Sentencia TC/0198/13

• Páginas: 241-245
• Autor: Rafael Díaz Filpo

SENTENCIA TC/0198/13

Referencia: Expediente núm. TC-012012-0095, relativo

a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el

señor Serapio Mercedes Mambrú, contra la Resolución

núm. 3213-2012, de fecha primero (1ero) de junio de dos

mil doce (2012), emitida por la Sala Civil y Comercial

de la Suprema Corte de Justicia; Sentencia núm. 334, de

fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010),

emitida por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del

departamento judicial de Santo Domingo; y Sentencia Civil

núm. 02188/2008, de fecha veintiocho (28) de noviembre

de dos mil ocho (2008), emitida por la Segunda Sala de la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia

de la Provincia Santo Domingo.

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de

Santo Domingo, República Dominicana; a los treinta y un (31)

días del mes de octubre de dos mil trece (2013).

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

RAFAEL DÍAZ FILPO

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y

legales, y específicamente las previstas en los artículos 186 de

la Constitución de la República y 30 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil

once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO SALVADO:

El señor Serapio Mercedes Mambrú, mediante instancia

recibida en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil doce

RAFAEL DÍAZ FILPO

242

(2012), interpuso ante este Tribunal Constitucional una acción

directa de inconstitucionalidad contra: 1) la Resolución núm.

3213-2012, de fecha primero (1ero) del mes de junio del año

dos mil doce (2012), dictada por la Sala Civil y Comercial de la

Suprema Corte de Justicia; 2) la Sentencia núm. 334, de fecha

veintitrés (23) del mes de septiembre de dos mil diez (2010),

emitida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apela-

ción del departamento judicial de Santo Domingo; y Sentencia

núm. 02188/2008, de fecha veintiocho (28) del mes de noviem-

bre de dos mil ocho (2008), dictada por la Segunda Sala de la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del

distrito judicial correspondiente a la provincia Santo Domingo.

El accionante alega que la referida disposición vulnera el artículo

55.5 de la Constitución de la República, el cual establece que:

La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio

básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad

responsable de conformarla.

5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer,

libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de

hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y

patrimoniales, de conformidad con la ley...

La mayoría de los honorables jueces que componen este

Tribunal Constitucional han concurrido con el voto mayoritario

en la dirección de declarar inadmisible la acción de inconstitu-

cionalidad de referencia, “por tratarse de decisiones judiciales y

no de alguno de los actos normativos señalados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales”.

243

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

Es por ello que nos permitimos exponer, con el debido

respeto a la mayoría, las razones por las que a nuestro juicio,

la decisión sobre el fondo debió pronunciarse con relación a la

legitimación activa.

Legitimación activa del accionante

Es preciso señalar que este voto se origina porque la

presente sentencia no aborda el aspecto del interés legítimo y

jurídicamente protegido, consagrado en el artículo 185.1 de la

Constitución de la República y el artículo 37 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales.

La razón por la cual quien suscribe considera que la presente

acción directa de inconstitucionalidad debe abordar la legitima-

ción activa es que el accionante cumple con los requerimientos

de admisibilidad descritos en el artículo 185.1 de la Constitución

de la República, el cual establece: Atribuciones. El Tribunal Cons-

titucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las

acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente

de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado

o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido, así como en el artículo 37 de

la Ley núm. 137-11, el cual establece: Calidad para accionar.

La acción directa de inconstitucionalidad podrá ser interpuesta a

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los

miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido, ya que el

accionante tiene interés legítimo y jurídicamente protegido para

accionar en inconstitucionalidad en tanto es un ciudadano que

fue vinculado a un proceso en los tribunales del orden judicial.

RAFAEL DÍAZ FILPO

244

Sobre la pronunciación del Tribunal Constitucional con

relación a la legitimidad del accionante ante la acción directa de

inconstitucionalidad planteada

Entendemos que el accionante pretende y exige que este

Tribunal Constitucional garantice la supremacía de la Cons-

titución y la protección de los derechos fundamentales consa-

grados en ella. En la presente decisión, el Tribunal no aborda

si el accionante tiene o no legitimidad para accionar ante este

colegiado, razón por la cual presentamos el presente voto salvado

para abordar esa parte tan importante para el sistema constitu-

cional y sus garantías, como lo es el pronunciamiento de si un

accionante es legítimo o no ante el Tribunal, si tiene legitimidad

o no para accionar, y así darle fiel cumplimiento a lo estipulado

en el artículo 185.1 de la Constitución. Para poder entender

nuestra posición, debemos establecer el significado de legitima-

ción activa o calidad de un accionante, que es la facultad que

ostentan las personas físicas o jurídicas para poder interponer una

acción directa de inconstitucionalidad referido en el mismo artículo

antes mencionado, que confiere dicha condición a toda persona

revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido, por lo

que entendemos que este Tribunal debió de referirse y abordar

sobre la legitimidad o no del señor Serapio Mercedes Mambrú

En consecuencia, somos de opinión, respetando la decisión

asumida por la mayoría del Pleno, y justificados en los artículos

185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm.

137-11, de que sobre la base de dicha interpretación debió

ingresarse la legitimidad del accionante para actuar por ante

este colegiado en acción directa de inconstitucionalidad. En-

tendemos que el accionante tiene legitimidad o interés jurídico

protegido en virtud de que es un ciudadano que fue parte en

procesos llevados por ante los tribunales del orden judicial, por

245

Mis 12 años en el Tribunal Constitucional:

Memoria de gestión y votos particulares

lo tanto puede en cualquier momento interponer una acción

directa de inconstitucionalidad, cumpliendo de esta manera

con los requerimientos de los referidos artículos que abordan la

legitimidad activa o interés jurídico protegido. Posteriormente,

el Tribunal Constitucional debería abordar la inadmisibilidad de

la misma fundamentándose, tal como se encuentra consignado

en la sentencia, en que se tratan de decisiones judiciales y no de

alguno de los actos normativos señalados en los artículos 185.1

de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

Posible solución procesal

En atención a las consideraciones antes expuestas, enten-

demos que el Tribunal debió, en este caso y en las acciones

directas de inconstitucionalidad que se susciten en lo adelante,

pronunciarse para determinar la legitimidad procesal activa o

capacidad para accionar que tiene un accionante, en virtud de las

disposiciones contenidas en el artículo 185.1 de la Constitución

y la Ley núm. 137-11, sobre la materia.

De igual manera, compartimos el criterio asumido por la

mayoría de los magistrados que componen este Tribunal Consti-

tucional, en virtud de que los actos que se atacan son decisiones

judiciales y no alguno de los actos normativos señalados en los

artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez.