el resultado que

arroje dicho cómputo, aspectos estos últimos que comportan el

eje nuclear de este voto.

23. Al respecto, conviene precisar prima facie si el referido

plazo, de no ser respetado, supone una caducidad311 o una pres-

cripción extintiva312.

A. ¿SE TRATA DE UN PLAZO DE

PRESCRIPCION O DE CADUCIDAD?

24. En este sentido, si analizamos el contenido del párrafo

II del artículo 72 de la LOTCPC, constatamos que el legislador

ha habilitado una opción para interrumpir el plazo del amparo;

a saber, cuando se ha apoderado en tiempo hábil a un tribunal

incompetente. Veamos:

310 Sentencia TC/0197/13, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013).

311 Esta es la pérdida de un derecho o acción, por no ejercerlos dentro del plazo y en las

condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones. (Capitant. Henry. Vocabu-

lario Jurídico. Editora Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1930, p. 89).

312 Es un medio de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo

las condiciones que determina la ley. (Artículo 2219 del Código Civil dominicano).

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Artículo 72.- Competencia. Será competente para conocer

de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar

donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado.

(…),

Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare in-

competente para conocer de la acción de amparo, se considerará

interrumpido el plazo de la prescripción establecido para el ejer-

cicio de la acción, siempre que la misma haya sido interpuesta

en tiempo hábil.

25. Lo antedicho se corresponde con el derecho común,

supletorio a la materia, en el cual se observa que la interrupción

del plazo de prescripción opera cuando hay una incompetencia

(artículo 2246 del Código Civil), así como en aquellas ocasiones

en que ha mediado una citación judicial, mandamiento o em-

bargo (artículo 2244 del Código Civil). De lo cual se concluye

que la acción de amparo, en nuestro ordenamiento jurídico, está

subordinada a un plazo de prescripción y no de caducidad.

26. Sobre el particular –citando a Ureña–, ha afirmado

Jorge Prats que:

se trata de una prescripción, “de exclusivo interés privado, sometido

además a la eventualidad de la interrupción, de la cual no tiene el

juez control previo por tratarse de un asunto de hecho, pues nótese

que empieza a correr a partir del momento en que el agraviado se

ha enterado, no de la fecha de actuación u omisión legítima.”313

27. Habiendo determinado que se trata de un plazo de pres-

cripción, la aplicación del plazo de sesenta (60) días para ejercer

313 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de

los procedimientos constitucionales; IUS NOVUM, Editora Búho, Santo Domingo,

segunda edición, 2013, p. 191.

RAFAEL DÍAZ FILPO

658

el derecho de accionar en amparo nos remite al reconocimiento

de que esta debe ser interpuesta exclusivamente dentro de este

único plazo –salvo en los casos de incompetencia y, excepcional-

mente, de violaciones de carácter continuo314–, cuyo cómputo

empieza a partir del momento en que la parte afectada toma

conocimiento del hecho, actuación u omisión que amenaza o

viola sus derechos fundamentales, conforme refiere el citado

numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC.

28. Computar el referido plazo implica que el agraviado,

una vez conozca de la actuación u omisión que conculca sus de-

rechos fundamentales, tiene un lapso de tiempo para reclamar en

justicia su restauración. Esto es así, en virtud de la consideración

fundamental de que es ahí cuando nace el derecho de accionar en

amparo –en el momento en que la parte afectada toma conoci-

miento de la conculcación de algún derecho fundamental suyo–,

que no en el momento en que un tribunal –juzgando el aspecto

penal de dicha cuestión– adopta una decisión al respecto.

29. Así las cosas, conviene recuperar aquí el tratamiento que

ha dado el Tribunal Constitucional dominicano al tema que es

objeto del presente voto.

B. NOTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DADO POR EL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

AL PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO PARA

INTERPONER LA ACCIÓN DE AMPARO.

30. En efecto, es ilustrativo recordar las diferentes posturas

que se han adoptado respecto de esta cuestión –el punto de

partida del plazo para interponer la acción de amparo– en la

doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ante casos

314 Sentencia TC/0205/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013).

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

donde el objeto del amparo es determinar si la actuación me-

diante la cual se desvincula a un policía o militar es violatoria de

derechos fundamentales, principalmente en aquellos escenarios

donde sale a relucir que este –el accionante en amparo– ha sido,

también, sometido a la justicia penal ordinaria.

31. Veamos, pues, los principales momentos de esa

trayectoria:

(i) Como postura predominante, el Tribunal Constitucional

estableció una línea jurisprudencial fundada en que el referido

plazo para accionar en amparo iniciaba al momento en que el

agraviado tomara conocimiento de la actuación denunciada como

conculcadora de sus derechos fundamentales –es decir, la desvincu-

lación, fuera por retiro forzoso o por cancelación, del miembro del

cuerpo policial o militar en cuestión–; esto así, aún en casos en los

que se hubiere producido un sometimiento a la justicia penal. En

este sentido, se pronunciaron las sentencias números TC/0072/16,

del 17 de marzo de 2016, TC/0136/16 del 29 de abril de 2016,

TC/0200/16 del 8 de junio de 2016, TC/0203/16 del 9 de junio

de 2016 y TC/0262/16 del 27 de junio de 2016.

