Sentencia TC/0124/13

• Páginas: 207-217
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0124/13

Referencia: Expediente No. TC-012012-0001, relativo a la

acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor

Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra el artículo 14 de

la Ley núm. 294-11, sobre Presupuesto General del Estado.

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de

agosto del año dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RAFAEL

DÍAZ FILPO, EN RELACIÓN A LA SENTENCIA

TC/0124/13, DE FECHA DOS (2) DE AGOSTO

DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de la

Constitución de la República y 30 de la Ley Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

El señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo, mediante ins-

tancia recibida en fecha dieciocho (18) enero de dos mil doce

(2012), interpuso ante este Tribunal, una acción directa de

inconstitucionalidad contra el artículo 14, de la Ley No. 294-

11, sobre Presupuesto General del Estado para el año 2012, el

cual copiado a la letra expresa lo siguiente: “Se establece un monto

de gasto inferior a lo que determina los porcentajes incluidos en las

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diferentes leyes específicas y en los Artículos 32 y 33 de la Ley 423-06,

para las apropiaciones a disposición del Presidente de la República, las

correspondientes a la Junta Central Electoral, para el Congreso Na-

cional, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la

Cámara de Cuentas y los Ayuntamientos del país. Los recursos entre

lo dispuesto en las respectivas leyes específicas y los montos apropiados

en la presente ley, se registrarán en la Fuente General.” El accionante

alega que la referida disposición legislativa, vulnera los artículos

8, 26 numerales 1 y 2, 42 numeral 2, 74 numeral 3, 112, 146

numerales 1 y 2, 147 numeral 2, 169, 233, parte in fine, y 238 de

la Constitución de la República Dominicana.

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de declarar inadmisible la acción de inconstitu-

cionalidad de referencia, en razón de que la Ley No. 294-11 fue

derogada por la Ley No. 311-12, de Presupuesto General del

Estado para el 2013.

Es por ello que nos permitimos exponer, con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que a nuestro juicio,

la decisión sobre el fondo debió pronunciarse con relación a la

legitimación activa.

Legitimación activa del accionante

Es preciso señalar que este voto se origina, porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República, y el artículo 37 de la

Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales.

El accionante, ha establecido en su escrito de acción directa

de inconstitucionalidad, las motivaciones necesarias en las cuales

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

señala que es poseedor de un interés legítimo y jurídicamente

protegido, cuando señala lo siguiente:

“A que el accionante en justicia constitucional tiene el interés

legítimo de recibir protección a sus derechos fundamentales por

parte del Ministerio Público, y a su vez, participar de la admi-

nistración de justicia en su condición de ciudadano y miembro

de la sociedad.”

“Que para la interposición de acciones directas de inconstitucio-

nalidad por ante el Tribunal Constitucional como vía principal,

todo accionante en justicia que reclame la supremacía de la

Constitución por ante dicha vía judicial debe contar con interés

legítimo jurídicamente protegido, como requisito sine qua non

para poder estar dotado de calidad suficiente para actuar en justi-

cia y a su vez exigir el control concentrado de la Constitución de la

República, en virtud de lo establecido en el artículo 185, acápite 1

de nuestra Constitución de la República, así como el artículo 37 de

la Ley No. 137-2011 que instituye la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.”

“A que el accionante en justicia es un ciudadano y miembro

de la sociedad, y por vía de consecuencia, sufre también la

vulneración a sus derechos fundamentales que solo pueden ser

resarcidos en la justicia penal, pero por la insuficiente asignación

presupuestaria al ministerio Público, sus derechos fundamentales

no están garantizados ni protegidos”

“A que el hoy accionante en justicia constitucional tiene el interés

legítimo de que al Ministerio Público se le asigne el presupuesto

establecido por la ley, ya que con un presupuesto insuficiente e

indigno, el Ministerio Público no podrá proteger ni representar

bien en justicia no estará protegido, toda vez de que el también

parte de la sociedad que por ley el Ministerio Publico debe

proteger y representar por ante los tribunales del orden judicial.”

“A que de conformidad con el artículo 185 de nuestra Consti-

tución de la República, el interés legítimo que se invoca en una

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Acción en inconstitucionalidad, debe estar jurídicamente prote-

gido, entiéndase con esto, que debe estar sustentado y protegido

por una disposición legal, ya sea sustantiva o adjetiva.”

