Sentencia TC/0129/13

• Páginas: 219-223
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0129/13

Referencia: Expediente No. TC-012012-0028, relativo a

la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el

señor Ramón Osiris Morla Cornielle, contra el Reglamento

Interno de la Junta Central Electoral, de fecha doce (12) de

octubre del año dos mil diez (2010).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de

agosto del año dos mil trece (2013).

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO, EN RELACIÓN A LA

SENTENCIA TC/0129/13, DE FECHA DOS (2) DE

AGOSTODEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de la

Constitución de la República y 30 de la Ley Orgánica del Tri-

bunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

No. 137-11 de fecha trece (13) de junio del año dos mil once

(2011), emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE:

El señor Ramón Osiris Morla Cornielle, mediante instancia

de fecha veinte (20) de abril de dos mil doce (2012), interpuso

ante este Tribunal una acción directa de inconstitucionalidad con-

tra el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral emitido en

fecha doce (12) de octubre de dos mil diez (2010), el cual tiene por

finalidad, entre otras cosas, normar el funcionamiento interno y

general y la estructura operativa de la Junta Central Electoral, bajo

RAFAEL DÍAZ FILPO

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el alegato de que: “… la Junta Central Electoral no tiene facultad de

elaborar un Reglamento Interno conforme a la nueva constitución, es

función de la Asamblea Nacional emitir una ley que regule el marco

de la convocatoria a reformas u otro objeto constitucional (…).

La mayoría de los Honorables Jueces que componen este

Tribunal Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de declarar inadmisible la acción de inconstitucio-

nalidad de referencia, en razón de que el escrito del accionante,

señor Ramón Osiris Morla Cornielle, carece de elementos que

fundamenten jurídicamente la alegada inconstitucionalidad.

Es por ello que nos permitimos exponer, con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que a nuestro juicio, la

decisión sobre el fondo debió admitirse y conocerse.

Legitimación activa del accionante

Es preciso señalar que este voto se origina, porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República, y el artículo 37 de la Ley No.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales.

Haciendo uso del artículo 39 de la Ley No. 137-11, el

cual copiado a la letra expresa lo siguiente: “Noticación de la

acción. Si el Presidente del Tribunal Constitucional considerare que

se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, notificará

el escrito al Procurador General de la República y a la autoridad

de la que emane la norma o acto cuestionado, para que en el plazo

de treinta días, a partir de su recepción, manifiesten su opinión.”,

el Procurador General de la República, produjo su opinión

en relación a la presente acción, mediante la cual persigue la

inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

interpuesta contra el Reglamento Interno de la Junta Central

Electoral, de fecha doce (12) de octubre de dos mil diez (2010),

bajo los argumentos de que:

“En la especie, el accionante promueve una acción directa de

inconstitucionalidad contra el Reglamento Interno de la Junta

Central Electoral de fecha 12 de octubre de 2010 sin aportar

elementos alguno que permita apreciar su calidad a tales fines de

conformidad con lo establecido a tal efecto por el art. 185.1 de

la Constitución y la jurisprudencia constitucional.”

La razón por la cual quien suscribe, considera que la presen-

te acción de inconstitucionalidad debe abordar la legitimación

activa, es que el accionante cumple con los requerimientos de

admisibilidad descrito en el artículo 185.1 de la Constitución

de la República, el cual establece lo siguiente: “Atribuciones.

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia

del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros

del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con

interés legítimo y jurídicamente protegido”, así como en el artículo

37 de la ley No. 137-11, el cual establece que: “Calidad para

accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser in-

terpuesta a instancia del Presidente de la República, de una tercera

parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente prote-

gido”, ya que el accionante tiene interés legítimo y jurídicamente

protegido para accionar en inconstitucionalidad por ser parte

interesada.

Sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad del accionante ante la acción directa de

inconstitucionalidad planteada

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Entendemos que el accionante pretende y exige que este Tri-

bunal Constitucional, garantice la supremacía de la Constitución.

En la presente decisión el Tribunal no aborda si el accionante

tiene o no legitimidad para accionar ante este colegiado, razón

por la cual presentamos el presente voto disidente para abordar

esa parte tan importante para el sistema constitucional y sus

garantías, como lo es el pronunciamiento de si un accionante

es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene legitimidad o no para

accionar y así darle fiel cumplimiento a lo estipulado en el artí-

culo 185.1 de la Constitución; y para poder entender nuestra

posición, debemos establecer el significado de legitimación activa

o calidad de un accionante que es: “La facultad que ostentan las

personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa

en inconstitucionalidad referido en el mismo artículo antes mencio-

nado, que confiere dicha condición a toda persona revestida de un

interés legítimo y jurídicamente protegido¨ por lo que entendemos

que este Tribunal debió de referirse y abordar sobre la legitimidad

o no del accionante, el señor Ramón Osiris Morla Cornielle.

En consecuencia somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del pleno y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley 137-11,

que la presente acción directa de inconstitucionalidad debió ser

rechazada, fundamentándose en que el accionante no precisó

cuál o cuáles son los artículos de la Constitución violentados, ya

que cumple con los requerimientos de los referidos artículos que

abordan la legitimidad o interés jurídico protegido.

Posible Solución Procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el Tribunal, debió en este caso y en las acciones

directas de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

pronunciarse para determinar la legitimidad procesal activa o

capacidad para accionar que tiene un accionante, en virtud de las

disposiciones contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución

y la referida Ley No. 137-11, sobre la materia.

De igual manera, entendemos que la acción directa de in-

constitucionalidad interpuesta por el señor Ramón Osiris Morla

Cornielle, debió ser rechazada porque el accionante no precisó

cuál o cuáles son los artículos de la Constitución violentados

en el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral, objeto

de la presente acción, presentando el no cumplimiento de los

presupuestos de claridad, certeza y congruencia, por lo que este

Tribunal Constitucional no contaba con los elementos de juicio

para realizar el examen de lo solicitado y el pronunciamiento del

fondo.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.