(ii) Asimismo, en especies análogas, el Tribunal Constitucional,

sin precisar cuál era el punto de partida del plazo para accionar

en amparo, fue modificando el pensamiento anterior y empezó a

computar el plazo –sin motivación alguna al respecto– a partir

del momento en que se tomó conocimiento de la decisión judicial

que resuelve el asunto penal otorgando ganancia de causa al

entonces imputado, hoy accionante en amparo. En este sentido,

se pronunciaron, entonces, las sentencias TC/0314/14 del 22 de

diciembre de 2014 y TC/0379/16 del 11 de agosto de 2016.

En esa misma tesitura el Tribunal se pronunció en las sentencias

TC/0393/16 y TC/0395/16, ambas del 24 de agosto de 2016.

32. Es claro, pues, que lo anterior, particularmente las deci-

siones referidas en los puntos ii) y iii), se aparta del contenido del

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660

numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, así como del punto

de partida considerado, originalmente, por el Tribunal para que

se active el derecho a reclamar la restauración de los derechos

fundamentales conculcados con la desvinculación de un policía

o militar, mediante la acción constitucional de amparo.

33. En otras palabras, el citado artículo manda a que

el amparo sea presentado, a más tardar, dentro del plazo de

los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se tome

conocimiento del acto u omisión considerado como lesivo de

derechos fundamentales, cuestión que, en la especie analizada

–ya que se procura la restauración de los derechos fundamen-

tales afectados con la desvinculación–, se materializa con

la efectiva separación del miembro de las filas policiales o

militares; no en algún otro momento, no cuando se produce

la sentencia penal.

34. Así, conviene recordar que no aplica la excepción desa-

rrollada jurisprudencialmente por este Tribunal en su sentencia

TC/0205/13, en el sentido de que el plazo en cuestión puede

ser interrumpido por la realización de gestiones y diligencias por

parte del afectado en procura del cese de los efectos de la supuesta

conculcación en su contra. De ninguna manera, en efecto, pue-

den asumirse como gestiones, actuaciones o diligencias a cargo

del afectado, unas incidencias que no dependen de su voluntad

ni de su iniciativa y que ninguna relación tienen con la defensa

de sus intereses, sino que se refieren a un proceso en el que, en

realidad, él ha sido sometido a la justicia.

35. Este, en efecto, no es el supuesto analizado, ya que

se trata de un acto lesivo –en principio– único cuyo punto de

partida data desde el momento en que el policía o militar toma

conocimiento de los efectos del acto –desvinculación–, a partir

del cual podría advertir la supuesta violación.

661

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

36. Conviene detenernos a precisar que ha sido el mismo

Tribunal Constitucional, ante la dificultad de identificar el

momento exacto en que el policía o militar desvinculado toma

conocimiento de su separación del servicio activo, quien ha

optado por estimar, en reiteradas ocasiones, que el momento en

que cobra efectividad dicha medida –en principio– supone la

fecha en la cual se tomó conocimiento de ella –salvo que en el

expediente obre prueba fehaciente sobre el momento exacto en

que la situación es conocida formalmente por el miembro agra-

viado– y, por ende, se habilita el plazo para accionar en amparo

establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC. Para

lo anterior, sirva de ejemplo, a fin de ilustrar mejor, lo establecido

en la sentencia TC/0016/16 del veintiocho (28) de enero de dos

mil dieciséis (2016), en cuanto a que

[e]n la especie, se trata de una acción en amparo orientada a la

anulación de la puesta en retiro forzoso del actual recurrido, y

es el punto de partida del cómputo del plazo de prescripción, la

fecha en que toma conocimiento de dicho retiro forzoso (17 de

septiembre del 2010).

37. En este punto, resulta útil que analicemos, así sea sucin-

tamente, los roles que corresponde jugar al juez de amparo, por

una parte, y al juez de lo penal, por la otra.

C. BREVES NOTAS SOBRE LOS ROLES DEL JUEZ DE

AMPARO Y DEL JUEZ PENAL.

38. Así, analizando el rol del juez de amparo –de justicia

constitucional– en paralelo con el rol del juez penal –de justicia

ordinaria–, es notorio que, en el contexto procesal que nos

encontramos, las dimensiones de la justicia impartida por uno

distan del campo de acción del otro, aun en situaciones en que,

RAFAEL DÍAZ FILPO

662

como la analizada, se trate de cuestiones que no son disociables

por provenir de un hecho común.