“A que en virtud de lo establecido en los preceptos legales pre-

viamente citados, tanto a nivel sustantivo como adjetivo, toda

persona tiene interés legítimo para accionar en justicia contra

cualquier disposición legal que atente contra la institucionalidad

del Ministerio Público, toda vez que para accionar en justicia en

pro de dicha entidad estatal, solo es necesario ser ciudadano, ha-

bitante de la República Dominicana y miembro de la sociedad,

los cuales en su conjunto permiten a cualquier persona impug-

nar por la vía constitucional cualquier ley, decreto, reglamento,

resolución u ordenanza que establezca una reducción de fondos

para el Ministerio Público.”

“A que el hoy accionante en justicia constitucional está dotado

de la calidad suficiente y requerida para actuar en justicia, y a

su vez está dotado del interés legítimo jurídicamente protegido

como requisito sine qua non establecido en el artículo 185,

acápite 1 de nuestra Constitución de la República así como el

artículo 37 de la Ley No. 137-2011 que instituye el Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.”

Haciendo uso del artículo 39 de la Ley No. 137-11, el

cual copiado a la letra expresa lo siguiente: “Noticación de la

acción. Si el Presidente del Tribunal Constitucional considerare

que se han cumplido los requisitos precedentemente indicados,

notificará el escrito al Procurador General de la República y a la

autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado, para que

en el plazo de treinta días, a partir de su recepción, manifiesten

su opinión.”, el Procurador General de la República, produjo

su opinión en relación a la presente acción, mediante la cual

persigue la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta contra el artículo 14 de la Ley No. 294-11,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

sobre Presupuesto General del Estado para el año dos mil doce

(2012), bajo los argumentos de que:

“En primer lugar, hemos de analizar si se configuran los pre-

supuestos de la legitimación activa que habilitan al accionante

como parte interesada para interponer una acción directa de

inconstitucionalidad.”

“En efecto, en la opinión de esta misma fecha respecto a una

acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el art.

56 de la ley 294-11, hicimos referencia a que ese Tribunal Cons-

titucional deberá perfilar jurisprudencialmente la interpretación

del precepto constitucional de parte interesada, esto es, la calidad

reconocida a cualquier persona que tenga un interés legítimo y

jurídicamente protegido para interponer una acción directa de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, a la luz

de las previsiones del art. 185.1, in fine, de la Constitución de

la República y del artículo 37 de la LOTCYPC, toda vez que al

respeto coexisten dos corrientes de opinión”

“La primera corriente se origina en la decisión rendida en fecha

19 de mayo de por la Suprema Corte de Justicia ejerciendo

provisionalmente las funciones de Tribunal Constitucional, la

cual interpretó el concepto de parte interesada señalando “que

en virtud del citado artículo 185 de la Constitución de la Repú-

blica los particulares tienen calidad para accionar en inconsti-

tucionalidad cuando posean un interés legítimo y jurídicamente

protegido”;… “que una persona tiene un interés legítimo y jurí-

dicamente protegido cuando demuestre ser titular de un derecho

o interés consagrado por la Constitución de la República, leyes,

decretos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea suscep-

tible de causarle un perjuicio8”, tildado de restrictivo porque

limitaría el acceso a la jurisdicción constitucional a aquel que

8 SCJ, Sentencia del 19 de mayo de 2010, que rechazó una acción directa de incons-

titucionalidad contra la ley 70-09, de convocatoria a la Asamblea Revisora de la

Constitución.

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demostrara ser titular de un derecho o interés consagrado en la

Constitución y normas adjetivas, cuya violación sea susceptible

de causarle un perjuicio; como si la violación de un derecho no

implicara un perjuicio para el titular del mismo9.”

“La segunda corriente se identifica con un concepto de parte

interesada mucho más abierto, cónsono con la teoría de la acción

popular desarrollada por la jurisprudencia constitucional co-

lombiana, que lo concibe como un derecho de todo ciudadano10.

En el ámbito local, Cristóbal Rodríguez Gómez,11 ha señalado

que “En la lógica del control de constitucionalidad de las leyes,

en la medida en que todos los miembros de la comunidad po-

lítica somos destinatarios de la Constitución, todos somos parte

interesada en reclamar que las normas infraconstitucionales se

produzcan en observación de los procedimientos y contenidos que

manda la ley suprema. Basta que cualquiera de los poderes pú-

blicos adopte una norma ó decisión contraria a la Constitución

para convertir a toda la sociedad en parte interesada. Interesada

en qué? En el objetivo de retrotraer las actuaciones del poder a los

límites que la Constitución dispone. La ciudadanía como parte

de esa “comunidad abierta de intérpretes de la Constitución” de

que nos habla Haberle, es la primera interesada en la sumisión

del poder a los cánones constitucionalmente establecidos, cuya

efectividad y garantía se hace operativa a través del ejercicio de

la acción en inconstitucionalidad”.

