Sentencia TC/0175/13

• Páginas: 233-240
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0175/13

Referencia: Expediente núm. TC-012002-0002, relativo

a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por

Juan Bautista Cepeda Ventura, contra los artículos 16, 74

y 156 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno

(21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

En el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo

Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del

mes de septiembre de dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO MILTON

RAY GUEVARA, JUEZ PRESIDENTE; Y DEL

MAGISTRADO RAFAEL DÍAZ FILPO

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado

en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos

en la deliberación del presente caso, tenemos a bien ejercitar la

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y 30 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de

los Procedimientos Constitucionales, para dejar constancia en

este voto salvado de las consideraciones que, a nuestro juicio,

debieron ser incluidas en la decisión.

Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan

a sostener este voto salvado, conviene precisar que estamos de

acuerdo con el criterio de la mayoría, en cuanto a que la acción

directa en inconstitucionalidad interpuesta por el señor Juan

Bautista Cepeda Ventura contra los artículos 16, 74 y 156 de la

Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciem-

bre de mil novecientos noventa y siete (1997), sea admitida en

cuanto a la forma y rechazada en cuanto al fondo, declarando

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así conforme a la Constitución las normas sometidas a control

constitucional. Ahora bien, salvamos nuestro voto con respecto a

las consideraciones externadas en el punto 9.3 de esta sentencia,

por las razones que se expresarán a continuación:

En el caso de la especie, y para los fines del presente voto

salvado, debemos compartir con la mayoría que “el accionante

objeta el hecho de que las decisiones rendidas por la justicia electoral

no puedan ser revisadas o conocidas por el Poder Judicial, lo que

a su juicio constituye una violación a la facultad de juzgar que

corresponde constitucionalmente al Poder Judicial”. Puede adver-

tirse así que lo que se cuestiona es que el legislador ordinario

haya adoptado en su momento un modelo de justicia electoral

desconectado del Poder Judicial y, en consecuencia, se reivindica

como única posibilidad constitucionalmente admisible que el

Poder Judicial monopolice el ejercicio de la función de juzgar en

el Estado.

Bien es sabido que en el origen del Estado constitucional se

concibió una división tripartita del poder del Estado, integrada

por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, en la

que no cabía lugar a funciones estatales situadas fuera de los tres

poderes concebidos. Correspondió a Montesquieu categorizar la

teoría de los tres poderes del Estado que se ha convertido en un

sello indiscutible del constitucionalismo democrático-liberal. La

ausencia del Poder Judicial en la clasificación de John Locke se

debe a que sólo fue en 1701, con el Acta de Establecimiento,

consecuencia de la guerra civil inglesa, “la revolución gloriosa”,

cuando se introdujo en derecho inglés, el Principio de la Inde-

pendencia del Poder Judicial.

En el derecho dominicano, desde la creación del Estado, con

la Constitución del 6 de noviembre de 1844, se instituyó como

uno de los tres poderes del Estado, al Poder Judicial. Lo cierto

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es que los límites de esta división tripartita habían sido adver-

tidos tempranamente entre nosotros por el patricio Juan Pablo

Duarte, primer constitucionalista dominicano, quien junto a los

tres poderes clásicos teorizados por Montesquieu, plantearía en

su “Proyecto de Ley Fundamental” el establecimiento del Poder

Municipal como primer poder del Estado. Lamentablemente el

primer texto constitucional dominicano dejó de lado la propues-

ta del Padre de la Patria, y sólo en las Constituciones de 1865 y

1866 se crea el Poder Municipal.

La evolución del constitucionalismo liberal-democrático ha

tendido a la complejización y especialización de la organización

de los poderes del Estado, con el surgimiento de “órganos ex-

trapoderes”, esto es, instituciones estatales al margen de los tres

poderes clásicos. Dichos órganos son creados por la Constitu-

ción para actualizar y perfeccionar el principio de la separación

de los poderes. Éstos suelen ejercer de forma autónoma e inde-

pendiente funciones básicas del Estado que se han desprendido

de los poderes tradicionales, pero a los cuales el constituyente

ha querido reforzar. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con la

justicia constitucional especializada, extirpada totalmente del

Poder Judicial; el control externo del gasto público, separada

parcialmente del Poder Legislativo; el control de las contiendas

electorales, arrancada al Poder Legislativo; o la regulación del

sistema monetario y financiero, extraída parcialmente del Poder

Ejecutivo.

El legislador dominicano apostó desde 1923, reforzado

por la Constitución de 1924, por el establecimiento de una

Junta Central Electoral para dirigir las contiendas electorales.