39. Al juez de amparo, en efecto, le está reservada la facul-

tad de verificar si la actuación administrativa sancionadora –la

desvinculación mediante cancelación o puesta en retiro forzo-

so– es adoptada con respeto de los derechos fundamentales del

agraviado; mientras que, por otro lado, el juez penal –en sus

atribuciones ordinarias– se encarga de juzgar el hecho punible

o la conducta antijurídica que, si bien puede servir de funda-

mento a la medida administrativa sancionadora consistente en

la separación de los cuerpos policiales o castrenses, de ninguna

manera es el eje nuclear de la conculcación invocada ante el juez

de amparo.

40. Lo anterior pone de manifiesto que para que el juez

de amparo pueda precisar el momento en que se materializó el

hecho generador de la supuesta conculcación a derechos fun-

damentales no es necesario que este conozca la suerte del pro-

ceso penal seguido en contra del accionante, sino que le resulta

suficiente con verificar el momento a partir del cual este tomó

conocimiento de la situación que le causa una perturbación a sus

derechos fundamentales, circunstancia que, en escenarios como

el analizado, comienza con la efectividad de la desvinculación.

41. Para ilustrar mejor, basta entender que el juicio de am-

paro que aquí se realiza es única y exclusivamente para evaluar

si la actuación administrativa mediante la cual se dispone la

separación de un miembro policial o militar afecta los derechos

fundamentales del agraviado, cuestión para la cual no interesa la

suerte del proceso penal.

42. En efecto, considerar que el derecho a ejercer la acción de

amparo inicia con el dictado de la sentencia que resuelve el pro-

ceso penal implica no solo desvirtuar el sentido mismo de dicho

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

proceso constitucional, sino, más aun, desconocer los términos

claros y precisos del numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC,

cuando establece, como ya hemos señalado repetidamente, que

se puede –y se debe– realizar la reclamación de tutela dentro de

los sesenta (60) días subsiguientes a la fecha en que se ha tomado

conocimiento de la actuación que afecta el derecho fundamental,

que en la especie, reiteramos, es el acto de desvinculación, no la

sentencia rendida en ocasión del proceso penal.

43. Aunque la casuística que genera el presente voto corres-

ponde a la materia militar –la cual tiene un régimen disciplinario

autónomo e independiente del aplicable a la policial–, resulta de

interés para el objeto de este voto hacer un paréntesis y detener-

nos a analizar el contenido del párrafo III del artículo 162 de la

ley número 590-16, orgánica de la Policía Nacional, de reciente

promulgación.

44. Dicho texto establece, en cuanto a la prescripción de las

faltas disciplinarias, lo siguiente:

Párrafo III. Cuando se inicie un procedimiento penal contra un

servidor policial, la prescripción de las infracciones disciplina-

rias que de los hechos pudieran derivarse quedará suspendida

por la incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se

hubiera procedido disciplinariamente. En estos supuestos, el

plazo volverá a correr desde la fecha de la rmeza de la

sentencia judicial.

45. Tal disposición, como es posible advertir, genera una

situación sustancialmente distinta a la establecida en la anterior

–y derogada– ley número 96-04, institucional de la Policía Na-

cional, cuyo párrafo IV de su artículo 66 establecía lo siguiente:

Párrafo IV.- Todo miembro de la Policía Nacional suspendido

en sus funciones y puesto a disposición de la justicia, y que fuere

RAFAEL DÍAZ FILPO

664

descargado por sentencia con autoridad de la cosa irrevo-

cablemente juzgada, será reincorporado reconociéndole el

grado o posición que ostentaba, así como el tiempo que estuvo

fuera de servicio.”

46. En tal sentido, si bien es cierto que el legislador no

incluyó en la norma vigente la cuestión relativa a la reintegra-

ción del policía suspendido –o, como sucede en la práctica,

desvinculado– y que, sometido a la justicia penal, resultase des-

cargado de tales acusaciones; también es cierto que ella –la nueva

ley– contempla que el ejercicio de la acción penal suspende o

sobresee la vigencia de la acción disciplinaria en su contra, lo

cual hace posible inferir que el plazo para accionar disciplina-

riamente, cuando ha habido un sometimiento penal, empieza a

computarse a partir de la sentencia penal firme.

47. Contrario a lo anterior, cuando se trata del ejercicio de

la acción de amparo tendente a tutelar los derechos fundamen-

tales que pueden verse afectados con la separación –del militar

o del policía, según sea el caso– hecha en inobservancia del

debido proceso de ley –sea cual fuere su causa o motivo–, tales

disposiciones –contrario al pensamiento de la mayoría en cuanto

a que es posible realizar el computo del plazo para accionar en

amparo, a partir de la sentencia penal– no aplican, toda vez que

esta cuestión obedece exclusivamente a la relación existente entre

la materia disciplinaria y la penal, no así para el amparo.