“Otra opinión interesante es la de Eduardo Jorge Prats12, quien,

en el análisis del concepto de interés legítimo jurídicamente

9 Cristóbal Rodríguez considera que el texto del art. 185.1, in fine de la Constitución

remite a una intención de limitar el derecho de la ciudadanía a acceder al sistema

de justicia constitucional por vía del control abstracto de normas (Constitución

Comentada, Finjus, 2da Edición, pág. 384)

10 Acción Popular de Inconstitucionalidad, Ernesto Rey Cantor, (www.iidpc.org/pdf/

doctrinar1ReyCantor)

11 Ibid., pág. 384 y 385

12 Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, Ius Novarum, 2011, p. 88 y sgtes.

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

protegido distingue dos situaciones distintas: Cuando se trata

de leyes y normas de alcance general, y cuando se trata de actos

generadores de una situación subjetiva ó particular.”

“En el primer caso señala que “La conceptuación de este interés

debe partir del supuesto de que la garantía constitucional en

la jurisdicción constitucional especializada del Tribunal Cons-

titucional implica la democratización del acceso a la justicia

constitucional, lo cual, en el caso dominicano, implica que debe

presumirse, por lo menos en lo que respecta al cuestionamiento

por vía de la acción directa de inconstitucionalidad de los actos

normativos de efectos generales, que cualquier persona tiene

interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar, que

esta acción es una verdadera acción popular y que el Tribunal

Constitucional es un tribunal del pueblo, un tribunal ciuda-

dano…”. “Puede afirmarse, por tanto, que cuando se trata de

leyes, reglamentos y otros actos normativos o de efectos generales,

toda persona tiene la calidad para impugnar dichos actos, no

exigiéndose siquiera que la ley ó el acto cuya constitucionalidad

se cuestiona haya afectado ó pudiera afectar los derechos ó inte-

reses del accionantes”.

“En el segundo caso considera que “el accionante en inconsti-

tucionalidad contra un acto no normativo ó particular, debe

ser una verdadera “parte interesada”, es decir, como ya lo había

dicho la Suprema Corte de Justicia, “aquella que figure como

tal en una instancia, contestación ó controversia de carácter

administrativo ó judicial, contra la cual se realice un acto por

uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal

pretendidamente inconstitucional, (SCJ, 30 de septiembre de

1998, B.J., 1054, Vol. I, 20) ó que tiene “un interés legítimo y

jurídicamente protegido”, es decir, “demuestre ser titular de un

derecho o interés consagrado por la Constitución de la Repúbli-

ca, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, cuya

violación sea susceptible de causarle un perjuicio (SCJ, 19 de

mayo de 2010)”.

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“A favor del criterio restrictivo de parte interesada fijado por la

Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional en su

sentencia del 19 de mayo de 2010, hay que señalar que tiene

hasta hoy el peso de precedente jurisprudencial.”

“Si el Tribunal Constitucional se inclinara en ese sentido,

el Ministerio Público considera que el accionante carece de

legitimidad para interponer la presente acción directa de in-

constitucional, toda vez que al impugnar la constitucionalidad

del artículo 14 de la Ley 294-11 sobre el Presupuesto General

de Ingresos y Gastos del Estado para el año 2012, que suspen-

dió transitoriamente el art. 3 de la ley 194-04 que establece

el monto del presupuesto anual del Ministerio Público en una

proporción del 35% del 4.10% destinado al Poder judicial,

sobre la base de los ingresos internos, en modo alguno aporta

elementos que permitan apreciar los presupuestos consignados en

la referida decisión jurisprudencial del 19 de mayo de 2010; en

especial, lo concerniente al perjuicio derivado de la violación a

un derecho que haya sido reconocido a su favor; razón por la

cual, la presente acción directa de inconstitucionalidad debe ser

declarada inadmisible, sin necesidad de referirse a ningún otro

aspecto.”

