Sentencia TC/0173/13

• Páginas: 225-231
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0173/13

Referencia: Expediente núm. TC-012012-0069, relativo a

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Rosa

Herminia Pichardo y compartes, contra las resoluciones

números. 000617-2012, de fecha dos (2) de mayo de dos

mil doce (2012) y 001032-2012, de fecha diecisiete (17) de

agosto de dos mil doce (2012), emitidas por el abogado del

Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento

Norte.

En el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del

mes de septiembre de dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

RAFAEL DIAZ FILPO

1. El seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), los ac-

cionantes, Rosa Herminia Pichardo y compartes, interpusieron

una acción directa de inconstitucionalidad por ante el Tribunal

Constitucional contra las resoluciones Númerso 000617-2012

y 001032-2012, de fechas dos (2) de mayo y diecisiete (17) de

agosto de dos mil doce (2012) respectivamente, dictadas por el

abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Depar-

tamento Norte.

2. Descripción de los hechos

a. Que las referidas resoluciones atacadas fueron emitidas

por el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del

Departamento Norte, en el supuesto de que han sido afecta-

dos por el movimiento de una cerca por parte de la compañía

RAFAEL DÍAZ FILPO

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Fascinatur, S. A., a los fines de permitir el paso a la misma,

situación está que les lesiona el derecho de propiedad, conforme

lo establece el artículo 51, numeral 1de la Constitución de la

Republica, y el articulo 5 numerales 1, 2 y 3 de la Convención

Americana de Derechos Humanos.

b. Que luego de dictada la decisión antes referida, los

sucesores del extinto Miguel Diloné interpusieron un recurso

de reconsideración por ante el mismo despacho, alegando

violación a su derecho de propiedad, siendo ratificado dicho

dictamen, por lo que proceden a interponer la presente acción

de inconstitucionalidad.

3. Celebración de audiencia

En atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Or-

gánica del Tribunal Constitucional, referente a la celebración de

audiencias públicas para conocer de los recursos de inconstitu-

cionalidad, procedió a celebrar la audiencia referente al presente

caso, en fecha catorce (14) de enero de dos mil trece (2013),

compareciendo la parte accionante, la parte interviniente y el

representante del Procurador General de la República.

4. Posición del Pleno

La mayoría de los honorables jueces que componemos este

tribunal hemos concluido en declarar inadmisible la presente

acción directa de inconstitucionalidad, pero conforme a nuestra

posición que mantuvimos en el debate, debemos de hacer valer

nuestro voto salvado al respecto;

5. Fundamento del voto salvado

a. El suscrito magistrado ha expresado su opinión, fun-

damentada en la decisión adoptada en la presente sentencia

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

constitucional, por lo que ha emitido voto salvado en la aproba-

ción de la misma. En consecuencia, en ejercicio de los artículos

186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Consti-

tucionales, dejamos constancia de las motivaciones de nuestra

decisión.

b. Nuestra diferencia se basa en torno a lo externado en el

punto 9.3 de la sentencia, en cuanto a las actuaciones adminis-

trativas con efectos particulares o específicos, y que el Tribunal

no está facultado para conocer de este asunto, pues no está

destinado a corregir o controlar asuntos administrativos que

infrinjan la mera legalidad, y para ello existen las vías ordina-

rias correspondientes, motivo por el cual exhortamos nuestro

criterio, en el sentido de que se debió de analizar el hecho de

que se trata de una decisión de carácter administrativo, dictada

por el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria

del Departamento Norte, y como consecuencia, se debió de

indicar cuál es la vía para que pueda conocer el desacuerdo

con las referidas decisiones y en caso de vulneración de algún

derecho fundamental le sea restaurado el mismo, conforme a

las disposiciones que siguen:

c. Nuestro razonado voto salvado se basó, en lo antes

referido, que se debió analizar el hecho de que las decisiones

atacadas en inconstitucionalidad fueron dictadas por el abogado

del Estado Regional Norte, y conforme a la Ley núm. 51-07,

del veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007), que modifica

la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, en su artículo 2,

que dispone la modificación del Capítulo IV del Título II, con

sus Artículos 11 y 12, de la Ley núm. 108-05, del veintitrés (23)

de marzo de dos mil cinco (2005), sobre Registro Inmobiliario,

para que su texto sea como sigue:

RAFAEL DÍAZ FILPO

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CAPÍTULO IV

EL ABOGADO DEL ESTADO

Artículo 11.-Definición. El Abogado del Estado es el represen-

tante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.