48. Y es que, en efecto, si auscultamos bien la finalidad

de estos procesos –del disciplinario y del penal–, nos perca-

tamos de que el proceso disciplinario fundamentado en la

alegada comisión de ilícitos penales debe –necesaria y lógica-

mente– aguardar al resultado del proceso penal ya que, de no

quedar comprometida la responsabilidad penal del miembro

militar o policial, la disciplinaria correría con la misma suerte

665

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

debido a que, en tal caso, lo penal sería la causa de la sanción

disciplinaria.

49. Conviene precisar que un policía o militar separado –o

desvinculado– de las filas policiales o militares, puede resultar

afectado por la violación de sus derechos fundamentales, aun

en el caso en que resultare culpable de las acusaciones penales

que se le formulan y que sirvieron de fundamento a la separa-

ción o desvinculación. Culpable y todo, ese ciudadano puede

ser víctima de una violación a sus derechos fundamentales en

el momento en que fue separado o desvinculado de las filas

policiales o militares. Y es esto último lo que ha de someterse

a la atención del juez de amparo en procura de que este pro-

ceda, si corresponde, a la consecuente restauración. De ahí, la

irrelevancia en tomar como punto de partida para accionar en

amparo la fecha en que culmina –con la sentencia– el asunto

penal.

50. Además, es preciso recordar que el legislador, en el

artículo 71 de la LOTCPC, estableció lo siguiente:

El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condi-

ciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseerse

para aguardar la denición de la suerte de otro proceso

judicial.

51. Es como decía este colegiado en la sentencia TC/0048/12,

del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012):

C) Aunque obran en el expediente diversos documentos que tien-

den a negar la participación del recurrente en los hechos penales

que se le imputan, no corresponde al Tribunal discutir y

esclarecer los mismos ni, consecuentemente, determinar la

responsabilidad penal del recurrente; D) Por el contrario,

sí interesa al Tribunal analizar el objeto de su apoderamiento

RAFAEL DÍAZ FILPO

666

actual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudada-

no busca proteger derechos y garantías fundamentales que, según

argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho

al debido proceso y el derecho a la defensa;

E) En esta sede constitucional no tiene mayor relevancia, en

efecto, la dilucidación de los hechos penales referidos porque aun

en el caso de que se estableciera de manera fehaciente y objetiva

la responsabilidad penal del recurrente, eso tendría que hacerse

en el marco del más amplio y absoluto respeto de los referidos

derechos fundamentales, esenciales a la persona humana no

importa cuál sea su estatus jurídico y político;315

52. Y, en este mismo sentido, agregaba este colectivo

entonces:

U) Llegados a este punto, conviene recordar que la discreciona-

lidad que la Constitución reconoce al Presidente de la República

no es absoluta y, por el contrario, encuentra límites en la natu-

raleza del Estado Social y Democrático de Derecho vigente entre

nosotros desde la entrada en vigencia de la actual Constitución

del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010);

V) El fundamento de la vigencia real y concreta del Estado Social

y Democrático de Derecho reside en la efectividad y prevalencia

de los derechos fundamentales, y sus garantías, consagrados en

la misma Constitución y las leyes, especialmente, para el caso

concreto, aquellas que regulan el funcionamiento de la Policía

Nacional, de forma que la referida discrecionalidad no sea

confundida con la arbitrariedad;

W) En todo caso, la existencia del Estado Social y Democrático

de Derecho contradice la vigencia de prácticas autoritarias,

incluso en instituciones como las militares y policiales en las

315 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, p. 13.

667

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía rígida

y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento.

Sin embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos

fundamentales, a propósito del derecho de defensa como parte

del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se

les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran

probados, deban ser sancionados;

X) En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional

de Colombia mediante sentencia del veintitrés (23) de abril

de dos mil nueve (2009), al establecer que “la jurisprudencia

constitucional ha sido cautelosa en precisar que la facultad

discrecional para el retiro de funcionarios de la Fuerza Pública

no puede ser confundida con arbitrariedad. La discreciona-

lidad no es otra cosa que una facultad más amplia que se

concede por la ley a una autoridad para que ante situaciones

específicas normadas explícitamente pueda acudir a una esti-

mación particular atendiendo las circunstancias singulares del

caso concreto”; (…). 316

53. En fin, que el rol del juez de amparo es sustancialmente

diferente al del juez penal. Mientras aquel evalúa la pertinencia

o no de restaurar unos derechos fundamentales supuestamente

violentados, este evalúa la ocurrencia o no de unos hechos ilícitos

y la responsabilidad que cabe al individuo al que se le imputa la

comisión de tales hechos. Este último, como ya se ha dicho,

aun en el caso en que sea determinado culpable de tales asuntos,

puede ser víctima de la violación de sus derechos fundamentales.

Y, pues, la atención de este último ámbito no puede –ni tiene

que– estar supeditada al otro ámbito.

316 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia número

TC/0048/12 del 8 de octubre de 2012, pp. 19- 20.

RAFAEL DÍAZ FILPO

668

D. LA NECESIDAD DE DISTINGUIR LA POSIBLE

EXISTENCIA DE DOS VIOLACIONES Y, POR TANTO,

DE DOS PLAZOS.