Este Tribunal Constitucional, al tenor de lo dispuesto en el

artículo 41 de la Ley No. 137-11, el cual establece: “Una vez ven-

cido el plazo, se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de

que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto

cuestionado y el Procurador General de la República, presenten sus

conclusiones”, celebró audiencia en fecha dieciocho (18) de junio

de dos mil doce (2012), en la cual la Cámara de Diputados de

la República Dominicana presentó su escrito de conclusiones, el

cual entre otra cosa aborda el tema de la legitimidad, solicitando

la inadmisibilidad de la presente acción, esencialmente por los

siguientes argumentos:

215

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

“Honorables Magistrados, como se puede observar, la petición

del accionante no cumple con las disposiciones constitucionales

del citado numeral 1 del artículo 185, por lo que corresponde

que el Tribunal Constitucional pronuncie la falta de calidad

del accionante, toda vez que en el caso de la especie no existe un

interés legítimamente protegido.”

“El accionante pretende fundamentar su calidad es que supues-

tamente es residente en el Municipio Santo Domingo Este, de la

Provincia Santo Domingo, lo cual no satisface la formalidad del

citado texto de la Constitución.”

La razón por la cual quien suscribe, considera que la presen-

te acción de inconstitucionalidad debe abordar la legitimación

activa, es que el accionante cumple con los requerimientos de

admisibilidad descrito en el artículo 185.1 de la Constitución

de la República, el cual establece lo siguiente: “Atribuciones.

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia

del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros

del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona

con interés legítimo y jurídicamente protegido”, así como en el

artículo 37 de la ley No. 137-11, el cual establece que: “Calidad

para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá

ser interpuesta a instancia del Presidente de la República, de una

tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Dipu-

tados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente

protegido”, ya que el accionante tiene interés legítimo y jurídica-

mente protegido para accionar en inconstitucionalidad por ser

un ciudadano que puede en cualquier momento solicitar de los

servicios de instituciones públicas, que por las bajas asignaciones

presupuestarias no pueden ser satisfechos de manera efectiva.

RAFAEL DÍAZ FILPO

216

Sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad del accionante ante la acción directa

de inconstitucionalidad planteada

Entendemos que el accionante pretende y exige que este

Tribunal Constitucional, garantice la supremacía de la Cons-

titución y la protección de los derechos fundamentales consa-

grados en ella. En la presente decisión el Tribunal no aborda

si el accionante tiene o no legitimidad para accionar ante este

colegiado, razón por la cual presentamos el presente voto salvado

para abordar esa parte tan importante para el sistema constitu-

cional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento de si un

accionante es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene legitimidad

o no para accionar y así darle fiel cumplimiento a lo estipulado

en el artículo 185.1 de la Constitución; y para poder entender

nuestra posición, debemos establecer el significado de legitima-

ción activa o calidad de un accionante que es: “La facultad que

ostentan las personas físicas o jurídicas para poder interponer una

acción directa en inconstitucionalidad referido en el mismo artículo

antes mencionado, que confiere dicha condición a toda persona re-

vestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido” por lo que

entendemos que este Tribunal debió de referirse y abordar sobre

la legitimidad o no del señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo.

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley 137-

11, de manera que sobre la base de dicha interpretación debió

ingresar a la legitimidad del accionante para actuar por ante este

colegiado en acción directa de inconstitucionalidad. Entendemos

que el accionante tiene legitimidad o interés jurídico protegido en

virtud de que es un ciudadano que puede en cualquier momento

solicitar de los servicios de instituciones públicas, que por las bajas

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

asignaciones presupuestarias no pueden ser satisfechos de manera

efectiva, cumpliendo de esta manera con los requerimientos de

los referidos artículos que abordan la legitimidad activa o interés

jurídico protegido. Posteriormente, el Tribunal Constitucional

debería abordar la inadmisibilidad de la misma, fundamentán-

dose tal como se encuentra consignado en la Sentencia, en que

la misma resulta inadmisible por carecer de objeto ya que la Ley

No. 294-11, fue derogada por la Ley No. 31112, promulgada el

diecinueve (19) diciembre de dos mil doce (2012), que instituye

el Presupuesto General del Estado para el año 2013.

Posible Solución Procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el Tribunal, debió en este caso y en las acciones

directas de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

pronunciarse para determinar la legitimidad procesal activa o

capacidad para accionar que tiene un accionante, en virtud de las

disposiciones contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución

y la referida Ley No. 137-11, sobre la materia.

De igual manera, compartimos el criterio asumido por la

mayoría de los Magistrados que componen este Tribunal Consti-

tucional, al declarar inadmisible la acción directa, esencialmente

por carecer de objeto, ya que la Ley No. 294-11 fue derogada por

la Ley No. 311-12, promulgada el diecinueve (19) diciembre de

dos mil doce (2012), que instituye el Presupuesto General del

Estado para el año.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.