Consideramos que el voto mayoritario acierta al plantear que

“la circunstancia de que los asuntos contenciosos electorales no

sean conocidos por los tribunales pertenecientes al Poder Judicial

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no significa en modo alguno un desconocimiento a sus facultades

constitucionales de juzgar”; pues nada impedía que el legislador

ordinario estableciera –como en efecto ocurrió con la Ley No.

5884 del 5 de mayo de 1962– que la competencia de la Junta

Central Electoral también alcanzaba a los aspectos contenciosos

que derivaran de su función de dirigir los comicios electorales. La

separación funcional intraorgánica de la junta, en dos cámaras:

una administrativa y otra contenciosa, adoptada en 2002 permi-

tió fortalecer los principios fundamentales del debido proceso

en el juzgamiento de los asuntos contenciosos electorales. Y la

Constitución de 2010 optó por separar orgánicamente la fun-

ción de administración (Junta Central Electoral) y juzgamiento

(Tribunal Superior Electoral) de los asuntos electorales.

Si bien suscribimos la presente decisión, entendemos que

el planteamiento que concibe la actividad de juzgamiento como

una “función estatal” subdividida en tres Altas Cortes que actúan

con un nivel de autonomía unas respecto de las otras… resulta

insuficiente para definir la reingeniería institucional que ha

operado en el Sistema de Justicia con la Constitución de 2010.

Al reducir el rol de las Altas Cortes al ejercicio de la “función

jurisdiccional”, el voto mayoritario termina asumiendo –quizá

sin proponérselo– la tesis que se opone a la clásica división de

poderes bajo el argumento de que el poder es único y que lo que

hace es que se divide en funciones.

Tal como ha planteado una respetable doctrina: “Esta

concepción, a la vez organicista, funcionalista y reduccionista,

pierde de perspectiva la riqueza extraordinaria del constituciona-

lismo liberal-democrático que procura dar respuesta al perenne e

inevitable problema del abuso del poder”.

La creación del Tribunal Constitucional, al igual que el

Tribunal Superior Electoral, se inserta en el hecho de que la

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Memoria de gestión y votos particulares

Constitución de 2010 ha erigido innominadamente un nuevo

poder del Estado, al que podemos denominar “Poder Juris-

diccional”.13 Esta expresión, acuñada por destacados juristas

franceses, “designa el poder perteneciente a las jurisdicciones

de decir el derecho con fuerza de verdad legal y de expresar así

la soberanía nacional en el campo propio de sus competencias,

en virtud de lo establecido en la Constitución, las leyes y los

reglamentos”.14 “El poder jurisdiccional consiste no solamente

en ‘definir el derecho’, sino también en sacar las consecuencias

del derecho así enunciado, es decir, en aplicarlo. Así, los tribu-

nales determinan las obligaciones de las personas a las que el

derecho se aplica y dan la orden de ejecutar estas obligaciones;

sus sentencias son ‘ejecutorias’. La orden de ejecución no solo

se aplica a los ciudadanos y a las personas privadas; también se

aplica a las autoridades públicas, cualesquiera que sean.

El Jefe de Estado (…), los ministros, están obligados a aplicar

las decisiones judiciales: incluso el Parlamento debe inclinarse si

los tribunales declaran inconstitucional una ley votada por él”.15

El término innominado se desprende, a nuestro juicio, de

que la Constitución francesa de 1958, vigente con algunas rele-

vantes modificaciones, no emplea los términos Poder Ejecutivo,

Poder Legislativo, Poder Judicial, ni Poder Jurisdiccional. Para

destacados autores franceses, el término “judicial” se refiere a

las jurisdicciones de derecho privado, mientras que el término

“jurisdiccional” incluye todas las jurisdicciones tanto de derecho

13 Cfr. Ray Guevara, Milton. “Los Retos para la Nueva Jurisdicción Constitucional Domi-

nicana”», Conferencia, Fundación Institucionalidad y Justicia, Santo Domingo, D.

N., 27 de junio de 2012.

14 Olivier Duhamel e Yves Mény, Dictionnaire Constitutionnel, Paris, Presses Universi-

taires de France, 1992, p. 780 (traducción libre).

15 DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Barcelona,

Ediciones Ariel, 1982, p.222. Traducción realizada por Isidro Molas, Jorge Solé-Tu-

ra, José M. Vallés, Eliseo Aja y Manuel Gerpe.

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privado (judiciales) como los de derecho público (administrati-

vas) y un órgano singular como lo es el Consejo Constitucional.