54. Retomando la idea nuclear de este voto, cobra sentido

nuestra postura en cuanto a que el plazo debe computarse a

partir del conocimiento de la violación, no así del dictado de la

sentencia penal, en los casos en que la hubiere.

55. Aunque no se declara taxativamente en la presente sen-

tencia, a algunos preocupa la situación de un policía o militar

desvinculado y sometido a la acción penal que, sin embargo,

resulte descargado en dicho proceso, debería ser reintegrado y

que, si no lo es, entonces debería poder accionar en amparo en

reclamo de la restauración de la violación a sus derechos que

supondría dicha no reintegración.

56. Conviene recordar, en efecto, el contenido del artículo

110 de la ley número 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas,

el cual establece lo siguiente:

Reconocimiento de Derechos por Suspensión. Al militar sus-

pendido en sus funciones y puesto a disposición de los tribunales

ordinarios, que fuere descargado por sentencia con autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada, se le reconocerán los derechos

establecidos en el Artículo 109, Párrafo II.

57. Tales derechos, conforme al artículo 109, párrafo II, de

la ley número 139-13 son que

se le reconocerá el grado que ostentaba, el tiempo que estuvo

fuera del servicio y los haberes dejados de percibir. El tiempo que

haya permanecido fuera de la institución no podrá exceder de

cinco (5) años. La primera solicitud de reintegro deberá hacerla

el interesado en un período no mayor de tres (3) años. Si la

misma es rechazada, dispondrá de dos (2) años a partir de la

669

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

fecha de rechazo para reintroducir la solicitud. El procedimiento

para los casos de reintegro será establecido por el reglamento de

la presente ley.

58. Igualmente, el artículo 111 de la citada ley, establece

que:

Reconocimiento de Derechos por Reintegro. En caso de

que un militar haya sido separado y puesto a disposición de la

justicia ordinaria por cometer alguna infracción, si interviene

una sentencia o condenación a penas correccionales que no

conlleven deshonra, se le reconocen los derechos establecidos en

el Párrafo II, del Artículo 109, previa aprobación del Estado

Mayor General de las Fuerzas Armadas, órgano que se reservará

el derecho de recomendar o no el reintegro, basado en la opinión

debidamente motivada de la Dirección de Asuntos Internos del

Ministerio de Defensa y en la investigación correspondiente.

59. La preocupación señalada unos párrafos más arriba se

nutre, pues, de la consideración de que, si se declara extempo-

ránea la acción de amparo intentada para solventar la violación

que supone la desvinculación de la institución policial o militar,

dicho ciudadano no podría, entonces, accionar en amparo para

solventar la violación que supondría no reintegrarlo a las filas

del cuerpo al que pertenecía, una vez sea beneficiado con una

sentencia absolutoria. Por tanto, según esa tesis, la posibilidad de

buscar amparo que se genera a partir de los específicos términos

consagrados por el artículo 70.2 de la LOTCPC no debería lle-

gar a ser extemporánea al cumplirse los sesenta días posteriores al

conocimiento de la afectación que podría suponer la desvincu-

lación, sino que debería quedar abierta, sin importar el tiempo

que transcurra, para ser aplicada en los sesenta días posteriores a

la notificación de la sentencia penal, en la eventualidad de que

RAFAEL DÍAZ FILPO

670

dicha sentencia resulte absolutoria y de que el beneficiado de la

misma intente su reintegración y ello le sea negado, regateado,

obstaculizado.

60. En efecto, aunque no se declara taxativamente en esta

sentencia, en la posición de algunos subyace la consideración

de que para la violación que podría suponer la no reintegración

de un policía o militar desvinculado, conforme los términos

del artículo 110 recién citados, debería aplicar el punto de

partida del plazo para vencer la vulneración que podría suponer

la desvinculación de las filas policiales o militares; obviando,

incluso, que dicho texto –el citado artículo 110, así como el

artículo 111– establece las vías para procurar el reintegro en

tales condiciones. Así, en esa línea de pensamiento se realiza una

especie de simbiosis entre la violación que podría suponer la no

reintegración del policía o militar desvinculado y descargado y

la violación que podría suponer la desvinculación. De tal forma

que, en la medida en que existe un vínculo innegable entre am-

bas, se asume que ambas violaciones constituyen una sola y para

ella, entonces, existe la posibilidad de una acción de amparo,

cuya prescripción comienza a correr no desde el momento en

que dice la LOTCPC –aquel en que se conoce la violación que

podría suponer la desvinculación– sino desde el momento de la

notificación de la sentencia penal de descargo, consideración esta

que, como ya hemos dicho, no encuentra amparo legal –y no lo

puede encontrar pues, en efecto, es legalmente inexistente– y

que, más aun, es huérfana de toda racionalidad conceptual y

jurídica.

