Sentencia TC/0113/13

• Páginas: 201-206
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0113/13

Referencia: Expediente No. TC-01-20120006, relativo a

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las

señoras Juana Dinorah de la Cruz Placencia y Yinerkis Esther

Polanco González, en representación de sus hijas menores de

edad Lilibeth Dinorki Morin y Castri Esther Cruz Polanco,

respectivamente, contra el artículo 56 de la Ley No. 294-11,

sobre Presupuesto General del Estado.

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes

de julio del año dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FILPO, EN RELACIÓN A LA SENTENCIA

TC/0113/13, DE FECHA CUATRO (4) DE JULIO

DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de la

Constitución de la República y 30 de la Ley Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

Las señoras Juana Dinorah De La Cruz Placencia y Yinerkis

Esther Polanco González, madre de las menores de edad Lisbeth

Dinorki Morin y Castri Esther Cruz Polanco mediante instancia

de diciembre de dos mil once (2011), interpusieron ante este

Tribunal, una acción directa de inconstitucionalidad contra el

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artículo 56, de la Ley No. 294-11, sobre Presupuesto General

del Estado para el año 2012, el cual copiado a la letra expresa

lo siguiente: “Se establece, con carácter transitorio para el ejercicio

fiscal 2012, un monto de gasto en educación, inferior al que dispone

la Ley de educación No. 66-97, de fecha 9 de abril de 1997.” Las

accionantes alegan que la referida disposición legislativa, vulnera

los artículos 5, 7, 8, 26, 38, 56, 63 numerales 4 y 10, 74 numeral

3, 112, 147 y 233, parte in fine, de la Constitución de la Repú-

blica Dominicana.

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de declarar inadmisible la acción de inconstitu-

cionalidad de referencia, en razón de que la Ley No. 294-11 fue

derogada por la Ley No. 311-12, de Presupuesto General del

Estado para el 2013.

Es por ello que nos permitimos exponer, con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que a nuestro juicio,

la decisión sobre el fondo debió pronunciarse con relación a la

legitimación activa.

Legitimación activa del accionante

Es preciso señalar que este voto se origina, porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República, y el artículo 37 de la Ley No.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales.

Las accionantes, han establecido en su escrito de acción

directa de inconstitucionalidad, las motivaciones necesarias en

las cuales señalan que son poseedoras de un interés legítimo y

jurídicamente protegido, cuando señalan lo siguiente:

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

“Las dos accionantes en inconstitucionalidad son estudiantes

del Liceo Virgen de La Altagracia, localizado en la calle San

Antonio, #3, Campo Lindo, Municipio de Boca Chica, Distrito

Judicial de la Provincia Santo Domingo, el cual no cuenta

con un local propio para la impartición de docencia. En tal

sentido, las impetrantes son poseedoras de un interés legítimo y

jurídicamente protegido, por cuanto la Constitución establece el

derecho de recibir una educación eficiente y de calidad por parte

del Estado Dominicano.”

“De manera que las hoy accionantes en justicia constitucional

están dotadas de la calidad suficiente y requerida para actuar

en justicia, y a su vez están dotadas del interés legítimo jurídi-

camente protegido como requisito sine qua non establecido en el

artículo 185, acápite 1 de la Constitución de la República, así

como el artículo 37 de la Ley No. 137-2011 que instituye el Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.”

La razón por la cual quien suscribe, considera que la presen-

te acción de inconstitucionalidad debe abordar la legitimación

activa, es que la accionante cumple con los requerimientos de

admisibilidad descrito en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República, el cual establece lo siguiente:

“Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconsti-

tucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones

y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una

tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Dipu-

tados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido”, así como en el artículo 37 de la ley No. 137-11, el

cual establece que: “Calidad para accionar. La acción directa

en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a instancia del Pre-

sidente de la República, de una tercera parte de los miembros del

Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un

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interés legítimo y jurídicamente protegido”, ya que las accionantes

tiene interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en

inconstitucionalidad por ser estudiantes, afectadas directamente

con una norma que reducía significativamente el presupuesto

destinado para el financiamiento de la educación.

Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad del accionante ante la acción directa

de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que las accionantes pretenden y exigen que

este Tribunal Constitucional, garantice la supremacía de la

Constitución y la protección de los derechos fundamentales

consagrados en ella. En la presente decisión el Tribunal no abor-

da si las accionantes tiene o no legitimidad para accionar ante

este colegiado, razón por la cual presentamos el presente voto

salvado para abordar esa parte tan importante para el sistema

constitucional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento

de si un accionante es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene

legitimidad o no para accionar y así darle fiel cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 185.1 de la Constitución; y para poder

entender nuestra posición, debemos establecer el significado

de legitimación activa o calidad de un accionante que es: “La

facultad que ostentan las personas físicas o jurídicas para poder

interponer una acción directa en inconstitucionalidad referido en

el mismo artículo antes mencionado, que confiere dicha condición

a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente

protegido” por lo que entendemos que este Tribunal debió de

referirse y abordar sobre la legitimidad o no de las menores

Lilibeth Dinorki Morin y Castri Esther Cruz Polanco, hijas

de las señoras Juana Dinorah De La Cruz Placencia y Yinerkis

Esther Polanco González.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley 137-11,

de manera que sobre la base de dicha interpretación debió ingre-

sar a la legitimidad de los accionantes para actuar por ante este

colegiado en acción directa de inconstitucionalidad. Entendemos

que las accionantes tienen legitimidad o interés jurídico prote-

gido en virtud de que son estudiantes, afectadas directamente

con una norma que reducía significativamente el presupuesto

destinado para el financiamiento de la educación, cumpliendo

de esta manera con los requerimientos de los referidos artículos

que abordan la legitimidad activa o interés jurídico protegido.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional debería abordar la

inadmisibilidad de la misma, fundamentándose tal como se

encuentra consignado en la Sentencia, en que la misma resulta

inadmisible por carecer de objeto ya que la Ley No. 294-11, fue

derogada por la Ley No. 311-12, promulgada el diecinueve (19)

diciembre de dos mil doce (2012), que instituye el Presupuesto

General del Estado para el año 2013.

Posible solución procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el Tribunal, debió en este caso y en las acciones

directas de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

pronunciarse para determinar la legitimidad procesal activa o

capacidad para accionar que tiene un accionante, en virtud de las

disposiciones contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución

y la referida Ley No. 137-11, sobre la materia.

De igual manera, compartimos el criterio asumido por la

mayoría de los Magistrados que componen este Tribunal Consti-

tucional, al declarar inadmisible la acción directa, esencialmente,

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por carecer de objeto ya que la Ley No. 294-11, fue derogada por

la Ley No. 311-12, promulgada el diecinueve (19) diciembre de

dos mil doce (2012), que instituye el Presupuesto General del

Estado para el año.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.