Artículo 12. Funciones del Abogado del Estado. El Abogado del

Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado

dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran

ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones

de Ministerio Público ante la jurisdicción en función de esto.

6. De la determinación de los patrones constitucionales, las

siguientes citas son artículos de nuestra Constitución:

La Constitución dominicana, en el Capítulo II De Las

Garantías a los Derechos Fundamentales, dispone lo siguiente:

Artículo 68. Garantías de los derechos fundamentales. La Cons-

titución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales,

a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a

la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus dere-

chos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los

derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los

cuales deben garantizar su efectividad en los términos estableci-

dos por la presente Constitución y por la Ley.

Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda

persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del

debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

competente y con observancia de la plenitud de las formalidades

propias de cada juicio;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la

ley…

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garan-

tiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función

social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al

goce, disfrute y disposición de sus bienes.

1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por

causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo

pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes

o sentencias de tribunal competente, de conformidad con lo

establecido en la ley…

Asimismo, conforme a los principios rectores del Tribunal Cons-

titucional, establecido, en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, en sus numerales:

4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la

efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los de-

rechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores

de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido

proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y

adecuados a las necesidades concretas de protección frente

a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela

judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de

sus peculiaridades.

11) Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la

tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas

requeridas para garantizar la supremacía constitucional

y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no

hayan ido invocadas por las partes o las hayan utilizado

erróneamente.”

RAFAEL DÍAZ FILPO

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En el caso que nos ocupa, debíamos de señalar que, la tutela

jurisdiccional antes del proceso opera como aquél derecho que

tiene toda persona de exigir al Estado provea a la sociedad de

determinados requisitos materiales y jurídicos, los cuales son

indispensables para resolver un proceso judicial en condiciones

satisfactorias, tales como: un órgano estatal encargado de la

resolución de conflictos y eliminación de incertidumbres con

relevancia jurídica, esto de conformidad con la finalidad con-

creta del proceso; por lo que se debió previamente analizar el

hecho de que estamos frente a una decisión con carácter admi-

nistrativo dentro de una materia jurisdiccional, en consecuencia

para tutelar la efectividad del debido proceso se debió indicar

la vía abierta para que la decisión atacada obtuviera la firmeza

requerida para interponer el recurso de revisión jurisdiccional

indicada en el punto 9.3 de la presente sentencia.

Pues en mi criterio, en el marco de un Estado democrático

de derecho estructurado sobre la base de los valores supremos y

principios fundamentales, entre ellos el principio de supremacía

constitucional, por lo que entendemos que bajo estos preceptos

es imposible sustraerse al control de constitucionalidad, exami-

nando el objetivo principal de la justicia constitucional, que es

garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de

los derechos fundamentales, debió tener en cuenta lo siguiente:

Posible solución

Cónsono con lo antes expuesto, estamos frente a una litis en

materia de tierra, correspondiente a la jurisdicción inmobiliaria,

y la decisión atacada fue dada por un organismo perteneciente

al Ministerio Público, es oportuno señalar que en principio los

conflictos entre los órganos públicos y entre éstos y los particu-

lares son resueltos por el Tribunal Superior Administrativo, pero

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Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

en el caso que nos ocupa, aunque estamos frente a una decisión

de administración pública, en caso de desacuerdo con la misma

se debe recurrir con la interposición de recursos administrativos

en sede, de la forma que sigue: 1).Recurso de reconsideración

por ante el organismo que dictó la decisión atacada; 2). Recurso

jerárquico por ante el organismo superior; y en caso de que

persista la supuesta afectación por dicha decisión, se deberá de

interponer los recursos jurisdiccionales por ante la jurisdicción

inmobiliaria tal como lo estipula los artículos del 79 al 88

inclusive de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario,

modificada por la Ley núm. 51-2007.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.