61. Se obvia, en dicho análisis, el hecho de que nadie

cuestiona el que un policía o militar afectado en sus derechos,

pueda accionar en amparo en procura de la restauración de los

mismos; y que lo que se plantea y reclama, en este sentido es que

671

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

tal gestión se realice conforme los términos de la LOTCPC y,

consecuentemente, en un marco de racionalidad jurídica, que

para eso sirven la Constitución y las leyes.

62. El referido análisis obvia, además, que al considerar

las situaciones que son objeto de su preocupación, han debido

realizar una distinción elemental, y por demás fundamental: tal

eventualidad supondría la existencia de dos violaciones distintas y,

por tanto, la posibilidad de dos amparos distintos y, consecuente-

mente, de dos plazos que se generan producto de eventos distintos.

63. Los sustentadores de tal posición, en efecto, han obvia-

do la posibilidad de que una misma persona –en este caso, un

policía o militar– pueda ser objeto de dos violaciones a sus dere-

chos fundamentales, y ello en momentos diferentes aun cuando

esas violaciones se relacionen –incluso íntimamente, como en

los casos referidos–, para lo cual podría accionar en amparo

frente a cada una de esas violaciones, a partir en ambos casos

del momento en que tenga conocimiento de ellas, rechazando,

de esa forma, la consideración de que, en virtud de la afinidad

de las violaciones, se trata de una sola y única situación, cuyo

enfrentamiento se haría mediante un amparo de muy particular

elasticidad, en franca violación de los términos de la LOTCPC y

a la más elemental racionalidad jurídica y judicial.

64. Es decir, que estamos frente a un escenario en donde

el plazo para accionar en amparo, establecido en el artículo

70, numeral 2), de la ley número 137-11, no se prolonga en el

tiempo, sino que se podría activar ante dos (2) eventualidades,

distintas por demás, que comportarían violaciones a los derechos

fundamentales del agraviado y, por ende, darían lugar a la inter-

posición de la acción de amparo, por distintos motivos, a saber:

(i) cuando el miembro es desvinculado –actuación administra-

tiva tendente a la cancelación de su nombramiento o puesta en

RAFAEL DÍAZ FILPO

672

retiro forzoso– en inobservancia del debido proceso administra-

tivo sancionador y, simultáneamente, es puesto a disposición de

la justicia penal ordinaria; y,

(ii) cuando interviene una decisión absolutoria en ocasión del

susodicho proceso penal ordinario y el cuerpo militar –o poli-

cial– no obtempera a la inmediata reincorporación del miembro

suspendido, o incluso desvinculado, en los términos del artículo

110 de la ley número 139-13, orgánica de las Fuerzas Arma-

das, cuestión que, de facto, podría traducirse en una omisión

administrativa conculcadora de derechos fundamentales como

el debido proceso administrativo, el trabajo –dada la carrera

militar– y la dignidad humana, entre otros, de acuerdo a las

particularidades del caso.

65. En tal sentido, de lo anterior se colige que la sentencia

penal en ningún momento comporta el punto de partida del

plazo establecido en el artículo 70, numeral 2), de la ley número

137-11 para accionar en amparo, sino que, a partir de la noti-

ficación de la sentencia, es con la negativa o silencio negativo

–u omisión– del cuerpo militar –o policial– en reintegrar al

miembro beneficiario de la sentencia penal, que se podría activar

el derecho de ejercer una acción de amparo, esta distinta a la

que podría caber a partir del conocimiento del acto de desvin-

culación –cancelación del nombramiento o puesta en retiro

forzoso– supuestamente irregular.

66. Por tanto, debe entenderse que, en un contexto como el

analizado, el conocimiento de la desvinculación –actuación ad-

ministrativa– puede tener un efecto conculcador de los derechos

fundamentales del miembro militar –o policial–, mientras que,

en otro contexto, muy distinto –cuando interviene una sentencia

penal absolutoria y se toma conocimiento de la misma– puede

serlo el incumplimiento al mandato de reintegro establecido en

673

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

el artículo 110 de la ley número 139-13 –omisión administrativa

o silencio negativo– por parte de las Fuerzas Armadas.

67. En suma, es fundamental hacer la distinción a la que nos

referimos en estos párrafos, a los fines de no sucumbir en la con-

fusión de dos contextos diferentes –vinculados, pero diferentes–,

y distinguir con claridad la existencia de dos posibles violaciones

y, por tanto, de dos posibilidades para accionar en amparo y,

consecuentemente, de dos plazos para ejercerla conforme lo que

establece taxativa y claramente la LOTCPC.

68. Por demás, jamás podría dar lugar al cómputo del

plazo para accionar en amparo en virtud de la violación que

podría suponer la separación de las filas policiales o militares,

el conocimiento de un hecho sustancialmente diferente como

es el dictado o toma de conocimiento de la sentencia penal a

favor del imputado –ya sea absolviéndole, descargándole de

toda responsabilidad penal, archivando el caso o retirándose la

acusación–, sobre todo porque de este último evento procesal

no dimanan –no pueden dimanar– violaciones a derechos fun-

damentales del agraviado, sino la consolidación de su situación

jurídica frente a las infracciones penales que le fueron atribuidas.