En el caso dominicano, el nuevo poder jurisdiccional ocupa un

lugar decisivo en la protección de los derechos fundamentales,

y está integrado por el tradicional Poder Judicial, a cuya cabeza

está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral

y el Tribunal Constitucional.

“Al crear dos nuevas Altas Cortes, en adición a la Suprema

Corte de Justicia, el constituyente está apostando por una do-

mesticación jurídica del poder, por una jurisdiccionalización

del conflicto político y social, y por una democratización del

acceso a la jurisdicción. Se trata de dos órganos extrapoder

y de uno que ocupa el escalón superior del Poder Judicial,

que el constituyente trata de mantener al margen de las co-

yunturales y veleidosas mayorías electorales y que actualizan

el postulado de Montesquieu de que el poder frene al poder.

En una democracia verdaderamente constitucional, todos los

poderes, incluso y sobre todo los poderes de la mayoría, están

limitados”.16

Se puede decir que con el actual texto constitucional do-

minicano, una dimensión esencial del poder jurisdiccional es la

que ejerce el juez constitucional con relación a los otros jueces.

Indudablemente, el Tribunal Constitucional posee, por imperio

del artículo 277 de la Constitución, la facultad de revisar las

decisiones jurisdiccionales de las otras Altas Cortes, en las condi-

ciones que le ha fijado su Ley Orgánica. Esto confirma el cambio

de paradigma que ha operado con la Constitución de 2010, esto

es, el paso de un modelo de justicia tendencialmente legiscen-

trico en el que la función de cierre del ordenamiento jurídico

16 Ray Guevara, Milton. “De la Constitución de Cádiz de 1812 a la Constitución Domi-

nicana de 2010”», Conferencia, Casa de las Américas, Madrid, 16 de mayo de 2012.

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Memoria de gestión y votos particulares

estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia a través de

la casación, a un modelo de justicia constitucional especializada,

en el que corresponde ahora al Tribunal Constitucional expresar

la última palabra acerca del contenido y el alcance del derecho de

la Constitución en un contexto en el que ésta ha invadido todas

las esferas del ordenamiento jurídico.

Para precisar el papel del Tribunal Constitucional como

guardián supremo de la Constitución, hay que enfatizar las

expresiones siguientes: “Sus decisiones son definitivas e irrevo-

cables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes

públicos y todos los órganos del Estado”. Debemos consignar

que “decisión definitiva e irrevocable”, significa que no hay po-

sibilidad, en el derecho interno, de ningún recurso contra sus

decisiones y que no puede reconsiderarla para el caso fallado.

Estas decisiones se imponen a los poderes Ejecutivo, Legislati-

vo, Judicial, y a todos los otros órganos públicos y autoridades

administrativas, ya que el Tribunal Constitucional tiene como

misión preservar la unidad de la jurisprudencia constitucional,

como supremo intérprete de la Constitución, garante de su

supremacía, defensor del orden constitucional y protector de

los derechos fundamentales.

“Esta novedosa configuración constitucional del poder ju-

risdiccional, en el país, requiere, para que pueda germinar fruc-

tíferamente, una nueva cultura política e institucional. Y es, que

el Estado de Derecho requiere una “cultura de derechos”, que es

el único caldo de cultivo adecuado para que el conflicto político

y social pueda ser jurisdiccionalizado, y para que el Leviatán del

Estado y de los poderes salvajes pueda ser domesticado. No es

fácil implantar esta cultura de derechos sin la cual no crece el

árbol del Estado Democrático de Derecho. La razón de ello es

fácilmente comprensible: una cultura democrática de derechos

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exige enfrentar los particularismos excluyentes y la mercantiliza-

ción de la cultura”.17

La transformación del Estado a que aspira la Constitución

de 2010 también demanda una nueva filosofía institucional para

el ejercicio de la función de juzgar. Y es que todo juez es garante

de la supremacía constitucional y ésta, a su vez, es inescindible de

la dignidad humana como premisa antropológica fundante del

ordenamiento constitucional dominicano. De ahí que el nuevo

poder jurisdiccional dominicano, más allá de la nomenclatura, al

margen de la novedad del lenguaje, está llamado a convertirse en

eje fundamental para la existencia del Estado social y democrá-

tico de derecho, colocando al ciudadano en el altar institucional

protector de sus derechos.

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz

Filpo, Juez.

17 Ray Guevara, Milton. “Palabras pronunciadas en ocasión de la Vigésima Graduación

Ordinaria de la Universidad de la Tercera Edad”», Santo Domingo, D. N., 29 de abril

de 2012.