En este último escenario, lo que podría, eventualmente, generar

alguna violación a derechos fundamentales sería la negativa a

proceder conforme lo establece la ley número 139-13, pero esa

es, como hemos dicho repetidamente, otra cuestión, un escena-

rio diferente que debe ser abordado particularmente.

69. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente

caso.

III. SOBRE EL CASO PARTICULAR.

70. Como hemos dicho, en la especie, la mayoría del Tri-

bunal Constitucional decidió rechazar el recurso de revisión y

RAFAEL DÍAZ FILPO

674

confirmar la sentencia recurrida, estando conteste con que se

debe inadmitir la acción de amparo por ser extemporánea.

71. El argumento nuclear del referido fallo radica en que

la acción de amparo –interpuesta el 27 de enero de 2016– fue

tramitada cuando ya se encontraba vencido el plazo de sesenta

(60) días previsto en el artículo 70, numeral 2), de la ley número

137-11 para ejercer dicho derecho, ya que “independientemen-

te” de que el acto –puesta en baja del servicio activo por haber

desertado de las filas de la Policía Nacional – mediante el cual se

dispuso la terminación de la relación laboral entre la Policía Na-

cional y Nicolasa Fabián Santana tuviera lugar el 7 de noviembre

de 2005, y su descargo definitivo del proceso penal abierto en su

contra se produjera el 23 de octubre de 2012 -tras haber decla-

rado prescrita la acción- había transcurrido, aproximadamente

un intervalo de diez (10) años entre los eventos señalados y la

interposición de la acción.

72. No obstante, en la indicada decisión, la mayoría del

Tribunal Constitucional se apresta a ceder en este aspecto cuan-

do se dispone a establecer una nueva fórmula para determinar

el punto de partida del plazo para accionar en amparo, el cual

–a consideración del legislador– ha de ser uno y único, por cada

actuación u omisión que afecte derechos fundamentales. Al

respecto establece lo siguiente:

Este Tribunal ha constatado que a partir de la fecha de su

cancelación, el siete (7) de noviembre de dos mil cinco (2005) y

durante la vigencia del plazo de sesenta (60) días, que establece

el artículo 70.2, de la Ley número 137-11, el accionante en

amparo no realizó actuaciones, gestiones ni diligencias tendentes

a procurar el restablecimiento de los derechos fundamentales

vulnerados por la Policía Nacional, ni tendentes a su reincor-

poración en el rango de Mayor que ostentaba hasta el momento

de su cancelación, así como tampoco se verifica que existieren

675

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

circunstancias o actuaciones que pudieran haber interrumpido

dicho plazo.

Es entonces a partir de la obtención de una Certificación de la

Dirección Central de Recursos Humanos de la Jefatura de la

Policía Nacional, en fecha seis (6) de agosto de dos mil quince

(2015), cuando la ex Mayor de la Policía Nacional pone en

marcha su acción de amparo317, incoada mediante el depósito

de su instancia ante el Tribunal Superior Administrativo el

veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), cuando a

todas luces el plazo para la interposición del amparo se encontra-

ba ventajosamente vencido.

73. Salvamos nuestro voto en dicha decisión por los motivos

que explicamos a continuación.

74. La mayoría de este Tribunal Constitucional, al momen-

to de emitir el indicado fallo omitió un aspecto sustancial en

cuanto a la determinación del plazo para accionar en amparo.

Nos referimos a que se limitó a precisar que el referido plazo

se encontraba vencido, “independientemente” del evento –la

desvinculación, la emisión de la sentencia penal o la expedición

de una certificación por la Dirección Central de Recursos

Humanos– que se tomara como generador de las violaciones a

derechos fundamentales que dan lugar a la interposición de la

acción de amparo y, por ende, permite determinar a partir de

cuándo empezaría a correr el plazo.

75. No por casualidad hemos insistido en el término

“independientemente” utilizado por la mayoría del Tribunal

en la decisión objeto de este voto, pues inferir esto implica una

separación e indiferencia en cuanto al momento que se debe

entender como propicio para accionar en amparo. O sea, que

317 Lo subrayado y en negrita son nuestros.

RAFAEL DÍAZ FILPO

676

importaría poco o que daría lo mismo tomar un evento u otro

para determinar cuándo es que surge el derecho para accionar

en amparo.

76. Lo cierto es que, como hemos precisado anteriormente,

el derecho para accionar en amparo a los fines de reclamar la

restauración de aquellos derechos fundamentales que se puedan

ver afectados con la desvinculación –sea por retiro forzoso o por

cancelación– de un miembro de la Policía Nacional –o de las

Fuerzas Armadas–, surge al momento en que se toma conoci-

miento de la situación agraviante conforme a los términos del

artículo 70, numeral 2), de la ley número 137-11, no así con el

dictado de la sentencia penal a favor del imputado y la posterior

obtención de una certificación expedida por la Dirección Cen-

tral de Recursos Humanos–accionante en amparo– en los casos

en que, como en este, la hubiere.

77. En efecto, el criterio por el cual se ha decantado la

mayoría para determinar el momento que da lugar a la genera-

ción de las conculcaciones, además de ser ambiguo e impreciso,

condiciona el ejercicio de la acción de amparo a la suerte de un

proceso de justicia ordinaria, lo cual desarticula el eje nuclear

de esta garantía y proceso constitucional, a saber, la obtención

de una protección efectiva de los derechos fundamentales de las

personas.

78. De este modo, podemos concluir en que, cuando el Tri-

bunal Constitucional no se detiene a analizar el punto de partida

del plazo para accionar en amparo conforme a lo establecido en

el numeral 2) del artículo 70 de la LOTCPC, incumple con el

debido proceso instituido a tales fines, pues se deja abierta la

posibilidad de que se tome como punto de partida un evento –el

dictado y la notificación de la sentencia penal que favorece al

accionante en amparo– que no comporta un hecho u omisión

677

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

tendente a afectar derecho fundamental alguno del miembro

desvinculado de los cuerpos policiales –o militares–.

79. Y es que, si el Tribunal Constitucional no valora que

el hecho generador de la supuesta violación –desvinculación

por cancelación de nombramiento o puesta en retiro forzoso–

a derechos fundamentales que se pretende restaurar mediante

la acción de amparo, es el único que activa el referido plazo, y

considera que este se activa con el dictado de la sentencia penal

estaría prorrogando la tutela de derechos fundamentales, cuando

a partir de la sentencia penal favorable para el imputado lo que

podría suceder –dada la eventual negativa de la administración

en reintegrar al miembro separado– es que se genere otro evento

o supuesto de hecho potencialmente generador de conculcacio-

nes a sus derechos fundamentales que daría, también, lugar a

una acción de amparo, por demás distinta a la primigenia.

80. En el caso que nos ocupa, estamos de acuerdo con la de-

cisión de rechazar el recurso y confirmar la sentencia de amparo

que declara la acción de amparo inadmisible por extemporánea.

81. En efecto, la acción de amparo (interpuesta el 27 de

enero de 2016) es inadmisible por extemporánea, toda vez que

la parte accionante la interpuso aproximadamente diez (10) años

y dos (2) meses después de haber tomado conocimiento de la

supuesta violación generada con su desvinculación de los cuer-

pos militares (7 de noviembre de 2005), momento a partir del

cual, en efecto, se activó su derecho para reclamar en amparo la

restauración de los derechos fundamentales que supuestamente

le fueron afectados con el susodicho acto administrativo.

82. En suma, con lo que no estamos contestes es con la

ambivalencia que se ha manejado la mayoría para determinar

el punto de partida de la acción de amparo –al considerar que

podrían existir dos (2) eventos, por demás distintos, que lo

RAFAEL DÍAZ FILPO

678

activen– en casos análogos a la especie, así como con la apertura

a que, eventualmente, sirva como punto de partida el momento

en que se produce la sentencia dictada en ocasión del proceso

penal realizado en contra del miembro separado de los cuerpos

policiales o militares. Porque es cierto que en ambos casos la

acción deviene en extemporánea. Pero en uno de ellos se aplica el

contenido de la ley, mientras que en otro no, pues se inobserva el

contenido del artículo 70, numeral 2), de la ley número 137-11

que prevé la inadmisibilidad de la acción de amparo:

Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro

de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado

ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha con-

culcado un derecho fundamental.

83. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con

la decisión adoptada, salvamos nuestro voto, pues tomando en

cuenta que de la lectura del indicado texto –artículo 70, numeral

2), de la ley número 137-11– se infiere que el agraviado debe –y

de hecho puede– presentar su acción de amparo dentro del plazo

de los sesenta (60) días subsecuentes al conocimiento de la acción

u omisión que le ha violentado sus derechos fundamentales, es

que consideramos que la mayoría del Tribunal Constitucional

debe ser más precisa y terminante y retomar la línea jurispru-

dencial original que versa en este sentido –al respecto las sen-

tencias TC/0072/16, TC/0136/16, TC/0200/16, TC/0203/16

y TC/0262/16– y, en consecuencia, establecer que el computo

del plazo de marras inicia al momento en que el agraviado toma

conocimiento de la actuación u omisión que considera le ha

conculcado algún derecho fundamental, no así, del momento

en que tome conocimiento de la decisión con la cual culmina

el proceso penal seguido en su contra o, independientemente,

679

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

de alguno de estos eventos como se ha venido estableciendo

recientemente.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Justo Pedro

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano,

Juez y Rafael Díaz Filpo, Juez